De Estado fantasma a Estado castigador

En Honduras, las niñas, niños y adolescentes representan el 43% de la población total. Al ser un sector poblacional tan importante lo lógico es pensar que el Estado ha elaborado e implementado una política pública integral que aborde los principales problemas que obstaculizan el desarrollo de su dignidad humana. 

Sin embargo, las estadísticas nos dicen otra cosa y para muestra, un botón. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas, 1.3 millones de niños, niñas y adolescentes están fuera del sistema escolar. 

Según el Observatorio de la Violencia del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad, en los últimos seis años han muerto violentamente 624 estudiantes de educación secundaria, es decir, 8 estudiantes asesinados cada mes.

De acuerdo con Casa Alianza, en el transcurso de los treinta y ocho meses de gobierno de Juan Orlando Hernández se han registrado 2,780 muertes violentas y/o ejecuciones arbitrarias de niñas, niños y jóvenes menores de 23 años.

Según el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, la tasa de trabajo infantil alcanza el 14.1% y solo durante el 2016 fueron retornados al país 10,652 niñas y niños migrantes que se fueron huyendo de la violencia y la pobreza.

De acuerdo con José Guadalupe Ruelas, director de Casa Alianza, “la pobreza junto a la violencia están expulsando de sus hogares a los niños y, una vez en la calle, son perseguidos por el crimen organizado o las maras”. 

En este sentido, se estima que solo en Tegucigalpa y San Pedro Sula más de 10,000 menores de edad han hecho de las calles su hogar, de los cuales el 94% ha consumido algún tipo de droga y el 100% ha sufrido abusos sexuales. 

Frente a esta realidad, ¿dónde ha estado el Estado hondureño? La respuesta es fácil: ha sido como un fantasma que todo mundo dice que existe pero que no aparece por ningún lado para cambiar las circunstancias o condicionamientos sociales, culturales y económicos que hacen que nuestra niñez y adolescencia sean presas fáciles del crimen como víctimas y victimarios.

Pero cuando aparece, lo hace para cerrar el Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia, y desaparecer los centros que albergaban a la niñez en riesgo social, y para castigar a la niñez y adolescencia con todo su poder, sus militares, policías, jueces, fiscales y leyes autoritarias.

Como lo señala la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras, “debería ser urgente y prioritario el abordaje a las causas estructurales que sitúan a los niños y niñas en situación de vulnerabilidad”, pues “de nada sirve castigar a una niña o a un niño como adulto si no se atacan las raíces de los problemas”.

¿Adivinen quién?

Cada año, el Fund for Peace, una organización no gubernamental de carácter educativo y de investigación, publica el Índice de Estados Frágiles. Para determinar la fragilidad de un Estado se analizan varios indicadores divididos en tres bloques: indicadores sociales, indicadores económicos e indicadores políticos y militares.

Dentro de estos indicadores sobresale la falta de legitimidad del Estado debido a la corrupción, la provisión de servicios públicos de salud y educación, el respeto a los derechos humanos y al Estado de derecho, la seguridad ciudadana, la reducción del crecimiento económico, desplazamiento de personas, fuga de cerebros, migración y pobreza, entre otros.

A cada indicador se le da una puntuación y de esta manera, a mayor puntuación, mayor fragilidad, con lo cual se elabora una lista en la que el país más frágil ocupa el primer lugar y el menos frágil el último. También se elabora un mapa cromático en el que se establece una escala de colores a la que a cada tono le corresponde una puntuación.

Así, el color azul implica sostenibilidad, el color verde estabilidad, el amarillo alarma y el rojo alerta. En otras palabras, los países mejor evaluados son los que reciben el color azul y verde, mientras que los peor evaluados son los que reciben los colores, amarillo y rojo.

Los Estados peor evaluados son considerados frágiles porque poseen una serie de características comunes, entre las que destacan, (a) pérdida del control físico del territorio o del monopolio del uso de la fuerza, (b) erosión de legitimidad de la autoridad de turno para llevar a cabo decisiones colectivas e (c) incapacidad de proporcionar servicios públicos básicos.

