Estado de derecho y gobernantes corruptos y violentos

Parecería redundante que en pleno siglo XXI sea tan necesario insistir en el concepto de Estado de derecho pero en un país como Honduras con una clase política autoritaria, es preciso recordar que tal concepto se refiere a una forma de organización jurídico-política caracterizada por varios elementos.

En primer lugar, por la incorporación al ordenamiento jurídico de unos valores considerados fundamentales para la comunidad, es decir, los derechos humanos; en segundo lugar, por la consagración del principio de legalidad, que implica que la actuación de los poderes públicos esté enmarcada dentro de lo que establecen la Constitución y las leyes, en virtud de lo cual pueden ser objeto de control judicial.

Y en tercer lugar, por la funcionalización del ejercicio de dichos poderes a la garantía del goce de todos los derechos humanos; en otras palabras, el respeto y la promoción de los derechos humanos se constituye en el más alto deber del Estado y sus instituciones, y por ende, su cumplimiento representa un elemento que legitima la razón de ser del mismo.

La realidad nos muestra que después de más de 30 años de democracia formal, el ideal de un Estado de derecho en Honduras sigue siendo una utopía cada vez más lejana debido a una clase política corrupta que anualmente se roba 18 mil millones de lempiras sólo de las cuentas de los ministerios con mayores presupuestos; y a una casta militar y policial que asesina, viola, tortura, desaparece y da golpes de Estado.

Por eso no es de extrañar que en el más reciente sondeo de opinión pública realizada por el ERIC, el 94% de la población cree que la corrupción siguió igual o aumentó, y el 89% que la gravedad de la situación de derechos humanos ha seguido igual o ha aumentado durante el año 2013.

Teniendo en cuenta que la legitimidad es un factor fundamental para los sistemas democráticos, resulta grave que instituciones tan importantes para el fortalecimiento del Estado de derecho como la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público y el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, son percibidas con desconfianza por más del 70% de la población.

Ante un panorama desalentador después de las elecciones generales, volvemos a preguntarnos si acaso es cierto que cada pueblo merece a los gobernantes que tiene. ¿Qué ha hecho o no ha hecho la ciudadanía hondureña para tener a estos gobernantes corruptos y violentos?

Una importante victoria internacional de la Comunidad Nueva Esperanza y del Patronato Regional del Sector Florida

Durante más de 12 años lo pobladores y pobladoras de las 16 comunidades del Sector Florida, municipio de Tela, se han organizado para defender los bienes naturales y los territorios en los que residen.

En este tiempo han tenido que soportar la presencia y asedio de empresarios mineros chinos, italianos y hondureños que han pretendido explotar y destruir la riqueza natural de la zona. Pero la situación se tornó grave desde el 2011 cuando algunos empresarios mineros comenzaron a hacer uso de la fuerza y la violencia para explotar minas a cielo abierto, supuestamente  para la extracción de óxido de Hierro.

Ante el amplio rechazo de la mayoría de la población a la operación de proyectos mineros y de represas en sus territorios, los empresarios con el apoyo de la Policía Nacional y la municipalidad de Tela, incrementaron la intimidación, amenazas y agresiones tanto a la comunidad, como a los líderes de las organizaciones sociales y eclesiales comprometidas en la defensa del ambiente y sus medios de vida.

Pese a que todos estos hechos fueron debidamente denunciados, el Estado ha sido incapaz y no ha tenido voluntad para escuchar y resolver la exigencia de las comunidades de que ningún proyecto de explotación de la riqueza natural de su territorio se realice sin que previamente se les consulte.

Frente a la inoperancia y desidia del Estado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó la adopción de medidas cautelares a favor de varios líderes y defensores de derechos humanos de la comunidad Nueva Esperanza y del Patronato Regional del Sector Florida. Para este organismo internacional, dichos líderes y lideresas se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, puesto que su vida e integridad personal están amenazadas y en grave riesgo.

Esperamos que esta resolución de la Comisión Interamericana sea una herramienta para lograr que en un futuro cercano, ya no existan en Honduras personas y comunidades criminalizadas, amenazadas y en riesgo sólo por defender la vida de todos y todas.

La elección del Defensor o Defensora del Pueblo a la vista

El próximo mes de marzo se elige al nuevo Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH).

Teniendo en cuenta que desde el Congreso Nacional se ha garantizado que todas las instituciones del sistema de justicia respondan a los intereses del presidente recientemente electo, la elección del ombudsman resulta fundamental para que la ciudadanía cuente con una institución que realmente sea la voz moral en medio de este desierto de arbitrariedad.

Aunque el CONADEH ha sido establecido para garantizar la vigencia de los derechos y libertades reconocidas en la Constitución de la República y los tratados internacionales, al día de hoy se ha convertido en una institución dependiente de los poderes fácticos y ha desempeñado un terrible papel en la consolidación de la impunidad.

