El gobierno de Barack Obama, principal aliado y defensor diplomático del gobierno de Lobo Sosa en la región, ha expresado mediante un comunicado su preocupación sobre la situación de los derechos humanos en Honduras, particularmente en lo que se refiere a los asesinatos de periodistas y otras personas opositoras al golpe de Estado.
A primera vista, esta declaración podría tomarse como una señal de que el gobierno estadounidense tomará medidas contundentes al respecto, sin embargo, conociendo los antecedentes de Washington y siguiendo con la lectura del comunicado en el que felicita a Lobo Sosa por promover la reconciliación nacional y restaurar el orden democrático y constitucional, sabemos que son simples palabras con las que Estados Unidos acostumbra a endulzar los oídos de una comunidad internacional sumisa mientras al mismo tiempo destina importantes recursos para fortalecer al ejército hondureño que es el principal violador de los derechos humanos.
Si verdaderamente el gobierno de Obama está preocupado por los derechos humanos en el país debería condicionar la ayuda económica y militar al ejército hondureño a que dicha institución sea depurada a través de la investigación y castigo a los responsables de las graves y sistemáticas violaciones a los derechos del pueblo hondureño.
Y ello implica la exigencia de destitución inmediata de Romeo Vásquez Velásquez de la gerencia de HONDUTEL y de otros militares golpistas de importantes y estratégicas instituciones del Estado.
Hasta ahora, de Washington sólo puede esperarse un doble discurso producto de su doble moral; no obstante, el gobierno estadounidense tiene ante sí una gran oportunidad para limpiar al menos algunas manchas de su deteriorada imagen en la región por su apoyo al golpe de Estado, y esa oportunidad pasa obligatoriamente por la adopción de medidas contundentes para lograr un alto a la represión sistemática y a la impunidad en Honduras.
Al menos, las declaraciones de preocupación de Obama deberían servir para que otros Estados como los que forman parte de la Unión Europea, condicionen el reconocimiento del gobierno de Lobo Sosa al irrestricto respeto a los derechos humanos de la población.
Y para ello se requiere una investigación efectiva y la sanción de todos los responsables para evitar que la impunidad permita la repetición de estos hechos que profundizan la crisis política y agravan la herida institucional, cultural, humana, económica y social que ha quedado abierta desde el 28 de junio del año pasado.
martes, 27 de abril de 2010
martes, 20 de abril de 2010
Honduras en la lista siniestra de los derechos humanos
Cada año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publica un informe anual en el que incluye una lista de países cuyas prácticas en materia de derechos humanos generan especial preocupación para la comunidad internacional.
Se han establecido cinco criterios para determinar qué países se incluyen en esta especie de “lista siniestra”. El primer criterio corresponde a aquellos Estados cuyos gobiernos no han llegado al poder mediante elecciones populares, por el voto secreto, periódico y libre, según normas y principios internacionalmente aceptados.
El segundo criterio se relaciona con los Estados donde el libre ejercicio de los derechos humanos ha sido suspendido en su totalidad o en parte, en virtud de la imposición de estados de emergencia, estados de sitio, suspensión de garantías, o medidas excepcionales de seguridad.
El tercer criterio corresponde a la existencia de pruebas incuestionables de que un Estado comete masivas y graves violaciones a los derechos humanos. El cuarto criterio se refiere a los Estados que se encuentran en un proceso de transición de cualquiera de las tres situaciones arriba mencionadas.
Y el quinto criterio se relaciona con graves situaciones coyunturales o estructurales que afectan seriamente el goce y disfrute de los derechos humanos, tales como, situaciones de violencia, crisis institucionales, procesos de reforma institucional con incidencias negativas para los derechos humanos u omisiones en la adopción de disposiciones necesarias para hacer efectivos los derechos de la población.
De la simple lectura de estos cinco criterios es fácil estar de acuerdo con la inclusión de Honduras en la lista siniestra de los derechos humanos por parte de la Comisión Interamericana, ya que, como ha quedado evidenciado, a pesar de las graves y sistemáticas violaciones a los derechos del pueblo hondureño, las autoridades públicas y sobre todo la Corte Suprema de Justicia siguen negando constantemente la existencia de tales violaciones, lo cual se traduce en una situación de inactividad y tolerancia que facilita la repetición de estos hechos de manera impune.
Si el sistema democrático es la garantía principal para la vigencia de los derechos humanos, entonces, mientras no se investiguen y sancionen a los responsables materiales e intelectuales de todas estas violaciones no podremos catalogar a Honduras como un verdadero Estado de derecho.
