Fuente: http://www.defensoresenlinea.com
En menos de un mes de la llegada al poder del régimen de Porfirio Lobo Sosa, se han cometido 254 violaciones a los derechos humanos, unos nueve casos diarios, lo que contradice el discurso de respeto a los derechos fundamentales, que a diario pregona ante la comunidad internacional.
Lo anterior fue informado a través de una conferencia de prensa del Frente Nacional de Resistencia Popular, FNRP, donde participó como invitado un delegado de la Plataforma de Derechos Humanos.
Lobo Sosa, llegó a la presidencia producto del golpe de Estado, del 28 de junio de 2009, con elecciones no transparentes, totalmente militarizadas y bajo una fuerte represión contra la resistencia nacional que se mantiene de pie contra el golpe de Estado y avanza acciones hacia una Asamblea Nacional Constituyente.
Jari Dixon, José Luís Baquedano, Rodil Rivera Rodil, del FNRP y Gilberto Ríos de la Plataforma de Derechos Humanos, hablaron ante periodistas nacionales e internacionales de la peligrosidad de que la comunidad internacional no exija cosas concretas con resultados visibles de Lobo Sosa, que tiene como principal objetivo ablandar la posición que esta adoptó desde que se perpetró el golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya Rosales.
“Con la Comisión de la Verdad, de la cual solamente va a salir la verdad de ellos, quieren limpiar una cara cada vez más sucia con las violaciones a los derechos humanos que se están cometiendo, el objetivo del régimen es que la comunidad internacional los reconozca”, dijo Dixon.
Agregó que el objetivo está claro desde el 28 de junio, se quiere desmantelar a la resistencia, pero ésta no se va a dividir tal como quieren hacerlo, pues el pueblo hondureño tiene más claridad que nunca con respecto a avanzar hacia la Asamblea Nacional Constituyente.
Gilberto Ríos señaló que el régimen se expresa con torturas, asesinatos y todos esos escenarios de terror montados por el ministro de seguridad, a quien ya se le conocen sus presentaciones escénicas desde que ocupó el mismo cargo en el gobierno de Ricardo Maduro.
Ahora se amenaza que cualquier bastión de la resistencia que se levante será reprimido, y se dice que se hará cumplir la ley, pero es en función de los intereses de la oligarquía que dio el golpe de Estado, advirtió.
En este sentido Mery Agurcia del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, argumentó los planteamientos de Ríos con cifras, en las que destacó que no es cierto que haya un respeto por los derechos Humanos.
“Podemos relacionar el asesinato de Julio Fúnez Benítez, con los patrones de selectividad utilizados de junio a noviembre de 2009.
El caso de Vanessa Zepeda tiene similitud con uno registrado en octubre 2009, entonces estamos viendo dos tipos de asesinatos, unos con disparos con actuaciones típicas de elementos de seguridad del Estado y el que no aparenta no tener ningún tipo de arma, sino que se pueden verse punzones, lo que podría evidenciar la participación de un cuerpo médico”, denunció Mery Agurcia.
En las estadísticas manejadas por el COFADEH figuran que en solo 28 días del actual régimen se han producido 53 detenciones ilegales; 2 agresiones sexuales; 2 asesinatos; 8 casos de torturas; 2 secuestros; 14 allanamientos; 23 barrios perfilados por las fuerzas de seguridad como Resistentes han sido cateados y en horas inhábiles.
Además 150 personas han salido del país en calidad de refugiados políticos a países vecinos, Canadá, EE.UU, España entre otros; 25 han cambiado de ciudad y 30 han cambiado de domicilio.
Por su parte José Luís Baquedano, refirió que el aparato represivo del Estado continúa intacto y hasta este momento los mismos jerarcas permanecen enfrente. “Con los madrugones le están metiendo miedo a la juventud que ha sido parte de la resistencia, y la sociedad continúa militarizada”.
Con respecto a la Comisión de la Verdad Rodil Rivera, expresó que es un tema muy importante para la sociedad hondureña pero se pretende presentar la misma como encaminada a la reconciliación de la familia hondureña.
“Nosotros creemos que eso no es correcto, una Comisión de la Verdad debe reunirse para efectivamente dar a conocer la verdad al pueblo hondureño, con todo el detalle del caso para dar a conocer lo que ha sucedido antes, en y después del golpe de Estado, para decir los nombres de los que participaron en el golpe de Estado, la Comisión debe dar recomendaciones concretas para que no vuelva a darse un golpe de estado”, expresó Rivera.
