Sicariato militar y una propuesta de justicia

Uno de los hallazgos de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación establecida por el gobierno de Lobo Sosa para conocer lo sucedido en el marco del golpe de Estado de 2009, puede fácilmente trasladarse a lo que sucede actualmente en materia de derechos humanos en el contexto del fraude electoral. 

De acuerdo con esta Comisión, se constató el uso desproporcionado de la fuerza de parte de las instituciones militares y policiales, lo que tuvo como resultado violaciones a los derechos humanos expresadas en muertes violentas, privación de libertad, tortura, violaciones sexuales y persecución política. 

Sin embargo, lo que sucede actualmente sobrepasa la gravedad de la crisis de derechos humanos de 2009 pues la brutalidad de las actuaciones de las fuerzas de seguridad pública, particularmente de los miembros de la Policía Militar, solo puede enmarcarse en la lógica del sicariato pagado con dinero público y bajo las órdenes de Juan Orlando Hernández.

El asesinato de Anselmo Villareal por balas de las fuerzas de seguridad del Estado se suma a la lista sangrienta de 31 personas asesinadas desde que estalló la crisis política debido al fraude electoral evidenciado por la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos.

Estos asesinatos pueden considerarse crímenes de lesa humanidad y por ello debemos trabajar fuertemente para impulsar junto con los sectores democráticos del país y de la comunidad internacional dos recomendaciones fundamentales de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, enriquecidas por nuestras propuestas. 

La primera es suprimir cualquier misión de carácter político para las Fuerzas Armadas y establecer claramente la prohibición de utilizarse para funciones policiales, a no ser en caso de estado de excepción y bajo un control judicial independiente. Esta debe ser un primer paso en el camino hacia su eliminación.

La segunda, es la creación de una jurisdicción especial en materia de derechos humanos que proponemos sea en la lógica de la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia, con el fin de satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia, ofrecer verdad a la sociedad hondureña, contribuir a la reparación de las víctimas y a luchar contra la impunidad.

Los que hoy se sienten impunes e intocables porque tienen el control de la institucionalidad y la bendición de las cúpulas económicas, religiosas y políticas, deberían entender que más temprano que tarde la justicia será una realidad para sus víctimas.

Criminales de verde olivo

Hablar de las Fuerzas Armadas en Honduras es hablar de fidelidad canina al poder, al que han defendido a toda costa, pisoteando la dignidad humana, irrespetando los valores democráticos y cometiendo graves violaciones a derechos humanos.

A cambio, el poder los ha premiado con impunidad y a sus altos jerarcas los ha hecho millonarios mediante el manejo dudoso del presupuesto de defensa y de la tasa de seguridad, de la que reciben cada mes el 38% de los 170 millones que se recaudan mensualmente.

En su informe “Los hechos hablan por sí mismos. Informe preliminar sobre los desaparecidos en Honduras 1980-1993”, el entonces Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Leo Valladares Lanza, documentó la desaparición de al menos 184 personas por parte de los militares.

En su informe sobre el golpe de Estado “Para que los hechos no se repitan”, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación constató que los militares cometieron graves violaciones a derechos humanos expresadas en muertes violentas, privación de libertad, tortura y violaciones sexuales.

Y en la crisis política derivada del fraude electoral, los militares, especialmente a través de la Policía Militar de Orden Público, son responsables de asesinatos, torturas, detenciones ilegales, hostigamientos y amenazas en contra de la población que defiende los valores democráticos.

Estos tres episodios demuestran que las Fuerzas Armadas constituyen un peligro, un riesgo, una pesadilla y un cáncer para la democracia y los derechos humanos, el cual debe ser extirpado urgentemente desde su raíz para poder reconstruir el tejido social y el sistema democrático.

Los crímenes cometidos son tan graves que nunca prescriben y por eso tenemos la esperanza que los militares hondureños tarde o temprano serán los próximos criminales juzgados como sucedió con Augusto Pinochet en Chile, con Jorge Rafael Videla en Argentina, con Alberto Fujimori en Perú, con Efraín Ríos Montt en Guatemala y con Guillermo Benavides en El Salvador.