El Informe Anual de la CIDH puede consultarse en: http://www.cidh.org/annualrep/2009sp/indice2009.htm
Se han establecido cinco criterios para determinar qué países se incluyen en esta especie de “lista siniestra”. El primer criterio corresponde a aquellos Estados cuyos gobiernos no han llegado al poder mediante elecciones populares, por el voto secreto, periódico y libre, según normas y principios internacionalmente aceptados.
El segundo criterio se relaciona con los Estados donde el libre ejercicio de los derechos humanos ha sido suspendido en su totalidad o en parte, en virtud de la imposición de estados de emergencia, estados de sitio, suspensión de garantías, o medidas excepcionales de seguridad.
El tercer criterio corresponde a la existencia de pruebas incuestionables de que un Estado comete masivas y graves violaciones a los derechos humanos. El cuarto criterio se refiere a los Estados que se encuentran en un proceso de transición de cualquiera de las tres situaciones arriba mencionadas.
Y el quinto criterio se relaciona con graves situaciones coyunturales o estructurales que afectan seriamente el goce y disfrute de los derechos humanos, tales como, situaciones de violencia, crisis institucionales, procesos de reforma institucional con incidencias negativas para los derechos humanos u omisiones en la adopción de disposiciones necesarias para hacer efectivos los derechos de la población.
De la simple lectura de estos cinco criterios es fácil estar de acuerdo con la inclusión de Honduras en la lista siniestra de los derechos humanos por parte de la Comisión Interamericana, ya que, como ha quedado evidenciado, a pesar de las graves y sistemáticas violaciones a los derechos del pueblo hondureño, las autoridades públicas y sobre todo la Corte Suprema de Justicia siguen negando constantemente la existencia de tales violaciones, lo cual se traduce en una situación de inactividad y tolerancia que facilita la repetición de estos hechos de manera impune.
Si el sistema democrático es la garantía principal para la vigencia de los derechos humanos, entonces, mientras no se investiguen y sancionen a los responsables materiales e intelectuales de todas estas violaciones no podremos catalogar a Honduras como un verdadero Estado de derecho.
El Informe Anual de la CIDH puede consultarse en: http://www.cidh.org/annualrep/2009sp/indice2009.htm
lunes, 19 de abril de 2010
No hay democracia sin un periodismo libre
Cuando un periodista es amenazado o asesinado, no solamente se comete una violación contra su vida y su integridad, sino también contra su derecho a informar y contra el derecho de toda la sociedad a recibir información veraz y objetiva.
Por ello, diversos organismos internacionales han reiterado que la libertad de expresión es la piedra angular en una sociedad democrática y por tanto, un país no puede ser catalogado de democrático si sus periodistas no pueden ejercer su profesión debido a la violencia y a la intimidación.
De acuerdo con varios informes internacionales, Honduras se ha convertido en uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, lo cual es ratificado con la realidad que nos muestra que sólo en el mes de marzo cinco periodistas han sido asesinados.
Pero además, decenas de periodistas continúan siendo intimidados, entre ellos, el personal de Radio Progreso begin_of_the_skype_highlighting end_of_the_skype_highlighting, contra quienes se mantiene un patrón de amenazas que oportunamente han sido denunciadas ante las autoridades nacionales y los organismos internacionales de derechos humanos.
Radio Progreso ha reiterado que su línea informativa y editorial antes, durante y después del golpe de Estado del 28 de junio pasado, siempre ha estado inspirada en las necesidades y aspiraciones de la población empobrecida, y desde ahí es de donde su servicio comunicativo y profético se alimenta.
Por ello, exigimos al gobierno de Lobo Soso que atienda urgentemente a las recomendaciones que le han hecho diversos organismos internacionales para garantizar el ejercicio libre de la libertad de expresión del personal de Radio Progreso y de otros medios de comunicación social en el país, y le recordamos que el respeto a las opiniones contrarias, el disenso y la tolerancia son fundamentales para el fortalecimiento de la democracia.
Por ello, diversos organismos internacionales han reiterado que la libertad de expresión es la piedra angular en una sociedad democrática y por tanto, un país no puede ser catalogado de democrático si sus periodistas no pueden ejercer su profesión debido a la violencia y a la intimidación.
De acuerdo con varios informes internacionales, Honduras se ha convertido en uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, lo cual es ratificado con la realidad que nos muestra que sólo en el mes de marzo cinco periodistas han sido asesinados.