Se preguntó ¿cómo va a haber reconciliación después de que ha habido un golpe de Estado, crímenes, persecución, torturas, violación tan tremenda contra los derechos humanos, cuando la Corte Suprema de Justicia ha absuelto a los militares ejecutores del golpe de Estado?
Destacó que sin la administración correcta de justicia no puede haber reconciliación, lo único que lograría eso –la reconciliación- es una Asamblea Nacional Constituyente que debe ser representativa de la sociedad hondureña, que realmente restablezca el orden constitucional y que siente las bases del desarrollo, la resolución de los grandes problemas “y por eso la reconciliación no se da por decreto”.
Ante la pregunta de periodistas, en relación a que se avizora que la comunidad internacional normalice relaciones con Honduras, Rivera dijo que eso no quita la condena internacional a las violaciones a los derechos humanos, “por primera vez ha habido un consenso internacional y que reconoció a Manuel Zelaya como único y legítimo presidente de Honduras hasta el 27 de enero”.
Sobre la posición que tendrá la Plataforma de Derechos Humanos ante el incremento de las violaciones a los derechos humanos, Gilberto Ríos expresó que “hemos asumido a una posición en el sentido de que se investiguen los hechos, se sancione a los responsables y se repare a las víctimas”.
El punto esencial que ha manejado la plataforma sobre la posición del régimen de Pepe Lobo y las presiones de la Embajada Norteamericana que ha puesto como condición esta comisión, nosotros no podemos creer a una comisión de la verdad que va a juzgar a un criminal político que está armado y que tiene poder político en el país.
Ante la interrogante de si ya es tiempo que la Unión Europea reconozca al gobierno, Rodil Rivera Rodil manifestó que no, que debe exigir más, no una simple comisión, sino que este gobierno de verdad debe empezar a enmendar todas estas barbaridades que se han cometido, especialmente sobre las violaciones a los derechos humanos, deducir responsabilidades a los responsables.
jueves, 25 de febrero de 2010
martes, 23 de febrero de 2010
Una Comisión de la Verdad en entredicho
De acuerdo con los estándares internacionales, una Comisión de la Verdad debe reunir unos requisitos mínimos y observar unos principios básicos para que goce de la legitimidad necesaria para investigar la verdad sobre las miles de violaciones a los derechos humanos cometidas a partir del golpe de Estado hasta la fecha y que han sido constatadas por diversos órganos nacionales e internacionales.
En términos generales, una Comisión de la Verdad debe ser establecida e implementada a partir de amplias consultas con la sociedad hondureña y las víctimas, lo cual requiere el tiempo necesario para tomar en cuenta la opinión de quienes han sufrido en carne propia las consecuencias del golpe de Estado.
Una Comisión de la Verdad debe ser autónoma, independiente y profesional, y debe estar compuesta por personas respetadas y aceptadas por la sociedad, sobre todo por las víctimas.
Una Comisión de la Verdad debe contar con todos los medios humanos, económicos y jurídicos para esclarecer los hechos, determinar quiénes son los responsables y garantizar que sus recomendaciones contribuyan a la no repetición de las violaciones a los derechos humanos.
Al observar la prisa con que el gobierno de Lobo está manejando el establecimiento de la Comisión de la Verdad, se puede constatar que no hay condiciones suficientes que garanticen la independencia y efectividad de su trabajo, ya que, de acuerdo con el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, y la Plataforma de Derechos Humanos, no existe voluntad política para detener las violaciones a los derechos humanos.
Hay funcionarios estatales responsables de tales violaciones que podrían ser parte del proceso de investigación; no existe independencia judicial y el Ministerio Público ya no es representante de los intereses de la sociedad.
Y en fin, la Comisión de la Verdad que está formando el gobierno de Pepe Lobo no está respetando los estándares internacionales y por tanto, está naciendo con un defecto genético que parece destinarla a garantizar la impunidad.
En términos generales, una Comisión de la Verdad debe ser establecida e implementada a partir de amplias consultas con la sociedad hondureña y las víctimas, lo cual requiere el tiempo necesario para tomar en cuenta la opinión de quienes han sufrido en carne propia las consecuencias del golpe de Estado.
Una Comisión de la Verdad debe ser autónoma, independiente y profesional, y debe estar compuesta por personas respetadas y aceptadas por la sociedad, sobre todo por las víctimas.