¿Adivinen qué lugar ocupa Honduras en este índice de fragilidad? Según el Fund for Peace, nuestro Estado tiene graves síntomas de fragilidad pues ocupa el puesto 68 de 178 países y en el mapa cromático recibe el color amarillo, con lo cual muestra un elevado nivel de alarma.

No es de extrañar que el Estado hondureño sea considerado frágil cuando el crimen organizado tiene un importante control territorial, cuando se viola la Constitución para satisfacer el hambre continuista de un presidente, cuando reos peligrosos se fugan de las cárceles con facilidad, cuando no existe independencia de poderes, cuando ha aumentado la pobreza y la desigualdad, y cuando las evidencias apuntan a que nos encontramos ante un narco Estado.

* El índice completo puede consultarse aquí: http://fundforpeace.org/fsi/2017/05/14/fragile-states-index-2017-annual-report/

¿Incapaces o cómplices?

Después del golpe de Estado de 2009 se ha implementado una política agresiva de remilitarización de la vida pública en el país. Los militares controlan prácticamente todo, no solamente son los dueños y señores de la agenda de seguridad ciudadana, sino también tienen un enorme poder de facto que les da protagonismo en el manejo de los hilos de la política nacional.

La creciente presencia militar ha permeado hasta el sistema penitenciario bajo el argumento que el poder civil y policial es incapaz de resolver los graves problemas estructurales que aquejan a las cárceles hondureñas.

De esta manera, se nombró a un triunvirato de coroneles al frente de los centros penales en franca violación a lo establecido en la Ley del Sistema Penitenciario Nacional, las direcciones de los principales centros penales quedaron bajo la responsabilidad de las Fuerzas Armadas y se autorizó la creación de centros penales de carácter preventivo en instalaciones militares.

Todo ello en contravención de los estándares internacionales en la materia que exige que el personal encargado de la administración y seguridad interna de los centros penitenciarios esté integrado por funcionarios idóneos de carácter civil específicamente capacitado y destinado a tal efecto.

La fuga de 22 personas privadas de libertad pertenecientes a la mara 18 de la Penitenciaria Nacional “Marco Aurelio Soto” y el supuesto desconocimiento de la misma por parte de su director, el teniente coronel César Nájera, evidencia la incapacidad, negligencia o complicidad de los militares en estos hechos.

Este tipo de actos es similar a lo que sucede con el tráfico de droga. A los militares se les da la facultad de luchar contra el narcotráfico en el ámbito de la seguridad ciudadana pero ellos han sido incapaces o cómplices de evitar que la droga pase por las fronteras marítimas, áreas y terrestres.

Ahora se les da la autoridad para custodiar los centros penales y se fugan 22 personas que estaban bajo su custodia. Como lo señala Omar Rivera, miembro de la Comisión Depuradora, “esta fuga demuestra la incapacidad, negligencia, falta de valor para enfrentar el problema y que siembra dudas en las autoridades del sistema carcelario”.

Si el gobierno realmente tuviera voluntad para cambiar radicalmente la situación del sistema penitenciario, solo tendría que tomar en cuenta tres cuestiones.

Primero, las más de 85 recomendaciones formuladas por el Subcomité contra la Tortura de Naciones Unidas al Estado hondureño en enero de 2010.

Segundo, las recomendaciones hechas por la Comisión Interamericana en su informe de 2013 sobre la situación de las personas privadas de libertad en Honduras.

Tercero, los puntos resolutivos de la sentencia Pacheco Teruel y otros vs. Honduras dictada por la Corte Interamericana en 2012.

Los derechos humanos en Honduras a la luz del informe anual 2016 de la CIDH

Recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó su informe anual 2016 en el que da cuenta sobre la situación de los derechos humanos en el continente. 

En el capítulo V dedica 70 páginas para darle seguimiento a las recomendaciones que le formuló al Estado de Honduras en el año 2015 en su informe especial sobre la situación de los derechos humanos en el país.

Este capítulo vuelve a insistir en las diversas problemáticas que persisten en Honduras en relación con la impunidad, la corrupción, la militarización de la vida pública, la violencia, la debilidad institucional y la mayor vulnerabilidad que enfrentan las mujeres, la niñez, las personas LGBTI, indígenas, garífunas y defensoras de derechos humanos.