Pero además, decenas de periodistas continúan siendo intimidados, entre ellos, el personal de Radio Progreso begin_of_the_skype_highlighting end_of_the_skype_highlighting, contra quienes se mantiene un patrón de amenazas que oportunamente han sido denunciadas ante las autoridades nacionales y los organismos internacionales de derechos humanos.
Radio Progreso ha reiterado que su línea informativa y editorial antes, durante y después del golpe de Estado del 28 de junio pasado, siempre ha estado inspirada en las necesidades y aspiraciones de la población empobrecida, y desde ahí es de donde su servicio comunicativo y profético se alimenta.
Por ello, exigimos al gobierno de Lobo Soso que atienda urgentemente a las recomendaciones que le han hecho diversos organismos internacionales para garantizar el ejercicio libre de la libertad de expresión del personal de Radio Progreso y de otros medios de comunicación social en el país, y le recordamos que el respeto a las opiniones contrarias, el disenso y la tolerancia son fundamentales para el fortalecimiento de la democracia.
viernes, 16 de abril de 2010
El Juez Garzón, Honduras y el mundo único
Por Manuel Torres Calderón
ALAI AMLATINA, 15/04/2010.- Nos separa un Atlántico, pero el caso Garzón confirma un mundo único. El acoso al Juez por indagar jurídicamente en la represión franquista es similar al que enfrenta un filipino, un salvadoreño, un guatemalteco, un argentino, un polaco, un ruso, un sudafricano o un hondureño cuando recurren a su historia trágica. Los españoles podrán interpretar las querellas contra Garzón ligadas a otros líos de su ámbito interno, pero su jurisdicción cruza fronteras. En el fondo no se trata de la naturaleza de la verdad histórica, sino del sistema actual que la manipula y la necesidad de establecer procedimientos de toma de decisiones internacionales que permitan enfrentar la impunidad.
Garzón se enfrenta no sólo a la derecha de España, sino a una que bate palmas en el mundo, y que ha ido ganando terreno de la mano con un modelo económico, social y político que criminaliza la memoria histórica porque pretende escribirla a su modo.
“En la memoria residen, a nivel colectivo e individual, las claves de su propio pasado y la experiencia decisiva para establecer su conducta presente y futura, y sus compromisos morales”, sostiene un párrafo del Manifiesto por una memoria sin fronteras que están firmando miles de españoles en respaldo a Garzón.
Siempre se supo que sepultar el pasado es cometer una injusticia no sólo con las víctimas de la represión sino con las generaciones futuras. Baltasar Garzón ya intentó abrir causas en países como Chile y Argentina contra la impunidad de las amnistías incondicionales o de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Convencido del principio de justicia universal vino incluso a Honduras en agosto del 2009 para advertir a los golpistas que los delitos de lesa humanidad - delitos de homicidio, torturas, privación ilegal de la libertad calificada y otros- son imprescriptibles e imperdonables. Lamentablemente, su advertencia no fue escuchada. Garzón supo que la derecha hondureña es calcada de su par española, pero en un contexto de manos libres a su arbitrio. Desde entonces, la lista de hombres y mujeres asesinados por pensar políticamente diferente suma nombres tras nombres, sin que los reclamos encuentren un solo juez en la Corte Suprema que los acompañe. Los tribunales hondureños han sido pasillos desolados de valor y dignidad.
La visita de Garzón a Tegucigalpa, cuando el Golpe de Estado hervía en su apogeo represivo, fue más solidaria que académica, pero expuso con claridad el tema de "Posibilidades y límites de la jurisdicción universal en España frente a crímenes de lesa humanidad".
Garzón subrayó que no existían países grandes o pequeños cuando de violaciones a los derechos humanos se trata. Que no era cuestión de números, sino de seres humanos, y que todos los victimarios quedaban expuestos, tarde o temprano, a la justicia universal.
El Juez ya lo había probado cuando ordenó el arresto de Augusto Pinochet en Londres. Ahora, cuando decidió trasladar el escenario de la práctica a España lo atacan porque son 50,000 las víctimas mortales del franquismo y muchas siguen en cunetas o fosas olvidadas. El argumento con el que Garzón fue acusado es que la amnistía dictada en España en 1977 exoneró de responsabilidad penal a quienes durante el franquismo cometieron delitos con intencionalidad política. Garzón sostiene que ninguna amnistía puede amparar crímenes contra la humanidad, pero en esa cruzada confirma en carne propia que bajo la perspectiva del poder absolutista el Derecho se opone a la justicia, de la misma manera que la legalidad se impone sobre la legitimidad.
