Ni una muerte más

El golpe de Estado sigue mostrando a sangre y fuego sus terribles consecuencias para el pueblo hondureño en materia de medio ambiente y recursos naturales. Una de las primeras medidas adoptadas por el gobierno de facto presidido por Roberto Micheletti fue el otorgamiento de concesiones masivas de bosque, subsuelo y ríos en proporciones intolerables para la vida y la salud de la población.

A partir de entonces se ha profundizado aceleradamente el deterioro de nuestros recursos a niveles alarmantes; así, lo que Honduras pierde de bosque equivale a 90 canchas de fútbol por día; para 2011 existían 119 concesiones en 6 departamentos del país, por lo que las concesiones de minería metálica cubrían el 31 por ciento del territorio nacional; y se derogaron leyes que prohibían los proyectos hidroeléctricos en las áreas protegidas del país.

En la actualidad nos encontramos con un marco jurídico y unas instituciones que en vez de apostar por la protección y salvaguarda de los recursos naturales que garantizan la supervivencia de pueblos y comunidades, están marcadas por un fuerte espíritu mercantil en la gestión de la tierra, el agua, los bosques, el aire, los recursos mineros, la vida silvestre y las garantías de propiedad sobre estos recursos.

Ante esta realidad, comunidades, organizaciones, líderes y lideresas sociales se han implicado como defensores y defensoras de derechos humanos ambientales en acciones de resistencia, denuncia y oposición al saqueo y la expoliación de los recursos naturales, y como consecuencia, han sido objeto de amenazas, secuestros, ataques violentos, persecución, criminalización y asesinatos.

Después del asesinato de Tomas García de Río Blanco y miembro del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, esta semana fueron asesinados los indígenas tolupanes María Enriqueta Matute, Armando Fúnez Medina y  Ricardo Soto Fúnez, por realizar acciones de defensa de su territorio de la explotación ilegal de los recursos naturales que nos pertenecen a todos y todas.

Además de estos asesinatos, centenares de defensores ambientalistas corren serio peligro en Río Blanco, en las comunidades garífunas de Tela y Ceiba, en Locomapa, Yoro, en el sector de la Florida, Tela, en Zacate Grande y otras regiones del país donde las comunidades han decidido enfrentar a la muerte lenta que funcionarios y empresarios sin escrúpulos los han condenado con la desertificación, la contaminación y el envenenamiento de su tierra, de su agua, de su aire.

Si la sociedad hondureña no comprendemos que esta lucha por la defensa de los recursos naturales es una lucha de todos y todas por nuestra propia vida y de las futuras generaciones, en unos pocos años tendremos a este país verde y lleno de diversidad natural, convertido en un cementerio.

Soñar y hacer que otra Honduras sea posible

Honduras hace honor a su nombre. El país se encuentra en las honduras de la pobreza, de la miseria, de la violencia, de la migración forzada, de la desesperanza, de la desesperación, de la impotencia, de la falta de confianza en las instituciones y en las personas, del desprecio por la vida, de las desigualdades, de la corrupción y de la impunidad.

Pero toda la miseria a la que estamos condenados no es producto del orden natural de las cosas ni de designios divinos; es producto de una historia de saqueo, de malas administraciones y malos gobiernos, de hombres y mujeres que ven en lo público un patrimonio privado que pueden vender, alquilar, robar y destruir a costa de la dignidad de las comunidades a quienes miran con desprecio y aplican el terror de la fuerza militar, policial y paramilitar.

Por tanto, al no ser algo natural ni divino, el estado actual de cosas puede y debe ser transformado en un presente y un futuro más justo y solidario. Para ello se requiere mucha imaginación, participación popular y comunitaria, y sobre todo esperanza y necedad de que otra Honduras es posible.

Una Honduras donde los cuarteles militares se conviertan en escuelas y hospitales, y las balas y otras municiones se transformen en cuadernos, libros y colores. Una Honduras donde cada barrio tenga un centro de salud que ofrezca atención de calidad y donde ser médico y maestro sea visto con prestigio y respeto por su más alto compromiso con la dignidad de las personas.

