GINEBRA (29 de julio de 2010) – Tres expertos independientes de Naciones Unidas* advirtieron que la reciente destitución de tres jueces y una magistrada en Honduras “puede tener el efecto de un mensaje intimidatorio a otros jueces y magistrados para que se abstengan de manifestar opiniones diferentes a aquéllas expresadas por las autoridades actuales”.
“Esto representaría un ataque inadmisible contra la independencia de los jueces y magistrados hondureños así como contra las libertades de opinión, expresión, reunión y asociación de los individuos, grupos o instituciones que promueven y protegen los derechos humanos y las libertades fundamentales en Honduras”, señalaron los expertos, que siguen con atención el desarrollo de la situación judicial en Honduras.
El 18 de junio de 2010, los jueces Guillermo López Lone, Luis Chávez y Ramón Enrique Barrios y la magistrada Tirza Flores fueron notificados de la decisión de destitución de la carrera judicial emitida por la Suprema Corte de Justicia por ‘incumplimiento o violaciones graves de sus deberes’. La decisión fue emitida por la Sala Plena de la Corte el 5 de mayo de 2010 y ratificada en las sesiones de Sala Plena de 12 de mayo y 1 de junio de 2010.
“Ninguna de las resoluciones que motivaron la destitución de estos jueces y de la magistrada contiene los fundamentos jurídicos que justifiquen por qué las conductas objeto del procedimiento disciplinario fueron consideradas como graves”, destacaron los expertos de la ONU. “Las destituciones parecen estar relacionadas a la expresión pública del rechazo de estos profesionales de la judicatura a los acontecimientos ocurridos durante la crisis política de junio de 2009, así como a su participación en algunos actos de protesta contra los mismos”.
“Los jueces sólo pueden ser destituidos por razones graves de mala conducta o incompetencia, de conformidad con procedimientos equitativos que garanticen la objetividad y la imparcialidad”, indicaron los expertos en derechos humanos. “Aceptar una invitación a dictar una conferencia, escribir un artículo, presentar un recurso de hábeas corpus en favor del Presidente destituido o participar en manifestaciones públicas no parece responder a estos criterios”.
Se habría también violado el derecho de los jueces destituidos al debido proceso, al habérseles sancionado sin haber sido escuchados y al habérseles impedido participar en las sesiones plenarias en las cuales se acordó o ratificó su destitución.
Los tres jueces y la magistrada impugnaron la decisión de la Corte Suprema ante el Consejo de la Carrera Judicial de Honduras, que se espera se pronuncie en breve sobre las apelaciones.
“Esperamos que el Consejo otorgue a los funcionarios despedidos la posibilidad de ser escuchados y presentar pruebas en una nueva audiencia. Confiamos que este conflicto se pueda resolver de manera positiva y conforme a los estándares internacional en la materia”. “Resulta necesario avanzar en la consolidación de la independencia judicial en Honduras, garantía de la democracia y del Estado de Derecho”, concluyeron los expertos.
(*) Relatora Especial sobre la independencia de Magistrados y Abogados, Sra. Gabriela Knaul; Relator Especial sobre la libertad de opinión y expresión, Sr. Frank La Rue; y Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Sra. Margaret Sekaggya.
Vea los “Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura”: http://www2.ohchr.org/spanish/law/judicatura.htm
Fuente: http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=10235&LangID=S
sábado, 31 de julio de 2010
Acción urgente. Abogada hondureña en peligro
Amnistía Internacional
El automóvil de una abogada hondureña de derechos humanos ha sido asaltado, y los asaltantes han registrado sus documentos y han robado un ordenador portátil.
Amnistía Internacional cree que este asalto se ha debido al trabajo de derechos humanos de la abogada, y teme que ésta pueda correr peligro.
El 21 de julio, Kenia Oliva Cardona, abogada de la organización de derechos humanos Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) vio que su automóvil había sido asaltado, y que los asaltantes habían registrado los documentos que había en él y se habían llevado algunos de ellos, y habían robado un ordenador portátil que estaba en el portaequipajes. Kenia Oliva había dejado su auto aparcado a unos 100 metros de las oficinas de la fiscalía en la capital, Tegucigalpa, mientras pasaba dos horas en el interior del edificio, examinando los progresos de varios casos de abusos contra los derechos humanos presentados por COFADEH. En muchos de los casos en los que COFADEH ha presentado denuncias oficiales se acusa a las fuerzas de seguridad del Estado de implicación en los abusos contra los derechos humanos.
