La defensa del Estado de Honduras ante la Corte Interamericana en el caso Luna

El pasado jueves 07 de febrero se celebró durante todo el día la audiencia sobre el caso del asesinato del ambientalista Carlos Luna López que puso nuevamente al Estado de Honduras ante la justicia internacional.

En dicha audiencia, la Corte Interamericana recibió la declaración de César Luna, hijo de la víctima, del abogado Omar Menjívar quien fue fiscal ad hoc del caso en Honduras y testigo ante el tribunal interamericano, y del perito experto Juan Mejía, todos propuestos por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, y el ERIC. Por parte del Estado, la Corte recibió la declaración del abogado Adrián Rosales, quien fue el primer fiscal que conoció del asesinato Luna y cuya gestión inicial permitió sentar las bases de la impunidad. 

La audiencia fue pública y además se trasmitió en vivo desde la página electrónica de la Corte Interamericana y para quienes tuvieron la ocasión de presenciarla, pudieron observar que los representantes de la familia Luna lograron demostrar el incumplimiento del Estado de prevenir el asesinato de Carlos Luna, como parte de su obligación de garantizar el derecho a la vida.

También demostraron las graves deficiencias ocurridas en las primeras etapas de la investigación de su muerte, así como a las acciones y omisiones estatales que impidieron la captura, procesamiento y sanción de todos los responsables intelectuales y materiales de la misma. Y finalmente, también lograron mostrar a la Corte Interamericana el sufrimiento causado a los familiares y la necesidad de ordenar al Estado una serie de reparaciones que son indispensables para que hechos como los del presente caso no vuelvan a repetirse.

El Estado, representado “casualmente” por un bufete privado del cual es socia la esposa del Ministro de Recursos Naturales y Ambiente, hizo gala, una vez más como ya es costumbre que ocurra en las audiencias de la Comisión y Corte Interamericanas, de su falta de formación en derecho internacional, información y sobre todo, falta de ética y compromiso con la verdad y la justicia, dado que intentaron infructuosamente defender lo indefendible y ante la solidez de los argumentos de los representantes de la familia Luna, terminaron cayendo hasta en el absurdo de culpar a Carlos Luna de su propio asesinato.

A lo largo de Este año el tribunal interamericano dictará sentencia y esperamos que la misma constituya un mensaje claro y contundente respecto de las obligaciones internacionales del Estado de Honduras para prevenir la violencia contra defensores de derechos humanos en general y de ambientalistas en particular, pues sólo así será posible evitar seguir siendo testigos de la muerte de personas que como Carlos Luna sacrifican su vida por una Honduras más justa.

Honduras: Juez falla a favor de ambientalistas del Valle de Siria

Pulmón verde protegido por un justo Juez.

12.02.2013 / Dolores Valenzuela.

Estaban acusados de “obstaculizar “ plan de manejo para cortar 1800 hectáreas de bosque.

Tegucigalpa, Honduras. El Juez de la Sala de Sentencia , Mario Díaz dejó libres de toda culpa a 17 ambientalistas del Valle de Siria quienes habían sido acusados por la Fiscalía Especial del Medio Ambiente y la familia Urrutia Raudales de “obstaculizar” el desarrollo de un plan de manejo para cortar durante 40 años unas 1,800 hectáreas de bosque en la zona.

El caso se manejó en el Juzgado de Talanga hace dos años, tiempo durante el cual los ecologistas fueron acusados y sentenciados a medidas cautelares como no salir del país, presentarse todos los viernes a firmar el libro de registros, entre otras.

Luego de cuatro audiencias en la capital, este lunes once de febrero, después de unas ocho horas de participación de dos acusadores privados, el fiscal Ismael Ordóñez quien también pareció acusador privado, las abogadas defensoras y los acusados, el togado resolvió dejar en plena libertad y sin valor todas las acusaciones a ellos formuladas.

Díaz basó su resolución en aspectos como que en el plan de manejo no se contemplaba la apertura de una carretera, trabajos que ya habían hecho en unos 400 metros. También que ocultaron la existencia de por lo menos cuatro fuentes de agua en la región por lo que él consideró que los protestantes actuaron en legítima defensa del vital líquido.