Una Honduras donde los centros deportivos y centros culturales rebosen de canchas, de deportes, de talleres de pintura, de cerámica, de música, de teatro y de poesía, y las calles, las plazas y los parques se conviertan en escenarios idóneos para la explosión de la vida pública.

Como dice Eduardo Galeano, quizá soñar con estas cosas en medio de tanto desaliento es delirar pero es urgente que estos ataques de delirio sean más frecuentes y colectivos, y “desencadenen la alegría de hacer, y la traduzcan en actos. Y al fin y al cabo, actuar sobre la realidad y cambiarla, aunque sea un poquito, es la única manera de probar que la realidad es transformable”.

¿Un pacto con lobos?

La semana pasada, la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos promovió la firma del llamado Gran Pacto Nacional por los Derechos Humanos, en virtud del cual todos los candidatos presidenciales de los partidos políticos deben comprometerse a respetar los derechos humanos en caso de ganar las elecciones generales.  

Esta iniciativa tiene el noble objetivo de lograr que los candidatos incorporen en sus planes de gobierno la Primera Política Pública y Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos; no obstante, la primera cuestión negativa durante la firma de este pacto ha sido la ausencia de Juan Orlando Hernández del partido Nacional y de Mauricio Villeda del partido Liberal, quienes enviaron a sus respectivos designados presidenciales.

Su ausencia es sin duda una muestra clara de la poca importancia que ambos candidatos le dan al respeto de la dignidad humana, lo cual han demostrado con sus hechos con su apoyo al rompimiento del orden constitucional en el 2009 y con la adopción de medidas desde el poder gubernamental que afectan seriamente los derechos de la población.

Y la segunda cuestión negativa es la presencia del general golpista Romeo Vásquez Velásquez como candidato del partido Alianza Patriótica, quien en un acto de cinismo firmó dicho pacto como si con la estampa de su firma pueden borrarse los graves crímenes ordenados por él durante el golpe de Estado.

Sin duda alguna, la iniciativa de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos es un acto necesario pero en un país sin institucionalidad y con altos niveles de impunidad y corrupción, creer que una simple firma va a comprometer a criminales sin escrúpulos puede considerarse un acto de ingenuidad que raya con la complicidad.

Por ello es fundamental traer a colación y hacer nuestras las palabras de Wilfredo Méndez, director ejecutivo del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, quien era una de las personas que presidía la mesa principal: “Debo dejar constancia como una condena ética, frente a la incapacidad del sistema de justicia, nuestra decisión de no acompañar con nuestra firma el pacto del señor Romeo Vásquez Velásquez porque no es admisible para nosotros, avalar la palabra de un hombre que lo tenemos demandado como violador de los derechos humanos, criminal de lesa humanidad y así que todo político que se atreva a violar los derechos humanos de nuestro sagrado pueblo deba ser condenado sino por la justicia, entonces moral y éticamente por el pueblo”.

Las cárceles y las cátedras del crimen

En el año 2002, el entonces Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Leo Valladares Lanza, denunciaba “sin temor a la exageración, que estamos ante violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos de la población interna” en las cárceles del país.

11 años después, el Relator Especial para las Personas Privadas de Libertad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Rodrigo Escobar Gil, señalaba que dicha situación no ha cambiado nada, ya que el sistema penitenciario hondureño ha colapsado debido a las graves deficiencias estructurales que sufre, lo cual provoca que se violen sistemáticamente los derechos fundamentales de los reclusos.

Las declaraciones del comisionado Escobar Gil se fundamentan en el Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de las personas privadas de libertad en Honduras presentado la semana pasada en Tegucigalpa, en el cual se señalan los graves problemas carcelarios y se plantea la adopción de una serie de medidas que, de ser efectivamente implementadas, tendrían un impacto positivo relevante en las deficiencias estructurales existentes en nuestro sistema penitenciario.

Uno de los puntos fundamentales de este informe es señalar que el enfoque represivo para afrontar la violencia no es eficiente pues utiliza la cárcel no como último recurso para la solución del conflicto, sino como un mecanismo prioritario, convirtiendo las prisiones en lo que el experto costarricense Roy Murillo llama “meras bodegas o depósitos, jaulas o zonas de ‘no derecho’”.