Al examinar su auto, Kenia Oliva descubrió que habían roto una ventanilla para poder abrirlo desde el interior, y que habían registrado todos los compartimentos del vehículo y habían abierto el portaequipajes. Los asaltantes se llevaron documentos relacionados con un curso sobre legislación relativa a los derechos humanos que Kenia Oliva está realizando, y sin embargo dejaron artículos de valor, como la radio del vehículo. El ordenador robado del portaequipajes contenía información confidencial sobre el trabajo de COFADEH.
En noviembre de 2009, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIADH) pidió a las autoridades hondureñas que protegieran a Kenia Oliva, así como a otros 16 miembros de COFADEH y a sus familias inmediatas. Esta orden no se ha cumplido de manera efectiva, lo que pone a Kenia Oliva y los otros 16 miembros de COFADEH en peligro.
ESCRIBAN INMEDIATAMENTE, en español o en su propio idioma:
. Pidiendo que se lleve a cabo una investigación independiente, exhaustiva e imparcial sobre el robo, perpetrado el 21 de julio, de los documentos y el ordenador portátil del auto de Kenia Oliva, que se hagan públicos sus resultados y que los responsables comparezcan ante la justicia;
. Instando a las autoridades a tomar medidas inmediatas para cumplir plenamente la orden de la CIADH de brindar protección adecuada a Kenia Oliva, los otros 16 empleados de COFADEH y sus familias inmediatas, de acuerdo con la petición formulada por la CIADH el 17 de noviembre de 2009;
. Recordando a las autoridades que los defensores y defensoras de los derechos humanos tienen derecho a llevar a cabo sus actividades sin restricciones injustas ni temor a represalias, conforme establece la Declaración de la ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2010 A:
Sr. Porfirio Lobo Sosa
Presidente de la República
Casa Presidencial
Boulevard Juan Pablo Segundo
Palacio José Cecilio del Valle
Tegucigalpa, Honduras
Fax: + 504 239 3298
Tratamiento: Dear President / Sr. Presidente
Sr. Luis Alberto Rubí
Fiscal General de la República
Lomas del Guijarro, Avenida República Dominicana
Edificio Lomas Plaza II
Tegucigalpa, Honduras
Fax: + 504 221 5667
Tratamiento: Dear Attorney General / Sr. Fiscal General
Y copia a:
ONG
Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH)
Barrio La Plazuela, Avenida Cervantes, Casa No. 1301
Apartado Postal 1243
Tegucigalpa, HONDURAS
Fax:+504 220 5280 (digan: "tono de fax por favor")
Envíen también copia a la representación diplomática de Honduras acreditada en su país. Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha antes indicada.
El automóvil de una abogada hondureña de derechos humanos ha sido asaltado, y los asaltantes han registrado sus documentos y han robado un ordenador portátil.
Amnistía Internacional cree que este asalto se ha debido al trabajo de derechos humanos de la abogada, y teme que ésta pueda correr peligro.
El 21 de julio, Kenia Oliva Cardona, abogada de la organización de derechos humanos Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) vio que su automóvil había sido asaltado, y que los asaltantes habían registrado los documentos que había en él y se habían llevado algunos de ellos, y habían robado un ordenador portátil que estaba en el portaequipajes. Kenia Oliva había dejado su auto aparcado a unos 100 metros de las oficinas de la fiscalía en la capital, Tegucigalpa, mientras pasaba dos horas en el interior del edificio, examinando los progresos de varios casos de abusos contra los derechos humanos presentados por COFADEH. En muchos de los casos en los que COFADEH ha presentado denuncias oficiales se acusa a las fuerzas de seguridad del Estado de implicación en los abusos contra los derechos humanos.
