Tribunal Supremo Electoral militariza las plantas de transmisión de medios de comunicación.

Tegucigalpa, Honduras, C-libre: Desde horas muy tempranas del día de hoy(domingo 24 de noviembre), diferentes Medios de Comunicación denunciaron queplantas  las de  transmisión de señal ubicada en el cerro Canta Gallo jurisdicción del Departamento de Francisco Morazán, han sido militarizadas. Según el director de Radio Globo, David Romero, los periodistas de dicha casa radial constataron que militares escondidos detrás de los pasamontañas y fuertemente armados escoltan las antenas de: Canal 11, Canal 13 (Hondured), Canal 36 (Cholusat Sur) y Radio Globo y Globo TV. "Esto es un atentado contra la democracia y la libertad de expresión, esta agresión a la libertad de prensa solamente nos remonta a junio del 2009 cuando nos censuraron y le violentaron al pueblo hondureño en general el derecho a informarse, no queremos pensar que esta situación se volverá a repetir por ello le hacemos un llamado público al presidente Lobo Sosa para que actúe diligentemente al respecto", detalló Romero. Por su parte el  General  Osorio Canales  jefe del Estado Mayor conjunto de  las Fuerzas Armadas de Honduras aseguró, durante una comunicación telefónica al periodista Romero que la militarización responde a una disposición del  Tribunal Supremo Electoral  (TSE) para brindarle protección a las plantas de transmisión.

Fuente: Comité por la Libre Expresión (C-Libre).   C-Libre es una coalición de periodistas y miembros de la sociedad civil constituida para promover y defender la libertad de expresión y el derecho a la información en Honduras. Quienes integramos C-Libre, estamos convencidos que en la construcción de un Estado de Derecho es imprescindible la existencia de un periodismo ético, de investigación, fiscalizador de la gestión pública, que se desempeñe en un ambiente de seguridad y acceso libre a la información y que promueva un régimen de opinión pública que haga valer su Derecho a la Información.

Detienen misión de observadores internacionales en comunidad indígena Lenca

Alerta 01-2013 20 de Noviembre del 2013 Zacapa, Santa Bárbara (C-Libre).- Una delegación internacional de 20 defensores y defensoras de derechos humanos, que se dirigía  a la comunidad indígena Lenca, Río Blanco, en el departamento de Santa Bárbara, fue retenida esta mañana, por un retén policial cuando se conducía en un autobús a inmediaciones de la comunidad de Santa Ana.    De acuerdo con la dirigente del Consejo Popular de Organizaciones Indígenas de Honduras (Copinh), Berta Cáceres, la acción fue cometida por "un grupo de empleados de la Empresa Desarrollos  Energéticos, DESA,, en conjunto con la Policía Nacional". El retén se situó en la aldea de Santa Ana, jurisdicción de San Pedro de Zacapa, departamento de Santa Bárbara, sector situado a 10 minutos de la comunidad indígena de La Tejera en Río Blanco. "Lamentamos la obstaculización del libre tránsito y observación que deben hacer estas misiones internacionales, que están observando particularmente los derechos humanos y que se desplazaban a conocer la situación de Río Blanco y del Copinh", indicó Cáceres. El grupo estaba integrado por ciudadanos estadounidenses y canadienses pertenecientes a  las organizaciones SOA-Watch y Ciudades Hermanas , quienes han llegado a Honduras en el marco del proceso de observación de las elecciones. Berta Cáceres denunció además que el hecho ocurrió con la "complacencia del alcalde, Emerio Hernández y de la Policía". El grupo estaba conformado por empleados de la empresa DESA, cuatro miembros de un patronato y de la Policía Nacional. Igualmente lamentó que "no se trata de la primera vez que lo hacen", porque se trata del proceso de represión que ha venido sufriendo el COPINH en los últimos meses y el pueblo Lenca. En las últimas cuatro semanas, la situación en Río Blanco, se ha agudizado con un abierto incremento de la presencia policial y militar en el lugar. La líder Lenca, también explicó que se bloqueó el acceso del "único autobús en el que los hermanos indígenas pueden desplazarse para ir al hospital o hacer sus compras". "Hemos estado llamando al jefe de la Policía en esa zona, pero no responde", comentó. Según se informó, hasta las 5:40 p.m. diez miembros de la misión internacional permanecían en el mismo sector sin poder cruzar el retén, a la espera de un fiscal del Ministerio Público para interponer la formal denuncia, mientras que otros diez se desplazaron a Río Blanco. Finalmente, Copinh también hizo un llamado a la solidaridad y a los organismos de Derechos Humanos nacionales e internacionales a denunciar y a exigir respeto al derecho  de libre  tránsito, desplazamiento, al derecho que tiene el Pueblo Lenca de mantener relaciones con organismos solidarios y de DD.HH.,  con periodistas internacionales y nacionales y comisiones generales del COPINH.

Fuente: Comité por la Libre Expresión (C-Libre).   C-Libre es una coalición de periodistas y miembros de la sociedad civil constituida para promover y defender la libertad de expresión y el derecho a la información en Honduras. Quienes integramos C-Libre, estamos convencidos que en la construcción de un Estado de Derecho es imprescindible la existencia de un periodismo ético, de investigación, fiscalizador de la gestión pública, que se desempeñe en un ambiente de seguridad y acceso libre a la información y que promueva un régimen de opinión pública que haga valer su Derecho a la Información.

Desplazamiento forzado, una realidad preocupante

Debido a las guerras civiles que azotaron Centroamérica durante décadas, el fenómeno del desplazamiento forzado de personas fue una realidad que marcó la región hasta los años 90 cuando se cerraron los últimos campamentos de refugiados.