Los perros de garra

Como parte del grave proceso de militarización de la sociedad y el Estado, el gobierno de Juan Orlando Hernández ha entregado amplios poderes a los militares, a quienes además ha comprado su lealtad de perro con millones de lempiras que siguen aumentando cada año y sin que rindan cuentas, les ha garantizado impunidad y les ha colocado en puestos claves para la toma de decisiones.

Al frente de dos poderosas secretarías de Estado se encuentran el general Fredy Santiago Díaz Zelaya, como ministro de Defensa, y el general Julián Pacheco Tinoco, como ministro de Seguridad. Ambos militares tienen una trayectoria impecable en golpes contra la democracia y los derechos humanos.

En los años 80 durante los cuales se aplicó la doctrina de seguridad nacional, formaron parte del grupo de poder de las Fuerzas Armadas que torturó, desapareció y asesinó a centenares de personas; durante el golpe de Estado de 2009 jugaron un papel clave en su ejecución y en las consecuentes violaciones a derechos humanos que fueron consideradas crímenes de lesa humanidad por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación.

A partir del año 2015 jugaron un papel sumiso y cómplice frente a la grave violación de la Constitución con la candidatura ilegal del señor Juan Orlando Hernández que transgrede la prohibición de la reelección presidencial y el principio de la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República.

Y desde noviembre de 2017 hasta la fecha siguen en su papel de “perros de garra” para sostener el fraude electoral a punta de represión, asesinatos, uso indiscriminado de la fuerza, torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes. Hasta el momento, el resultado ha sido miles de personas heridas, cientos de detenidas y 31 asesinadas según la institución estatal del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos.

Lo que no entienden los generales Díaz Zelaya y Pacheco Tinoco, y el coronel Óscar Reyes Paz, jefe de la Policía Militar, es que su responsabilidad se extiende a los crímenes cometidos por las fuerzas bajo su mando o autoridad y control efectivo, como es el caso de los 31 asesinatos señalados.

Si fuéramos ellos, estaríamos preocupados porque estos asesinatos pueden calificarse como crímenes de lesa humanidad, ya que se cometieron como parte de un ataque sistemático y generalizado, estaban dirigidos contra la población civil y se ejecutaron en el marco de una política de Estado para aplastar las protestas anti fraude. 

Nuestro anhelo es que comencemos el año con todas las energías y esperanzas para trabajar coordinadamente en la construcción de estos casos que permitan dar un primer paso en el camino del fin de la impunidad de los perros de garra del régimen.

Si esto no es una dictadura, ¿qué es?

Los hechos ocurridos durante esta crisis electoral muestran claramente la naturaleza represiva, autoritaria y dictatorial de este gobierno que ante la pérdida de legitimidad, se quiere imponer por la fuerza de las armas y la violencia policial y militar.

A pesar de la doble moral e hipocresía del gobierno de Estados Unidos que a través del Departamento de Estado y la Embajada en Tegucigalpa declaran que en Honduras se ha fortalecido el respeto de los derechos humanos, la realidad desnuda esa mentira.

En primer lugar, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras ya han expresado su profunda preocupación por la pérdida de vidas humanas en el contexto de las protestas y ha señalado la presunta responsabilidad de la Policía Militar de Orden Público.

En segundo lugar, las organizaciones nacionales de derechos humanos ha documentado la ejecución arbitraria de 14 personas por parte de militares y policías, así como decenas de detenciones ilegales, personas heridas, torturadas y sometidas a tratos crueles, inhumanos o degradantes.

En tercer lugar, la propia Secretaría General de la Organización de Estados Americanos consideró que el estado de sitio decretado por el gobierno de Juan Orlando Hernández no cumplió con los estándares constitucionales e internacionales, y que es una medida desproporcionada frente a las manifestaciones, por lo que solicitó su inmediato levantamiento.

En cuarto lugar, las víctimas y sus familiares, y miles de testigos a través de fotos y videos han visto con impotencia cómo los militares y policías disparan “bala viva” contra la gente, utilizan la fuerza de forma brutal y salvaje, y lanzan bombas lacrimógenas sin importar que se encuentren niños, niñas, personas ancianas o mujeres embarazadas.

