Atentado en plena calle deja un saldo de un muerto y dos heridos
Por Giorgio Trucchi - Rel-UITA
http://www.rel- uita.org/ internacional/ honduras/ democradura/ atentado_porfirio_ponce. htm
El cuñado del vicepresidente del STIBYS, Porfirio Ponce, fue asesinado bajo una lluvia de balas. Su padre y su hermana fueron heridos pero se encuentran fuera de peligro. Crece la escalada de violencia contra el pueblo hondureño.
Visiblemente conmocionado por lo ocurrido, el vicepresidente del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Bebida y Similares (STIBYS), Porfirio Ponce, relató a Sirel que en la tarde de ayer, 10 de junio, dos hombres se bajaron de un vehículo y atacaron a balazos el carro en el que se transportaban su cuñado, Oscar Molina, su hermana Griselda Ponce y su papá Porfirio Ponce. ³Fue un ataque salvaje. Mientras se habían detenido en un semáforo, dos hombres se bajaron de un carro y comenzaron a disparar. Recibieron 42 disparos y mi cuñado murió².
³Afortunadamente, mi papá y mi hermana no fueron heridos de gravedad y se están recuperando. Parece bastante obvio el porqué de este ataque. Honduras está sumergida en una espiral de violencia muy preocupante², dijo Ponce.
Después del golpe de Estado, el STIBYS ha sido objeto de una constante campaña represiva. Su sede central en Tegucigalpa fue violentada por militares y objeto de disparos, ráfagas y atentados con bombas artesanales.
Su presidente y miembro de la coordinación nacional del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), Carlos H. Reyes, denunció haber recibido amenazas de muerte. Asimismo, la sede sindical de San Pedro Sula fue atacada por hombres armados, que hirieron de gravedad al tesorero de esa Seccional, Douglas Gómez.
En febrero pasado, la residencia de Porfirio Ponce fue atacada por hombres encapuchados, quienes se llevaron su computadora y dejaron su cama llena de sangre.
Otro ataque
Poco antes de que se consumara el ataque asesino contra los familiares del vicepresidente del STIBYS, en la zona central del país, la secretaria de Finanzas del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras (COPEMH), profesora Carolina Pineda, sufría un atentado por parte de hombres encapuchados que interceptaron el vehículo que conducía y le dispararon con armas de grueso calibre. Pineda logró escapar de sus atacantes refugiándose en una casa particular en la que le brindaron protección.
La profesora Pineda es directiva de una de las organizaciones magisteriales más comprometidas con la lucha contra el golpe, y había denunciado constantes amenazas recibidas a través de llamadas telefónicas y mensajes por celular.
Mientras buena parte de la comunidad internacional sigue prestando oídos sordos al clamor que se levanta de las entrañas de Honduras, la estrategia represiva no se detiene.
viernes, 11 de junio de 2010
jueves, 10 de junio de 2010
Intentan secuestrar a secretaria de finanzas del COPEMH. El vehículo en que conducía fue atacado a balazos.
El COFADEH, registra al menos ocho profesores muertos después del golpe de Estado.
Red Morazánica de Información
Tegucigalpa 10 de junio de 2010. Un grupo de hombres fuertemente armados intentaron secuestrar sin éxito a la secretaria de finanzas del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras COPEMH, Carolina Pineda, informó el presidente de la organización magisterial Jaime Rodríguez.
Rodríguez denunció que individuos encapuchados con armas de grueso atacaron a balazos el vehículo en que se conducía la profesora Carolina Pineda, en las cercanías de la ciudad de Comayagua en la zona central del país, aparentemente con el fin de secuestrarla.
El pasado dos de junio el dirigente del Frente Nacional de Resistencia Popular FNRP de la ciudad de Comayagua, Juan Ramón Flores, fue secuestrado por hombres fuertemente armados a los que según su testimonio al menos uno de los secuestradores se presentó como miembro de la Dirección Nacional de Investigación Criminal DNIC, durante un reten policial.
