La marcha del fracaso

La semana antepasada, el gobierno de Juan Orlando Hernández convocó a una marcha por una navidad en paz con el objetivo de alzar la voz contra la violencia y la criminalidad.

Fue encabezada por el propio presidente Hernández y la primera dama, Ana García, a quienes se les sumaron sectores religiosos y empresariales, y un reducido número de funcionarios a quienes se ha conocido se les obligó a participar.

Pese a los llamados y coacciones a participar, y a gastarse 30 millones de lempiras en la organización de la misma, apenas participaron dos mil empleados públicos, lo cual puede considerarse un total fracaso aunque los grandes medios de comunicación han intentado maquillar y esconder esa realidad.

Lo que sí está claro es que cuando un presidente de un Estado decide salir a la calle para protestar contra la violencia, es la manifestación más evidente del fracaso de su gobierno para enfrentar la criminalidad.

La manifestación pública y pacífica es un derecho humano que la ciudadanía tiene cuando sus gobiernos son incapaces de dar respuestas institucionales a los problemas de la gente.

Por tanto, que el presidente Hernández haga uso de este derecho, ¿acaso está manifestando su descontento frente a sus propias políticas en materia de seguridad que no han logrado reducir drásticamente los índices delictivos?

Evidentemente detrás de esta marcha lo que hay es pura demagogia para hacerle creer a la población que su gobierno no es responsable, intentando ignorar que el principal garante de la seguridad de la población es el Estado que está bajo su gobierno.

Pero no cualquier seguridad ni a cualquier costo, sino aquella que sea respetuosa de los derechos humanos y que implique una mejora en la calidad de vida de la gente, particularmente de la más excluida.

Algo no cuadra

Uno de los grandes dogmas que han sostenido los diferentes gobiernos a partir de la década de 2000, es que el involucramiento de las fuerzas militares en tareas de seguridad ciudadana reduce los altos índices de violencia e inseguridad.

Desde el gobierno de Ricardo Maduro se inició abiertamente una política encaminada a privatizar y militarizar la seguridad pública. De esta manera, según un informe del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre el Uso de Mercenarios de la ONU, existen en el país 70 mil guardias de seguridad privada.

En este sentido, resulta preocupante que la proporción de policías estatales en relación con la población es de apenas 1 agente por cada 1,103 habitantes, mientras que la proporción de guardias privados de seguridad es de 1 por cada 113 habitantes.

Por otro lado, con el gobierno de Juan Orlando Hernández se ha profundizado el fortalecimiento del poder militar en todas las áreas de la sociedad, no obstante y pese al discurso oficial, las estadísticas revelan que la militarización no es sinónimo de reducción de la violencia.

De acuerdo con la información de los últimos ocho años (2005-2012) se han producido en el país 40 mil 668 asesinatos, cifra que se acerca al costo social de un país en guerra. Solo en el quinquenio 2008-2012 los homicidios aumentaron 52.67% y apenas se vio una reducción mínima de 0.58% durante el 2012.

Las estadísticas indican que entre 2008 y 2012, a la par del aumento del presupuesto para las Fuerzas Armadas, también aumentaron los índices de violencia. Así, en 2008 se aumentó el presupuesto militar en más de $121 millones y hubo 4473 homicidios.

En 2010 el presupuesto militar subió a más de $172 millones mientras que los homicidios subieron a 6239. En 2012 el presupuesto militar aumentó en más de $188 millones mientras que los homicidios alcanzaron la cifra de 7172. Para el 2014, el presupuesto de las Fuerzas Armadas subió en más de $252 millones mientras se redujeron las partidas en educación y salud.

¿Cómo es posible seguir creyendo el discurso oficial de que los militares son la solución si las estadísticas dicen todo lo contrario? ¿Por qué continuar con esa creencia si después de 10 años de militares en las calles la tasa de homicidios ha aumentado en más de un 50%?

Los militares en las calles solo trasladan o retrasan la comisión de delitos pero no atacan las raíces del problema de la violencia. Militarizar y privatizar son fuentes de violaciones a derechos humanos como lo muestran los recientes ejemplos de participación de militares y guardias privados en crímenes contra la ciudadanía.

Un aporte para la reflexión

Uno de los aportes importantes que como Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, y Radio Progreso hemos decidido brindar a la sociedad hondureña, es la realización de investigaciones y análisis para animar la reflexión y el debate sobre diferentes aspectos de nuestra realidad nacional.

Por ello, en estos días estamos presentando una nueva publicación realizada en coordinación con la Alianza por la Paz y la Justicia, en la que diferentes autores y autoras reflexionan sobre la violencia, los derechos humanos y la seguridad ciudadana, desde diferentes perspectivas, experiencias y miradas.