Una Comisión de la Verdad debe contar con todos los medios humanos, económicos y jurídicos para esclarecer los hechos, determinar quiénes son los responsables y garantizar que sus recomendaciones contribuyan a la no repetición de las violaciones a los derechos humanos.
Al observar la prisa con que el gobierno de Lobo está manejando el establecimiento de la Comisión de la Verdad, se puede constatar que no hay condiciones suficientes que garanticen la independencia y efectividad de su trabajo, ya que, de acuerdo con el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, y la Plataforma de Derechos Humanos, no existe voluntad política para detener las violaciones a los derechos humanos.
Hay funcionarios estatales responsables de tales violaciones que podrían ser parte del proceso de investigación; no existe independencia judicial y el Ministerio Público ya no es representante de los intereses de la sociedad.
Y en fin, la Comisión de la Verdad que está formando el gobierno de Pepe Lobo no está respetando los estándares internacionales y por tanto, está naciendo con un defecto genético que parece destinarla a garantizar la impunidad.
martes, 16 de febrero de 2010
El golpe de Estado sigue vivo en el gobierno de Lobo
En los últimos días se han cometido varios actos violentos en contra de personas miembros de la resistencia que ratifican que el gobierno de Pepe Lobo es una continuidad del golpe de Estado y su violencia.
El miércoles 10 de febrero algunos miembros de la familia Martínez fueron secuestrados en la colonia Ciudad Planeta de San Pedro Sula para luego ser liberados el viernes después de haber sido torturados y dos de las tres mujeres retenidas, violadas.
El jueves 11 de febrero, Porfirio Ponce, miembro del Sindicato de Trabajadores de la Industria de Bebidas y Similares, STIBYS sufrió un allanamiento en su casa en Tegucigalpa por parte de sujetos que se identificaron como policías, quienes destruyeron parte de sus pertenencias, le robaron una computadora con información de sus actividades sindicales y dejaron manchas de sangre en su cama y en las paredes.
El viernes 12 de febrero, Hermes Reyes, artista en resistencia y miembro del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, fue interceptado, forzado a subir a un carro y luego golpeado por tres sujetos que lo interrogaron y lo amenazaron.
El día lunes 15 de febrero, Julio Fúnez Benítez, miembro del Sindicato de Trabajadores del Servicio y Acueductos y Alcantarillados, SITRASANAA, fue asesinado en Comayagüela por unos sujetos que se conducían en un taxi.
Todos estos crímenes se suman al asesinato de Vanessa Yaneth Zepeda Alonzo, miembro del sindicato de Trabajadores del Seguro Social (SITRAISH) y a la desaparición temporal y tortura de los camarógrafos Manuel de Jesús Murillo y Ricardo Antonio Rodríguez de Globo TV y Noticiero Mi Nación.
Mientras la muerte y la violencia siguen golpeando al pueblo hondureño, el gobierno de Lobo organiza una comisión de la verdad que desde ya parece destinada al fracaso, pues son los propios agresores y violadores de los derechos humanos quienes controlan las instituciones claves del Estado para garantizar la impunidad de los criminales.
Pero Pepe Lobo y los organizadores de estos crímenes no quieren entender que la justicia penal internacional está fuera de su control y que terminarán siendo juzgados al igual que un buen número de dictadores latinoamericanos que un día se creyeron intocables.
El miércoles 10 de febrero algunos miembros de la familia Martínez fueron secuestrados en la colonia Ciudad Planeta de San Pedro Sula para luego ser liberados el viernes después de haber sido torturados y dos de las tres mujeres retenidas, violadas.
El jueves 11 de febrero, Porfirio Ponce, miembro del Sindicato de Trabajadores de la Industria de Bebidas y Similares, STIBYS sufrió un allanamiento en su casa en Tegucigalpa por parte de sujetos que se identificaron como policías, quienes destruyeron parte de sus pertenencias, le robaron una computadora con información de sus actividades sindicales y dejaron manchas de sangre en su cama y en las paredes.
El viernes 12 de febrero, Hermes Reyes, artista en resistencia y miembro del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, fue interceptado, forzado a subir a un carro y luego golpeado por tres sujetos que lo interrogaron y lo amenazaron.
El día lunes 15 de febrero, Julio Fúnez Benítez, miembro del Sindicato de Trabajadores del Servicio y Acueductos y Alcantarillados, SITRASANAA, fue asesinado en Comayagüela por unos sujetos que se conducían en un taxi.