Pineda logró escapar de sus atacantes al introducirse a una casa particular en la que se le dio refugio.
El presidente del COPEMH, responsabilizó del hecho contra la profesora a “las fuerzas de seguridad del estado” por que son los únicos que se pueden mover con absoluta libertad por el país.
Denunció que la profesora Pineda viene recibiendo amenazas desde hace tres meses mediante mensajes a su teléfono celular y a través de llamadas telefónicas en su casa de habitación.
La denuncia fue complementada por el presidente del Comité Para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras CODEH, Andrés Pavón, quien relató que un carro sin placas persiguió a la profesora Carolina Pineda, quién logró hacer una llamada durante la persecución, en la que se escucharon los disparos que le hicieron a su vehículo.
El presidente del COPEMH, denunció hace unos días que “Cada vez que el Frente [Nacional de Resistencia Popular, FNRP] hace un avance en su lucha, entonces el ataque le viene al magisterio, le cobran al magisterio”.
De acuerdo con una lista del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras COFADEH, después del golpe de Estado se registra la muerte de al menos ocho profesores, entre ellos, Roger Abrahán Vallejo, Félix Orlando Murillo López, Rubén Estrada, Mario Fidel Contreras Moncada, Sergio Eliseo Juárez Hernández, Gradis Espinal, Blas López y el José Manuel Flores.
Rodríguez reiteró que “pase lo que pase continuará en el Frente Resistencia Nacional de Resistencia Popular FNRP, del que forman parte las organizaciones magisteriales.
“Si nuestra sangre va quedar e las calles bienvenido sea, pero que la voz del magisterio no la van a callar” agregó Rodríguez en declaraciones que recogió Radio Globo.
De acuerdo con la denuncia de Andrés Pavón, la profesora Pineda fue interceptada en la carretera hacia la ciudad de san Pedro Sula, antes de llegar al restaurante conocido como el rodeo, en las cercanías de la ciudad de Comayagua.
Rodríguez expresó que hace un llamado a la comunidad nacional e internacional, por que el clima de represión y de violación a los derechos humanos continúa en el país.
Red Morazánica de Información
Tegucigalpa 10 de junio de 2010. Un grupo de hombres fuertemente armados intentaron secuestrar sin éxito a la secretaria de finanzas del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras COPEMH, Carolina Pineda, informó el presidente de la organización magisterial Jaime Rodríguez.
Rodríguez denunció que individuos encapuchados con armas de grueso atacaron a balazos el vehículo en que se conducía la profesora Carolina Pineda, en las cercanías de la ciudad de Comayagua en la zona central del país, aparentemente con el fin de secuestrarla.
El pasado dos de junio el dirigente del Frente Nacional de Resistencia Popular FNRP de la ciudad de Comayagua, Juan Ramón Flores, fue secuestrado por hombres fuertemente armados a los que según su testimonio al menos uno de los secuestradores se presentó como miembro de la Dirección Nacional de Investigación Criminal DNIC, durante un reten policial.
Pineda logró escapar de sus atacantes al introducirse a una casa particular en la que se le dio refugio.
El presidente del COPEMH, responsabilizó del hecho contra la profesora a “las fuerzas de seguridad del estado” por que son los únicos que se pueden mover con absoluta libertad por el país.
Denunció que la profesora Pineda viene recibiendo amenazas desde hace tres meses mediante mensajes a su teléfono celular y a través de llamadas telefónicas en su casa de habitación.
La denuncia fue complementada por el presidente del Comité Para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras CODEH, Andrés Pavón, quien relató que un carro sin placas persiguió a la profesora Carolina Pineda, quién logró hacer una llamada durante la persecución, en la que se escucharon los disparos que le hicieron a su vehículo.
El presidente del COPEMH, denunció hace unos días que “Cada vez que el Frente [Nacional de Resistencia Popular, FNRP] hace un avance en su lucha, entonces el ataque le viene al magisterio, le cobran al magisterio”.