Hasta el momento, el Estado de Honduras ha reducido de forma simplista y falaz la seguridad ciudadana a discursos de mano duro o tolerancia cero, ignorando, como lo señala la Comisión Interamericana, que esta “involucra la interrelación de múltiples actores, condiciones y factores entre los cuales se cuentan la historia y la estructura del Estado y la sociedad; las políticas y programas de los gobiernos; la vigencia de los derechos económicos, sociales, culturales; y el escenario regional e internacional”.

En este sentido, es urgente y necesario la adopción de “políticas públicas integrales orientadas a superar las graves deficiencias estructurales presentes y lograr, finalmente, que el sistema penitenciario esté realmente orientado al cumplimiento de los fines de las penas privativas de libertad: la rehabilitación de las personas condenadas penalmente”, tal y como lo ha establecido la Comisión Interamericana.

Si el Estado y la sociedad continuamos en nuestra posición de mantener las cárceles en completo abandono, estas, lejos de ser un lugar en donde no se delinque y se pueda construir un proyecto de vida al margen del delito, será un lugar idóneo para convertir a las personas privadas de libertad en lo que Cafferata Nores llamó verdaderos “catedráticos del crimen”.

¿Desarrollo vs. derechos humanos?

El Estado de Honduras y las comunidades tienen derecho al desarrollo, lo cual implica libertad de explotar sus recursos naturales, incluyendo el otorgamiento de concesiones y la apertura a inversiones internacionales. No obstante, no puede haber propiamente desarrollo sin el respeto pleno por los derechos humanos.

Antes de aprobar u otorgar concesiones extractivas o de realizar planes y proyectos de inversión y desarrollo que afecten los recursos naturales, el Estado tiene la obligación, de acuerdo con la jurisprudencia interamericana, de cumplir con lo siguiente:

1. Consulta previa y consentimiento: El Estado debe asegurar la participación efectiva de los miembros de las comunidades de conformidad con sus costumbres y tradiciones, en relación con todo plan de desarrollo, inversión, exploración o extracción que se lleve a cabo dentro de sus territorios.

Es importante dejar claro que la consulta previa debe regirse por los siguientes principios rectores:

a)      Buena fe: El Estado está obligado a realizar la consulta en un clima de confianza, con la intención de tomar en cuenta la opinión que expresen los pueblos consultados sin que se les pretenda engañar, traicionar o brindar información sesgada o parcial. Por tanto, los procesos de consulta y la decisión de las comunidades no deben considerarse una mera formalidad para legitimar los proyectos sometidos a su consulta.

b)      Previa: El momento en que se realice la consulta es clave para un verdadero ejercicio de decisión por parte de los pueblos afectados. La consulta debe realizarse en las primeras etapas del plan de desarrollo o inversión y no únicamente cuando surja la necesidad de obtener la aprobación de la comunidad, si éste fuera el caso. El aviso temprano proporciona un tiempo para la discusión interna dentro de las comunidades y para brindar una adecuada respuesta al Estado.

c)      Libre: El verdadero ejercicio del derecho a la consulta exige que ésta se realice libre de injerencias externas, de coerción, intimidación y manipulación. El condicionar servicios sociales básicos como la educación o la salud, reflejados en la construcción de escuelas o centros de salud, supone una coerción con respecto a la libre decisión de las comunidades afectadas, además de una violación a los derechos económicos, sociales y culturales, que nunca deben ser condicionados a la realización de un proyecto. Incluso, el planteamiento en disyuntiva sobre desarrollarse o continuar en la pobreza y marginación también puede ser considerado como una forma de coerción a la decisión de las comunidades.

d)     Informada: Las comunidades deben contar con la suficiente información que les permita tomar una posición con respecto al proyecto consultado. Esta información debe incluir (d.1) la naturaleza, envergadura, impacto y alcances del proyecto; (d,2) la razón u objetivo del proyecto; su justificación; (d.3) duración y tiempos del proyecto; (d.4) lugares y zonas que serán afectadas; (d.5) evaluación del probable impacto económico, social, cultura y ambiental; (d.6) posibles riesgos y beneficios; (d.7) elementos de un posible desplazamiento.

