La Convergencia por los Derechos Humanos de la zona noroccidental de Honduras ante la comunidad nacional e internacional manifestamos lo siguiente:
PRIMERO: Declaramos que la conservación de la memoria histórica es fundamental para avanzar en la lucha contra la impunidad en Honduras, por ello no olvidamos que el 15 de septiembre de 2010 fue reprimida violentamente por la Policía Nacional una manifestación pacífica en la que participaban colegios de educación media, escuelas públicas, sindicatos, grupos artísticos, organizaciones sociales y varios colectivos de profesionales, dejando como saldo manifestantes con fracturas de costillas, fracturas de cráneo, pérdida de los dientes y heridas en el rostro y la cabeza, así como la detención de 37 personas, entre ellas, 3 menores de edad.
SEGUNDO: Denunciamos que esta estrategia de represión que criminaliza cualquier manifestación de disidencia se ha constituido en una de las más recurridas violaciones a derechos humanos a partir del golpe de Estado, y su impunidad se ha institucionalizado de tal forma que representa la amenaza más grave para la vida y la seguridad de los hondureños y hondureñas, y en consecuencia, para la existencia misma del proceso de construcción democrática.
TERCERO: Celebramos que después de casi dos años, la Fiscalía Especial de Derechos Humanos de San Pedro Sula por fin presentó un requerimiento fiscal contra los subcomisionados de policía Héctor Iván Mejía Velásquez y Daniel Matamoros Ávila, por los delitos de detención ilegal, lesiones leves y violación de los deberes de los funcionarios, cuya audiencia inicial se celebrará el próximo 3 de mayo.
CUARTO: Exigimos que las instancias encargadas de impartir justicia estén conscientes que la deducción de responsabilidades penales y administrativas en este caso es una oportunidad histórica para enviar un mensaje contundente a las fuerzas de seguridad del Estado en el sentido que en una sociedad que se precie democrática no puede permitirse el uso discriminatorio y excesivo de la fuerza; abiertos excesos e inexistencia de control respecto del uso de fuerza letal y no letal, con el objetivo de castigar a quienes participan en tales manifestaciones; y la inobservancia de los criterios de proporcionalidad, oportunidad, necesidad y legitimidad en el uso de la fuerza.
QUINTO: Exhortamos a la ciudadanía en general y a las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos en particular, a estar vigilantes con respecto al desenlace de este proceso contra los subcomisionados Mejía Velásquez y Matamoros Ávila, pues si nuevamente la impunidad se coloca por encima de la justicia, se tendrá un efecto devastador para la realización del Estado de derecho y la democracia que queremos construir, en tanto que se seguirá fomentando la vulnerabilidad de las personas al generar la percepción de que es posible violar los derechos humanos sin recibir castigo y se enviará a toda la sociedad un mensaje intimidatorio que puede causar temor generalizado, y desanimar y silenciar las denuncias, reclamos y reivindicaciones sociales.
San Pedro Sula, Cortés, 24 de abril de 2012.
miércoles, 25 de abril de 2012
miércoles, 18 de abril de 2012
El alto costo de defender el bosque
Honduras es uno de los países más ricos en recurso forestal. De acuerdo con estudios y análisis del sector, el 87.7% del territorio nacional es de vocación natural forestal. Sin embargo, el mal manejo de este recurso provoca que cada año se pierdan entre 80,000 y 100,000 hectáreas de bosque debido a la ampliación de la frontera agrícola, los incendios forestales y la tala ilegal; en otros términos esto significa que lo que se está perdiendo de bosque en Honduras equivale a 90 canchas de fútbol por día.
Aunado a ello, la corrupción y la incapacidad estatal para proteger el recurso bosque facilita que anualmente entre el 75 y 85% de la madera de color extraída de los bosques hondureños provenga de actividades de corte ilegal, lo cual representa una pérdida entre US$55 y $70 millones al año, sin contar con los impuestos no percibidos y la inversión pública desperdiciada.
El Estado, en vez de cumplir con su obligación de proteger los recursos naturales por su relación innegable con la vida y la salud, bajo un marcado espíritu mercantil ha gestionado tales recursos con el fin de “satisfacer las demandas de las empresas transnacionales y nacionales, los organismos financieros internacionales y las agencias externas de cooperación en el escenario económico creado por la globalización y el neoliberalismo”.