Durante los últimos años se ha observado un incremento importante en el número de solicitantes de asilo y refugio provenientes sobre todo de Guatemala, El Salvador y Honduras, quienes buscan protección internacional en Estados Unidos, Canadá, México, España, Costa Rica, Nicaragua y Panamá.

De acuerdo con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), se puede observar que existe una relación directa entre el fenómeno del desplazamiento con el aumento de la criminalidad; en Honduras las principales zonas de riesgo y expulsión de víctimas de la violencia son Atlántida, Cortés, Colón, Copán, Francisco Morazán, Santa Bárbara, Comayagua, Yoro, Olancho y Choluteca.

En este sentido, tanto el ACNUR como un sector del Estado de Honduras han comprendido la magnitud del problema que puede complicarse en los próximos meses debido a un proceso electoral de riesgo.

Así, el ACNUR ha establecido un representante permanente en el país; ha firmado con la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos un convenio de cooperación con el fin de desarrollar proyectos y actividades conjuntas en temas relacionados con la protección de personas desplazadas por causa de la violencia; y el Consejo de Ministros aprobó un decreto que crea la Comisión Interinstitucional para la Protección de las Personas Desplazadas por la Violencia.

Estos datos demuestran que la violencia en Honduras está cobrando unas dimensiones imprevisibles y que tanto Naciones Unidas como un sector del Estado están observando con gran preocupación por el impacto que ya está teniendo para el futuro inmediato de la democracia.

Denuncia Pública: Continua hostigamiento contra el compañero Víctor Fernández

El día de ayer 06 de noviembre del 2013 y posterior a una reunión de seguimiento a los casos de la Coordinadora de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) con relación a la situación de Río Blanco y la judicialización de tres dirigentes de la organización: Berta Cáceres, Aureliano Molina y Tomás Membreño; pasadas las seis de la tarde, el abogado Víctor Fernández, defensor del COPINH, y su acompañante, fueron perseguidos en la carretera hacia San Pedro Sula, hasta la altura de Villanueva, Cortés, por un carro Toyota Hi-Lux, blanco, doble cabina, 3.0 sin placa. Este vehículo se mantuvo detrás del carro del abogado apagando y encendiendo las luces durante un sector importante del trayecto desde Santa Cruz de Yojoa, evidenciando claramente su presencia y persecución  detrás del vehículo del abogado Fernández.

Alertamos que estos actos son parte de la campaña sistemática de persecución, intimidación y agresión contra el COPINH y sus miembras y miembros; y otras luchadoras y luchadores sociales. En los últimos días, en los medios de comunicación de la oligarquía se han hecho ataques directos contra Berta Cáceres y  Víctor Fernández, igualmente sectores políticos han atacado públicamente la intervención del abogado ante la CIDH por el caso del Pueblo Lenca de Río Blanco y la persecución política y judicial contra el COPINH, igualmente por los casos del Pueblo Tolupan de Locomapa Yoro y comunidades en lucha contra las mineras en Atlántida, pertenecientes al Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ). 

El compañero Fernández es también coordinador del MADJ, quien también ha sido acusado y amenazado por defender los bienes de la naturaleza, además representa y ha representado legalmente a varias organizaciones y sus luchas territoriales e indígenas. El día de ayer también estuvo realizando gestiones ante el Ministerio Público de defensoría de causas del COPINH.

¡A más represión, más lucha y organización!

¡Condenamos la impunidad,  la política  y sus mecanismos de terror en contra de las luchadoras y luchadores sociales!

Dado en Intibucá, a los 07 del mes de noviembre del 2013.

Coordinación General del COPINH

Tres audiencias ante la Comisión Interamericana

El pasado lunes 28 de octubre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó tres audiencias públicas sobre Honduras relativas a la independencia judicial, el cumplimiento de medidas cautelares y megaproyectos y consulta previa.

En relación con la independencia judicial, se denunció que en el país el poder judicial sigue sometido a presiones políticas y que los jueces y juezas que intentar ser independientes, imparciales y competentes son marginados y trasladados arbitrariamente, y hasta despedidos y en algunos casos asesinados.

También se denunció que la integración del recién creado Consejo de la Judicatura que debería garantizar la imparcialidad, la independencia y la competencia de los operadores judiciales, estuvo salpicada por una serie de actuaciones que lejos de generar confianza en la ciudadanía, empañan la transparencia con que debería integrarse un órgano de tanta importancia para la independencia judicial.

Co respecto al cumplimiento de las medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana, quedó establecido que el Estado hondureño no tiene la capacidad ni la voluntad política para proteger efectivamente a las personas que se encuentran en riesgo debido a su labor de defensores y defensoras de derechos humanos.

Además, se evidenció que el anteproyecto de ley para proteger a los defensores y defensoras no ha sido suficientemente socializada y discutida con los sectores sociales y omite algunas cuestiones importantes como la participación efectiva de los propios beneficiarios.

Finalmente, en relación con los megaproyectos y consulta previa, se denunció el agravamiento de la situación de las comunidades y defensores y defensoras de derechos humanos en torno a conflictos territoriales y megaproyectos de minería e hidroeléctricas sin consulta previa, lo cual se ha traducido en una escalada de amenazas, ataques violentos, intimidaciones, asesinatos y criminalización.

Como siempre, el Estado de Honduras quedó en entredicho ante la comunidad internacional y la defensa de sus funcionarios ante la Comisión Interamericana sólo evidenció su cinismo, su falta de ética y de preparación, y cuyos viajes y salarios son pagados con los impuestos de todos y todas las hondureñas.