El país de los desalojos

Honduras es el país del despojo y del desalojo. Diariamente escuchamos noticias de familias desalojadas en el Aguán, en el valle de Sula, en el sur, en el Caribe, en todas partes. Y somos testigos perplejos de la violencia usada en los desalojos en muchas ocasiones.

Se echan abajo champas, se queman cultivos, se reprime indiscriminadamente sin considerar si hay niños y niñas, o personas ancianas. A la gente, además de sacarlas de las tierras que ocupan, se le destruyen las pocas cosas que tienen.

Honduras es parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el Comité encargado de vigilar su cumplimiento, ha establecido que los desalojos son en principio incompatibles con dicho pacto y sólo pueden justificarse en las circunstancias más excepcionales.

Esta presunción de incompatibilidad se basa en el hecho de que los desalojos forzosos violan frecuentemente otros derechos humanos, tales como, el derecho a la vida, a la seguridad personal, a la no injerencia en la vida privada, la familia y el hogar, y el derecho a disfrutar en paz de los bienes propios.

Evidentemente hay desalojos que pueden ser considerados legales, no obstante, las autoridades encargadas de llevarlo a cabo no tienen carta blanca para hacerlo de cualquier manera, sino que deben respetarse unas condiciones mínimas y seguir algunos lineamientos.

Así, el derribo de viviendas como medida punitiva está prohibida; se debe estudiar en consulta con las personas todas las demás posibilidades que permitan evitar o, cuando menos, minimizar la necesidad de recurrir a la fuerza; se deben establecer recursos legales para las personas afectadas por las órdenes de desalojo; y se debe velar que todas las personas afectadas tengan derecho a la debida indemnización por los bienes de los que pudieran ser privadas.

También se debe ofrecer un plazo suficiente y razonable de notificación a todas las personas afectadas con antelación a la fecha prevista para el desalojo; las personas que efectúen el desalojo deben ser identificadas con exactitud; y no se deben efectuar los desalojos cuando haga muy mal tiempo o de noche, salvo que las personas afectadas den su consentimiento.

Finalmente, los desalojos no deberían dar lugar a que haya personas que se queden sin vivienda o expuestas a violaciones de otros derechos humanos. Cuando los afectados por el desalojo no dispongan de recursos, el Estado tiene la obligación de adoptar todas las medidas necesarias para que se proporcione otra vivienda, reasentamiento o acceso a tierras productivas.

Sigue ascendiendo la cifra mortal en materia de libertad de expresión

De acuerdo con el más reciente informe de Human Rights Watch, las personas que ejercen el periodismo y la comunicación social continúan siendo víctimas de amenazas, ataques y asesinatos, frente a los cuales las autoridades han fallado constantemente en investigar y sancionar a las personas responsables.

Desde el golpe de Estado han sido asesinadas más de 30 personas periodistas y comunicadoras, y cada una de las muertes tiene sus propias características. Entre las personas asesinadas hay afines a la resistencia; otros laboraban en medios de comunicación comprometidos con el golpe; y hay quienes no tenían ninguna participación política directa.

Como lo señala el padre Ismael Moreno, es aquí donde radica lo más terrible de esas muertes. “Basta con que una persona utilice en sus labores un micrófono, una computadora o una cámara para publicar o divulgar información que afecte a los poderosos de la comunidad, el municipio o el departamento, para que la vida de quien dio la noticia quede expuesta a un riesgo mortal”. 

Solo el año pasado el Comité por la Libertad de Expresión registró 10 asesinatos. La muerte más reciente de un comunicador social sucedió el 15 de diciembre de 2014 en Comayagua cuando el propietario del RPM Canal 28, Reinaldo Paz Mayes, fue acribillado por desconocidos mientras hacía ejercicio. 

Esta vez le tocó el turno trágico a Carlos Fernández, quien era miembro activo de la Red de Alertas y Protección a Periodistas y Comunicadores Sociales y que fue asesinado la noche del jueves 5 de febrero, en el municipio de Roatán, departamento de Islas de la Bahía. Sus asesinos lo esperaban cerca de su domicilio y le dispararon en el tórax y en la sien. Con Fernández, la cifra de este tipo de asesinatos sube a 51 desde el año 2003.

