Desde el golpe de Estado, varios organismos internacionales han manifestado su preocupación por la falta de independencia judicial en Honduras.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció los actos de hostigamiento contra jueces y juezas que se opusieron al golpe de Estado, particularmente contra los jueces miembros de la Asociación de Jueces por la Democracia.
La Comisión de Alto Nivel de la OEA le recomendó al Estado hondureño adoptar todas las medidas necesarias para poner fin a las amenazas y hostigamientos contra los jueces y juezas que participaron en actividades contra el golpe de Estado.
Pese a estas manifestaciones de preocupación, la Corte Suprema continuó con el libreto de ser un autor fundamental en la defensa del golpe de Estado y en el encubrimiento de la impunidad. En vez de acatar las recomendaciones de estos organismos, la Corte Suprema separó de sus cargos a los jueces Guillermo López Lone, Ramón Enrique Barrios, Luis Alonso Chévez de la Rocha, y a la Magistrada Tirza Flores Lanza.
Para la Comisión Interamericana, las causas que motivaron esta decisión están vinculadas indudablemente a la participación de estos jueces en diferentes espacios contra el rompimiento del orden constitucional, por lo que consideró inaceptable que estos funcionarios encargados de administrar justicia hayan sido acusados y despedidos por su defensa de la democracia.
La posición de la Corte Suprema hondureña es un fiel reflejo de las actitudes dictatoriales del gobierno de Fujimori en Perú, quien en una situación similar destituyó a los magistrados del Tribunal Constitucional porque éstos se oponían a las medidas represivas y violatorias de la Constitución por parte de su gobierno.
Los magistrados peruanos denunciaron al Estado de Perú ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y lograron una sentencia histórica gracias a la cual fueron reintegrados en sus puestos.
Con estos antecedentes, los jueces hondureños despedidos también presentaron una denuncia internacional contra el Estado de Honduras y es indudable que no sólo lograrán su reintegro, sino también evidenciarán una vez más ante la comunidad internacional que la Corte Suprema de Justicia es el máximo responsable de la impunidad en el país y los magistrados y magistradas que los despidieron, tendrán que tragarse la prepotencia de creerse por encima de la ley y la justicia.
martes, 28 de septiembre de 2010
Corte Suprema de Justicia de Honduras desafía a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
San José y San Pedro Sula, 27 de septiembre de 2010
El pasado 23 de septiembre se hizo efectivo el despido arbitrario e ilegal del juez Luis Alonso Chévez de la Rocha, en virtud del nombramiento de su sustituto por parte de la Corte Suprema de Justicia de Honduras.
El juez Chévez forma parte del grupo de cuatro jueces hondureños que fueron despedidos injustamente por haber realizado distintas acciones y haberse expresado en contra del golpe de Estado que ocurrió en Honduras el 28 de junio de 2009.
El pasado 5 de mayo la Corte Suprema de Justicia de Honduras, por una votación de 10 magistrados a favor y 5 magistrados en contra, resolvió despedir a los jueces Guillermo López Lone, Ramón Enrique Barrios, Luis Alonso Chévez de la Rocha, y la Magistrada Tirza Flores Lanza. De esta manera se dio un nuevo golpe a la independencia judicial y al Estado de Derecho en ese país.
Por tales hechos, el 5 de julio pasado, la Asociación de Jueces por la Democracia de Honduras (AJD) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) presentaron una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que alegaron la violación de distintos derechos humanos contenidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos..
El 20 de agosto la Comisión Interamericana trasladó la petición al Estado de Honduras y le otorgó dos meses para dar sus explicaciones sobre los hechos denunciados. Así, la decisión de materializar el despido del juez Luis Alonso Chévez de la Rocha ocurre mientras el órgano de protección de derechos humanos del continente le está pidiendo cuentas al Estado hondureño sobre las actuaciones de la Corte Suprema de Justicia.