De acuerdo con una lista del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras COFADEH, después del golpe de Estado se registra la muerte de al menos ocho profesores, entre ellos, Roger Abrahán Vallejo, Félix Orlando Murillo López, Rubén Estrada, Mario Fidel Contreras Moncada, Sergio Eliseo Juárez Hernández, Gradis Espinal, Blas López y el José Manuel Flores.
Rodríguez reiteró que “pase lo que pase continuará en el Frente Resistencia Nacional de Resistencia Popular FNRP, del que forman parte las organizaciones magisteriales.
“Si nuestra sangre va quedar e las calles bienvenido sea, pero que la voz del magisterio no la van a callar” agregó Rodríguez en declaraciones que recogió Radio Globo.
De acuerdo con la denuncia de Andrés Pavón, la profesora Pineda fue interceptada en la carretera hacia la ciudad de san Pedro Sula, antes de llegar al restaurante conocido como el rodeo, en las cercanías de la ciudad de Comayagua.
Rodríguez expresó que hace un llamado a la comunidad nacional e internacional, por que el clima de represión y de violación a los derechos humanos continúa en el país.
martes, 8 de junio de 2010
Los derechos humanos y el mantenimiento de la suspensión de Honduras de la OEA
Entre el 6 y el 8 de junio se desarrolla en Lima, Perú, la cuadragésima asamblea general de la Organización de Estados Americanos (OEA), con la asistencia de los cancilleres de 33 países. Evidentemente, Honduras no está representada en esta asamblea debido a su suspensión de la OEA desde el golpe de Estado del año pasado.
Aunque el tema del reintegro de Honduras no está en la agenda oficial como un punto prioritario, los cancilleres acordaron el lunes crear una comisión de alto nivel que evaluará las condiciones para decidir si Honduras regresa a la OEA o si se mantiene suspendida.
Mientras se acordaba la creación de esta comisión, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicaba sus observaciones preliminares sobre la visita que realizó a Honduras del 15 al 18 de mayo de 2010 y en la que constató que continúan las violaciones a los derechos humanos en el contexto del golpe de Estado.
De acuerdo con la CIDH, en Honduras siguen los asesinatos, amenazas y hostigamientos en contra de defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales, maestros, sindicalistas y miembros de la Resistencia, lo cual se agrava con la falta de investigaciones efectivas y la crisis de impunidad por las violaciones a los derechos humanos que se han venido cometiendo desde el 28 de junio de 2009.
Para la CIDH también es de suma preocupación la militarización de la sociedad hondureña en tanto que altos mandos del Ejército que participaron en el golpe de Estado están ocupando la gerencia de importantes instituciones estatales en el gobierno de Lobo: el General de División Venancio Cervantes es director General de la Dirección de Migración y Extranjería; el General de Brigada Manuel Enrique Cáceres es director de Aeronáutica Civil; el ex General Nelson Wily Mejía es director de la Marina Mercante; y el ex General Romeo Vásquez Velásquez es gerente de Hondutel.
Con todos estos datos, la única recomendación que debería dar la comisión de alto nivel creado por la OEA es que mientras persistan las violaciones a los derechos humanos y la impunidad de sus responsables materiales e intelectuales, la suspensión de Honduras tiene que mantenerse.
Aunque el tema del reintegro de Honduras no está en la agenda oficial como un punto prioritario, los cancilleres acordaron el lunes crear una comisión de alto nivel que evaluará las condiciones para decidir si Honduras regresa a la OEA o si se mantiene suspendida.
Mientras se acordaba la creación de esta comisión, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicaba sus observaciones preliminares sobre la visita que realizó a Honduras del 15 al 18 de mayo de 2010 y en la que constató que continúan las violaciones a los derechos humanos en el contexto del golpe de Estado.