En relación con las personas defensoras de derechos humanos, la CIDH plantea en su informe que continúa recibiendo información sobre la persistencia y la intensificación de amenazas, acoso, violencia, incluso asesinatos e incidentes de uso abusivo del derecho penal contra quienes defienden los derechos humanos.

Para la CIDH, la persistencia de estos ataques, sumada a la falta de un progreso real en la investigación y sanción de las personas responsables, “sigue siendo un obstáculo para el libre ejercicio del derecho a proteger los derechos humanos, fomenta la impunidad e impide la plena vigencia del Estado de derecho y la democracia”. 

Por otro lado, existen constantes declaraciones de altas autoridades hondureñas, incluido el Presidente de la República, difamando la labor de las personas defensoras de derechos humanos, particularmente la de quienes defienden el medio ambiente, lo cual las coloca en una situación de mayor vulnerabilidad. 

Por eso, la CIDH reitera en su informe que todas las instituciones estatales deben reconocer públicamente que la defensa de los derechos humanos es una acción legítima y que las personas defensoras solo buscan fortalecer el Estado de derecho y ampliar la protección de los derechos y garantías de todas las personas. 

En este sentido, la CIDH señala que el Mecanismo de Protección creado en el marco de la Ley de Protección de defensores y defensoras todavía tiene serios problemas de legitimidad, efectividad y operatividad, ya que las acciones adoptadas aún no son suficientes para que las personas defensoras de derechos humanos puedan desarrollar sus labores en condiciones de seguridad.

La CIDH le recuerda al Estado hondureño que es imprescindible la elaboración e implementación de una política pública que establezca la investigación como medida de prevención, ya que cuando no se investigan los hechos que motivan las situaciones de riesgo genera un contexto de impunidad que reproduce la repetición de los hechos de violencia que afectan la labor de las personas defensoras de derechos humanos.

De la tasa de seguridad ciudadana a la tasa de seguridad humana

La respuesta de los últimos gobiernos frente a la violencia y la criminalidad ha sido implementar un profundo proceso de militarización con altos costos financieros. Sin tomar en cuenta el presupuesto ordinario, entre 2012 y enero de 2016 se recaudaron más de 9 mil millones de lempiras a través de la tasa de seguridad.

Esa cantidad refleja que mensualmente se recaudan 150 millones de lempiras, de los cuales el 87% es destinado a policías y militares. Este enfoque principalmente represivo ignora que la violencia y la criminalidad están asociadas con múltiples factores de desigualdad social, económica, ambiental, cultural y política.

Para reducirlas seriamente se requiere de un abordaje integral que privilegie la garantía de los derechos a la educación, a la salud, a la seguridad social y al trabajo, y que replantee la forma en que se distribuyen los recursos disponibles con el fin de asignar los suficientes para asegurar condiciones socio-económicas básicas de la dignidad humana.

Una medida importante puede ser convertir la tasa de seguridad ciudadana en una tasa de seguridad humana que implique una intervención integral en barrios y comunidades cuyos pobladores y pobladoras perciben ingresos menores a los necesarios para vivir dignamente.

En este sentido, si con la tasa de seguridad se recaudan 150 millones de lempiras mensuales, se podría constituir una renta básica colectiva a través de la cual el Estado destine esos recursos para implementar políticas sociales comunitarias en los barrios más empobrecidos del país.

El impacto que podría tener una inversión social de 150 millones de lempiras bajo esta lógica atacaría frontalmente la pobreza y la desigualdad, reduciría sostenidamente las distintas violencias, fomentaría la construcción de una ciudadanía activa y promovería comunidades solidarias con altos niveles de cohesión social.

Los 150 millones de lempiras mensuales que se recaudan con la tasa de seguridad demuestran que el problema en Honduras no es una cuestión de disponibilidad de recursos, sino de la asignación de los recursos disponibles, lo cuales, pocos o muchos, son destinados a policías y militares, y no a escuelas, teatros, hospitales y libros.