La realidad de nuestros países enseña una y otra vez que “derecho” no es sinónimo de justicia; debiera serlo, pero no lo es en tanto cada persona no recibe lo que merece y abundan leyes válidas pero no justas. Hay demasiada gente por encima de la ley paseando por nuestras calles y campos. El “imperio de la ley” no existe, es un afiche engomado a una pared vacía.
Esfuerzos como los de Garzón tratan de reconciliar el derecho con la justicia, y la legalidad con la legitimidad; quizá por eso resulten utópicos, pero no inútiles. Con Garzón no se trata de un héroe, sino de heroísmo. Como abogado es producto de su sociedad y de su trabajo.
Escribió alguna vez Sartre: “la historia hace a los hombres: los elige, los cabalga y los hace morir bajo ella”. Tuvo razón. Los riesgos que Garzón enfrenta son tremendos. El sistema fue y sigue siendo poderoso. Admite convivir mientras no se le contradiga. Y Garzón a lo largo de su trayectoria no se ha metido únicamente con los franquistas sino también con los de ETA, con los Opus Dei y con los corruptos. Son muchos y diversos los esquematismos y dogmatismo que buscan revancha. Sobra quienes lo ven con ojos corrosivos. No están los vientos favorables para la independencia crítica, menos en esta época donde acciones y alucinaciones están en estrecha correspondencia
Pasan los días y habrá que enfatizar la función simbólica de la obra de Garzón, saber que al solidarizarnos con él nos hacemos un favor a nosotros mismos, y entender que su causa habla de sociedades rotas, de sueños que se vuelven pesadillas, de países en guerra, de travesías desgarradoras, de dolor y mutismo, por eso su victoria, su gran aporte, está en la acusación que ha lanzado, no en la sentencia que logre. De todas maneras, esta historia no la escriben los que ganan.
Tegucigalpa, abril 2009
- Manuel Torres Calderón es periodista.
ALAI AMLATINA, 15/04/2010.- Nos separa un Atlántico, pero el caso Garzón confirma un mundo único. El acoso al Juez por indagar jurídicamente en la represión franquista es similar al que enfrenta un filipino, un salvadoreño, un guatemalteco, un argentino, un polaco, un ruso, un sudafricano o un hondureño cuando recurren a su historia trágica. Los españoles podrán interpretar las querellas contra Garzón ligadas a otros líos de su ámbito interno, pero su jurisdicción cruza fronteras. En el fondo no se trata de la naturaleza de la verdad histórica, sino del sistema actual que la manipula y la necesidad de establecer procedimientos de toma de decisiones internacionales que permitan enfrentar la impunidad.
Garzón se enfrenta no sólo a la derecha de España, sino a una que bate palmas en el mundo, y que ha ido ganando terreno de la mano con un modelo económico, social y político que criminaliza la memoria histórica porque pretende escribirla a su modo.
“En la memoria residen, a nivel colectivo e individual, las claves de su propio pasado y la experiencia decisiva para establecer su conducta presente y futura, y sus compromisos morales”, sostiene un párrafo del Manifiesto por una memoria sin fronteras que están firmando miles de españoles en respaldo a Garzón.
Siempre se supo que sepultar el pasado es cometer una injusticia no sólo con las víctimas de la represión sino con las generaciones futuras. Baltasar Garzón ya intentó abrir causas en países como Chile y Argentina contra la impunidad de las amnistías incondicionales o de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Convencido del principio de justicia universal vino incluso a Honduras en agosto del 2009 para advertir a los golpistas que los delitos de lesa humanidad - delitos de homicidio, torturas, privación ilegal de la libertad calificada y otros- son imprescriptibles e imperdonables. Lamentablemente, su advertencia no fue escuchada. Garzón supo que la derecha hondureña es calcada de su par española, pero en un contexto de manos libres a su arbitrio. Desde entonces, la lista de hombres y mujeres asesinados por pensar políticamente diferente suma nombres tras nombres, sin que los reclamos encuentren un solo juez en la Corte Suprema que los acompañe. Los tribunales hondureños han sido pasillos desolados de valor y dignidad.
La visita de Garzón a Tegucigalpa, cuando el Golpe de Estado hervía en su apogeo represivo, fue más solidaria que académica, pero expuso con claridad el tema de "Posibilidades y límites de la jurisdicción universal en España frente a crímenes de lesa humanidad".