De acuerdo con la CIDH, en Honduras siguen los asesinatos, amenazas y hostigamientos en contra de defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales, maestros, sindicalistas y miembros de la Resistencia, lo cual se agrava con la falta de investigaciones efectivas y la crisis de impunidad por las violaciones a los derechos humanos que se han venido cometiendo desde el 28 de junio de 2009.
Para la CIDH también es de suma preocupación la militarización de la sociedad hondureña en tanto que altos mandos del Ejército que participaron en el golpe de Estado están ocupando la gerencia de importantes instituciones estatales en el gobierno de Lobo: el General de División Venancio Cervantes es director General de la Dirección de Migración y Extranjería; el General de Brigada Manuel Enrique Cáceres es director de Aeronáutica Civil; el ex General Nelson Wily Mejía es director de la Marina Mercante; y el ex General Romeo Vásquez Velásquez es gerente de Hondutel.
Con todos estos datos, la única recomendación que debería dar la comisión de alto nivel creado por la OEA es que mientras persistan las violaciones a los derechos humanos y la impunidad de sus responsables materiales e intelectuales, la suspensión de Honduras tiene que mantenerse.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos publica observaciones sobre visita de seguimiento a Honduras
Washington, DC, 7 de junio de 2010 – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó hoy sus Observaciones Preliminares sobre la visita que realizó a Honduras del 15 al 18 de mayo de 2010, con el objeto de hacer un seguimiento a la visita in loco efectuada en agosto de 2009 y al Informe Honduras: Derechos Humanos y Golpe de Estado.
Durante la visita realizada en mayo de 2010, la Comisión constató que continúan las violaciones a los derechos humanos en el contexto del golpe de Estado. La CIDH recibió información sobre el asesinato de varias personas, entre ellas periodistas y defensores y defensoras de derechos humanos. Asimismo, defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales, maestros, sindicalistas y miembros de la Resistencia son objeto de amenazas y hostigamientos.
La CIDH considera que las denuncias recibidas podrían responder al mismo patrón de violencia originado en el contexto del golpe de Estado. Los asesinatos, amenazas y hostigamientos no cuentan con las debidas investigaciones que permitan esclarecer si están o no relacionados con el contexto del golpe de Estado.
En este sentido, la Comisión pudo constatar que continúa la impunidad por las violaciones a los derechos humanos, tanto las verificadas en el informe de la CIDH como en el Informe del 3 de marzo de 2010 de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de la ONU. La Comisión fue informada que sólo una persona está privada de libertad por violaciones a los derechos humanos, mientras que otras 12 han sido imputadas pero los procesos no avanzan, entre otros factores, por la falta de investigación de los órganos del Estado, en particular, las fuerzas de seguridad encargadas de realizar las investigaciones. La impunidad generalizada por violaciones a los derechos humanos se encuentra facilitada por decisiones de la Corte Suprema de Justicia que debilitan el estado de Derecho. Además del cuestionado rol de la Corte Suprema de Justicia durante el golpe de Estado, con posterioridad ha decidido, por un lado, sobreseer a los militares acusados de participar en el golpe y por otro, despedir a jueces y magistrados que buscaron evitarlo por vías democráticas.
Asimismo, la CIDH ha otorgado varias medidas cautelares para proteger a personas en riesgo. Tanto las organizaciones de la sociedad civil como los propios beneficiarios han reportado serios problemas en la implementación de las medidas cautelares. Por ejemplo, el periodista Nahúm Palacios era beneficiario de estas medidas de protección cuando fue asesinado el 14 de marzo de 2010. La CIDH urge al Estado de Honduras a cumplir en forma efectiva y a la brevedad cada una de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH.
La CIDH reitera su llamado a las autoridades a revisar el Decreto de Amnistía, teniendo en consideración las obligaciones del Estado a la luz de los tratados internacionales y en especial, su obligación de investigar y sancionar graves violaciones a los derechos humanos.