La Corte Suprema de Justicia desafía a todas sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos e irrespeta las recomendaciones dadas el 29 de julio anterior por la Relatora Especial sobre la independencia de Magistrados y Abogados, Sra. Gabriela Knaul, el Relator Especial sobre la libertad de opinión y expresión, Sr. Frank La Rue, y la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Sra. Margaret Sekaggya, quienes señalaron en un comunicado conjunto su deseo para que “este conflicto se pueda resolver de manera positiva y conforme a los estándares internacional en la materia”.
Para los relatores independientes “Resulta necesario avanzar en la consolidación de la independencia judicial en Honduras, garantía de la democracia y del Estado de Derecho”. De igual manera, después de su visita a Honduras en mayo pasado, la CIDH señaló que “Es inaceptable que las personas encargadas de administrar justicia que se opusieron al quiebre democrático, estén siendo acusadas y despedidas por la defensa de la democracia. La CIDH hace un llamado urgente a que se revierta esta situación que afecta seriamente el estado de Derecho.”
La AJD y CEJIL esperan que el Estado de Honduras cumpla sus obligaciones internacionales de respeto y garantía de derechos humanos y se abstenga de continuar agraviando los derechos y la dignidad de los jueces despedidos, asimismo se exhorta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que, una vez realizado el proceso correspondiente, determine en el menor plazo posible, la responsabilidad internacional del Estado hondureño por las violaciones de derechos humanos antes mencionadas.
Para más información contactar a:
Guillermo López Lone: + (504) 9986-6565
Marcia Aguiluz: + (506) 2280 7473
Enlaces relacionados:
Despido de jueces en Honduras envía mensaje intimidatorio al Poder Judicial, advierten expertos de la ONU.
http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=10235&LangID=S
CIDH expresa preocupación por violaciones de derechos humanos en Honduras. http://www.cidh.oas.org/Comunicados/Spanish/2010/54-10sp.htm
CEJIL condena despido de jueces críticos del golpe en Honduras.
http://cejil.org/comunicados/cejil-condena-despido-de-jueces-criticos-del-golpe-en-honduras
Jueces despedidos en Honduras se declaran en huelga de hambre.
http://cejil.org/comunicados/jueces-despedidos-en-honduras-se-declaran-en-huelga-de-hambre
El pasado 23 de septiembre se hizo efectivo el despido arbitrario e ilegal del juez Luis Alonso Chévez de la Rocha, en virtud del nombramiento de su sustituto por parte de la Corte Suprema de Justicia de Honduras.
El juez Chévez forma parte del grupo de cuatro jueces hondureños que fueron despedidos injustamente por haber realizado distintas acciones y haberse expresado en contra del golpe de Estado que ocurrió en Honduras el 28 de junio de 2009.
El pasado 5 de mayo la Corte Suprema de Justicia de Honduras, por una votación de 10 magistrados a favor y 5 magistrados en contra, resolvió despedir a los jueces Guillermo López Lone, Ramón Enrique Barrios, Luis Alonso Chévez de la Rocha, y la Magistrada Tirza Flores Lanza. De esta manera se dio un nuevo golpe a la independencia judicial y al Estado de Derecho en ese país.
Por tales hechos, el 5 de julio pasado, la Asociación de Jueces por la Democracia de Honduras (AJD) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) presentaron una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que alegaron la violación de distintos derechos humanos contenidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos..
El 20 de agosto la Comisión Interamericana trasladó la petición al Estado de Honduras y le otorgó dos meses para dar sus explicaciones sobre los hechos denunciados. Así, la decisión de materializar el despido del juez Luis Alonso Chévez de la Rocha ocurre mientras el órgano de protección de derechos humanos del continente le está pidiendo cuentas al Estado hondureño sobre las actuaciones de la Corte Suprema de Justicia.