Frente a ello, comunidades, organizaciones, y líderes y lideresas sociales se han implicado como defensores y defensoras de derechos humanos ambientales en acciones de resistencia, denuncia y oposición al saqueo y la expoliación de los recursos naturales. Como consecuencia, han sido objeto de violaciones de derechos humanos, que incluyen amenazas, secuestros, ataques violentos y asesinatos cometidos por funcionarios estatales, empleados de las empresas explotadoras de los recursos naturales y grupos particulares con el apoyo o anuencia del Estado.
Carlos Luna, Jeannette Kawas, Carlos Escaleras, Silvano Mejía, Cándido Amador Recinos, Fabián Gonzáles, José Santos Carrillo, Carlos Arturo Reyes, Cecilio Hernández, Teófilo Gutiérrez, German Rivas y Juan Figueroa, son sólo algunos de los defensores ambientalistas asesinados sin que hasta la fecha el Estado haya adoptado medidas efectivas para evitar la repetición de estos hechos mediante la investigación y sanción de los responsables.
Pese a los signos de muerte que representa defender el bosque, las comunidades comprenden que el bosque es vida y por ello continuarán organizándose y articulándose para defender los recursos forestales del país bajo el ejemplo permanente de sus mártires.
Aunado a ello, la corrupción y la incapacidad estatal para proteger el recurso bosque facilita que anualmente entre el 75 y 85% de la madera de color extraída de los bosques hondureños provenga de actividades de corte ilegal, lo cual representa una pérdida entre US$55 y $70 millones al año, sin contar con los impuestos no percibidos y la inversión pública desperdiciada.
El Estado, en vez de cumplir con su obligación de proteger los recursos naturales por su relación innegable con la vida y la salud, bajo un marcado espíritu mercantil ha gestionado tales recursos con el fin de “satisfacer las demandas de las empresas transnacionales y nacionales, los organismos financieros internacionales y las agencias externas de cooperación en el escenario económico creado por la globalización y el neoliberalismo”.
Frente a ello, comunidades, organizaciones, y líderes y lideresas sociales se han implicado como defensores y defensoras de derechos humanos ambientales en acciones de resistencia, denuncia y oposición al saqueo y la expoliación de los recursos naturales. Como consecuencia, han sido objeto de violaciones de derechos humanos, que incluyen amenazas, secuestros, ataques violentos y asesinatos cometidos por funcionarios estatales, empleados de las empresas explotadoras de los recursos naturales y grupos particulares con el apoyo o anuencia del Estado.
Carlos Luna, Jeannette Kawas, Carlos Escaleras, Silvano Mejía, Cándido Amador Recinos, Fabián Gonzáles, José Santos Carrillo, Carlos Arturo Reyes, Cecilio Hernández, Teófilo Gutiérrez, German Rivas y Juan Figueroa, son sólo algunos de los defensores ambientalistas asesinados sin que hasta la fecha el Estado haya adoptado medidas efectivas para evitar la repetición de estos hechos mediante la investigación y sanción de los responsables.
Pese a los signos de muerte que representa defender el bosque, las comunidades comprenden que el bosque es vida y por ello continuarán organizándose y articulándose para defender los recursos forestales del país bajo el ejemplo permanente de sus mártires.
martes, 10 de abril de 2012
En este libro, "Aportes teóricos para promover los derechos sociales desde el pensamiento de Luigi Ferrajoli" (Febrero 2012), realizo, de acuerdo con el Dr. Ricardo García Manrique, una exposición completa y ordenada de la posición que los derechos sociales ocupan en el entramado de la construcción jurídica de Luigi Ferrajoli, con atención especial a las cuestiones más significativas en el debate actual sobre los derechos sociales (Prólogo).
Honduras en la lista siniestra de los derechos humanos por tercer año consecutivo
Desde el golpe de Estado Honduras es incluida en la lista siniestra de los derechos humanos por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien cada año publica un informe anual en el que señala a aquellos países cuyas prácticas en materia de derechos humanos generan especial preocupación para la comunidad interamericana.