La Comisión valora el nombramiento de la Ministra asesora en materia de derechos humanos. Sin embargo, observa que a la fecha no ha recibido los recursos, mandato y estructura que permitan realizar un trabajo efectivo y de transformación del Estado hacia una cultura de respeto a los derechos humanos. Con la estructura actual, es prácticamente imposible que la Ministra pueda tener un impacto significativo sobre la vigencia de los derechos humanos.
La CIDH denunció en sus Observaciones Preliminares la militarizacion de la sociedad producto del golpe de Estado. En este sentido, se observa con preocupacion que altos mandos del Ejército o ex miembros del mismo contra quienes se han formulado denuncias por su participación en el Golpe de Estado estén ocupando la gerencia de dependencias públicas de alto nivel en el gobierno de Porfirio Lobo. Por ejemplo, el General de División Venancio Cervantes es Director General de la Dirección de Migración y Extranjería (era Sub jefe del Estado Mayor Conjunto al momento del golpe de Estado); el General de Brigada Manuel Enrique Cáceres es Director de Aeronáutica Civil; el ex General Nelson Wily Mejía se halla a cargo de la Dirección de la Marina Mercante y el ex General Romeo Vásquez Velásquez es gerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) (era Comandante en Jefe de las FFAA al momento del golpe de Estado).
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión está integrada por siete miembros independientes que se desempeñan en forma personal, que no representan a ningún país en particular y que son elegidos por la Asamblea General de la OEA.
Fuente: http://www.cidh.oas.org/Comunicados/Spanish/2010/59-10sp.htm
Durante la visita realizada en mayo de 2010, la Comisión constató que continúan las violaciones a los derechos humanos en el contexto del golpe de Estado. La CIDH recibió información sobre el asesinato de varias personas, entre ellas periodistas y defensores y defensoras de derechos humanos. Asimismo, defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales, maestros, sindicalistas y miembros de la Resistencia son objeto de amenazas y hostigamientos.
La CIDH considera que las denuncias recibidas podrían responder al mismo patrón de violencia originado en el contexto del golpe de Estado. Los asesinatos, amenazas y hostigamientos no cuentan con las debidas investigaciones que permitan esclarecer si están o no relacionados con el contexto del golpe de Estado.
En este sentido, la Comisión pudo constatar que continúa la impunidad por las violaciones a los derechos humanos, tanto las verificadas en el informe de la CIDH como en el Informe del 3 de marzo de 2010 de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de la ONU. La Comisión fue informada que sólo una persona está privada de libertad por violaciones a los derechos humanos, mientras que otras 12 han sido imputadas pero los procesos no avanzan, entre otros factores, por la falta de investigación de los órganos del Estado, en particular, las fuerzas de seguridad encargadas de realizar las investigaciones. La impunidad generalizada por violaciones a los derechos humanos se encuentra facilitada por decisiones de la Corte Suprema de Justicia que debilitan el estado de Derecho. Además del cuestionado rol de la Corte Suprema de Justicia durante el golpe de Estado, con posterioridad ha decidido, por un lado, sobreseer a los militares acusados de participar en el golpe y por otro, despedir a jueces y magistrados que buscaron evitarlo por vías democráticas.
Asimismo, la CIDH ha otorgado varias medidas cautelares para proteger a personas en riesgo. Tanto las organizaciones de la sociedad civil como los propios beneficiarios han reportado serios problemas en la implementación de las medidas cautelares. Por ejemplo, el periodista Nahúm Palacios era beneficiario de estas medidas de protección cuando fue asesinado el 14 de marzo de 2010. La CIDH urge al Estado de Honduras a cumplir en forma efectiva y a la brevedad cada una de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH.
La CIDH reitera su llamado a las autoridades a revisar el Decreto de Amnistía, teniendo en consideración las obligaciones del Estado a la luz de los tratados internacionales y en especial, su obligación de investigar y sancionar graves violaciones a los derechos humanos.