La Corte Suprema de Justicia desafía a todas sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos e irrespeta las recomendaciones dadas el 29 de julio anterior por la Relatora Especial sobre la independencia de Magistrados y Abogados, Sra. Gabriela Knaul, el Relator Especial sobre la libertad de opinión y expresión, Sr. Frank La Rue, y la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Sra. Margaret Sekaggya, quienes señalaron en un comunicado conjunto su deseo para que “este conflicto se pueda resolver de manera positiva y conforme a los estándares internacional en la materia”.
Para los relatores independientes “Resulta necesario avanzar en la consolidación de la independencia judicial en Honduras, garantía de la democracia y del Estado de Derecho”. De igual manera, después de su visita a Honduras en mayo pasado, la CIDH señaló que “Es inaceptable que las personas encargadas de administrar justicia que se opusieron al quiebre democrático, estén siendo acusadas y despedidas por la defensa de la democracia. La CIDH hace un llamado urgente a que se revierta esta situación que afecta seriamente el estado de Derecho.”
La AJD y CEJIL esperan que el Estado de Honduras cumpla sus obligaciones internacionales de respeto y garantía de derechos humanos y se abstenga de continuar agraviando los derechos y la dignidad de los jueces despedidos, asimismo se exhorta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que, una vez realizado el proceso correspondiente, determine en el menor plazo posible, la responsabilidad internacional del Estado hondureño por las violaciones de derechos humanos antes mencionadas.
Para más información contactar a:
Guillermo López Lone: + (504) 9986-6565
Marcia Aguiluz: + (506) 2280 7473
Enlaces relacionados:
Despido de jueces en Honduras envía mensaje intimidatorio al Poder Judicial, advierten expertos de la ONU.
http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=10235&LangID=S
CIDH expresa preocupación por violaciones de derechos humanos en Honduras. http://www.cidh.oas.org/Comunicados/Spanish/2010/54-10sp.htm
CEJIL condena despido de jueces críticos del golpe en Honduras.
http://cejil.org/comunicados/cejil-condena-despido-de-jueces-criticos-del-golpe-en-honduras
Jueces despedidos en Honduras se declaran en huelga de hambre.
http://cejil.org/comunicados/jueces-despedidos-en-honduras-se-declaran-en-huelga-de-hambre
viernes, 24 de septiembre de 2010
Grupo Estratégico EPU-Honduras incide ante las Naciones Unidas
Numerosas organizaciones nacionales de derechos humanos han conformado el Grupo Estratégico EPU-Honduras, alianza que busca informar al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDH) sobre la situación de derechos humanos (DDHH) en el país e incidir en la adopción de recomendaciones internacionales que permitan mejorarla.
El Grupo Estratégico EPU-Honduras nace en el marco del Examen Periódico Universal (EPU), un proceso de examen único y novedoso del sistema de Naciones Unidas que evalúa a los Estados en el respeto y cumplimiento de sus obligaciones internacionales de acuerdo al derecho internacional de los DDHH.
Desde el mes de abril del presente año, el Grupo Estratégico EPU-Honduras, ha presentado insumos sobre los principales problemas en materia de derechos humanos de los últimos cuatro años y, en la actualidad, está realizando un esfuerzo conjunto informando a la CDH sobre los mismos, para que éstos brinden recomendaciones que propicien una mejora de los estándares de DDHH en el país.
El Estado de Honduras será evaluado por primera vez el próximo 4 de noviembre por la CDH en Ginebra, Suiza. En este proceso, el Grupo Estratégico EPU-Honduras participará previamente brindando información, formulando preguntas y proponiendo recomendaciones a los Estados miembros del CDH sobre diferentes aspectos relacionados con la promoción y protección de los DDHH en Honduras.
El Grupo Estratégico EPU-Honduras, seguirá trabajando con posterioridad a la fecha del examen y se encargará de monitorear que el Estado cumpla efectivamente con las responsabilidades que surjan en el en el seno del CDH.