La impunidad es un círculo vicioso que solo puede detenerse cuando el Estado asuma diligentemente su obligación de investigar y sancionar a los responsables de estos y otros crímenes. 

A la ciudadanía nos toca continuar exigiendo justicia y denunciando la incompetencia de las autoridades estatales en el cumplimiento de su deber de prevenir, investigar, sancionar y reparar a las víctimas.

Ante una audiencia histórica

El 2 y 3 de febrero, la Corte Interamericana de Derechos Humanos celebró una audiencia pública sobre el caso relacionado con la destitución de los jueces Adán Guillermo López Lone, Luis Alonso Chévez de la Rocha y Ramón Enrique Barrios Maldonado, y de la magistrada Tirza del Carmen Flores Lanza.

Las 4 víctimas eran parte de la Asociación de Jueces por la Democracia, la cual emitió diversos comunicados públicos calificando los hechos de 2009 como un golpe de Estado en contradicción con la versión oficial de la Corte Suprema de Justicia, que sustentaba la descabellada teoría de la sucesión constitucional.

Además, como señala el juez español José Luis Ramírez Ortíz, nos hallamos ante unos jueces y magistrada que se limitaron a defender el orden constitucional tanto desde sus jurisdicciones como desde el ejercicio legítimo de sus derechos políticos. 

En ese sentido, la Corte Interamericana tiene ante sí un caso que representa un reto histórico para reafirmar el valor central de la independencia judicial, por lo que la única reparación válida es la reincorporación a sus cargos de los jueces y la magistrada despedidos. 

Siguiendo con lo señalado por el juez Ramírez Ortíz, una decisión así, en primer lugar enviaría el mensaje a la judicatura hondureña de que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos protege eficazmente el ejercicio independiente de la justicia. En segundo lugar, pondría fin a la vulneración de los derechos de los 3 jueces y la magistrada.

Y en tercer lugar, en un país dominado por poderes privados salvajes, la ciudadanía volvería a contar con tres jueces y una magistrada independientes en el caminar hacia el fortalecimiento de la democracia y el Estado de derecho.

Solidaridad con Gladys Lanza

El Tribunal de Sentencia de Honduras, declaró culpable por “difamación o calumnia” a la compañera feminista y defensora de los derechos de las mujeres, Gladys Lanza, coordinadora del Movimiento de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla” conocidas entre las población hondureña como Las Chonas.

Como Coalición contra la Impunidad, repudiamos esta acción de clara persecución a la labor que realizan las defensoras de los derechos humanos de emprendida por el  director de la Fundación para el Desarrollo de la Vivienda Social, Urbana y Rural de Honduras (FUNDEVI) quien además, es esposo de la diputada y ex Secretaria de Finanzas, Gabriela Núñez. Este acto de persecución fue detonado contra Gladys Lanza, en su calidad de directora de las Chonas, quien acompañó a la Jefa de Recursos Humanos de dicha institución, pues esta última acudió a la organización de defensa de los derechos de la mujer, al ser víctima por años del acoso sexual y laboral por parte de Juan Carlos Reyes.

El 25 de febrero Gladys será informada de la pena que se le impondrá, que puede oscilar entre un año 4 meses y dos años 8 meses, según las leyes hondureñas.

En julio del 2009 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había ordenado al Estado hondureño proteger a Gladys; los incidentes no cesaron pese a las medidas cautelares.

Esta condena busca no solo sentar un precedente para condenar el acompañamiento que brindan las organizaciones a las víctimas de violencia sino que contiene un mensaje para que las mujeres, que por años han vivido en silencio el acoso, como algo privado y no público, no denuncien la violencia vulnerando así los principios de la democracia.

Estas violaciones al derecho a defender los derechos se vuelven peligrosamente cotidianas y pretenden silenciar tanto a Gladys Lanza como a todas las organizaciones defensoras de derechos humanos en el país, fomentando el clima de impunidad que corroe el pacto social de las hondureñas y hondureños.