Algunos de los criterios establecidos por la Comisión para determinar qué países se incluyen en esta “lista siniestra” tienen que ver con la existencia de pruebas incuestionables de que un Estado comete masivas y graves violaciones a los derechos humanos, y de graves situaciones coyunturales o estructurales que afectan seriamente el goce y disfrute de los derechos humanos, tales como, situaciones de violencia, crisis institucionales, procesos de reforma institucional con incidencias negativas para los derechos humanos u omisiones en la adopción de disposiciones necesarias para hacer efectivos los derechos de la población.
Bajo tales parámetros, no es extraño que Honduras haya sido incluida por tercera vez consecutiva en la lista siniestra pues la Comisión Interamericana reiteradamente manifiesta su preocupación en relación con graves problemas estructurales en materia de justicia, seguridad, marginación y discriminación.
Aunque en este nuevo informe la Comisión reconoce las buenas prácticas del Estado de Honduras, tales como la creación de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos y de la Secretaría para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afro Hondureños, y la ratificación de cuatro instrumentos interamericanos de derechos humanos, también expresa su profunda preocupación por la situación de los periodistas, las defensoras y los defensores de derechos humanos, los campesinos del Bajo Aguán, los pueblos indígenas, las personas LGTBI, entre otros grupos.
Ante la gravedad de la situación en Honduras, la Comisión le recomienda al Estado, entre otras cosas, asegurar que el sistema de administración de justicia brinde un efectivo acceso a la justicia de todas las personas; investigar, juzgar y sancionar a los responsables de violaciones a los derechos humanos; mejorar la seguridad de la ciudadanía y ordenar que las Fuerzas Armadas y los aparatos de inteligencia militar no participen en actividades de seguridad ciudadana y, cuando lo hagan en situaciones excepcionales, se subordinen a la autoridad civil; y disponer de las medidas necesarias para proteger a los sectores de la población hondureña históricamente marginados y de mayor vulnerabilidad, como las niñas y los niños, la comunidad LGTB, las mujeres y los pueblos indígenas y garífuna.
Si hubiera voluntad política para cumplir estas y otras tantas recomendaciones de diferentes órganos nacionales e internacionales, podríamos decir que Honduras camina hacia la consolidación de la democracia y el Estado de derecho.
Algunos de los criterios establecidos por la Comisión para determinar qué países se incluyen en esta “lista siniestra” tienen que ver con la existencia de pruebas incuestionables de que un Estado comete masivas y graves violaciones a los derechos humanos, y de graves situaciones coyunturales o estructurales que afectan seriamente el goce y disfrute de los derechos humanos, tales como, situaciones de violencia, crisis institucionales, procesos de reforma institucional con incidencias negativas para los derechos humanos u omisiones en la adopción de disposiciones necesarias para hacer efectivos los derechos de la población.
Bajo tales parámetros, no es extraño que Honduras haya sido incluida por tercera vez consecutiva en la lista siniestra pues la Comisión Interamericana reiteradamente manifiesta su preocupación en relación con graves problemas estructurales en materia de justicia, seguridad, marginación y discriminación.
Aunque en este nuevo informe la Comisión reconoce las buenas prácticas del Estado de Honduras, tales como la creación de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos y de la Secretaría para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afro Hondureños, y la ratificación de cuatro instrumentos interamericanos de derechos humanos, también expresa su profunda preocupación por la situación de los periodistas, las defensoras y los defensores de derechos humanos, los campesinos del Bajo Aguán, los pueblos indígenas, las personas LGTBI, entre otros grupos.
Ante la gravedad de la situación en Honduras, la Comisión le recomienda al Estado, entre otras cosas, asegurar que el sistema de administración de justicia brinde un efectivo acceso a la justicia de todas las personas; investigar, juzgar y sancionar a los responsables de violaciones a los derechos humanos; mejorar la seguridad de la ciudadanía y ordenar que las Fuerzas Armadas y los aparatos de inteligencia militar no participen en actividades de seguridad ciudadana y, cuando lo hagan en situaciones excepcionales, se subordinen a la autoridad civil; y disponer de las medidas necesarias para proteger a los sectores de la población hondureña históricamente marginados y de mayor vulnerabilidad, como las niñas y los niños, la comunidad LGTB, las mujeres y los pueblos indígenas y garífuna.
