Las redes de poder e impunidad

Los graves casos de corrupción destapados por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), la Unidad Fiscal Especial contra la Corrupción y la Impunidad (UFECIC) del Ministerio Público y la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), apenas son una muestra de la pudrición de nuestro sistema político y de la inoperancia del sistema de rendición de cuentas y de justicia para acabar con el cáncer de la corrupción. 

Las denuncias presentadas por el CNA, la UFECIC y la MACCIH hablan de millones y millones de lempiras que fueron a parar a las cuentas bancarias personales de una clase política cuya forma de vida ha sido la corrupción, las coimas, el hurto, la apropiación de lo público y el manejo antojadizo del Estado y sus instituciones como su finca particular. 

Como lo señala Marvin Barahona, investigador principal del estudio del ERIC-SJ, “Elites, redes de poder y régimen político en Honduras”, las consecuencias de ello “han sido graves para el Estado y la población, en una proporción que los estudios actuales no han podido cuantificar en su totalidad, reduciéndose a la calificación de Honduras como ‘Estado fallido’, ‘Narco-Estado’ o ‘Estado corrupto’”. 

Todo ello ha generado, por un lado, una “elevada concentración de recursos económicos y financieros en un reducido número de familias y grupos”; y, por otro, se ha producido “una población que se encuentra mayoritariamente bajo la línea de la pobreza, sometida a un control social y político casi absoluto”, y prácticamente abandonada por el Estado en lo que respecta al desarrollo social. 

Debemos reconocer que si no fuera por el CNA, la UFECIC y la MACCIH, los corruptos continuarían viviendo en un paraíso de total impunidad y no conoceríamos cómo algunos robos millonarios como el del Instituto Hondureño de Seguridad Social representan la enorme olla de corrupción con la que se alimentan los cerdos que son presentados por los grandes medios de comunicación como personas honorables. 

Gracias a las investigaciones de estos tres organismos el régimen que representa Juan Orlando Hernández se encuentra vulnerable y débil; sin embargo, su fortaleza radica en la debilidad de la oposición política y ciudadana que aún no logra articular un movimiento social que tome las calles democráticamente y exija una limpieza radical de las instituciones y una profunda reforma del Estado. 

Es ahora o nunca, o dejamos que la clase política corrupta se fortalezca y salga bien librada de esta crisis, o demostramos el amor a Honduras a través del apoyo ciudadano masivo al CNA, la UFECIC y la MACCIH, que lideran una batalla desigual contra el monstruo de dos cabezas de la corrupción y la impunidad.

La elección del Fiscal General y el conflicto de intereses

La próxima elección del Fiscal General del Estado será recordada como la más cuestionada y carente de legitimidad de la historia del país debido a los evidentes intereses en juego y a los movimientos, negociaciones y manoseos de la institucionalidad para colocar al frente del Ministerio Público a alguien que no represente una amenaza para el poder. 

Primero, en la Junta Proponente se permitió que se incorporara una representante de sociedad civil que está impedida por una sentencia que declaró inconstitucional el artículo 22 de la Ley del Ministerio Público, el cual había sido reformado en 2013 para incluir a un sector de sociedad civil en dicha junta, pero marginando a otro sector importante de la sociedad. 

Segundo, el presidente de la Junta Proponente es el presidente de la Corte Suprema de Justicia y su asistente personal, Herman Moncada, es un candidato que, a menos que pase algo extraordinario, estará en la lista final que será enviada al Congreso Nacional. A pesar de este conflicto de intereses, el señor Argueta ha participado en todo el proceso de evaluación de su asistente. 

Tercero, por el caso la “Caja de Pandora” la UFECIC-MACCIH acusó por corrupción a decenas de diputadas y diputados, y lamentablemente son los mismos que participarán en la elección del Fiscal General y su Adjunto, lo cual a todas luces implica un conflicto de intereses, ya que los investigados serán quienes escogerán a quien los investiga. 

Como bien lo señala el Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de las Naciones Unidas, Diego García-Sayán, es preocupante que algunos de los miembros de la comisión parlamentaria que examinará los antecedentes de las candidatas y candidatos a fiscal hayan sido cuestionados públicamente y procesados por corrupción. 