Hechos.

En junio del año 2009, el Instituto de Conservación Forestal (ICF) aprobó a la familia Urrutia-Raudales un plan de manejo para el corte de bosque en los sitios conocidos como El Terrero y Tapalito. En el año 2010, vecinos del sector observaron la presencia de maquinaria pesada para el inicio de la tala de la flora. Inmediatamente en número de unos 60 hombres se trasladaron al lugar e impidieron que los tractores avanzaran en su objetivo y obligaron al personal que trabajaba a que se retiraran. Días después fueron querellados.

Otra situación que aún no está clara, es la posesión del terreno, ya que los habitantes del Valle de Siria argumentan que les pertenece desde el año 1836 y la familia Urrutia-Raudales alega ser los legítimos dueños.

La defensa de los amantes de la naturaleza estuvo a cargo de las profesionales del derecho, Kenia Oliva y Carol Cárdenas, miembros del Comité de Familiares Detenidos y Desaparecidos en Honduras (COFADEH ).

La impunidad en el asesinato de Carlos Luna llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos

El 31 de enero de este año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos anunció la apertura de su 98 período ordinario de sesiones durante el cual se celebrarán seis audiencias públicas sobre casos contenciosos y tres audiencias privadas sobre supervisión de cumplimiento de sentencias. Asimismo, se estudiará la posibilidad de emitir una sentencia y diversas resoluciones.

El día 07 de febrero a las 9 de la mañana se celebrará la audiencia sobre el caso Luna López Vs. Honduras, en la cual la Corte Interamericana escuchará la declaración de  una  de las presuntas víctimas, de un testigo propuesto por el Estado, y de  un testigo y un perito  propuestos por  los representantes  de las presuntas víctimas. Asimismo, el máximo tribunal regional escuchará los alegatos finales orales de las partes, así como las observaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Este caso se refiere al asesinato del defensor ambientalista Carlos Luna López ocurrido el 18 de mayo de 1998, quien fue herido de muerte a causa de los disparos que le infirieron dos sujetos desconocidos cuando salía de una reunión de la corporación municipal. Carlos Luna se desempeñaba como Regidor en la municipalidad de Catacamas, cargo desde el cual denunció la tala ilegal del bosque por parte de sectores que eran política y económicamente poderosos en Honduras.  

Antes de su asesinato, Carlos Luna había recibido y denunciado amenazas a muerte, las cuales eran de conocimiento del Estado de Honduras; sin embargo, las autoridades no tomaron ninguna medida de prevención y protección para evitar su muerte. Hasta la fecha, sólo ha sido condenado uno de los autores materiales del asesinato y a pesar de existir indicios sobre otros autores materiales y los autores intelectuales, nadie más ha sido sancionado.

Al igual que el asesinato de Jeannette Kawas, Carlos Escaleras y otros ambientalistas, el asesinato de Carlos Luna ocurrió en un contexto de riesgo e impunidad para los defensores del ambiente en Honduras, el cual se ha profundizado en la actualidad con la entrega de los bienes naturales por parte de una clase política corrupta que sigue dándole la espalda a los intereses generales de la sociedad.

Esta audiencia es fundamental como memoria histórica para que, en primer lugar, las actuales y nuevas generaciones encuentren en la figura de Carlos Luna los valores de la honestidad, compromiso y valentía de cara a la defensa del medio ambiente; y en segundo lugar, para no olvidar que su asesinato es producto de unas estructuras estatales que promueven la impunidad y que deben ser depuradas o recreadas para hacer de Honduras un lugar donde la vida digna sea el fin más importante de la sociedad y el Estado.

Corte IDH celebrará audiencia sobre asesinato de ambientalista en Honduras

San José, Costa Rica, 5 de febrero de 2013-  El próximo jueves 7 de febrero, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) con sede en Costa Rica, iniciará su primer periodo de sesiones del año y celebrará una audiencia pública sobre el asesinato en Honduras del defensor ambientalista Carlos Antonio Luna López.