Todos estos crímenes se suman al asesinato de Vanessa Yaneth Zepeda Alonzo, miembro del sindicato de Trabajadores del Seguro Social (SITRAISH) y a la desaparición temporal y tortura de los camarógrafos Manuel de Jesús Murillo y Ricardo Antonio Rodríguez de Globo TV y Noticiero Mi Nación.
Mientras la muerte y la violencia siguen golpeando al pueblo hondureño, el gobierno de Lobo organiza una comisión de la verdad que desde ya parece destinada al fracaso, pues son los propios agresores y violadores de los derechos humanos quienes controlan las instituciones claves del Estado para garantizar la impunidad de los criminales.
Pero Pepe Lobo y los organizadores de estos crímenes no quieren entender que la justicia penal internacional está fuera de su control y que terminarán siendo juzgados al igual que un buen número de dictadores latinoamericanos que un día se creyeron intocables.
martes, 9 de febrero de 2010
¿Comisión de la Verdad o Comisión del Encubrimiento?
Desde que Pepe Lobo asumió la presidencia de la república en el marco de unas elecciones ilegítimas está intentando por todos los medios aparentar ante la comunidad internacional que es un gobernante de conciliación y que no tiene ninguna relación con el golpe de Estado.
Los sectores golpistas que lo apoyan y que aún mantienen secuestradas las instituciones del Estado intentan mostrar que con las elecciones todo ha vuelto a la normalidad.
Para dar una imagen de que el sistema de justicia funciona, el Ministerio Público presentó una simple acusación por el delito de abuso de autoridad en contra los jerarcas militares que ordenaron y ejecutaron el secuestro y destierro del ex presidente Zelaya; la Corte Suprema de Justicia se encargó de declararlos inocentes con una celeridad sorprendente y con argumentos que contradicen las cuestiones más básicas de la lógica jurídica.
El congreso nacional aprobó una ley de amnistía para evitar que los responsables del golpe de Estado y de las violaciones a los derechos humanos sean castigados; y ahora, el gobierno de Lobo promueve a toda prisa la integración de una comisión de la verdad para cumplir con uno de los puntos del fracasado acuerdo de San José-Guaymuras.
Tal y como se están dando las cosas, es cuestionable que una comisión de la verdad organizada por el actual gobierno que ha continuado con la represión selectiva sea capaz de esclarecer tales violaciones, pues ello implicaría identificar a sus propios compinches como responsables de dichos actos y abrir el camino para que sean investigados seriamente y juzgados como criminales por delitos de lesa humanidad.
Si finalmente esta comisión de la verdad no investiga seriamente los patrones de abusos y violaciones de derechos humanos, el pueblo hondureño en resistencia tendrá una prueba más para demostrarle al fiscal de la Corte Penal Internacional que en Honduras no hay voluntad ni capacidad para investigar y sancionar los crímenes de lesa humanidad cometidos por los golpistas.
Y tarde o temprano, la justicia penal internacional pedirá cuentas a los militares y civiles que han facilitado y ejecutado tales crímenes, y se sentará un precedente fundamental para evitar que en Honduras y en América Latina vuelvan a repetirse este tipo de hechos.
Los sectores golpistas que lo apoyan y que aún mantienen secuestradas las instituciones del Estado intentan mostrar que con las elecciones todo ha vuelto a la normalidad.
Para dar una imagen de que el sistema de justicia funciona, el Ministerio Público presentó una simple acusación por el delito de abuso de autoridad en contra los jerarcas militares que ordenaron y ejecutaron el secuestro y destierro del ex presidente Zelaya; la Corte Suprema de Justicia se encargó de declararlos inocentes con una celeridad sorprendente y con argumentos que contradicen las cuestiones más básicas de la lógica jurídica.
El congreso nacional aprobó una ley de amnistía para evitar que los responsables del golpe de Estado y de las violaciones a los derechos humanos sean castigados; y ahora, el gobierno de Lobo promueve a toda prisa la integración de una comisión de la verdad para cumplir con uno de los puntos del fracasado acuerdo de San José-Guaymuras.
Tal y como se están dando las cosas, es cuestionable que una comisión de la verdad organizada por el actual gobierno que ha continuado con la represión selectiva sea capaz de esclarecer tales violaciones, pues ello implicaría identificar a sus propios compinches como responsables de dichos actos y abrir el camino para que sean investigados seriamente y juzgados como criminales por delitos de lesa humanidad.