Garzón subrayó que no existían países grandes o pequeños cuando de violaciones a los derechos humanos se trata. Que no era cuestión de números, sino de seres humanos, y que todos los victimarios quedaban expuestos, tarde o temprano, a la justicia universal.
El Juez ya lo había probado cuando ordenó el arresto de Augusto Pinochet en Londres. Ahora, cuando decidió trasladar el escenario de la práctica a España lo atacan porque son 50,000 las víctimas mortales del franquismo y muchas siguen en cunetas o fosas olvidadas. El argumento con el que Garzón fue acusado es que la amnistía dictada en España en 1977 exoneró de responsabilidad penal a quienes durante el franquismo cometieron delitos con intencionalidad política. Garzón sostiene que ninguna amnistía puede amparar crímenes contra la humanidad, pero en esa cruzada confirma en carne propia que bajo la perspectiva del poder absolutista el Derecho se opone a la justicia, de la misma manera que la legalidad se impone sobre la legitimidad.
La realidad de nuestros países enseña una y otra vez que “derecho” no es sinónimo de justicia; debiera serlo, pero no lo es en tanto cada persona no recibe lo que merece y abundan leyes válidas pero no justas. Hay demasiada gente por encima de la ley paseando por nuestras calles y campos. El “imperio de la ley” no existe, es un afiche engomado a una pared vacía.
Esfuerzos como los de Garzón tratan de reconciliar el derecho con la justicia, y la legalidad con la legitimidad; quizá por eso resulten utópicos, pero no inútiles. Con Garzón no se trata de un héroe, sino de heroísmo. Como abogado es producto de su sociedad y de su trabajo.
Escribió alguna vez Sartre: “la historia hace a los hombres: los elige, los cabalga y los hace morir bajo ella”. Tuvo razón. Los riesgos que Garzón enfrenta son tremendos. El sistema fue y sigue siendo poderoso. Admite convivir mientras no se le contradiga. Y Garzón a lo largo de su trayectoria no se ha metido únicamente con los franquistas sino también con los de ETA, con los Opus Dei y con los corruptos. Son muchos y diversos los esquematismos y dogmatismo que buscan revancha. Sobra quienes lo ven con ojos corrosivos. No están los vientos favorables para la independencia crítica, menos en esta época donde acciones y alucinaciones están en estrecha correspondencia
Pasan los días y habrá que enfatizar la función simbólica de la obra de Garzón, saber que al solidarizarnos con él nos hacemos un favor a nosotros mismos, y entender que su causa habla de sociedades rotas, de sueños que se vuelven pesadillas, de países en guerra, de travesías desgarradoras, de dolor y mutismo, por eso su victoria, su gran aporte, está en la acusación que ha lanzado, no en la sentencia que logre. De todas maneras, esta historia no la escriben los que ganan.
Tegucigalpa, abril 2009
- Manuel Torres Calderón es periodista.
jueves, 15 de abril de 2010
Honduras: No más violencia contra los grupos campesinos del Bajo Aguán
LLAMADO INTERNACIONAL
14 de abril de 2010
Las organizaciones abajo firmantes manifestamos nuestra profunda preocupación por la situación de la creciente violencia y represión contra miembros y grupos del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA) y del Movimiento Campesino del Aguán (MCA).
Durante los últimos tres días, se han observado movilizaciones masivas de tropas militares a la zona del Bajo Aguán, por lo que existe el profundo temor de que realizarán acciones de represión y desalojos forzosos contra grupos campesinos. En este contexto, el día lunes 12 de abril, se rodearon de militares los alrededores de la comunidad Guadalupe Carney.
Recordamos que desde el mes de enero de 2010 ocho miembros del MUCA han perdido sus vidas: Juan Ramón Mejía quien murió el 31 de enero como consecuencia de golpes múltiples; el 4 de febrero fueron asesinados Francisco Montes e Isidro Cano miembros de la Cooperativa Buenos Amigos; el 14 de febrero fue asesinado Feliciano Santos, miembro de la cooperativa 21 de julio; el 17 de marzo fueron asesinados José Antonio Cardoza y José Carías, directivos de la cooperativa Brisas de COHDEFOR, en Bonito Oriental; el 1 de abril, fue asesinado Miguel Alonso Oliva, por un guardia de seguridad de una de las plantaciones de palma africana en el Valle del Aguán; y el 7 de abril, José Leonel Álvarez Guerra, integrante de la Cooperativa La Confianza, fue asesinado por dos hombres en motocicleta, cuando llegaba a su casa en el barrio Manga Seca, en Tocoa, Colón. Se desconoce el estado procesal de las investigaciones de estos hechos.