Y en este marullo de conflictos de intereses ya se perfilan tres candidaturas que aparentemente alegrarán a más de un corrupto: Abraham Alvarenga, quien ha sido abogado personal del presidente de facto Juan Orlando Hernández; Mayra Aguilera, promocionada por Mauricio Oliva y Mario Pérez; y Hermes Moncada, asistente personal de Rolando Argueta. 

Si la ciudadanía no despierta de su doloroso letargo, el panorama se intuye nada alentador para la lucha contra la impunidad y tampoco para los liderazgos de Luis Javier Santos y Juan Carlos Griffin de la UFECIC, quienes, junto a Gabriela Castellanos y Odir Fernández del Consejo Nacional Anticorrupción, han emprendido una batalla titánica contra el cáncer de la corrupción.

Fuente: http://wp.radioprogresohn.net/la-eleccion-del-fiscal-general-y-el-conflicto-de-intereses/

Una sentencia que da la razón al estudiantado universitario

La crisis universitaria nos dejó varias imágenes que no deben repetirse jamás, ya que desnudaron que aún falta mucho por hacer para lograr que el diálogo, la tolerancia y el respeto a los derechos humanos sea el norte que guíe la actuación de quienes conducen la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. 

Primero, la imagen de policías y militares dentro de la UNAH capturando a estudiantes; segundo, la imagen de casi un centenar de estudiantes con órdenes de captura en todo el país y otras decenas capturados y esposados de pies y manos; y tercero, decenas de estudiantes expulsados. 

Las personas expulsadas presentaron un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para que se protegiera su derecho a la educación, ya que sus cuentas fueron bloqueadas para evitar que accedieran al sistema en línea de pre-matrícula. 

La Sala de lo Constitucional resolvió darles la razón, pues sus expulsiones se decidieron mediante la aplicación de un reglamento interno que es inconstitucional, ya que cuando se trata de restringir derechos humanos, sus limitaciones solo pueden establecerse en una ley adoptada por el Congreso Nacional. 

En consecuencia, dicho reglamento es inconstitucional y gracias a esta sentencia se debe permitir que las y los estudiantes expulsados puedan matricularse nuevamente. Sin embargo, hay dos cuestiones que esperamos por parte de las autoridades universitarias para reivindicar su carácter democrático. 

Primero, la ex rectora Julieta Castellanos y las autoridades que la acompañaron en su gestión tienen la obligación moral de pedir disculpas públicas por los graves daños causados a las personas expulsadas, y la obligación legal de reparar las consecuencias de tales perjuicios. 

Segundo, las autoridades universitarias actuales deben revisar la normativa interna y suprimir reglamentos, normas disciplinarias o cualquier otra normativa y práctica que entrañen una restricción o limitación al derecho a la educación, y, de esta forma, evitar que hechos tan lamentables vuelvan a repetirse.

Fuente: http://wp.radioprogresohn.net/una-sentencia-que-da-la-razon-al-estudiantado-universitario-12-junio-2018/

La lucha contra la corrupción y la impunidad bajo ataque

Recientemente, la Sala de lo Constitucional resolvió que el Convenio con la MACCIH no viola la Constitución de la República, sin embargo, peligrosamente señaló que la independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público quedaba en entredicho por la forma en que se crearon los juzgados anticorrupción y la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (UFECI). 

De acuerdo con el Dr. Edmundo Orellana, ex Fiscal General del Estado, en el fondo de esa sentencia la Sala decidió desmantelar la estructura institucional que ha permitido que se den pequeños avances en la lucha contra la corrupción en el país. Pero esta decisión no debe verse de forma aislada porque los ataques contra la MACCIH y la UFECIC vienen de todos los frentes. 

Desde el Congreso se realizó un “Pacto de impunidad” para evitar que se investigue la forma en que los diputados y diputadas manejan los subsidios; desde el poder judicial, la magistrada Alma Guzmán, nombrada para conocer el caso de la “Red de diputados”, dejó en libertad a los cinco diputados acusados de corrupción. 

Desde la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos a cargo de Luis Almagro, se ha forzado la renuncia del vocero de la MACCIH, Juan Jiménez Mayor, del juez internacional Daniel Urrutia y del fiscal internacional Julio Arbizú, dos personas reconocidas por su profesionalidad, capacidad y compromiso con la lucha contra la corrupción y la impunidad. 