Si finalmente esta comisión de la verdad no investiga seriamente los patrones de abusos y violaciones de derechos humanos, el pueblo hondureño en resistencia tendrá una prueba más para demostrarle al fiscal de la Corte Penal Internacional que en Honduras no hay voluntad ni capacidad para investigar y sancionar los crímenes de lesa humanidad cometidos por los golpistas.
Y tarde o temprano, la justicia penal internacional pedirá cuentas a los militares y civiles que han facilitado y ejecutado tales crímenes, y se sentará un precedente fundamental para evitar que en Honduras y en América Latina vuelvan a repetirse este tipo de hechos.
martes, 2 de febrero de 2010
Un nuevo informe contra los golpistas
Amnistía Internacional acaba de hacer público el informe “Recomendaciones al nuevo gobierno de Honduras tras el golpe de Estado de junio de 2009”, el cual es el resultado de las dos visitas que esta organización realizó a Honduras mientras estuvo en el poder el gobierno de facto encabezado por Roberto Micheletti y Romeo Vásquez.
Este informe documenta violaciones generalizadas de los derechos humanos contra el pueblo hondureño por parte de policías y militares, entre ellas, uso excesivo de la fuerza, asesinatos, torturas y otros tratos crueles y degradantes, detenciones arbitrarias y hostigamiento e intimidación de jueces, periodistas, defensores de derechos humanos y demás opositores al golpe de Estado.
Al igual que otros importantes informes como el de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las violaciones aquí documentadas constituyen crímenes de lesa humanidad ya que reúnen los requisitos establecidos en el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional, es decir, han sido cometidos como parte de un ataque sistemático o generalizado, han sido dirigidas contra la población civil en resistencia y se han cometido como parte de una política de Estado dirigido por el gobierno de facto.
Entre las recomendaciones que Amnistía Internacional le hace al gobierno de Pepe Lobo están la de garantizar la realización de investigaciones inmediatas, independientes y rigurosas sobre las violaciones de los derechos humanos denunciadas; rechazar toda medida política o jurídica, como leyes de amnistía, que pudieran impedir el castigo a los responsables intelectuales y materiales de los crímenes cometidos; y proporcionar reparación a las víctimas que incluya el conocimiento de la verdad de lo sucedido, la sanción de sus victimarios y la garantía de no repetición de este tipo de hechos.
El gobierno de Pepe Lobo enfrenta un gran desafío porque todas las instituciones que son responsables de aplicar tales observaciones están dirigidas por quienes han promovido y sostenido el golpe de Estado; por ello será difícil lograr justicia a nivel interno, pero a nivel internacional, la Corte Penal Internacional está investigando la situación en Honduras y este tipo de informes son fundamentales para probar que los altos responsables del gobierno de facto son criminales internacionales que tarde o temprano serán sentados en el banquillo de los acusados.
Este informe documenta violaciones generalizadas de los derechos humanos contra el pueblo hondureño por parte de policías y militares, entre ellas, uso excesivo de la fuerza, asesinatos, torturas y otros tratos crueles y degradantes, detenciones arbitrarias y hostigamiento e intimidación de jueces, periodistas, defensores de derechos humanos y demás opositores al golpe de Estado.
Al igual que otros importantes informes como el de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las violaciones aquí documentadas constituyen crímenes de lesa humanidad ya que reúnen los requisitos establecidos en el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional, es decir, han sido cometidos como parte de un ataque sistemático o generalizado, han sido dirigidas contra la población civil en resistencia y se han cometido como parte de una política de Estado dirigido por el gobierno de facto.
Entre las recomendaciones que Amnistía Internacional le hace al gobierno de Pepe Lobo están la de garantizar la realización de investigaciones inmediatas, independientes y rigurosas sobre las violaciones de los derechos humanos denunciadas; rechazar toda medida política o jurídica, como leyes de amnistía, que pudieran impedir el castigo a los responsables intelectuales y materiales de los crímenes cometidos; y proporcionar reparación a las víctimas que incluya el conocimiento de la verdad de lo sucedido, la sanción de sus victimarios y la garantía de no repetición de este tipo de hechos.
El gobierno de Pepe Lobo enfrenta un gran desafío porque todas las instituciones que son responsables de aplicar tales observaciones están dirigidas por quienes han promovido y sostenido el golpe de Estado; por ello será difícil lograr justicia a nivel interno, pero a nivel internacional, la Corte Penal Internacional está investigando la situación en Honduras y este tipo de informes son fundamentales para probar que los altos responsables del gobierno de facto son criminales internacionales que tarde o temprano serán sentados en el banquillo de los acusados.
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