Ante la impunidad que han gozado hasta el momento los perpetradores de las violaciones de derechos humanos cometidas desde el golpe de Estado del 28 de junio de 2009, ante la situación de indefensión en la cual se encuentra la ciudadanía que sigue exigiendo el retorno a un estado de derecho con el pleno funcionamiento de las garantías indispensables para la vida en democracia, y ante la creciente violencia contra el movimiento campesino, periodistas independientes y los defensores y defensoras de derechos humanos que apoyan una resolución justa del problema agrario en el Bajo Aguán, hacemos un llamado a los actores nacionales e internacionales competentes para que contribuyan a una solución duradera y no violenta del conflicto de una manera que sea respetuosa a los derechos humanos y que evite más violencia y muertes.
Las organizaciones solicitamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el marco de la próxima visita de seguimiento a Honduras, que investigue en especial la situación en el Bajo Aguán.
Recordando que el Estado de Honduras, aún después del golpe de estado y de la exclusión de la OEA, mantiene las obligaciones asumidas con el derecho internacional de derechos humanos, solicitamos lo siguiente:
- El retiro de los militares hacia sus cuarteles;
- El cese inmediato de la represión y de la violencia contra los grupos campesinos;
- La protección efectiva de la vida, e integridad personal de los y las defensoras de derechos humanos, dirigentes campesinos, y otras personas involucradas en el conflicto;
- La investigación efectiva de todas las muertes de campesinos, así como el juzgamiento y sanción de los responsables por estos hechos;
- El desarrollo de un proceso de diálogo franco, pacífico y constructivo con el Movimiento Unificado Campesino del Aguán y las autoridades del Instituto Nacional Agrario;
- El cumplimiento de la obligación del Estado frente al derecho a la alimentación de las familias campesinas, facilitándoles el acceso adecuado a la tierra y los medios necesarios para que puedan vivir de su trabajo dignamente;
- La resolución efectiva y entrega definitiva de las tierras del antiguo Centro Regional de Entrenamiento Militar (CREM) a las comunidades del Movimiento Campesino del Aguán, tal como lo establecen las leyes de reforma agraria vigentes y, en particular, el Decreto 18-2008.
Organizaciones firmantes
Organizaciones internacionales:
Via Campesina Internacional
FIAN Internacional
Amigos de la Tierra Internacional (ATI)
Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC)
CADTM Internacional
CADTM-Afrique
Center for Justice and International Law (CEJIL)
Centre Europe-Tiers Monde (CETIM)
Copenhagen Initiative for Central America and Mexico (CIFCA)
Coalición Internacional para el Hábitat, Oficina para América Latina (HIC-AL)
Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)
Land Research Action Network (LRAN)
Pax Christi International
Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD)
Red Europea de Comités Oscar Romero
Réseau Ouest Africain Dette et Developpement "ROAD"
Organizaciones nacionales:
ACSUR-LAS SEGOVIAS, España
Alternativa Antimilitarista, MOC Las Palmas, Islas Canarias
Asociación para el Estudio y Promoción de la Seguridad en Democracia (SEDEM), Guatemala
Ayuda Obrera Suiza
Alliance contre la Pauvreté au Mali "AP/Mali"
Broederlijk Delen, Bélgica
CADTM Belgique (Comité pour l'Annulation de la Dette du Tiers Monde)
CADTM Lubumbashi, República Democrática del Congo
Centre de Recerca e Información en Consum (CRIC) de Barcelona, España
Centre d'étude et de recherche pour l'intégration régionale et le développement de l'Afrique (CERIDA), Guinea
Centro tricontinental (CETRI), Lovaina-la-Nueva, Bélgica
Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (CECCAM), México
Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos, Perú - EQUIDAD
Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH), Guatemala
Centro Internazionale CROCEVIA, Italia
Coalition des Alternatives Africaines dette et Developpement (CAD), Mali
Collettivo Italia Centro America – CICA, Italia
Comité Suizo para Honduras, Suiza
Coordinadora mexicana de Solidaridad con Honduras, México
Coordinadora Un Altre Món És Possible de Sabadell, España
Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), Colombia
DIAKONIA Suecia
Espacio DESCA de México
FIAN Bélgica
FIAN México
Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), El Salvador
Guatemalanetz Bern, Suiza
Guatemalanetz Zürich, Suiza
HEKS, Ayuda de las Iglesiasa Evangélicas de Suiza
ICCO – Interchurch Organisation for Development Cooperation, Holanda
Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (IDHUCA), El Salvador
Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala –ICCPG, Guatemala
Instituto de Estudios Políticos sobre América Latina y África (IEPALA), España
Medico International Suiza
MOCASE, Vía Campesina Argentina
Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), Argentina
Observatorio de Derechos Humanos – DESC, Barcelona, España
Ökumenisches Büro München, Alemania
Red Latinoamericana en Zurich, Suiza
Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC)
Réseau des Organisations de la Société Civile Mauritanienne pour la Promotion de la Citoyenneté (RPC), Mauretania
Réseau pour le Developpement et l'Autopromotion de la Femme"RDL/AFEF", Mali
Réseau National Dette et Développement Niamey, Niger
Soldepaz Pachakuti, Colombia
Solifonds Suiza
SUEDWIND, Austria
Union des Femmes pour la Dignité Humaine "UFDH", República Democrática del Congo
Unión de Pochtecas de México
Veterinarios Sin Fronteras, España
Xarxa de Consum Solidari de Catalunya, España
Además firman como personas individuales:
François Houtart, Louvain-la-Neuve, Belgique
Bernd Michel, München, Alemania
Maria Paz González, Tarragona España
Persona de contacto para el comunicado:
Martin Wolpold-Bosien
Coordinador para América Central
FIAN Internacional
wolpold-bosien@fian.org
14 de abril de 2010
Las organizaciones abajo firmantes manifestamos nuestra profunda preocupación por la situación de la creciente violencia y represión contra miembros y grupos del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA) y del Movimiento Campesino del Aguán (MCA).
Durante los últimos tres días, se han observado movilizaciones masivas de tropas militares a la zona del Bajo Aguán, por lo que existe el profundo temor de que realizarán acciones de represión y desalojos forzosos contra grupos campesinos. En este contexto, el día lunes 12 de abril, se rodearon de militares los alrededores de la comunidad Guadalupe Carney.
Recordamos que desde el mes de enero de 2010 ocho miembros del MUCA han perdido sus vidas: Juan Ramón Mejía quien murió el 31 de enero como consecuencia de golpes múltiples; el 4 de febrero fueron asesinados Francisco Montes e Isidro Cano miembros de la Cooperativa Buenos Amigos; el 14 de febrero fue asesinado Feliciano Santos, miembro de la cooperativa 21 de julio; el 17 de marzo fueron asesinados José Antonio Cardoza y José Carías, directivos de la cooperativa Brisas de COHDEFOR, en Bonito Oriental; el 1 de abril, fue asesinado Miguel Alonso Oliva, por un guardia de seguridad de una de las plantaciones de palma africana en el Valle del Aguán; y el 7 de abril, José Leonel Álvarez Guerra, integrante de la Cooperativa La Confianza, fue asesinado por dos hombres en motocicleta, cuando llegaba a su casa en el barrio Manga Seca, en Tocoa, Colón. Se desconoce el estado procesal de las investigaciones de estos hechos.
Ante la impunidad que han gozado hasta el momento los perpetradores de las violaciones de derechos humanos cometidas desde el golpe de Estado del 28 de junio de 2009, ante la situación de indefensión en la cual se encuentra la ciudadanía que sigue exigiendo el retorno a un estado de derecho con el pleno funcionamiento de las garantías indispensables para la vida en democracia, y ante la creciente violencia contra el movimiento campesino, periodistas independientes y los defensores y defensoras de derechos humanos que apoyan una resolución justa del problema agrario en el Bajo Aguán, hacemos un llamado a los actores nacionales e internacionales competentes para que contribuyan a una solución duradera y no violenta del conflicto de una manera que sea respetuosa a los derechos humanos y que evite más violencia y muertes.
Las organizaciones solicitamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el marco de la próxima visita de seguimiento a Honduras, que investigue en especial la situación en el Bajo Aguán.