Al examinar su auto, Kenia Oliva descubrió que habían roto una ventanilla para poder abrirlo desde el interior, y que habían registrado todos los compartimentos del vehículo y habían abierto el portaequipajes. Los asaltantes se llevaron documentos relacionados con un curso sobre legislación relativa a los derechos humanos que Kenia Oliva está realizando, y sin embargo dejaron artículos de valor, como la radio del vehículo. El ordenador robado del portaequipajes contenía información confidencial sobre el trabajo de COFADEH.
En noviembre de 2009, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIADH) pidió a las autoridades hondureñas que protegieran a Kenia Oliva, así como a otros 16 miembros de COFADEH y a sus familias inmediatas. Esta orden no se ha cumplido de manera efectiva, lo que pone a Kenia Oliva y los otros 16 miembros de COFADEH en peligro.
ESCRIBAN INMEDIATAMENTE, en español o en su propio idioma:
. Pidiendo que se lleve a cabo una investigación independiente, exhaustiva e imparcial sobre el robo, perpetrado el 21 de julio, de los documentos y el ordenador portátil del auto de Kenia Oliva, que se hagan públicos sus resultados y que los responsables comparezcan ante la justicia;
. Instando a las autoridades a tomar medidas inmediatas para cumplir plenamente la orden de la CIADH de brindar protección adecuada a Kenia Oliva, los otros 16 empleados de COFADEH y sus familias inmediatas, de acuerdo con la petición formulada por la CIADH el 17 de noviembre de 2009;
. Recordando a las autoridades que los defensores y defensoras de los derechos humanos tienen derecho a llevar a cabo sus actividades sin restricciones injustas ni temor a represalias, conforme establece la Declaración de la ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2010 A:
Sr. Porfirio Lobo Sosa
Presidente de la República
Casa Presidencial
Boulevard Juan Pablo Segundo
Palacio José Cecilio del Valle
Tegucigalpa, Honduras
Fax: + 504 239 3298
Tratamiento: Dear President / Sr. Presidente
Sr. Luis Alberto Rubí
Fiscal General de la República
Lomas del Guijarro, Avenida República Dominicana
Edificio Lomas Plaza II
Tegucigalpa, Honduras
Fax: + 504 221 5667
Tratamiento: Dear Attorney General / Sr. Fiscal General
Y copia a:
ONG
Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH)
Barrio La Plazuela, Avenida Cervantes, Casa No. 1301
Apartado Postal 1243
Tegucigalpa, HONDURAS
Fax:+504 220 5280 (digan: "tono de fax por favor")
Envíen también copia a la representación diplomática de Honduras acreditada en su país. Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha antes indicada.
Poner fin a juicios contra Zelaya y cese a la impunidad por las violaciones a los derechos humanos recomienda Comisión de Alto Nivel de la OEA
Red Morazánica de Información
Tegucigalpa. 30 julio 2010. La Comisión de Alto Nivel de la Organización de los Estados Americanos (CAN -OEA), constituida para Honduras, “estima conveniente poner fin a los juicios iniciados durante el régimen de facto contra el ex Presidente Zelaya y sus colaboradores”, de acuerdo a las leyes hondureñas,
Las acusaciones contra el presidente defenestrado, Manuel Zelaya, son “percibidas” por la Comisión, como “políticamente motivadas”, según el informe presentado por el Secretario General, José Miguel Insulza, hoy, 30 de julio como se habia previsto.
En vista de que, los dos procesos pendientes en contra de Zelaya, si bien corresponden a “hechos ocurridos con mucha anterioridad” al Golpe de Estado, “sólo fueron formalizados, hasta después” de que éste ocurriera.
Los procesos y la acción de la Fiscalía “recién fueron formalizados”, después de derrocado Zelaya como mandatario del país, “al mismo tiempo” que se le acusaba de traición a la patria, abuso de autoridad y otras, “en medio del clima político negativo que produjo el golpe de Estado”, explica la Comisión.
“Es evidente que en el momento de iniciarse los juicios se vivía una situación de ruptura constitucional”, la que no se puede ignorar. Por ello, esas acusaciones son percibidas como políticamente motivadas”, declara la Comisión de Alto Nivel de la OEA para Honduras.
La CAN-OEA, recomienda que “se ponga en práctica”, al reingresar Zelaya a su país, la disposición manifiesta por el titular del régimen, Porfirio Lobo, para proteger el derecho de retorno de Zelaya.