El Grupo Estratégico EPU-Honduras está conformado por el Centro de Estudios de la Mujer (CEM-H), El Centro de Prevención Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de Tortura y sus Familiares (CPTRT), C-Libre, la Asociación de Jueces por la Democracia, el Centro de Derechos de Mujeres (CDM), la Red Lésbica Cattrachas, el Foro Mujeres por la Vida, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, el Frente de Abogados en Resistencia, el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC-SJ), la Colectiva de Mujeres de Honduras (CODEMUH ), la Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez (COIPRODEN) y la Asociación Arco Iris.
Para obtener más información, comuníquese con:
Anarella Vélez, anarellavelez4@gmail.com (Tegucigalpa) o Tirsa Flores, ajuecesdemocracia@gmail.com (San Pedro Sula)
Enlaces relacionados:
Insumos presentados por sociedad civil para el EPU,
http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session9/HN/A_HRC_WG.6_9_HN
D_3_Honduras.pdf
El Grupo Estratégico EPU-Honduras nace en el marco del Examen Periódico Universal (EPU), un proceso de examen único y novedoso del sistema de Naciones Unidas que evalúa a los Estados en el respeto y cumplimiento de sus obligaciones internacionales de acuerdo al derecho internacional de los DDHH.
Desde el mes de abril del presente año, el Grupo Estratégico EPU-Honduras, ha presentado insumos sobre los principales problemas en materia de derechos humanos de los últimos cuatro años y, en la actualidad, está realizando un esfuerzo conjunto informando a la CDH sobre los mismos, para que éstos brinden recomendaciones que propicien una mejora de los estándares de DDHH en el país.
El Estado de Honduras será evaluado por primera vez el próximo 4 de noviembre por la CDH en Ginebra, Suiza. En este proceso, el Grupo Estratégico EPU-Honduras participará previamente brindando información, formulando preguntas y proponiendo recomendaciones a los Estados miembros del CDH sobre diferentes aspectos relacionados con la promoción y protección de los DDHH en Honduras.
El Grupo Estratégico EPU-Honduras, seguirá trabajando con posterioridad a la fecha del examen y se encargará de monitorear que el Estado cumpla efectivamente con las responsabilidades que surjan en el en el seno del CDH.
El Grupo Estratégico EPU-Honduras está conformado por el Centro de Estudios de la Mujer (CEM-H), El Centro de Prevención Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de Tortura y sus Familiares (CPTRT), C-Libre, la Asociación de Jueces por la Democracia, el Centro de Derechos de Mujeres (CDM), la Red Lésbica Cattrachas, el Foro Mujeres por la Vida, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, el Frente de Abogados en Resistencia, el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC-SJ), la Colectiva de Mujeres de Honduras (CODEMUH ), la Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez (COIPRODEN) y la Asociación Arco Iris.
Para obtener más información, comuníquese con:
Anarella Vélez, anarellavelez4@gmail.com (Tegucigalpa) o Tirsa Flores, ajuecesdemocracia@gmail.com (San Pedro Sula)
Enlaces relacionados:
Insumos presentados por sociedad civil para el EPU,
http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session9/HN/A_HRC_WG.6_9_HN
D_3_Honduras.pdf
martes, 21 de septiembre de 2010
CPTRT: Oponerse a Comisión Internacional Contra Impunidad es ignorar fracaso de fuerzas de seguridad y del sistema jurídico
Red Morazánica de Información
Tegucigalpa. 21 Septiembre 2010. El Centro para la Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT) anunció, este lunes, que quien se opone a una posible comisión internacional contra la impunidad en Honduras, es porque “ignora el fracaso real, demostrable y evidente de las fuerzas de seguridad y aparato jurídico hondureño en la lucha contra la violencia y la impunidad”.
Destaca el CPTRT que en Honduras la impunidad continúa siendo uno de los más graves obstáculos a la construcción de una verdadera democracia participativa.
Ante el aumento de la violencia común y política, el terror, la intolerancia a la oposición y las continuas masacres, “debe abrirse un espacio de discusión popular” sobre la posibilidad de instaurar en Honduras una comisión internacional contra la impunidad, considera el CPTRT.