La Coalición contra la Impunidad se solidariza con Gladys Lanza y exige a las instancias correspondientes que respeten el ejercicio de la defensoría de los derechos humanos. Así mismo, advertimos que nos mantendremos vigilantes y apoyaremos todas las acciones legales consecuentes para revertir esta injusticia perpetrada por el Estado de Honduras.

30 de enero del 2015

COALICIÓN CONTRA LA IMPUNIDAD

Integrada por las siguientes organizaciones: Asociación LGTB Arcoiris de Honduras; Asociación de Jueces por la Democracia (AJD); Asociación Intermunicipal de Desarrollo y Vigilancia Social de Honduras (AIDEVISH); Asociación Nacional de Personas viviendo con SIDA (ASONAPVSIDA); CARITAS – Diócesis de San Pedro Sula; Centro de Derechos de Mujeres (CDM); Centro de Estudios de la Mujer Honduras (CEM-H); Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos (CIPRODEH); Colectivo Gemas; Colectivo Unidad Color Rosa; Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (COFADEH); Comité por la Libre Expresión C-Libre; Comunidad Gay Sampedrana para la Salud Integral; Convergencia por los Derechos Humanos de la Zona Nor Occidental; Crisálidas de Villanueva; Equipo de Monitoreo Independiente de Honduras (EMIH); Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación/Radio Progreso (ERIC-RP); Feministas Universitarias; Frente Amplio del COPEMH; Foro de Mujeres por la Vida; Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH); JASS en Honduras; Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ); Movimiento Diversidad en Resistencia (MDR); Movimiento de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla”; Red de Mujeres Jóvenes de Cortés; Red de Mujeres Unidas de Colonia “Ramón Amaya Amador”; Red de Participación de Organizaciones de Sociedad Civil Siguatepeque (RPOSC); Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras; Tribuna de Mujeres contra los Femicidios.

Una primera derrota a la militarización del país.

Durante la segunda mitad de la década de los 90 se inició un proceso de desmilitarización que se vio truncado particularmente a partir de la llegada al gobierno de Ricardo Maduro, quien desplegó a los militares en las calles para realizar funciones policiales.

Ese despliegue se prolongó en los gobiernos de Manuel Zelaya Rosales y Porfirio Lobo Sosa. Lógicamente, cuando se involucra a militares en funciones de seguridad ciudadana, no tarda en politizarse su intervención.

En este escenario se explica en cierta medida el papel protagónico de los militares durante el golpe de Estado de 2009 y la recuperación bajo su control de instituciones claves del Estado como HONDUTEL, Migración y Extranjería, Aeronáutica Civil, Registro Civil y el Instituto Nacional de Mercadeo Agrícola.

A partir de ahí, los militares son la fórmula mágica utilizada por el actual gobierno para resolver todos los problemas del país. Por ello, uno puede observar que los militares patrullan calles, instalan retenes y controles de revisión, realizan arrestos y cateos, administran los bosques, los centros penales y hasta intervienen los hospitales públicos.

La creación de la Policía Militar y el nombramiento de un general en activo al frente de la Secretaría de Seguridad representan la profundización de este proceso de remilitarización, el cual recibió su primer revés cuando el Congreso Nacional en una votación de 67 votos en contra rechazó ratificar el Decreto 283-2013 que le otorgaba rango constitucional a la Policía Militar y la colocaba peligrosamente bajo el mando directo del presidente de la República.

Sin embargo, teniendo en cuenta el alarmante deterioro de las instituciones democráticas y del Estado de derecho, y las conductas autoritarias de Juan Orlando Hernández que ahora propone una consulta directa a la ciudadanía para que decida al respecto, es necesario que aprovechemos este primer revés para concientizar a nuestro entorno sobre la exigencia de que los asuntos de seguridad ciudadana sean de competencia exclusiva de cuerpos policiales civiles, debidamente organizados y capacitados.

Debemos ser insistentes en que el gobierno no puede manipular y confundir los conceptos de seguridad pública y seguridad nacional, ya que la criminalidad por muy grave que sea, no constituye una amenaza militar a la soberanía del Estado.