La Comisión sugiere que Zelaya, debería solicitar a la Junta Directiva del Parlamento Centroamericano (Parlacen) su incorporación a ese organismo, lo que le reconocería su carácter de presidente constitucional de Honduras, anterior a Porfirio Lobo.
La CAN-OEA, reconoce las medidas positivas informadas por la Ministra Asesora en Derechos Humanos y la Fiscal Especial de Derechos Humanos; así como también, la presencia de un asesor externo para investigar los crímenes contra periodistas y defensores de derechos humanos.
Sin embargo, la Comisión, exhorta a Lobo, a cumplir acciones concretas ya antes recomendadas por la CIDH, tal como el esclarecimiento de los asesinatos de varias personas, entre ellas periodistas y defensores y defensoras de derechos humanos.
Además, el régimen debe poner fin a las amenazas y hostigamientos contra defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales, maestros y miembros del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), y jueces que se oponen al golpe de Estado.
Para ello, es necesario evitar cualquier impedimento u hostilidad hacia ellos, especialmente hacia los opositores al Gobierno actual, cuya seguridad y protección debe ser garantizada por la autoridad.
Se pide al régimen que dote a la Comisión Interinstitucional de Derechos Humanos de Honduras, de los recursos humanos y materiales necesarios para efectiva la garantía de los derechos humanos del pueblo hondureño, y el cumplimiento de las medidas cautelares de la CIDH, para proteger la vida y la integridad de numerosas personas en riesgo.
Cesar la impunidad por las violaciones a los derechos humanos, incluidas las verificadas por la CIDH y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU.
La Comisión valoró bien que el régimen de Lobo haya creado una Unidad de Investigaciones de Violaciones a Derechos Humanos en la Fiscalía Especial pertinente; y otros órganos estatales de derechos humanos. Así como las “solicitudes de colaboración formuladas a los Gobiernos de Colombia y Estados Unidos” para investigar violaciones a los derechos humanos.
Del mismo modo que, la deposición de Lobo para convocar a un diálogo nacional entre todos los sectores políticos, para discutir temas que sean del interés de todas las partes, a fin de llegar a una reconciliación en Honduras.
La Comisión considera que toda la sociedad hondureña debe colaborar con la Comisión oficialista de la Verdad y de Reconciliación, para determinar lo ocurrido el 28 de junio de 2009.
Con ese propósito, debe evitar cualquier impedimento u hostilidad, en “especial hacia los opositores al Gobierno actual, cuya seguridad y protección debe ser garantizada por la autoridad”, indica.
El informe deberá ser considerado por la Asamblea General para decidir sobre Honduras, de conformidad con la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana, según establece el Informe de la CAN-OEA.
El Secretario General, José Miguel Insulza, en cumplimiento del mandato de los Cancilleres reunidos en Lima, en junio pasado, presentó a la Asamblea General, el informe referido a la situación de Honduras, a través de la presidenta del Consejo Permanente, María Isabel Salvador.
Tegucigalpa. 30 julio 2010. La Comisión de Alto Nivel de la Organización de los Estados Americanos (CAN -OEA), constituida para Honduras, “estima conveniente poner fin a los juicios iniciados durante el régimen de facto contra el ex Presidente Zelaya y sus colaboradores”, de acuerdo a las leyes hondureñas,
Las acusaciones contra el presidente defenestrado, Manuel Zelaya, son “percibidas” por la Comisión, como “políticamente motivadas”, según el informe presentado por el Secretario General, José Miguel Insulza, hoy, 30 de julio como se habia previsto.
En vista de que, los dos procesos pendientes en contra de Zelaya, si bien corresponden a “hechos ocurridos con mucha anterioridad” al Golpe de Estado, “sólo fueron formalizados, hasta después” de que éste ocurriera.
Los procesos y la acción de la Fiscalía “recién fueron formalizados”, después de derrocado Zelaya como mandatario del país, “al mismo tiempo” que se le acusaba de traición a la patria, abuso de autoridad y otras, “en medio del clima político negativo que produjo el golpe de Estado”, explica la Comisión.