Pero también desde la presidencia del Congreso Nacional, pues como lo denuncia la periodista Sandra Maribel Sánchez, la MACCIH y la UFECIC están investigando a Mauricio Oliva por el desvío de millones de lempiras y este ha presentado un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional para que detenga dicha investigación. 

De acuerdo con la denuncia de la periodista Sánchez, la Sala de lo Constitucional ha decidido amparar al señor Oliva y ordenar al Ministerio Público suspender tal investigación. Estos hechos confirman lo que revela el más reciente sondeo de opinión pública del ERIC-SJ, en el sentido que el 82.8% de la población cree que los operadores de justicia protegen los intereses de los corruptos y poderosos del país. 

Los corruptos han logrado debilitar a la MACCIH y con esta sentencia dan el primer paso para desmantelar a la UFECIC y poner en riesgo a los juzgados anticorrupción. También han comenzado a atacar al Consejo Nacional Anticorrupción y a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 

Y la ciudadanía, ¿qué esperamos para defender a quienes luchan contra la corrupción y la impunidad?

Fuente: http://wp.radioprogresohn.net/la-lucha-contra-la-corrupcion-y-la-impunidad-bajo-ataque/

A propósito de la propuesta de la lectura de la biblia en las escuelas

Una de las características de las sociedades actuales es la existencia de diversas concepciones de cómo las personas pueden realizar sus vidas, las cuales muchas veces entran en conflicto entre sí. Por ello, en una verdadera democracia se debe garantizar que todas ellas puedan llevarse a cabo en alguna medida. 

El instrumento por excelencia para lograr la convivencia política es un Estado laico que reconozca y promueva la tolerancia frente a la pluralidad de concepciones valiosas de la vida, y se oponga a cualquier fundamentalismo religioso o ideológico. 

Siguiendo al filósofo italiano Remo Bodei, la laicidad es la libertad que posee cada quien para “escoger los valores éticos, políticos o religiosos que prefiera o en los que crea firmemente, pero no debe pretender imponerlos a los demás mediante la violencia o con el apoyo o la complicidad del Estado”. 

De acuerdo con el jurista mexicano Jorge Carpizo, la laicidad es sinónimo de democracia, libertad, igualdad, no-discriminación, pluralismo y tolerancia. En una sola palabra, laicidad es respeto a la dignidad humana y a los derechos humanos. “La democracia es laica o no es democracia”. 

En este sentido, cuando se trata de cuestiones fundamentales para la sociedad, las ciudadanas y ciudadanos estamos obligados a defender nuestras opciones apoyados en valores de la razón pública, ya que las posiciones basadas en una revelación divina pueden ser decisivas para las personas creyentes, pero tienen nulo valor para quienes no tienen las mismas creencias. 

En el debate público todos los sectores sociales tienen derecho a participar y a opinar, sin embargo, ninguna persona que profesa una religión tiene algún plus de sabiduría en ningún tema no referido a los dogmas cristianos. 

Por tanto, en un Estado democrático de derecho quienes toman decisiones legislativas o judiciales tienen el deber de justificarlas y basarlas únicamente en razones seculares e imparciales que solo respondan a aquellos valores y principios que representan la dignidad humana y los derechos humanos. 

La propuesta de leer la biblia en las escuelas implica la imposición de una verdad religiosa y con ello se destruye la pluralidad, sin la cual, la democracia no existe. Como señala Pedro Salazar, el valor de la democracia es un valor civil, no un valor moral o religioso. 

Hasta el propio Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha instado al Estado hondureño a que sus instituciones garanticen que sus políticas y decisiones públicas estén de conformidad con la Constitución, que establece el carácter laico del Estado. 

En consecuencia, dicha propuesta significaría una nueva violación a la Constitución de la República. Además, es evidente que, si la lectura de la biblia fuera efectiva para resolver los graves problemas nacionales, desde hace mucho tiempo no tendríamos una clase política corrupta, militares y policías violadores a derechos humanos ni un presidente ilegal que se ha impuesto por la fuerza de las armas y el fraude.

Fuente: https://criterio.hn/2018/06/04/a-proposito-de-la-propuesta-de-la-lectura-de-la-biblia-en-las-escuelas/