2. Participación en los beneficios: El Estado debe garantizar que los miembros de las comunidades se beneficien razonablemente del plan que se lleve a cabo dentro de su territorio. El Estado tiene la obligación de garantizar la participación de las comunidades en la determinación de los beneficios que producirán los planes o proyectos propuestos, a través de procedimientos apropiados.

Por ello, el Estado debe garantizar que en el marco de los procedimientos de consulta previa se establezcan los beneficios que serán percibidos por las comunidades afectadas, y las posibles indemnizaciones por los daños ambientales, siempre de conformidad con sus propias prioridades de desarrollo. La determinación de los beneficiarios debe ser hecha en consulta con las comunidades y no unilateralmente por el Estado. No debe confundirse la participación en los beneficios de un proyecto con la dotación de servicios sociales básicos que de cualquier modo corresponde proveer al Estado en virtud de sus obligaciones en materia de derechos económicos, sociales y culturales.

3. Estudios de impacto: El Estado debe garantizar que no se emitirá ninguna concesión dentro de los territorios de las comunidades a menos y hasta que entidades independientes y técnicamente capaces, bajo la supervisión del Estado, realicen un estudio previo de impacto social y ambiental que evalúen la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas pueden tener sobre tales comunidades.

El objetivo de estos estudios no es sólo tener alguna medida objetiva del posible impacto sobre la tierra y las personas, sino también asegurar que los miembros de las comunidades tengan conocimiento de los posibles riesgos, incluidos los riesgos ambientales y de salubridad, a fin de que acepten el plan de desarrollo o inversión propuesto con conocimiento y de forma voluntaria. Estos estudios deben realizarse con carácter previo a la aprobación de los planes respectivos.

Además, deben ser concluidos de manera previa al otorgamiento de la concesión, ya que uno de los objetivos de la exigencia de dichos estudios es garantizar el derecho de las comunidades a ser informado acerca de todos los proyectos propuestos en su territorio. De cualquier manera, el Estado no debe aprobar un proyecto que pueda amenazar la supervivencia física o cultural del grupo. El término “supervivencia” significa mucho más que supervivencia física sino que abarca la relación de las comunidades con su territorio y su cultura.

Contrario a ello, El Estado de Honduras está concesionando el territorio nacional a compañías mineras, hidroeléctricas y madereras a espaldas de las comunidades y de los intereses nacionales, ante lo cual los pobladores y organizaciones están realizando acciones justificadas de resistencia, denuncia y oposición. Pero como consecuencia, son objeto de amenazas, secuestros, ataques violentos y asesinatos cometidos por policías, militares, funcionarios, empleados de las empresas, guardias privados de seguridad y otros grupos particulares con el apoyo o anuencia estatal.

Ejemplos de ello son los atentados contra la vida e integridad de Adonis Romero, José Lemus, José Ángel Fúnez, Cecilio Alfaro, Merlin Pineda, Enrique Castillo, Isaías Amaya y otros líderes y defensores de derechos humanos de la comunidad Nueva Esperanza y de las comunidades que integran el Patronato Regional del Sector Florida en el municipio de Tela, departamento de Atlántida.

También el reciente atentado por parte del ejército en contra de la población Lenca de Río Blanco que se oponen al proyecto de DESA y SINOHYDRO, en el que murió Tomas García, miembro del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y resultó gravemente herido su hijo Allan García Domínguez.

La defensa de los bienes naturales es un asunto que nos debe importar a todos y todas. Los daños ecológicos u otros daños como consecuencia de proyectos o planes de desarrollo o inversión o de concesiones extractivas, nos impacta a todos y pone en riesgo nuestras vidas y la de las futuras generaciones.

Debemos asumir articuladamente esta lucha por la vida antes que la desolación, la destrucción, la enfermedad y la muerte suplanten violentamente nuestros árboles, nuestros ríos, nuestro aire y nuestra riqueza natural.