Una declaración conjunta necesaria

El 25 de junio de este año, los cuatro Relatores Especiales para la Libertad de Expresión de la ONU, de la OEA, de Europa y de África, denunciaron la necesidad de poner freno al alarmante incremento de la violencia contra periodistas y comunicadores sociales, y manifestaron su repudio ante los inaceptables índices de delitos contra la libertad de expresión, como asesinatos, amenazas de muerte, desapariciones, acciones judiciales y encarcelamiento.

Para los cuatro Relatores, los crímenes contra periodistas y comunicadores sociales no sólo representan ataques contra las víctimas sino que afectan a la libertad de expresión en sí misma, puesto que tienen un efecto disuasivo para el libre intercambio de información e ideas y atentan contra los derechos de la sociedad en general.

Esta declaración conjunta nos viene como anillo al dedo a todo el continente americano, ya que en nuestros países, desde Canadá hasta Argentina, los periodistas y comunicadores sociales siguen sufriendo impunemente constantes censuras, amenazas, agresiones y asesinatos, haciendo del ejercicio del periodismo una de las actividades más peligrosas en nuestra región.

Por ello, los Relatores Especiales recomiendan a los Estados adoptar una serie de medidas que aseguren, particularmente, la investigación independiente y efectiva, el juzgamiento y el castigo de los delitos que atenten contra la libertad de expresión; y que además aseguren la creación de programas de protección especializados cuando exista un riesgo constante y grave de que se cometan atentados contra este derecho tan fundamental para el fortalecimiento democrático.

Evidentemente, Estados como Honduras, el más peligroso para el ejercicio del periodismo en la región, requiere de medidas extremas que implican la construcción de una nueva institucionalidad que se asiente sobre los dos pilares fundamentales de la democracia y el Estado de derecho, la legalidad y la legitimidad, ya que con el golpe de Estado de hace 3 años, estos dos pilares fueron destruidos por la violencia de las armas y el desprecio de la dignidad humana.

Honduras destaca en el mundo por la violencia contra la libertad de expresión

Uno de los problemas más graves que enfrenta América Latina son las constantes amenazas, agresiones y asesinatos en contra de los comunicadores y comunicadoras sociales, lo cual ha convertido el ejercicio del periodismo en una de las profesiones más peligrosas en nuestra región. 

Pero esta situación no solamente constituye una violación directa de sus derechos a la vida y a la integridad física, sino también un violento ataque a la libertad de expresión, ya que produce un efecto paralizante en la sociedad al enviar un mensaje intimidatorio a quienes informan para que se autocensuren o manejen “con cuidado” cierta información, lo que en suma significa una violación del derecho de la sociedad a acceder libremente a la información.

Frente a la gravedad de esta situación no es de extrañar que recientemente otro organismo internacional mostrara su preocupación al respecto; así, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, expresó en su discurso de apertura de la 20 sesión ordinaria del Consejo de Derechos Humanos, su alarma por el drástico incremento de la violencia contra los periodistas en América Latina.

Como ya es costumbre, el nombre de Honduras volvió a relucir cuando se trata de violaciones a derechos humanos, pues la Alta Comisionada manifestó su mayor preocupación por lo que sucede en nuestro país debido al asesinato de varios periodistas y otras agresiones en su contra en los últimos meses.

Sin ninguna duda, el Estado hondureño es responsable directa e indirectamente de las amenazas, agresiones y muertes que sufren los comunicadores y comunicadoras sociales; de forma directa cuando sus agentes violentan los derechos de estas personas, como sucedió particularmente en el contexto del golpe de Estado; y de forma indirecta cuando no investiga seriamente los hechos y cuando no protege efectivamente a los periodistas en riesgo.

Si la impunidad sigue cubriendo este tipo de hechos, jamás podremos sentar las bases para construir democráticamente el país, ya que una prensa independiente y crítica, libre del miedo y la censura, constituye un elemento fundamental para la vigencia de los derechos humanos que integran el sistema democrático y el Estado de derecho.

Atentado contra compañeros del COPINH

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras DENUNCIA ante el pueblo de Honduras y a la opinión internacional que esta noche después de regresar de una diligencia por la resolución de un conflicto de una comunidad indígena de Santa Bárbara, los compañeros Juan Vásquez y Sotero Chavarría (miembros de la comisión ejecutiva del COPINH) fueron atacados por dos individuos que desde una motocicleta les dispararon por lo menos dos veces provocándoles un accidente automovilístico que no provocó daños personales, pero sí impactó sobre el vehículo de la organización y constituye un atentando criminal.

Desde hace meses el COPINH ha denunciado la campaña de amenazas, intimidación y agresión que se ha desplegado en contra de la organización y sus dirigentes y bases por parte de hombres armados del Estado hondureño y de miembros miembros a sueldo de compañías que intentan desarrollar megaproyectos en territorios indígenas. Las comunidades del COPINH se enfrentan en sus territorios con estos representantes de las empresas nacionales y transnacionales dispuestos a agredir y asesinar los miembros de la organización, con tal de llevar a cabo sus propósitos empresariales.

Como lo hemos denunciado muchas veces la represión contra nuestra organización al igual que contra otras personas de la resistencia arrecia. Sin embargo no van a detener nuestra legítima lucha por la tierra, los  bienes naturales, la autonomía indígena y la soberanía de territorios y del país. No claudicaremos con nuestro sueño de Refundar la matria donde nacimos y queremos vivir. Decimos junto a todos y todas las que luchan: No nos callarán. No detendrán nuestra lucha.