La Comisión valora el nombramiento de la Ministra asesora en materia de derechos humanos. Sin embargo, observa que a la fecha no ha recibido los recursos, mandato y estructura que permitan realizar un trabajo efectivo y de transformación del Estado hacia una cultura de respeto a los derechos humanos. Con la estructura actual, es prácticamente imposible que la Ministra pueda tener un impacto significativo sobre la vigencia de los derechos humanos.
La CIDH denunció en sus Observaciones Preliminares la militarizacion de la sociedad producto del golpe de Estado. En este sentido, se observa con preocupacion que altos mandos del Ejército o ex miembros del mismo contra quienes se han formulado denuncias por su participación en el Golpe de Estado estén ocupando la gerencia de dependencias públicas de alto nivel en el gobierno de Porfirio Lobo. Por ejemplo, el General de División Venancio Cervantes es Director General de la Dirección de Migración y Extranjería (era Sub jefe del Estado Mayor Conjunto al momento del golpe de Estado); el General de Brigada Manuel Enrique Cáceres es Director de Aeronáutica Civil; el ex General Nelson Wily Mejía se halla a cargo de la Dirección de la Marina Mercante y el ex General Romeo Vásquez Velásquez es gerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) (era Comandante en Jefe de las FFAA al momento del golpe de Estado).
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión está integrada por siete miembros independientes que se desempeñan en forma personal, que no representan a ningún país en particular y que son elegidos por la Asamblea General de la OEA.
Fuente: http://www.cidh.oas.org/Comunicados/Spanish/2010/59-10sp.htm
viernes, 4 de junio de 2010
Suman 707 agresiones a derechos humanos por causas políticas en Honduras tras cuatro meses del régimen Lobo
Red Morazánica de Información
Tegucigalpa, 03 junio 2010. La representante del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), Mary Agurcia, informó que han registrado 707 casos de agresiones por razones políticas, en el país, desde el 30 de enero –a sólo tres días después de inaugurado el régimen de Porfirio Lobo.
Llegan a alrededor de 9 mil las violaciones a derechos humanos ocurridas en Honduras, desde junio del 2009 hasta enero de 2010, entre ellas, violaciones “abiertas y masivas, las sectorizadas y luego las que tenemos ahora”.
Se han producido 544 “incidentes” a defensores en derechos humanos. Que van desde la “vigilancia a las oficinas de las diferentes organizaciones de derechos humanos, hasta persecución, asesinatos y detenciones ilegales”.
A antes del golpe de Estado, ya había una “situación difícil” de derechos humanos, evaluó Agurcia.
Pero, la diferencia es que “no era una política de Estado”; sino que, “conductas arraigadas”, en los funcionarios, que se arrastraban desde los años ochenta.
Analizó que había “cierta institucionalidad que se venía creando desde hace 15 años - no puede decirse que era una democracia-, y la tortura se había reactivado en la detención administrativa. Antes de junio de 2009 se registraban por los menos 50 casos; pero, no ocurría con la misma dimensión de la década de los ochenta”.
“Las violaciones a derechos humanos se dan ahora por razones políticas, y ya no tanto por abuso de autoridad, en este momento [desde enero], las violaciones son tanto por abuso de autoridad como por razones políticas”, puntualizó.
El evento fue realizado en la sede de Mujeres en la Artes (MUA), luego de que el titular de la Secretaría de Cultura, Artes y Deportes, Bernard Martínez, prohibió hacerlo en la Biblioteca Nacional.