Cuestiona que en esa impunidad quedan escondidos “los criminales que desde sus posiciones de poder político y económico han saqueado al estado y han politizado al punto de inutilizar a las distintas instancias del sistema de justicia hondureño”, imponiendo su propia “visión de país”.
“Honduras necesita utilizar todas las herramientas de lucha sociales, políticas y jurídicas para defender sus derechos”, por lo que es importante que se discuta la posibilidad de instaurar en Honduras una comisión internacional contra la impunidad.
La Comisión tendría, entre otras funciones, la de verificar la existencia de cuerpos ilegales de seguridad y de aparatos clandestinos de seguridad que violan los derechos humanos fundamentales de las y los hondureños estos grupos ilegales, identificar sus estructuras determinando sus vínculos con funcionarios del Estado, actividades, modos de operar y su financiamiento.
Se encargaría de colaborar con el Estado en desarticular los aparatos clandestinos de seguridad y cuerpos ilegales de seguridad y promover que se investigue, seguimiento penal y sancionar los delitos cometidos por sus integrantes.
Además de recomendar al Estado de Honduras sobre la adopción de políticas públicas y reformas jurídicas e institucionales para erradicar los aparatos clandestinos y cuerpos ilegales de seguridad y prevenir su reaparición.
La comisión tendrá la capacidad de convertirse en investigador y acusador en los procesos determinados como importantes para la lucha contra la impunidad El
El CPTRT cree “válido” que el pueblo de Honduras “aproveche las oportunidades del sistema jurídico internacional” y en base a ello apoya que se instale una comisión internacional contra la impunidad en Honduras.
Tegucigalpa. 21 Septiembre 2010. El Centro para la Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT) anunció, este lunes, que quien se opone a una posible comisión internacional contra la impunidad en Honduras, es porque “ignora el fracaso real, demostrable y evidente de las fuerzas de seguridad y aparato jurídico hondureño en la lucha contra la violencia y la impunidad”.
Destaca el CPTRT que en Honduras la impunidad continúa siendo uno de los más graves obstáculos a la construcción de una verdadera democracia participativa.
Ante el aumento de la violencia común y política, el terror, la intolerancia a la oposición y las continuas masacres, “debe abrirse un espacio de discusión popular” sobre la posibilidad de instaurar en Honduras una comisión internacional contra la impunidad, considera el CPTRT.
Cuestiona que en esa impunidad quedan escondidos “los criminales que desde sus posiciones de poder político y económico han saqueado al estado y han politizado al punto de inutilizar a las distintas instancias del sistema de justicia hondureño”, imponiendo su propia “visión de país”.
“Honduras necesita utilizar todas las herramientas de lucha sociales, políticas y jurídicas para defender sus derechos”, por lo que es importante que se discuta la posibilidad de instaurar en Honduras una comisión internacional contra la impunidad.
La Comisión tendría, entre otras funciones, la de verificar la existencia de cuerpos ilegales de seguridad y de aparatos clandestinos de seguridad que violan los derechos humanos fundamentales de las y los hondureños estos grupos ilegales, identificar sus estructuras determinando sus vínculos con funcionarios del Estado, actividades, modos de operar y su financiamiento.
Se encargaría de colaborar con el Estado en desarticular los aparatos clandestinos de seguridad y cuerpos ilegales de seguridad y promover que se investigue, seguimiento penal y sancionar los delitos cometidos por sus integrantes.
Además de recomendar al Estado de Honduras sobre la adopción de políticas públicas y reformas jurídicas e institucionales para erradicar los aparatos clandestinos y cuerpos ilegales de seguridad y prevenir su reaparición.
La comisión tendrá la capacidad de convertirse en investigador y acusador en los procesos determinados como importantes para la lucha contra la impunidad El
El CPTRT cree “válido” que el pueblo de Honduras “aproveche las oportunidades del sistema jurídico internacional” y en base a ello apoya que se instale una comisión internacional contra la impunidad en Honduras.
