miércoles, 16 de mayo de 2012

Impotencia

Radio Progreso declara su impotencia ante el repugnante crimen del periodista Ángel Alfredo Villatoro, y nos declaramos en estado de plena indefensión.

Con lo que está ocurriendo en nuestro país, ya no valen palabras, los análisis no logran alcanzar la realidad y los clamores de justicia ya dejaron de tener cabida. No podemos aceptar informes ni de la policía ni de la administración pública, porque después de tanto contubernio de las instituciones de seguridad y justicia con la criminalidad y la impunidad, no podemos creer en ninguna de sus versiones.

Somos promotores de esperanza y nos alimentamos de la esperanza, porque nos sustentamos en la fe en el Dios de la Vida. Sin embargo, frente a la brutalidad de quienes tienen el control de nuestra sociedad, la impotencia ha tomado su palabra, y el escenario de la Honduras que hoy tenemos pone en entredicho y en precariedad todas las esperanzas y optimismos que han acompañado a nuestra radio a lo largo de su historia.

Reconocemos nuestro estado de impotencia. Desde hace tres años venimos haciendo llamados desesperados por construir un pacto social entre los diversos sectores de la sociedad hondureña. Parecemos disco rayado con el llamado a construir acuerdos básicos compartidos. Y todo ha sido una voz en este desierto de oídos sordos.

Con el asesinato del periodista Ángel Alfredo Villatoro queda claro que todos los llamados a buscar consenso en torno a la lucha contra la impunidad y por construir una nueva institucionalidad, no tienen cabida. Los sectores que controlan la violencia y la impunidad se disputan entre sí negocios, posiciones y territorios, utilizando la brutalidad y el asesinato de periodistas para aplastar la libertad de expresión y de prensa. Y lo están consiguiendo en dosis muy altas.

Como no existen oídos sensatos que escuchen nuestro clamor por un pacto social con acuerdos mínimos, entonces nos toca declararnos en estado de impotencia. Necesitamos proteger nuestras vidas y las vidas de nuestros seres queridos, y como hasta hoy nadie de quienes tienen capacidad de decisión nos escuchó, nos toca ahora pedir a quienes amenazan nuestras vidas por ejercer este servicio desde el periodismo, que nos digan qué quieren, qué buscan. Dígannos, por favor, ¿qué quieren de nosotros y hacia dónde nos quieren llevar?

martes, 15 de mayo de 2012

Es hora ya…


El bien más preciado de una sociedad democrática es el derecho a la vida pues es la base esencial para el ejercicio de los demás derechos. Pero este derecho no solamente se refiere al derecho a no ser privado de la vida arbitrariamente por actos criminales, sino también a que no se impida el acceso a las condiciones que garanticen una existencia digna.

Y una existencia digna implica que todas las personas se encuentren al amparo de la ley, sin temor a la discriminación ni a las represalias, gocen de libertad de opinión, de culto y de asociación, y se sientan libres del temor, de manera que la violencia no destruya su existencia y sus medios de vida.

Al ser un bien tan preciado, el respeto al derecho a la vida es un termómetro idóneo para medir la legitimidad y los niveles de humanización de un Estado, quien no sólo tiene la obligación de no empeorar las condiciones de vida de las personas, sino también tiene el deber de mejorarlas mediante el fortalecimiento de las capacidades básicas que permitan a la gente tener una vida larga y saludable, acceder a la educación de calidad y a los recursos necesarios para disfrutar un nivel de vida digno.

Contrariamente a lo que debería suceder en un Estado de derecho, en Honduras la vida es el bien más despreciado de todos pues diariamente 20 vidas humanas son asesinadas sin que el Estado adopte medidas eficaces para detener esta barbarie que nos coloca en la cima de los países más violentos del mundo muy por encima de otros que oficialmente se encuentran en guerra.

Pero también diaria y lentamente hay otros asesinatos silenciosos que arrebatan la vida a las personas más vulnerables de la sociedad, quienes son sacrificadas en el altar del hambre, del desempleo, de la migración forzada, de la vulnerabilidad ambiental, de la enfermedad prevenible y curable, y de la denegación de la tierra.

Y toda esta barbarie tiene responsables políticos que detrás de la máscara del bipartidismo han desgobernado el país y lo han convertido en un centro de exterminio en donde el que no muere por hambre, muere por balas; y por eso, es hora de gritar “basta”, es hora de aplastar colectivamente la impunidad, es hora de que las víctimas levanten la frente y clamen “justicia”.

lunes, 14 de mayo de 2012

¿Un informe al borde del olvido?


El 7 de julio de 2010, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación presentó su informe “Para que los hechos no se repitan”, en el que expuso un número importante de recomendaciones para evitar que los hechos del golpe de Estado se repitan en el futuro.

Desde un inicio, el gobierno de Lobo Sosa se comprometió a cumplir cada una de las recomendaciones allí contenidas, no obstante, hasta el momento las mismas siguen siendo letra muerta pues el gobierno no sólo ha hecho muy poco para cumplir este compromiso, sino que ha realizado acciones contrarias a lo que el informe recomienda.

Es preciso recordar que el informe establece claramente que policías y militares cometieron graves violaciones a derechos humanos como asesinatos, torturas, detenciones ilegales, tratos crueles, inhumanos o degradantes y violaciones sexuales, todas las cuales constituyen crímenes de lesa humanidad debido a su carácter masivo, sistemático e institucional y a que fueron ordenadas, autorizadas y encubiertas por los mandos y autoridades superiores del gobierno de facto, la Policía y las Fuerzas Armadas en el marco de una política estatal de represión.