“Es evidente que en el momento de iniciarse los juicios se vivía una situación de ruptura constitucional”, la que no se puede ignorar. Por ello, esas acusaciones son percibidas como políticamente motivadas”, declara la Comisión de Alto Nivel de la OEA para Honduras.
La CAN-OEA, recomienda que “se ponga en práctica”, al reingresar Zelaya a su país, la disposición manifiesta por el titular del régimen, Porfirio Lobo, para proteger el derecho de retorno de Zelaya.
La Comisión sugiere que Zelaya, debería solicitar a la Junta Directiva del Parlamento Centroamericano (Parlacen) su incorporación a ese organismo, lo que le reconocería su carácter de presidente constitucional de Honduras, anterior a Porfirio Lobo.
La CAN-OEA, reconoce las medidas positivas informadas por la Ministra Asesora en Derechos Humanos y la Fiscal Especial de Derechos Humanos; así como también, la presencia de un asesor externo para investigar los crímenes contra periodistas y defensores de derechos humanos.
Sin embargo, la Comisión, exhorta a Lobo, a cumplir acciones concretas ya antes recomendadas por la CIDH, tal como el esclarecimiento de los asesinatos de varias personas, entre ellas periodistas y defensores y defensoras de derechos humanos.
Además, el régimen debe poner fin a las amenazas y hostigamientos contra defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales, maestros y miembros del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), y jueces que se oponen al golpe de Estado.
Para ello, es necesario evitar cualquier impedimento u hostilidad hacia ellos, especialmente hacia los opositores al Gobierno actual, cuya seguridad y protección debe ser garantizada por la autoridad.
Se pide al régimen que dote a la Comisión Interinstitucional de Derechos Humanos de Honduras, de los recursos humanos y materiales necesarios para efectiva la garantía de los derechos humanos del pueblo hondureño, y el cumplimiento de las medidas cautelares de la CIDH, para proteger la vida y la integridad de numerosas personas en riesgo.
Cesar la impunidad por las violaciones a los derechos humanos, incluidas las verificadas por la CIDH y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU.
La Comisión valoró bien que el régimen de Lobo haya creado una Unidad de Investigaciones de Violaciones a Derechos Humanos en la Fiscalía Especial pertinente; y otros órganos estatales de derechos humanos. Así como las “solicitudes de colaboración formuladas a los Gobiernos de Colombia y Estados Unidos” para investigar violaciones a los derechos humanos.
Del mismo modo que, la deposición de Lobo para convocar a un diálogo nacional entre todos los sectores políticos, para discutir temas que sean del interés de todas las partes, a fin de llegar a una reconciliación en Honduras.
La Comisión considera que toda la sociedad hondureña debe colaborar con la Comisión oficialista de la Verdad y de Reconciliación, para determinar lo ocurrido el 28 de junio de 2009.
Con ese propósito, debe evitar cualquier impedimento u hostilidad, en “especial hacia los opositores al Gobierno actual, cuya seguridad y protección debe ser garantizada por la autoridad”, indica.
El informe deberá ser considerado por la Asamblea General para decidir sobre Honduras, de conformidad con la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana, según establece el Informe de la CAN-OEA.
El Secretario General, José Miguel Insulza, en cumplimiento del mandato de los Cancilleres reunidos en Lima, en junio pasado, presentó a la Asamblea General, el informe referido a la situación de Honduras, a través de la presidenta del Consejo Permanente, María Isabel Salvador.
Justicia española ordena la búsqueda y captura internacional de tres asesinos militares norteamericanos
El juez de la Audiencia Nacional decide atender el último recurso de la familia y solicita al CGPJ viaja a Irak en otoño.
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha lanzado una orden de busca y captura contra los tres militares estadounidenses imputados en el caso Couso.
Se trata de los tres militares que participaron en el tiroteo contra el Hotel Palestina en abril de 2003 causando la muerte del cámara de Telecinco, José Couso. Estos son, según el Auto, la persona que dio la orden directa de disparar, el Teniente Coronel Philip de Camp; el Capitán Philip Wolford, al mando de la Unidad de Blindados de la Compañía; y el Sargento Thomas Gibson, que fue quien efectuó los disparos.