El 18 de mayo de 1998, Carlos Luna fue herido de muerte a causa de los disparos que le ocasionaron dos sujetos cuando salía de una reunión en la corporación municipal.

El defensor ambientalista se desempeñaba como Regidor en la Municipalidad de Catacamas, Departamento de Olancho al noroeste de su país, desde donde denunció la tala ilegal de árboles por parte de sectores política y económicamente poderosos.

Previo a su asesinato, Carlos Luna recibió y denunció amenazas de muerte ante las autoridades; las cuales no tomaron ninguna medida para prevenir su muerte. Catorce años después de su asesinato solo se ha condenado a uno de los autores materiales. A pesar de que existen indicios sobre la autoría intelectual del asesinato, ninguna persona ha sido sancionada.

Este jueves a partir de las 9:00 AM (hora de Costa Rica), la Corte IDH escuchará el testimonio de una de las víctimas, de varios testigos y un perito, así como los argumentos orales de parte de los representantes legales del caso: el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), y el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC). Además escuchará las valoraciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la posición del Estado hondureño.

El máximo Tribunal Interamericano recibió el caso en noviembre de 2011 por parte de la CIDH, cuyo Informe de Fondo consideró que Honduras incumplió con las recomendaciones realizadas, entre las que destaca la reparación adecuada de las violaciones y la realización de una investigación judicial “completa, imparcial y efectiva” para conocer en su totalidad las personas que actuaron en contra de la vida de Carlos Luna.

CEJIL y el ERIC consideran que es urgente además, crear y poner en funcionamiento una unidad de investigación de delitos contra activistas y adecuar a los estándares internacionales los protocolos sobre la debida diligencia en la investigación; así como diseñar e implementar una política pública integral dirigida a la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras.

Puede seguir la trasmisión de la audiencia vía streaming en www.livestream.com/corteidh

Notas al editor
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional.

Contacto en San José
Sergio Pacheco S. / CEJIL/  spacheco@cejil.org / 506 2280- 7473

Secuestrados por el miedo

De acuerdo con el más reciente sondeo de opinión pública realizado por el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, los hondureños y hondureñas vivimos secuestrados por la violencia y la inseguridad.

Un 90.8 por ciento de la población considera que la delincuencia aumentó o siguió igual en comparación con el año anterior y lo peor de todo es que la institucionalidad encargada de garantizar la seguridad es percibida como una amenaza, ya que para el 60.3 por ciento la Policía está involucrada en la delincuencia y para el 67.4 por ciento está vinculada con el crimen organizado.

Al mismo tiempo, el 84.8 por ciento considera que las violaciones a derechos humanos han seguido igual o han empeorado, lo cual es producto de un clima absoluto de impunidad que cruza y rompe el tejido social de nuestra sociedad, alimentando la desconfianza en el otro, obligándonos a encerrarnos detrás de los muros de nuestras casas y limitando drásticamente el ejercicio de una ciudadanía activa. 

El círculo de la impunidad es fomentado por un sistema de justicia cuyas instituciones han fracasado estrepitosamente en realizar el papel para las que fueron creadas, es decir, garantizar la dignidad de las personas, por lo que no es extraño que la población desconfíe totalmente de instituciones como la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público.

De esta manera, un 81.8 por ciento tiene poca o ninguna confianza en el Ministerio Público y un 83.1 por ciento en la Corte Suprema de Justicia, ya que ambas instituciones han ratificado que han abandonado su papel de garantes de la legalidad y el respeto de los derechos humanos, y se han vuelto cómplices y autores directos de haber convertido a Honduras en un paraíso de la impunidad.

Sin duda alguna, estos datos reflejan la deslegitimidad en la que han caído las instituciones del Estado, frente a lo cual es urgente una nueva institucionalidad que se ponga al servicio de la sociedad en su conjunto y de los más vulnerables en particular.

Pero también es imperiosa la articulación de una ciudadanía crítica y activa que blinde a las nuevas instituciones para evitar que vuelvan a ser secuestradas por una clase política que, contrario al rey Midas que convertía todo lo que tocaba en oro, las convierta en instituciones corruptas, sin legitimidad y al servicio de los intereses más oscuros del país.