Pese a que el informe recomienda investigar y sancionar a los responsables intelectuales y materiales de tales crímenes, es de todos conocidos que más bien han sido premiados, declarados héroes nacionales y diputados vitalicios, han sido nombrados en importantes instituciones del Estado y hasta se les permite presentarse como candidatos presidenciales a pesar que el antecedente golpista es una causal suficiente para excluirlos del proceso electoral.

El informe también recomienda evaluar el papel del Fiscal del Ministerio Público, del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, pues su participación en el golpe de Estado los convierte en responsables directos de las violaciones a derechos humanos, sin embargo, no hay ni siquiera indicios de que estos personajes enfrenten un proceso independiente para la deducción de sus responsabilidades.

Asimismo, el informe recomienda depurar la Policía Nacional y revisar las facultades de las Fuerzas Armadas, sobre todo en lo que se refiere a su participación en funciones de seguridad ciudadana, no obstante, el proceso de depuración que se ha iniciado sigue generando dudas y va a paso de tortuga, y a las Fuerzas Armadas se les han otorgado facultades plenas para ejercer funciones policiales, en otras palabras, se ha legalizado la militarización del país.

Debemos recordar que el cumplimiento de las recomendaciones del informe no sólo requiere de voluntad política del Estado, sino también de un compromiso serio de la ciudadanía para exigir y vigilar la realización de las reformas necesarias en el país que permitan extirpar de raíz el cáncer que nos carcome y que  nos ha puesto en estado terminal desde el golpe de Estado: La impunidad y la corrupción.

miércoles, 2 de mayo de 2012

Policía asesina a Santos Domínguez Benítez indígena lenca miembro de COPINH

Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras.
COPINH.
 
Denuncia Urgente.
 
Policía asesina a Santos Domínguez Benítez indígena lenca miembro de COPINH.
 
Este día martes 1ro de mayo a las 11.30 minutos una patrulla integrada por 3 miembros de la policía ingreso a la casa de la señora María de Los Santos Domínguez Benítez, ante lo que el joven Santos Alberto Rodríguez reclamo por el allanamiento a la vivienda de su madre a lo que la policía respondió disparando sus armas de fuego impactando en su cabeza y muriendo de manera instantánea.
 
La vivienda del joven asesinado está ubicada en la comunidad lenca de San Bartolo una comunidad que tiene en trámite la titulación de la las tierras como comunidad indígena lenca y que en los últimos días ha sido amenazada por una maniobra de los terratenientes que han impulsado una invasión de las tierras.   
 
La comunidad indígena de San Bartolo está ubicada en el municipio de Intibucá departamento de Intibucá y es bastión en la lucha contra una represa que autoritariamente empresarios pretenden imponer.
 
El COPINH denuncia este nuevo hecho de violencia que enluta al pueblo lenca y exige castigo a los responsables de este asesinato que viola el convenio 169 de la O.I.T , la declaración universal de los derechos humanos y otros instrumentos que protegen los derechos humanos.
 
Los policías responsables de este crimen están asignados al municipio de San Isidro siempre del departamento de Intibucá.
 
Este crimen se suma a otros crímenes que los cuerpos represivos han cometido contra hondureños y hondureñas
 
¡Alto a la represión!
¡Alto a los asesinatos de indígenas! 

martes, 1 de mayo de 2012

Justicia contra impunidad


En un reciente pronunciamiento público, la Convergencia por los Derechos Humanos de la zona noroccidental de Honduras anunció que la Fiscalía de Derechos Humanos de San Pedro Sula había presentado un requerimiento fiscal contra los subcomisionados de policía Héctor Iván Mejía Velásquez y Daniel Matamoros Ávila, por los delitos de detención ilegal, lesiones leves y violación de los deberes de los funcionarios.

La comisión de tales delitos se enmarca en la represión ordenada y comandada por dichos subcomisionados el 15 de septiembre de 2010, donde miembros de la Policía Nacional atacaron violentamente una manifestación pacífica en la que participaban colegios de educación media, escuelas públicas, sindicatos, grupos artísticos, organizaciones sociales y varios colectivos de profesionales, dejando como saldo manifestantes con fracturas de costillas, fracturas de cráneo, pérdida de los dientes y heridas en el rostro y la cabeza, así como la detención de 37 personas, entre ellas, 3 menores de edad.

La Convergencia señaló que pese a que han pasado casi dos años desde tales hechos, es de suma importancia la deducción de responsabilidades penales y administrativas en este caso pues representa una oportunidad histórica para enviar un mensaje contundente a las fuerzas de seguridad del Estado en el sentido que no puede permitirse el uso discriminatorio y excesivo de la fuerza; abiertos excesos e inexistencia de control respecto del uso de fuerza letal y no letal, con el objetivo de castigar a quienes participan en manifestaciones; y la inobservancia de los criterios de proporcionalidad, oportunidad, necesidad y legitimidad en el uso de la fuerza.

Teniendo en cuenta que el sistema de justicia hondureño no goza de la  confianza en la aplicación de la ley de manera independiente e imparcial, la Convergencia hace un llamado a la ciudadanía en general y a las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos en particular, a estar vigilantes con respecto al desenlace de este proceso contra los subcomisionados Mejía Velásquez y Matamoros Ávila.

Concretamente, la Convergencia por los Derechos Humanos invita a que el próximo 3 de mayo la población acompañe a las víctimas a los tribunales de San Pedro Sula, donde se desarrollará la audiencia inicial contra los imputados, y en la cual se determinará si se da un paso fundamental en la lucha contra la impunidad o si ésta se colocará nuevamente por encima de la justicia, con su efecto devastador sobre la realización del Estado de derecho y la democracia que queremos construir.