En quinto lugar, nuestra Radio Progreso ha sufrido un sabotaje a la torre que sostiene sus antenas, las cuales permiten la transmisión de su señal a la zona central, particularmente a Tegucigalpa. El propio Relator Especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza exigió al Estado una investigación sobre este atentado.

Finalmente, Amnistía Internacional señaló una cuestión contundente que distingue a una democracia de una dictadura. Según esta organización internacional, en Honduras no hay espacio para que las personas expresen sus opiniones y cuando lo hacen, enfrentan toda la fuerza del aparato represivo del gobierno.

A la luz de lo anterior debemos preguntar al Departamento de Estado y a la Embajada de Estados Unidos, si esto no es una dictadura, ¿qué es?

Radiografía de la crisis del 26N en 10 pasos

1. Juan Orlando Hernández y su grupo logran controlar al Tribunal Supremo Electoral y a toda la institucionalidad pública, y dan la apariencia de cumplir con todas las formalidades de la democracia representativa.

2. Al tener el control de todo confiaron que era suficiente para “ganar” las elecciones y realizaron algunas cesiones a los demás partidos políticos y a los observadores nacionales e internacionales como un acto de buena fe y transparencia.

3. Al ver que en las primeras horas del conteo Salvador Nasralla llevaba una ventaja del 5%, misteriosamente se “cae el sistema” y al regresar, Juan Orlando Hernández comienza a revertir la tendencia y finalmente termina superando a Nasralla.

4. No esperaron que sucedieran dos cosas: Primero, la digna posición del ex candidato del partido Liberal Luis Zelaya, reconociendo el fraude y la victoria de Salvador Nasralla. Segundo, la reacción ciudadana ante esos hechos y la exigencia de un conteo de acta por acta. La represión policial y militar no logra disminuir las protestas, las cuales aumentan con el paso de las horas.

5. Al no lograr detener las protestas ciudadanas, promueven o al menos permiten que ciertos grupos se infiltren en las manifestaciones pacíficas para provocar el caos y los saqueos. Curiosamente en las protestas pacíficas aparecen los policías y militares para reprimir, pero durante los actos vandálicos las fuerzas de seguridad pública brillan por su ausencia.

6. Decretan el estado de sitio y suspenden la libertad de circulación de 6pm a 6am y le dan carta blanca a los militares para tomar el control del territorio nacional. Se denuncian graves abusos por parte de la policía y el ejército que incluyen el uso de armas de fuego, detenciones ilegales, torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, y ejecuciones arbitrarias.

7. El estado de sitio y la militarización parece destinada a provocar el pánico entre la población, y los medios de comunicación corporativos afines al gobierno responsabilizan a la Alianza de Oposición a la Dictadura de generar el caos.

8. En este contexto de miedo y uso de la fuerza policial y militar, el gobierno de Juan Orlando Hernández y David Matamoros Watson, presidente del Tribunal Supremo Electoral, se niegan a realizar el conteo de las actas a partir de la “caída del sistema” y solo aceptan revisar alrededor de 1030 actas, a pesar que desde diferentes sectores nacionales e internacionales se exige el escrutinio de todas las actas como un primer paso para salir de la crisis política.

9. La Unión Europea continúa mediando y presionando para la realización del conteo acta por acta, la Organización de Estados Americanos mantiene un papel timorato y en plena crisis su jefe de misión electoral, Jorge Quiroga, abandona Honduras y viaja a su país, Bolivia, a ejercer el voto, y la Embajada de Estados Unidos juega a una ambigüedad peligrosa cuya decantación, para bien o para mal, será determinante.

10. Independientemente de los resultados finales, el proyecto continuista a mediano y largo plazo fracasó y el modelo impuesto se encuentra deslegitimado. La fuerza moral ganada desde el 26N representa una oportunidad histórica para realizar los cambios estructurales que regresen a Honduras al camino lento y difícil hacia el Estado democrático de derecho.