Los derechos humanos en las sentencias de la Corte Interamericana sobre Honduras

El Estado de Honduras ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos el 5 de septiembre de 1977 y presentó ante la Secretaría General de la OEA el instrumento de reconocimiento de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 9 de septiembre de 1981.

Desde entonces, la CIDH y la Corte IDH han recibido numerosos casos en los que se denuncia al Estado hondureño por violaciones a derechos humanos; de estos, 8 han terminado en sentencias: 1 en la que la responsabilidad del Estado no quedó establecida y 7 en las que se le encontró responsable internacionalmente.

Este libro consta de 10 capítulos desarrollados por especialistas de diferentes países que analizan y reflexionan sobre algunos derechos humanos utilizando como parámetro las sentencias de la Corte IDH sobre Honduras, pero sin limitarse a ellas.

Con esta obra, el ERIC-SJ y Radio Progreso se proponen generar espacios de reflexión y debate sobre la situación de los derechos humanos en el país, particularmente, sobre el acceso a la justicia internacional que se ha activado en los casos que aquí se analizan.

En estos tiempos de profunda arbitrariedad, este trabajo muestra cómo el uso de las herramientas que ofrece el Sistema Interamericano de Derechos Humanos puede contribuir a fortalecer la democracia y el Estado de derecho.

No fue golpe, fue sucesión judicial

Si la destitución de 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional se manejara desde los mismos intereses, hipocresías y aberraciones jurídicas con los que se trató el golpe de Estado de 2009, se estaría hablando de una sucesión judicial y no de un nuevo golpe a otro poder del Estado.

El título de “Nuestra Palabra” sería la consigna que repetiría la clase política-empresarial y sus analistas y periodistas tarifados, y tendríamos que soportar cientos de horas de radio y televisión, así como artículos, reportajes y páginas enteras de los periódicos exaltando que con la sucesión judicial los diputados nos salvaron de 4 magistrados endemoniados y defensores del crimen organizado.

No obstante, los mismos que promovieron y defendieron el golpe de Estado de 2009, ahora condenan este nuevo atentado contra uno de los principios rectores de todo Estado de derecho: La separación de poderes y la independencia judicial.

Desde Radio Progreso y el ERIC también condenamos esta nueva crisis así como lo hicimos con respecto a la del 2009, pero al mismo tiempo denunciamos que la misma sólo refleja que el rompimiento constitucional de hace 3 años nos dejó una institucionalidad colapsada y totalmente fallida, por lo que ya no es posible ni ético defenderla sino que es necesario exigir una nueva institucionalidad.

Resulta categórico que ni siquiera los 4 magistrados destituidos confían en la vieja institucionalidad pues en vez de dirigirse al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, al Ministerio Público o a la propia Corte Suprema de Justicia, decidieron acudir al Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) para denunciar las violaciones a sus derechos.

Pero al mismo tiempo resulta extremadamente cínico que los magistrados denuncien que se les ha violado el derecho a la defensa y a la protección judicial, cuando en el marco del golpe de Estado ellos mismos no tuvieron reparo en abandonar su papel de garantes de la legalidad al tolerar por acción u omisión las graves violaciones de derechos humanos a manos de militares y policías, y se convirtieron en corresponsables de los crímenes del gobierno de facto.

De los 81 recursos de amparo presentados durante el golpe de Estado, la Sala de lo Constitucional sólo resolvió con celeridad y diligencia 2, los presentados a favor del general golpista Romeo Vásquez Velásquez, mientras que los 79 restantes presentados por distintos ciudadanos y organizaciones, se enfrentaron a múltiples dificultades y dilaciones impuestas por los mismos magistrados que se pusieron al servicio de los victimarios.

Esta nueva crisis nos brinda la oportunidad para exigir la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación en lo referente a que se someta a un escrutinio independiente las actuaciones de todas las instituciones del sector justicia frente a las violaciones de derechos humanos durante el golpe de 2009.

En los primeros lugares de corrupción

La Convención Interamericana contra la Corrupción establece que la corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el desarrollo integral de los pueblos.

Cada dólar que consume el latrocinio y que engrosa las cuentas bancarias privadas es un recurso que se despoja a los presupuestos de salud, educación, vivienda, seguridad alimentaria y empleo, lo cual contribuye a la muerte por hambre, por falta de acceso a una vivienda adecuada y agua potable, por desnutrición y enfermedades curables.

En Honduras se estima que el Estado pierde entre 500 y 600 millones de dólares por año en corrupción que podrían invertirse en garantizar unas condiciones que promuevan y faciliten la satisfacción de ciertas necesidades básicas sin las cuales muchas personas no pueden alcanzar los niveles de humanidad necesarias para tener una vida digna.

En este sentido, la incidencia de la pobreza, de la desigualdad y la exclusión social tiene una relación directa con los altos índices de corrupción, lo cual afecta seriamente la institucionalidad democrática, desnaturaliza la democracia y hace ilusoria la participación ciudadana, el acceso a la justicia y el disfrute efectivo de todos los derechos humanos.

Por ello, no es de extrañar que Honduras sea considerado el país más corrupto de Centroamérica, el cuarto más corrupto del continente americano y uno de los más corruptos del mundo, de acuerdo con el informe “Índice de Percepción de la Corrupción 2012” de Transparencia Internacional.