EEUU no se lo va a poner fácil una vez más a la Audiencia Nacional. Según el auto, se ofreció a "recibir declaración a los mismos, brindándoles incluso la posibilidad de que la comisión judicial se desplazara al EEUU a estos efectos, sin que las autoridades de dicho país hayan cooperado al efecto".
La orden implicaría su "ingreso en prisión a efectos de extradición" y llega después de que el Tribunal Supremo reabriera el caso a principios de julio.
Pedraz ha decidido estimar el recurso de las familias al entender que los hechos podrían ser constitutivos de crímenes de guerra. Asimismo, ha solicitado autorización al Consejo General del Poder Judicial para desplazarse a Irak entre octubre y noviembre y realizar un análisis ocular de la zona del asesinato.
La semana pasada, el Supremo destacó que el el impacto del proyectil contra el Palestina merecía "indiciariamente" enmarcarse en los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado (crimen de guerra) y en las normas del Derecho Internacional Humanitario, cuyo fin "no es poner fin a las guerras sino limitar la barbarie de los conflictos armados".
Para el alto tribunal, la Audiencia Nacional, al acordar el sobreseimiento libre de las actuaciones, "anticipó una sentencia absolutoria" de forma "prematura", porque no se habían agotado las diligencias de instrucción.
Varios antecedentes
Se trata de un nuevo paso, después de siete años de lucha para la familia del cámara. Aunque no es la primera vez que se ordena búsqueda y captura contra los militares. El 19 de octubre de 2005 Pedraz dictó una orden de detención internacional contra los tres militares, que fue recurrida al día siguiente por el fiscal Rubira, aunque el recurso fue rechazado.
Dos años después, el 16 de enero de 2007, Pedraz volvió a ordenar la busca y captura y detención internacional, a efectos de extradición, de los tres militares.
Fuente: www.publico.es
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha lanzado una orden de busca y captura contra los tres militares estadounidenses imputados en el caso Couso.
Se trata de los tres militares que participaron en el tiroteo contra el Hotel Palestina en abril de 2003 causando la muerte del cámara de Telecinco, José Couso. Estos son, según el Auto, la persona que dio la orden directa de disparar, el Teniente Coronel Philip de Camp; el Capitán Philip Wolford, al mando de la Unidad de Blindados de la Compañía; y el Sargento Thomas Gibson, que fue quien efectuó los disparos.
EEUU no se lo va a poner fácil una vez más a la Audiencia Nacional. Según el auto, se ofreció a "recibir declaración a los mismos, brindándoles incluso la posibilidad de que la comisión judicial se desplazara al EEUU a estos efectos, sin que las autoridades de dicho país hayan cooperado al efecto".
La orden implicaría su "ingreso en prisión a efectos de extradición" y llega después de que el Tribunal Supremo reabriera el caso a principios de julio.
Pedraz ha decidido estimar el recurso de las familias al entender que los hechos podrían ser constitutivos de crímenes de guerra. Asimismo, ha solicitado autorización al Consejo General del Poder Judicial para desplazarse a Irak entre octubre y noviembre y realizar un análisis ocular de la zona del asesinato.
La semana pasada, el Supremo destacó que el el impacto del proyectil contra el Palestina merecía "indiciariamente" enmarcarse en los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado (crimen de guerra) y en las normas del Derecho Internacional Humanitario, cuyo fin "no es poner fin a las guerras sino limitar la barbarie de los conflictos armados".
Para el alto tribunal, la Audiencia Nacional, al acordar el sobreseimiento libre de las actuaciones, "anticipó una sentencia absolutoria" de forma "prematura", porque no se habían agotado las diligencias de instrucción.
Varios antecedentes
Se trata de un nuevo paso, después de siete años de lucha para la familia del cámara. Aunque no es la primera vez que se ordena búsqueda y captura contra los militares. El 19 de octubre de 2005 Pedraz dictó una orden de detención internacional contra los tres militares, que fue recurrida al día siguiente por el fiscal Rubira, aunque el recurso fue rechazado.
Dos años después, el 16 de enero de 2007, Pedraz volvió a ordenar la busca y captura y detención internacional, a efectos de extradición, de los tres militares.
