Una dictadura sangrienta

Varios órganos de derechos humanos de las Naciones Unidas han expresado su preocupación por el grado de violencia con que se actúa contra quienes reivindican por medios pacíficos sus derechos económicos, sociales y culturales, incluidos los derechos sobre la tierra.

También han manifestado su preocupación por el otorgamiento de concesiones hechas por el gobierno para establecer ciudades modelo y la falta de consulta previa sobre la Ley de promoción de las asociaciones público-privadas, dado que estas iniciativas repercuten en los medios de vida de la población rural.

A su vez, han visto con alarma la aprobación de proyectos sin la adecuada consulta previa a las comunidades, quienes al oponerse legítimamente a ellos son víctimas de graves violaciones a derechos humanos, incluidos asesinatos, amenazas, encarcelamiento e intimidación, lo cual “no es una situación aislada”.

Por todo ello, no es de extrañar que Honduras esté incluida por la Organización de Naciones Unidas en una lista de 29 países que castigan a las personas por su trabajo de defensa de derechos humanos y cuyos ataques en su contra son perpetrados o consentidos por funcionarios y funcionarias públicas.

Del mismo modo, Global Witness cataloga a Honduras como el país per cápita más peligroso del mundo para quienes defienden los bienes naturales y los territorios, debido a la “corrupción generalizada, la falta de consulta a las comunidades y el fracaso total del gobierno en proteger a las personas defensoras.

El mes de septiembre nos recuerda de forma terrible esta realidad sangrienta, ya que cuatro mujeres garífunas defensoras de sus territorios han sido asesinadas: Nayda Reyez Jiménez, Gilma Cacho, Fiori Amaya y Mirna Teresa Suazo Martínez, quienes, de acuerdo con la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos, eran integrantes de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH). 

Mientras estos crímenes se cometen, la Policía Nacional, la Policía Militar, las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público y el Poder Judicial, siguen ocupados en reprimir, criminalizar y encarcelar a quienes defienden los bienes comunes, mientras los narcos, corruptos y violadores de derechos humanos gozan de impunidad.

Fuente: https://wp.radioprogresohn.net/una-dictadura-sangrienta/

Radiografía de una dictadura

En 2009, fue uno de los precursores del primer golpe de Estado del siglo XXI como líder del partido Nacional en el Congreso de la República, el cual generó una grave crisis institucional y de derechos humanos que se sigue manifestando hasta estos días. 

En 2012, siendo presidente del Congreso Nacional, destituyó ilegalmente a 4 magistrados y magistradas de la Sala de lo Constitucional para colocar a personas fieles a sus intereses y que garantizaran sus intenciones continuistas. 

En 2015, la “nueva” Sala de lo Constitucional compuesta a su medida, dictó una espuria sentencia que reformó de facto la Constitución de la República para permitirle la reelección a pesar de su ilegalidad, basándose en la mentira de que se violentaban sus derechos humanos. 

En 2017 se presentó ilegalmente a las elecciones presidenciales y a pesar de controlar el presupuesto nacional y las instituciones electorales no pudo "ganar" limpiamente, y volvió a despreciar la voluntad popular imponiénsose a través de un monumental fraude que aseguró con la fuerza de las armas. 

Y durante todo este tiempo se encargó de construir una enorme red de favores y lealtades, colocó estratégicamente en las instituciones civiles, policiales y militares a familiares y personas afines para garantizar su impunidad y su corrupción. 

A su vez, reformó y adoptó leyes, entre ellas, las penales, para que le sirvan de instrumento represivo y autoritario en contra de quienes nos oponemos a su régimen y su modelo de despojo, y, al mismo tiempo, para otorgar beneficios a quienes está vinculado por sus alianzas con la corrupción y el narcotráfico. 

Y para ponerle la cereza al pastel, creó a la Policía Militar que se ha constituido en su ejército privado, en sus perros de garra, en su guardia pretoriana de sus privilegios y sus ilegalidades; y, a su vez, se convirtió en un absoluto títere de la embajada de las barras y las estrellas para ganarse su fugaz respaldo. 

El régimen dictatorial de Juan Orlando Hernández no se limita a su persona, es toda estructura que es necesario desmontar para poder iniciar una etapa de transición que nos lleve a un nuevo proceso democrático. 

Pero para ello se requiere el compromiso articulado y movilizado de una ciudadanía crítica y activa que no continúe esperando que los vientos inciertos del Norte desgasten las bases que sostienen a la dictadura hondureña.

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Voces unidas contra el Código Penal

El Derecho Penal es uno de los instrumentos más problemáticos que tiene un Estado para abordar los delitos, ya que tiene una naturaleza violenta en el sentido de que busca proteger derechos humanos mediante la lesión de otros derechos humanos.

En este sentido, el Derecho Penal en manos de un régimen autoritario puede ser un instrumento del poder para controlar a la población, pero en manos de un régimen democrático puede ser una herramienta que sirva de límite al poder.

Las voces que se han alzado en contra del nuevo Código Penal que entrará en vigencia en noviembre revelan el peligro de su contenido en el contexto de un gobierno ilegítimo, autoritario y represivo.

En este sentido, es unánime la preocupación de todos los sectores, desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de Derechos Humanos, la Articulación 611, la Coalición contra la Impunidad, la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, hasta el Consejo Nacional Anticorrupción.

Todos coinciden en que el nuevo Código Penal contiene restricciones desproporcionadas a la libertad de expresión, la libertad de prensa, así como determinadas disposiciones que por su formulación pueden afectar el derecho a la protesta y a defender derechos humanos en el país, así como los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Además, todos coinciden en que el nuevo Código Penal otorga mayores beneficios a las personas corruptas, a narcotraficantes, a violadores y a quienes le roban el presente y el futuro a este país a través de la violencia y el despojo.

Honduras no solo necesita un nuevo Código Penal, necesita una nueva institucionalidad y una nueva cultura democrática que coloque en el centro de las prioridades la dignidad y los derechos de las personas. 

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