Sumado a lo anterior, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación confirmó que el golpe de Estado no sólo produjo la comisión de graves violaciones a los derechos civiles y políticos, sino también la comisión de graves actos de corrupción que profundizaron la vulnerabilidad de los sectores que más sufren el hambre, la enfermedad, la indigencia, el desempleo y la falta de acceso a la educación básica.

Echando una mirada a las listas de candidatos en las elecciones internas, nos damos cuenta que los corruptos continúan presentándose a cargos de elección popular, y por tanto, así como el general Romeo Vásquez y otros deberían ser considerados inelegibles por sus antecedentes golpistas, también deberían serlo aquellos funcionarios, de facto o no, que aprovechando su condición, cometieron graves actos de corrupción que en la práctica constituyeron una sustracción de los recursos destinados a la satisfacción de las necesidades básicas de la población, particularmente de la más vulnerable.

Un año más de impunidad

Llegamos a fin de año y el panorama con respecto a la impunidad en el país es desolador y la imposición de una supuesta normalidad política y social que comenzó con los acuerdos de Cartagena y el reingreso de Honduras a la OEA, ha sido sellada con el proceso electoral como única vía de arreglo de los conflictos y de cambio social.

Mientras tanto, el país sigue hundiéndose en el fango de la violencia, la corrupción, la impunidad y la vulnerabilidad de los sectores más golpeados de nuestra sociedad, y continúa siendo calificado internacionalmente como un país en una situación altamente delicada.

Así, el Fondo para la Paz ha ubicado a Honduras en el puesto 78 en un listado de 177 países, declarándolo al borde del “Estado fallido” y el Banco Mundial en su último informe “Haciendo negocios” lo ubica en la posición 131 de 183 países, declarándolo “país en riesgo”.

Detrás de estas calificaciones se encuentra una realidad que nos confirma que las estructuras del golpe de Estado y de la violencia estructural siguen intactas.

La criminalidad que asesina a 20 personas diariamente; las más de 80 personas asesinadas a causa del conflicto en el Aguán; la cifra escalofriante de 7400 menores de 23 años ejecutados desde el año 1998; las 278 muertes violentas de niñas y mujeres sólo entre enero y junio de este año; los 33 periodistas y comunicadores asesinados, 9 sólo en el año 2012; y a la aplicación del decreto de amnistía a violadores a derechos humanos.

La elaboración de un presupuesto que privilegia las armas y la violencia de la policía y el ejército en detrimento de la inversión social; los millones de lempiras que engrosan las cuentas bancarias privadas de los corruptos y que despoja a los presupuestos de salud, educación, vivienda, seguridad alimentaria, empleo, condenando a millones de personas a la muerte por hambre, por falta de acceso a una vivienda adecuada y agua potable, por desnutrición y enfermedades curables.

Es cuestión de vida o muerte romper con esta cultura de impunidad que nos consume y construir alianzas basadas en la honestidad y el bien común que nos lleven a las organizaciones comunitarias, populares, campesinas, defensoras de derechos humanos, étnicas, de género y juveniles a iniciar un camino que conduzca hacia la construcción de un país más justo y más compartido.

La democracia como derecho humano

La democracia es un derecho humano de naturaleza colectiva y procesal en el que los derechos políticos juegan un papel esencial para asegurar la participación de todos los miembros de la sociedad.

En el marco de los derechos políticos los ciudadanos y ciudadanas tenemos el derecho al ejercicio directo del poder y el derecho a elegir a quienes deben ejercerlo, y a que éstos terminen su mandato.

Ambos aspectos suponen una concepción amplia de la democracia representativa que descansa en la soberanía del pueblo, en la que las funciones a través de las cuales se ejerce el poder son desempeñadas por personas escogidas en elecciones libres y auténticas.

En ese sentido, los derechos a elegir y ser electo representan la expresión de las dimensiones individual y social de la participación política. La primera supone que los ciudadanos pueden postularse como candidatos en condiciones de igualdad y que puedan ocupar los cargos públicos sujetos a elección si logran obtener la necesaria cantidad de votos para ello.

Y la segunda implica que los ciudadanos pueden elegir libremente y en condiciones de igualdad a quienes lo representarán a través del voto. Por tanto, formar parte del gobierno y participar en elecciones genuinas, libres y mediante el voto secreto, es un derecho fundamental para la salvaguardia de todos los derechos humanos.

Sólo un gobierno surgido de la legítima voluntad popular, expresada en elecciones libres, puede proporcionar la más sólida garantía de que los derechos humanos sean observados y protegidos.

Por ello es que la situación de los derechos humanos se ha deteriorado rápidamente desde el golpe de Estado y tanto el gobierno de facto como el actual, carentes de legitimidad, se han caracterizado por el imperio de la violencia contra los más vulnerables y contra cualquier atisbo de disidencia.

Las elecciones primarias han ratificado que todo el sistema electoral está diseñado para violentar no sólo el derecho humano a la democracia como un bien colectivo, sino también el derecho individual de cada hondureño y hondureña a que su voto no sea condenado al fraude y al manoseo de la clase política corrupta y sin escrúpulos.

Si de aquí a las elecciones generales no hay cambios profundos en este sistema, no esperemos que por arte de magia los corruptos permitirán que el voto sea realmente la expresión de la voluntad popular.