Llamamos al pueblo de Honduras y sus organizaciones en Resistencia que cotidianamente son golpeadas por la represión y a las organizaciones y personas del mundo solidarias con esta lucha para que redoblemos esfuerzos por organizarnos ante la represión, denunciar, visibilizar la situación en el país, y usar toda nuestra energía y fuerza para que la vida y la justicia y no la muerte violenta sean nuestro destino.

Dado en La Esperanza, Intibucá 13 de junio del 2012.

¡Con la fuerza ancestral de Icelaca, Lempira, Mota y Etempica se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, libertad, dignidad y paz!

De salvadores de la democracia a salvadores de la seguridad

Ante la falta de acciones contundentes por parte del Estado para enfrentar los altos índices de violencia en el país y la corrupción policial, la respuesta siempre es la misma: Los militares a las calles para protegernos. 

Bajo este esquema, los sectores políticos que nos desgobiernan se empeñan en fomentar la participación de los soldados en tareas que deben ser exclusivas de una policía civil e intentan vendernos la idea de que los valores militares como la disciplina son fundamentales para acabar con la violencia.

Así como presentaron a los militares como los salvadores de la democracia en los años 80 y en el golpe de Estado de 3 años, hoy se les presenta como los salvadores de la seguridad ciudadana, evadiendo la propia historia que demuestra que la intervención militar en asuntos de seguridad interna siempre viene acompañada de graves violaciones a derechos humanos.

Las últimas pruebas de ello lo constituyen el asesinato del adolescente Ebed Haziel Yánez a manos de militares que lo vieron como un enemigo de guerra porque éste no se detuvo ante el retén militar. Su acompañante, una muchacha que aún no ha sido reconocida, se encuentra desaparecida.

Ahora, para maquillar la participación militar en funciones policiales, el presidente del Congreso Nacional propone la creación de una policía militar que no es otra cosa que la misma mona en diferente rama, evadiendo que nuestros problemas de seguridad no se resolverán nunca si no se adoptan medidas de garantía de derechos humanos tan importantes como el derecho a la educación, a la salud, a la seguridad social, al trabajo, entre otros.

Si las políticas de seguridad no se centran en la construcción de mayores niveles de ciudadanía, no colocan a la persona humana como objetivo primario y no garantizan la seguridad humana y el desarrollo humano, la violencia seguirá desangrando el país lentamente mientras los políticos de turno le sacarán provecho cada 4 años con sus discursos de mano dura.

Los ataques contra el Sistema Interamericano de Derechos Humanos

La Organización de Estados Americanos, OEA, a lo largo de los años ha generado muchas dudas sobre su verdadero papel al servicio de la democracia continental y hay muchas voces que denuncian que ha sido un instrumento de los gobiernos de Estados Unidos para imponer su visión política y económica al resto de países del hemisferio.

No obstante, el único aspecto de la OEA que se ha ganado el prestigio del mundo entero es su Sistema Interamericano de Derechos Humanos, conformado por la Comisión y Corte Interamericanas de Derechos Humanos, cuyo trabajo ha sido fundamental para salvar vidas, abrir espacios democráticos, combatir la impunidad y ayudar a asegurar la verdad, justicia y reparaciones a las víctimas, tal y como lo señalan numerosas organizaciones de la sociedad civil de continente en una carta pública.

Gracias al trabajo de la Comisión y la Corte, se ha logrado reincorporar a víctimas a su trabajo y pagar salarios y demás prestaciones; se ha asegurado el pleno goce del derecho de la víctima a la jubilación; se ha localizado, identificado, exhumado los restos mortales de las víctimas y entregado a sus familiares; se ha podido buscar e identificar a los hijos de una persona desaparecida; se ha creado un sistema de información genética; y se ha implementado un registro de detenidos.

Además, se ha capacitado a los miembros de cuerpos armados y de seguridad sobre límites en el uso de las armas; se ha investigado efectivamente los hechos y sancionado a todos los responsables; se ha otorgado tratamiento antirretroviral a personas portadoras del VIH/SIDA; se ha reformado legislación discriminatoria contra la mujer; se ha dejado sin efecto legislación que promovía la impunidad; se ha adoptado legislación en materia de protección a la niñez; se ha liberado a personas detenidas injustamente; y se han celebrado nuevos juicios a personas condenadas sin las debidas garantías.

Lamentablemente, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Venezuela son algunos de los Estados que impulsan un proceso para debilitar este sistema de protección de derechos humanos, en reacción a acciones y resoluciones específicas que la Comisión y la Corte han asumido en contra de estos países en relación con denuncias de violaciones a derechos humanos cometidas dentro de sus territorios.

En el marco de la 42ª edición de la Asamblea General de la OEA que se realiza del 3 al 5 de junio de 2012 en Cochabamba, Bolivia, las críticas válidas a la OEA se han llevado de encuentro a los órganos de protección de los derechos humanos, lo cual pone en grave peligro y vulnerabilidad, a millones de víctimas que ven en la Comisión y la Corte, la última y única esperanza de acceder a la justicia que es negada por sus propios Estados.

Este ataque contra el Sistema Interamericano de Derechos Humanos por parte de países tan distintos políticamente, nos ratifica una vez más que los derechos humanos no es cuestión de ideologías, sino de compromiso pleno con la dignidad humana. Como Radio Progreso y ERIC nos sumamos a las voces de condena contra este intento de debilitar las estructuras interamericanas de lucha contra la impunidad.