Recordando que el Estado de Honduras, aún después del golpe de estado y de la exclusión de la OEA, mantiene las obligaciones asumidas con el derecho internacional de derechos humanos, solicitamos lo siguiente:
- El retiro de los militares hacia sus cuarteles;
- El cese inmediato de la represión y de la violencia contra los grupos campesinos;
- La protección efectiva de la vida, e integridad personal de los y las defensoras de derechos humanos, dirigentes campesinos, y otras personas involucradas en el conflicto;
- La investigación efectiva de todas las muertes de campesinos, así como el juzgamiento y sanción de los responsables por estos hechos;
- El desarrollo de un proceso de diálogo franco, pacífico y constructivo con el Movimiento Unificado Campesino del Aguán y las autoridades del Instituto Nacional Agrario;
- El cumplimiento de la obligación del Estado frente al derecho a la alimentación de las familias campesinas, facilitándoles el acceso adecuado a la tierra y los medios necesarios para que puedan vivir de su trabajo dignamente;
- La resolución efectiva y entrega definitiva de las tierras del antiguo Centro Regional de Entrenamiento Militar (CREM) a las comunidades del Movimiento Campesino del Aguán, tal como lo establecen las leyes de reforma agraria vigentes y, en particular, el Decreto 18-2008.
Organizaciones firmantes
Organizaciones internacionales:
Via Campesina Internacional
FIAN Internacional
Amigos de la Tierra Internacional (ATI)
Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC)
CADTM Internacional
CADTM-Afrique
Center for Justice and International Law (CEJIL)
Centre Europe-Tiers Monde (CETIM)
Copenhagen Initiative for Central America and Mexico (CIFCA)
Coalición Internacional para el Hábitat, Oficina para América Latina (HIC-AL)
Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)
Land Research Action Network (LRAN)
Pax Christi International
Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD)
Red Europea de Comités Oscar Romero
Réseau Ouest Africain Dette et Developpement "ROAD"
Organizaciones nacionales:
ACSUR-LAS SEGOVIAS, España
Alternativa Antimilitarista, MOC Las Palmas, Islas Canarias
Asociación para el Estudio y Promoción de la Seguridad en Democracia (SEDEM), Guatemala
Ayuda Obrera Suiza
Alliance contre la Pauvreté au Mali "AP/Mali"
Broederlijk Delen, Bélgica
CADTM Belgique (Comité pour l'Annulation de la Dette du Tiers Monde)
CADTM Lubumbashi, República Democrática del Congo
Centre de Recerca e Información en Consum (CRIC) de Barcelona, España
Centre d'étude et de recherche pour l'intégration régionale et le développement de l'Afrique (CERIDA), Guinea
Centro tricontinental (CETRI), Lovaina-la-Nueva, Bélgica
Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (CECCAM), México
Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos, Perú - EQUIDAD
Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH), Guatemala
Centro Internazionale CROCEVIA, Italia
Coalition des Alternatives Africaines dette et Developpement (CAD), Mali
Collettivo Italia Centro America – CICA, Italia
Comité Suizo para Honduras, Suiza
Coordinadora mexicana de Solidaridad con Honduras, México
Coordinadora Un Altre Món És Possible de Sabadell, España
Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), Colombia
DIAKONIA Suecia
Espacio DESCA de México
FIAN Bélgica
FIAN México
Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), El Salvador
Guatemalanetz Bern, Suiza
Guatemalanetz Zürich, Suiza
HEKS, Ayuda de las Iglesiasa Evangélicas de Suiza
ICCO – Interchurch Organisation for Development Cooperation, Holanda
Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (IDHUCA), El Salvador
Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala –ICCPG, Guatemala
Instituto de Estudios Políticos sobre América Latina y África (IEPALA), España
Medico International Suiza
MOCASE, Vía Campesina Argentina
Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), Argentina
Observatorio de Derechos Humanos – DESC, Barcelona, España
Ökumenisches Büro München, Alemania
Red Latinoamericana en Zurich, Suiza
Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC)
Réseau des Organisations de la Société Civile Mauritanienne pour la Promotion de la Citoyenneté (RPC), Mauretania
Réseau pour le Developpement et l'Autopromotion de la Femme"RDL/AFEF", Mali
Réseau National Dette et Développement Niamey, Niger
Soldepaz Pachakuti, Colombia
Solifonds Suiza
SUEDWIND, Austria
Union des Femmes pour la Dignité Humaine "UFDH", República Democrática del Congo
Unión de Pochtecas de México
Veterinarios Sin Fronteras, España
Xarxa de Consum Solidari de Catalunya, España
Además firman como personas individuales:
François Houtart, Louvain-la-Neuve, Belgique
Bernd Michel, München, Alemania
Maria Paz González, Tarragona España
Persona de contacto para el comunicado:
Martin Wolpold-Bosien
Coordinador para América Central
FIAN Internacional
wolpold-bosien@fian.org
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