Este libro colectivo contiene reflexiones sobre la necesidad de construir un concepto de seguridad como valor superior y como meta de todo ser humano; sobre el entendimiento de qué son, cómo funcionan y por qué proliferan las pandillas juveniles; sobre la violencia, la pobreza o la corrupción que tienen un origen histórico y un lugar preciso en el orden social, y que en conjunto han contribuido a estigmatizar la identidad nacional.

El libro también cuestiona lo frágil y riesgoso que es mantener como única vía de seguridad, la expectativa que el Estado resolverá la violación de derechos y generará las condiciones para su garantía; aborda el modelo represivo de seguridad adoptado por el Estado de Honduras y extrae las características que determinan el impacto y los efectos en el sistema penitenciario.

A su vez, el libro analiza el nivel de transformación del perfil profesional de las policías municipales y su relación con la sociedad, y los desafíos que enfrenta; analiza la evolución de las reformas en el sistema de seguridad y justicia, el contexto sociopolítico que ha influido en su desempeño; analiza la relación entre violencia y migración, y plantea cómo la búsqueda de asilo ha recobrado actualidad como lo hizo en los tiempos de los conflictos armados en Centroamérica.

Esperamos que este nuevo aporte brinde luces para continuar el debate y la reflexión, y contribuya decididamente a la construcción de una cultura política y ciudadana que permita la transformación de esta sociedad violenta y excluyente, en una nueva sociedad incluyente y participativa, respetuosa de los derechos humanos y en armonía con el medio ambiente.

Las cifras de la muerte

Las cifras de muerte y sangre en Honduras la convierten en un país del terror.

Según Casa Alianza, en octubre fueron ejecutados 82 niños, niñas y jóvenes menores de 23 años, 80 por ciento de los cuales fueron asesinadas por armas de fuego.

En los últimos 3 años, unas 1,200 mujeres han muerto violentamente y entre 2008 y 2014 185 miembros de la comunidad LGBTI han sido asesinados en Honduras, registrándose solo en este año 14 asesinatos.

De 2012 hasta la fecha se han registrado 9 asesinatos de indígenas Lencas y desde los años 90 hasta la actualidad se han contabilizado 43 asesinatos en la comunidad de los Tolupanes.

Desde el año 2003 han sido asesinados 47 periodistas y comunicadores sociales, de los cuales 7 han muerto en el 2014 y el 91% están en total impunidad.

Solo en el año 2014 han sido víctimas de la violencia más de 100 personas ligadas al sector transporte y desde el 2010 83 abogados y abogadas han sido asesinadas.

Y ante esta terrible realidad, el gobierno nos ofrece las mismas recetas que vienen siendo aplicadas desde hace 10 años sin ningún resultado, es decir, más cárcel, más penas, más militares, más armas y al mismo tiempo, menos presupuesto para salud y educación, menos protección laboral y menos acceso a una vida digna.

Pero para el gobierno, las cifras de la muerte se han reducido y el pueblo hondureño ahora vive una vida mejor.

Fuera de los fortines y la seguridad pública y privada con la que viven protegidos los gobernantes que tenemos, la verdadera Honduras se ha convertido en un gigantesco matadero y en una gigantesca cárcel de la que la gente escapa a través de la migración forzada y quienes nos quedamos ejercemos una ciudadanía limitada por el miedo.

¿Qué más falta para que la sociedad hondureña se indigne hasta levantar decididamente su voz ante tanta muerte, miseria e impunidad?

Y siguen los retrocesos en materia de derechos económicos, sociales y culturales

Uno de los elementos fundamentales para determinar si un país puede catalogarse como un Estado de derecho es el respeto del principio que garantiza el imperio de la Constitución.

Ello implica que las leyes deben ser adoptadas por los órganos que representan la voluntad general, como por ejemplo, el Congreso Nacional, y además que el contenido de tales leyes no sea contrario a lo establecido por la Constitución de la República.

En este sentido, es importante insistir en la importancia del artículo 64 constitucional que prohíbe la aplicación de leyes que disminuyan, restringen o tergiversan los derechos humanos establecidos en la Constitución.

En otras palabras, este artículo consagra el principio de progresividad que le impone a los poderes públicos la obligación de avanzar gradual y constantemente hacia la plena realización de los derechos humanos, y la prohibición de tomar medidas regresivas que reduzcan los niveles de protección de los derechos vigentes.

El posible recorte de 99 millones de lempiras que experimentará el próximo año el presupuesto de la Universidad Pedagógica Nacional “Francisco Morazán” es un nuevo ejemplo de lo que el gobierno tiene prohibido hacer pues tendrá unos efectos terribles en la calidad de la enseñanza y el derecho humano a la educación.

Y mientras se reducen los presupuestos de salud y educación, Honduras es el país centroamericano que más aumentó sus gastos militares desde 2008 cuando el presupuesto de defensa era de más de 121 millones de dólares, llegando a más de 252 millones de dólares en 2014, lo que implica un aumento de 108%.

Está claro que la prioridad de los últimos gobiernos son las armas en detrimento de derechos tan elementales como la salud y la educación de la población.