Derechos humanos, el talón de Aquiles del régimen hondureño
La semana pasada, el régimen de Lobo Sosa anunció su intención de crear una secretaría de derechos humanos que estaría a cargo de impulsar políticas públicas en la materia.
En otro contexto, esta noticia parecería positiva e insinuaría un compromiso del poder ejecutivo con el respeto y promoción de los derechos humanos.
Pero en el contexto actual, la creación de esta nueva estructura se puede inscribir en la desesperación del régimen de aparentar ante la comunidad internacional que está dando pasos efectivos para luchar contra la impunidad heredada de la dictadura de Micheletti y Romeo Vásquez.
Lo que está claro es que con este anuncio, el régimen de Lobo Sosa está reconociendo que instituciones como el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y el Ministerio Público, no gozan de ninguna credibilidad pues se han convertido en los garantes de la impunidad de los militares, policías y civiles que han cometido graves violaciones a los derechos humanos.
Paradójicamente, mientras Lobo Sosa habla de una secretaría de derechos humanos, continúan los asesinatos selectivos, las represiones violentas contra manifestaciones pacíficas, los atentados contra periodistas y medios de comunicación, los desalojos violentos de campesinos y los hostigamientos y amenazas contra aquellos que queremos una patria más democrática, compartida y solidaria.
Si Lobo Sosa realmente estuviera comprometido con la defensa y garantía de los derechos del pueblo hondureño, antes de crear una secretaría de derechos humanos debería expulsar de su gobierno a todos aquellos que promovieron y ejecutaron el golpe de Estado y que son los responsables de uno de los episodios más sangrientos de la historia de Honduras.
Una vez hecho esto, una secretaría de derechos humanos a cargo de personas de alta calidad moral y técnica podría orientar a su gobierno en la toma de decisiones efectivas para poner fin a las acciones represivas y para lograr que los responsables intelectuales y materiales de estos crímenes, y los funcionarios del sistema de justicia que se confabularon con ellos, sean plenamente identificados y juzgados.
En otro contexto, esta noticia parecería positiva e insinuaría un compromiso del poder ejecutivo con el respeto y promoción de los derechos humanos.
Pero en el contexto actual, la creación de esta nueva estructura se puede inscribir en la desesperación del régimen de aparentar ante la comunidad internacional que está dando pasos efectivos para luchar contra la impunidad heredada de la dictadura de Micheletti y Romeo Vásquez.
Lo que está claro es que con este anuncio, el régimen de Lobo Sosa está reconociendo que instituciones como el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y el Ministerio Público, no gozan de ninguna credibilidad pues se han convertido en los garantes de la impunidad de los militares, policías y civiles que han cometido graves violaciones a los derechos humanos.
Paradójicamente, mientras Lobo Sosa habla de una secretaría de derechos humanos, continúan los asesinatos selectivos, las represiones violentas contra manifestaciones pacíficas, los atentados contra periodistas y medios de comunicación, los desalojos violentos de campesinos y los hostigamientos y amenazas contra aquellos que queremos una patria más democrática, compartida y solidaria.
Si Lobo Sosa realmente estuviera comprometido con la defensa y garantía de los derechos del pueblo hondureño, antes de crear una secretaría de derechos humanos debería expulsar de su gobierno a todos aquellos que promovieron y ejecutaron el golpe de Estado y que son los responsables de uno de los episodios más sangrientos de la historia de Honduras.
Una vez hecho esto, una secretaría de derechos humanos a cargo de personas de alta calidad moral y técnica podría orientar a su gobierno en la toma de decisiones efectivas para poner fin a las acciones represivas y para lograr que los responsables intelectuales y materiales de estos crímenes, y los funcionarios del sistema de justicia que se confabularon con ellos, sean plenamente identificados y juzgados.
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