Si hubiera voluntad política para cumplir estas y otras tantas recomendaciones de diferentes órganos nacionales e internacionales, podríamos decir que Honduras camina hacia la consolidación de la democracia y el Estado de derecho.
Nuestra apuesta contra la impunidad
En este mes de abril, Radio Progreso y el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, iniciamos una campaña contra la impunidad bajo el lema “Callar la verdad aplasta la dignidad de las víctimas. ¡Movilicémonos, no más impunidad” pues entendemos que el binomio funesto de la impunidad y la corrupción hiere al país en su mero corazón y elimina cualquier esperanza de cambio.
Durante muchos años, hemos sido testigos de la denegación de la justicia, del torcimiento de la ley por parte de quienes tienen el poder sin contrapeso y sin ambages, y quienes a pesar de sus delitos se conducen como si fueran inocentes, mientras la ley si se aplica con todo su peso a las grandes mayorías, particularmente si son pobres, marginadas y excluidas.
En el marco de nuestra campaña, cada mes visibilizaremos uno de los tantos casos de impunidad que lastimosamente inundan nuestro país con el objetivo de darle voz a las demandas de las víctimas, denunciar la inoperancia y colusión de las instituciones del sector justicia con los victimarios y sumarnos a los esfuerzos de aquellos que sueñan con una Honduras libre del temor y la miseria.
Los últimos acontecimientos de muerte y violencia en los centros penales son propicios para abrir esta campaña con la impunidad que reina en el sistema penitenciario nacional, cuyas actuales condiciones colocan a Honduras en contravención de sus deberes constitucionales y compromisos internacionales.
El elevado grado de hacinamiento de la población penitenciaria, la falta de separación entre condenados y procesados, los precarios servicios de salud y de alimentación, la corrupción del personal penitenciario, la violencia y la muerte son la muestra más cruel de la impunidad permanente que minuto a minuto, hora a hora y día a día viven miles de hondureños y hondureñas que la sociedad y el Estado han condenado al olvido y arrebatado el derecho a ser personas.
Como instituciones comprometidas con la dignidad humana, nos sumamos a la lucha por el establecimiento de un sistema penitenciario constituido como institución autónoma, gestionada por personal y administradores penitenciarios profesionales e independiente de la policía, pues sólo así se podrá prevenir la arbitrariedad y lograr que los centros penales cumplan con su objetivo de rehabilitar y preparar al privado de libertad para la vida laboral fuera de la cárcel.
Durante muchos años, hemos sido testigos de la denegación de la justicia, del torcimiento de la ley por parte de quienes tienen el poder sin contrapeso y sin ambages, y quienes a pesar de sus delitos se conducen como si fueran inocentes, mientras la ley si se aplica con todo su peso a las grandes mayorías, particularmente si son pobres, marginadas y excluidas.
En el marco de nuestra campaña, cada mes visibilizaremos uno de los tantos casos de impunidad que lastimosamente inundan nuestro país con el objetivo de darle voz a las demandas de las víctimas, denunciar la inoperancia y colusión de las instituciones del sector justicia con los victimarios y sumarnos a los esfuerzos de aquellos que sueñan con una Honduras libre del temor y la miseria.
Los últimos acontecimientos de muerte y violencia en los centros penales son propicios para abrir esta campaña con la impunidad que reina en el sistema penitenciario nacional, cuyas actuales condiciones colocan a Honduras en contravención de sus deberes constitucionales y compromisos internacionales.
El elevado grado de hacinamiento de la población penitenciaria, la falta de separación entre condenados y procesados, los precarios servicios de salud y de alimentación, la corrupción del personal penitenciario, la violencia y la muerte son la muestra más cruel de la impunidad permanente que minuto a minuto, hora a hora y día a día viven miles de hondureños y hondureñas que la sociedad y el Estado han condenado al olvido y arrebatado el derecho a ser personas.
Como instituciones comprometidas con la dignidad humana, nos sumamos a la lucha por el establecimiento de un sistema penitenciario constituido como institución autónoma, gestionada por personal y administradores penitenciarios profesionales e independiente de la policía, pues sólo así se podrá prevenir la arbitrariedad y lograr que los centros penales cumplan con su objetivo de rehabilitar y preparar al privado de libertad para la vida laboral fuera de la cárcel.
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