Así, durante los últimos 12 años el CONADEH ha estado bajo la dirección de Ramón Custodio López, quien otrora fuera un reconocido defensor de derechos humanos, sin embargo de todos y todas es conocido el grave papel que jugó durante el golpe de Estado, ya que al negar la existencia del mismo, impidió que los hondureños y hondureñas pudiéramos contar con un mecanismo independiente de protección a nuestros derechos.

Sin duda alguna, los sectores políticos tradicionales ya están pensando en el nuevo Comisionado y harán todo lo que tengan que hacer para garantizar que sea un guardián de sus intereses, así como lo han hecho con la Sala de lo Constitucional, el Consejo de la Judicatura y el Ministerio Público, entre otros.

Por tanto, la elección del titular del CONADEH es un asunto vital para la vigencia de la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho, ya que en un Estado con la casi totalidad de sus instituciones raptadas por los poderes fácticos y sordas y ciegas ante a las demandas y derechos de la ciudadanía, el CONADEH podría ser como una luz de esperanza institucional en la oscuridad.

Desde ya la sociedad civil debería articular una agenda nacional alrededor de esta trascendental elección.

Terrorismo económico contra los más empobrecidos

En palabras del economista Hugo Noé Pino, el llamado paquetazo navideño aprobado por el gobierno Lobo-Hernández “constituye uno de los ajustes fiscales más inequitativos y groseros que se hayan aprobado desde la década de los noventa”, pues encarecerá el nivel de vida ya de por sí precario de millones de hondureños y hondureñas.

Con este paquetazo se eleva del 12 al 15 por ciento el impuesto sobre ventas, impone más impuestos a las llamadas de celulares, aumenta en 5 lempiras el precio de los combustibles con su consecuente impacto en los precios del transporte público, entre otras cosas, con lo cual se pretende recaudar alrededor de 16 mil millones de lempiras.

Evidentemente, la clase política hondureña sabe que existen otras formas de recaudar ingresos para el Estado y una de ellas tiene que ver con dos factores fundamentales que colocan a Honduras como uno de los países más pobres, violentos y corruptos del mundo.

El primero tiene que ver con la evasión fiscal, particularmente grandes empresas privadas que evaden el pago de impuestos y que si el gobierno tuviera voluntad política para combatir la evasión tributaria podría recuperar al menos 45 mil millones de lempiras, es decir, 29 mil millones más que los recauda con el paquetazo.

El segundo tiene que ver con la corrupción pues de acuerdo con el coordinador de Transformemos Honduras, Carlos Hernández, Honduras pierde anualmente 18 mil millones de lempiras sólo en las cuentas de las secretarías de Estado que manejan mayores presupuestos.

Por tanto, si el gobierno saliente de Pepe Lobo y el entrante de Juan Orlando Hernández tuvieran un compromiso serio con la ciudadanía, lo primero que hubieran hecho es adoptar medidas efectivas para combatir la corrupción y la evasión tributaria. No obstante, prefirieron proteger a los corruptos y evasores, y aplicarle a la población una pesada carga que provocará mayor pobreza y migración forzada.

Inseguridad y ciudadanía de baja intensidad

Frente a la violencia que azota al país, la clase política nos ofreció depuración policial, militares en las calles, mano dura, policía militar e incluso, sin que lo comprendiéramos totalmente, reducir nuestros derechos en nombre de una seguridad ciudadana que llegaría.

No obstante, tanto las estadísticas como la experiencia cotidiana de la gente demuestran que ninguna de esas medidas ha dado resultados. Los militares están en las calles desde el gobierno de Maduro, es decir, desde hace 10 años y los índices de violencia se han duplicado.

La creación de la policía militar representa un retroceso grave con respecto al proceso de desmilitarización de la sociedad que inició a partir de los años 90 y coloca al Estado de Honduras en franca violación de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos que le exige que los asuntos de seguridad ciudadana sean de competencia exclusiva de cuerpos policiales civiles, debidamente organizados y capacitados.

La depuración policial y la reforma del sistema de seguridad es un total fracaso puesto que las redes criminales siguen actuando con impunidad, lo cual refleja el poco o nulo  compromiso de las autoridades y la falta de liderazgo de los dirigentes políticos en la definición de una política de seguridad integral que priorice la prevención y el fortalecimiento de las instituciones.

Por todo ello, no es extraño corroborar, como lo señala el Observatorio de la Violencia que ha habido un súbito aumento en el número de asesinatos, temiendo que este año se supere incluso la tasa de 83 homicidios por cada 100 mil habitantes y se consolide una situación de por sí alarmante que ha convertido al país en una enorme cárcel y a los hondureñas y hondureños en titulares de una ciudadanía de baja intensidad.