Fuente: www.publico.es
Los ticos empiezan a sentir miedo
Paolo Lüers / jueves, julio 15, 2010
Los ticos empiezan a sentir miedo. No el miedo concreto como lo sentimos en El Salvador que en cualquier momento algo terrible nos puede pasar. Los ticos empiezan a tener miedo de que se termine su privilegio de vivir sin miedo.
Y tienen razón. Aunque Costa Rica, en comparación con las cifras de homicidios, secuestros y extorsiones en Honduras, Guatemala y El Salvador, parece un paraíso, la violencia va en aumento. Cuantitativa y cualitativamente. Las estadísticas del horror que vivimos nosotros no pueden ser parámetro para otros países. Nosotros ya rompimos todos los estándares, sobrepasamos todos los límites.
Costa Rica tiene toda la razón de discutir --ahora y con urgencia-- los mismos temas y las mismas medidas que nosotros estamos discutiendo 10 años tarde: control de armas, leyes anti-mafia, revisión de las leyes para delincuentes menores, previsión y represión, etc. Viendo lo que pasa a sus vecinos en el triángulo norte de Centroamérica, sería una falacia que los costarricenses no trataran de actuar a tiempo, antes de que el crimen sobrepase las posibilidades del Estado a responder.
A veces hay que salir y hablar con los vecinos para entender bien su propia situación. Escuchando cómo la gente en Costa Rica se preocupa porque en un fin de semana ha habido 3 homicidios, uno toma conciencia de lo absurdo que estamos viviendo en El Salvador, donde nos alegramos cuando hay un día con menos de 10 homicidios. En Costa Rica sonaron las campanas de alarma, cuando el número de homicidios hizo un salto de 369 a 512. Pero al año, no al mes... Nosotros, en El Salvador, tuvimos 404 homicidios en enero de este año.
Pero este aumento de 37% en un año convirtió el tema de la violencia en el número uno de las preocupaciones de los ciudadanos de Costa Rica. Y están viendo con intensa atención hacia El Salvador. Platicando con amigos o extraños en Costa Rica, un salvadoreño inmediatamente confronta interrogantes sobre: la violencia, las pandillas, las extorsiones, la ineficiencia de la policía, el despliegue del ejército...
Los países son representados por sus grandes marcas. Estados Unidos por Coca Cola y Microsoft; Alemania por BMW y Bayer; España por Real Madrid y Telefónica; Costa Rica por Dos Pinos; México por José Cuervo y los Zetas... y El Salvador por MS y 18, sus marcas de exportación. Nadie en Costa Rica nos dice: "Ahh, usted es de El Salvador, la tierra de Adoc e Hilasal..." Todos dicen: "Ahh, ¡Mara Salvatrucha!"
Que Costa Rica no tiene intención y entusiasmo para integrarse con sus vecinos centroamericanos, es evidente cuando uno traspasa la frontera entre Nicaragua y Costa Rica. Pasar esta frontera en carro es una aventura kafkiana. En sus fronteras y en casi todas sus políticas se manifiesta que los ticos tienen miedo de contagiarse de la pobreza de Nicaragua y de la violencia de El Salvador, Honduras y Guatemala. No quieren integración ni con un presidente de opereta como Daniel Ortega, ni con los conflictos internos de Honduras, ni mucho menos con la Mara Salvatrucha y el Estado fallido de Guatemala.
Es entendible. Pero no es correcto. Así como nosotros tenemos que asumir que la violencia es hecha en casa, made in El Salvador, y no importada de Los Angeles, ni del México de la guerra del narcotráfico, también los ticos estarían equivocados si piensan que el reciente aumento del crimen en su país proviene de sus vecinos violentos en el triángulo norte de Centroamérica.
Cada país tiene su propio caldo de cultivo para su propia violencia. Todos los países del área padecen de la misma enfermedad, pero con síntomas y orígenes diferentes. Hace falta, en cada país y a nivel regional y comparativo, desplegar recursos humanos y económicos para investigar esta enfermedad y proponer soluciones. Es incomprensible que, siendo la violencia el principal problema de la región, ningún país haya puesto a sus mejores investigadores sociales, sicológicos, económicos, jurídicos y criminológicos a analizar las causas y las curas de esta enfermedad.