Estadística del monitoreo a las violaciones a derechos humanos registradas sólo por el Cofadeh, del 30 de enero al 28 de mayo de 2010 (no representan las violaciones ocurridas en el país):
Asesinatos por razones políticas 12, casi dos al mes;
Periodistas asesinados 6;
Atentados contra personas, 2;
Amenazados a muerte, 63;
De esas amenazas, a defensores de derechos humanos, 56;
Intimidaciones y persecuciones, 76;
Agresiones sexuales, 2;
Detenciones, 53;
Torturas, 10;
Secuestros, 2;
Secuestros en su grado de tentativa, 4;
Detenciones ilegales, 58;
Allanamientos, 18;
Barrios y colonias objeto de cateos, 23;
Desplazamientos internos por reiteradas amenazas a muerte, 38;
Cambio de domicilio por seguridad, 34;
Exiliados por razones políticas, que no pueden retornar al país, 150;
Exiliados por razones políticas, en este periodo, 26;
Medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que maneja el Cofadeh, 68;
Solicitudes de información de la CIDH por personas en grave peligro, 32;
Periodista amenazados, 15;
Periodista en el exilio, 3
Programas cerrados, 1;
Una radio comunitaria cerrada, 1;
Un nuevo atentado a transmisores Radio La Catracha (no incluido).
Tegucigalpa, 03 junio 2010. La representante del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), Mary Agurcia, informó que han registrado 707 casos de agresiones por razones políticas, en el país, desde el 30 de enero –a sólo tres días después de inaugurado el régimen de Porfirio Lobo.
Llegan a alrededor de 9 mil las violaciones a derechos humanos ocurridas en Honduras, desde junio del 2009 hasta enero de 2010, entre ellas, violaciones “abiertas y masivas, las sectorizadas y luego las que tenemos ahora”.
Se han producido 544 “incidentes” a defensores en derechos humanos. Que van desde la “vigilancia a las oficinas de las diferentes organizaciones de derechos humanos, hasta persecución, asesinatos y detenciones ilegales”.
A antes del golpe de Estado, ya había una “situación difícil” de derechos humanos, evaluó Agurcia.
Pero, la diferencia es que “no era una política de Estado”; sino que, “conductas arraigadas”, en los funcionarios, que se arrastraban desde los años ochenta.
Analizó que había “cierta institucionalidad que se venía creando desde hace 15 años - no puede decirse que era una democracia-, y la tortura se había reactivado en la detención administrativa. Antes de junio de 2009 se registraban por los menos 50 casos; pero, no ocurría con la misma dimensión de la década de los ochenta”.
“Las violaciones a derechos humanos se dan ahora por razones políticas, y ya no tanto por abuso de autoridad, en este momento [desde enero], las violaciones son tanto por abuso de autoridad como por razones políticas”, puntualizó.
El evento fue realizado en la sede de Mujeres en la Artes (MUA), luego de que el titular de la Secretaría de Cultura, Artes y Deportes, Bernard Martínez, prohibió hacerlo en la Biblioteca Nacional.
Estadística del monitoreo a las violaciones a derechos humanos registradas sólo por el Cofadeh, del 30 de enero al 28 de mayo de 2010 (no representan las violaciones ocurridas en el país):
Asesinatos por razones políticas 12, casi dos al mes;
Periodistas asesinados 6;
Atentados contra personas, 2;
Amenazados a muerte, 63;
De esas amenazas, a defensores de derechos humanos, 56;
Intimidaciones y persecuciones, 76;
Agresiones sexuales, 2;
Detenciones, 53;
Torturas, 10;
Secuestros, 2;
Secuestros en su grado de tentativa, 4;
Detenciones ilegales, 58;
Allanamientos, 18;
Barrios y colonias objeto de cateos, 23;
Desplazamientos internos por reiteradas amenazas a muerte, 38;
Cambio de domicilio por seguridad, 34;
Exiliados por razones políticas, que no pueden retornar al país, 150;
Exiliados por razones políticas, en este periodo, 26;
Medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que maneja el Cofadeh, 68;
Solicitudes de información de la CIDH por personas en grave peligro, 32;
Periodista amenazados, 15;
Periodista en el exilio, 3
Programas cerrados, 1;
Una radio comunitaria cerrada, 1;
Un nuevo atentado a transmisores Radio La Catracha (no incluido).
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