Fuente: El Diario de Hoy de El Salvador
Los ticos empiezan a sentir miedo. No el miedo concreto como lo sentimos en El Salvador que en cualquier momento algo terrible nos puede pasar. Los ticos empiezan a tener miedo de que se termine su privilegio de vivir sin miedo.
Y tienen razón. Aunque Costa Rica, en comparación con las cifras de homicidios, secuestros y extorsiones en Honduras, Guatemala y El Salvador, parece un paraíso, la violencia va en aumento. Cuantitativa y cualitativamente. Las estadísticas del horror que vivimos nosotros no pueden ser parámetro para otros países. Nosotros ya rompimos todos los estándares, sobrepasamos todos los límites.
Costa Rica tiene toda la razón de discutir --ahora y con urgencia-- los mismos temas y las mismas medidas que nosotros estamos discutiendo 10 años tarde: control de armas, leyes anti-mafia, revisión de las leyes para delincuentes menores, previsión y represión, etc. Viendo lo que pasa a sus vecinos en el triángulo norte de Centroamérica, sería una falacia que los costarricenses no trataran de actuar a tiempo, antes de que el crimen sobrepase las posibilidades del Estado a responder.
A veces hay que salir y hablar con los vecinos para entender bien su propia situación. Escuchando cómo la gente en Costa Rica se preocupa porque en un fin de semana ha habido 3 homicidios, uno toma conciencia de lo absurdo que estamos viviendo en El Salvador, donde nos alegramos cuando hay un día con menos de 10 homicidios. En Costa Rica sonaron las campanas de alarma, cuando el número de homicidios hizo un salto de 369 a 512. Pero al año, no al mes... Nosotros, en El Salvador, tuvimos 404 homicidios en enero de este año.
Pero este aumento de 37% en un año convirtió el tema de la violencia en el número uno de las preocupaciones de los ciudadanos de Costa Rica. Y están viendo con intensa atención hacia El Salvador. Platicando con amigos o extraños en Costa Rica, un salvadoreño inmediatamente confronta interrogantes sobre: la violencia, las pandillas, las extorsiones, la ineficiencia de la policía, el despliegue del ejército...
Los países son representados por sus grandes marcas. Estados Unidos por Coca Cola y Microsoft; Alemania por BMW y Bayer; España por Real Madrid y Telefónica; Costa Rica por Dos Pinos; México por José Cuervo y los Zetas... y El Salvador por MS y 18, sus marcas de exportación. Nadie en Costa Rica nos dice: "Ahh, usted es de El Salvador, la tierra de Adoc e Hilasal..." Todos dicen: "Ahh, ¡Mara Salvatrucha!"
Que Costa Rica no tiene intención y entusiasmo para integrarse con sus vecinos centroamericanos, es evidente cuando uno traspasa la frontera entre Nicaragua y Costa Rica. Pasar esta frontera en carro es una aventura kafkiana. En sus fronteras y en casi todas sus políticas se manifiesta que los ticos tienen miedo de contagiarse de la pobreza de Nicaragua y de la violencia de El Salvador, Honduras y Guatemala. No quieren integración ni con un presidente de opereta como Daniel Ortega, ni con los conflictos internos de Honduras, ni mucho menos con la Mara Salvatrucha y el Estado fallido de Guatemala.
Es entendible. Pero no es correcto. Así como nosotros tenemos que asumir que la violencia es hecha en casa, made in El Salvador, y no importada de Los Angeles, ni del México de la guerra del narcotráfico, también los ticos estarían equivocados si piensan que el reciente aumento del crimen en su país proviene de sus vecinos violentos en el triángulo norte de Centroamérica.
Cada país tiene su propio caldo de cultivo para su propia violencia. Todos los países del área padecen de la misma enfermedad, pero con síntomas y orígenes diferentes. Hace falta, en cada país y a nivel regional y comparativo, desplegar recursos humanos y económicos para investigar esta enfermedad y proponer soluciones. Es incomprensible que, siendo la violencia el principal problema de la región, ningún país haya puesto a sus mejores investigadores sociales, sicológicos, económicos, jurídicos y criminológicos a analizar las causas y las curas de esta enfermedad.
Fuente: El Diario de Hoy de El Salvador
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