La danza de los dólares y la depuración

La agencia de noticias AP acaba de publicar una nota investigativa de los periodistas Alberto Arce y Katherine Corcoran en el que dejan evidencia tres cosas importantes.

En primer lugar, que el Departamento de Estado de los Estados Unidos gasta cada año millones de dólares de los contribuyentes estadounidenses en la cuestionada policía hondureña cuyo proceso de depuración hasta el momento es un total fracaso.

En segundo lugar, que el gobierno de Estados Unidos cuestiona que Juan Carlos “El Tigre” Bonilla sea el Jefe de la Policía de Honduras por su supuesta participación en escuadrones de la muerte encargados de ejecutar una política de limpieza social para desaparecer y asesinar a pandilleros, secuestradores y otros presuntos delincuentes.

En un informe del año pasado, el Departamento de Estado señaló haber retirado fondos de las unidades de la policía hondureña bajo supervisión directa del “Tigre” Bonilla, hasta que pueda investigar “las acusaciones de violaciones de los derechos humanos relacionadas con el servicio pasado del director general de la policía".

En tercer lugar, que de acuerdo al gobierno estadounidense, el dinero que aporta a la policía sólo llega a unidades especiales, certificadas y entrenadas que no operan bajo la supervisión directa del Tigre Bonilla.

Estos tres puntos revelan una vez más el doble discurso y la doble moral de los Estados Unidos porque por un lado sigue apoyando a una policía cuestionada por décadas por su vinculación a crímenes de Estado durante los años 80 y a crímenes contra la ciudadanía, y al mismo tiempo señala que su dinero no va a las unidades que están bajo la supervisión de jefe policial.

No obstante, la posición estadounidense es contradictoria porque de acuerdo con la legislación nacional, el “Tigre” Bonilla tiene el control de todas las unidades de la policía y por tanto, no hay ningún policía en Honduras que no dependa jerárquicamente de él o no le deba obediencia.

En este sentido, aunque el gobierno de Estados Unidos diga que sólo da dinero a ciertas unidades de la policía, nadie cree que sea tan ingenuo de no saber que legalmente toda la policía está bajo el control del “Tigre” Bonilla.

En un país serio, el sistema de justicia ya hubiera dado los pasos para investigar todas estas denuncias y el gobierno suspendería al director de la policía; evidentemente de una institucionalidad fallida no puede esperarse nada pero lo más terrible es el silencio casi unánime de la sociedad que parece haberse convertido en un simple espectador de un espectáculo de sangre y muerte en el que la propia sociedad pone a las víctimas.

Dos visiones oficiales de la situación de los derechos humanos

El día viernes 15 de marzo se celebró ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la audiencia sobre “La Situación general de derechos humanos en Honduras” solicitada por varias organizaciones de la sociedad civil. En esta audiencia se presentó una radiografía del país que reflejó una grave situación de impunidad y corrupción.

Esta radiografía se traduce en una realidad con escalofriantes cifras sobre violencia y muerte en la que ocurre un promedio de dos masacres por día, con 20 personas asesinadas diariamente, más de 80 personas muertas en el Aguán, miles de niños y niñas ejecutados arbitrariamente, miles de mujeres y niñas víctimas de femicidio, y decenas de periodistas y abogados asesinados, todo ello bajo el manto de la impunidad.

Los representantes del Estado, como siempre, hicieron uso de los más altos niveles de cinismo para justificar su ineficacia y falta de voluntad política para investigar y sancionar a todos los responsables de esta situación, y adoptar medidas efectivas que pongan un alto a la impunidad y al deterioro alarmante del sistema de justicia.

Mientras los agentes estatales cumplían esa función en Washington, la Ministra de Derechos Humanos presentaba un informe de más de 100 páginas que contradice la defensa del Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues reconoce que después del golpe de Estado “Honduras vive un deterioro en la situación de los Derechos Humanos” y que las medidas adoptadas hasta el momento no han sido suficientes para enfrentar esta situación.

Resulta curioso que desde el propio Estado existan dos visiones de la situación de los derechos humanos. Una presentada ante la Comisión Interamericana en la voz de la Procuradora General de la República para quien el Estado no tiene ninguna responsabilidad en la situación actual; y otra presentada a la sociedad hondureña en la voz de la ministra Ana Pineda en la que reconoce la responsabilidad del Estado en el deterioro de dicha situación.

Evidentemente alguien en el Estado miente descaradamente y la sociedad lo tiene claro pues día a día somos testigos de la falta de justicia y del deterioro constante de nuestros derechos humanos.

Honduras nuevamente a escrutinio internacional

Del 7 al 22 de marzo de este año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está celebrando su 147º período de sesiones durante el cual realizará en el edificio de la Secretaría General de la OEA una serie de audiencias sobre situaciones específicas de derechos humanos en los países americanos, solicitadas por los Estados y la sociedad civil.

La mayoría de audiencias serán públicas por lo que estarán abiertas al público que desea asistir y se transmitirán en vivo por la página en internet de la Comisión Interamericana. El día viernes 15 de marzo a las 3:15 de la tarde, hora Washington, se celebrará la audiencia sobre “La Situación general de derechos humanos en Honduras” solicitada por la Asociación de Jueces por la Democracia, la Colectiva de Mujeres Hondureñas, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, el Foro de Mujeres por la Vida, la Tribuna de Mujeres contra los Femicidios y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional.

En dicha audiencia, las organizaciones solicitantes expondrán ante la Comisión Interamericana la situación de los derechos de las mujeres, particularmente en materia de derechos laborales y el contexto de violencia manifestado en desapariciones y femicidios; la situación de la comunidad de la diversidad sexual; la situación de los movimientos campesinos y la criminalización de la lucha por la tierra; la situación de violencia contra periodistas y comunicadores sociales, y otras afectaciones a la libertad de expresión.

También se denunciará la criminalización de los defensores y defensoras de derechos humanos; la militarización de la seguridad y de las instituciones públicas; las deficiencias estructurales del sistema penitenciario; las afectaciones a la independencia judicial y al Estado de derecho; y los avances y retrocesos en la reforma a la seguridad pública, incluida la depuración policial.

En términos generales, en esta audiencia se presentará una radiografía del país a casi 4 años del golpe de Estado y lastimosamente podemos adelantar que la misma reflejará una situación crítica, grave y crónica debido al cáncer de la impunidad y la corrupción que nos aqueja, y frente al cual no hay voluntad política para adoptar medidas contundentes que frenen esta enfermedad que carcome los restos de una institucionalidad fallida y el tejido social.

Por ello, es fundamental que a través de la audiencia se exija un acompañamiento serio y efectivo de la comunidad internacional para evitar que Honduras se convierta en un Estado fallido en donde los derechos de los más vulnerables sigan siendo los grandes perdedores.

El binomio trágico juventud y muerte

Honduras es un país muy joven. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas, poco más de 2,6 millones de personas, es decir, el 34% de la población tiene entre 5 y 17 años; cerca de 2 millones son niños y niñas de entre 5 y 14 años, y poco más de 600 mil son adolescentes de entre 15 y 17 años. 

A su vez, más de 3 de sus casi 8 millones de habitantes tienen una edad entre los 18 y 30 años, es decir, casi un 40% de la población total. Todas estas cifras confirman que nuestro país es privilegiado al contar con un importante recurso humano joven que, si el Estado y la sociedad le garantizaran los espacios y condiciones dignas para desarrollar sus potencialidades, estaríamos encaminados por la ruta del desarrollo integral y el progreso.

No obstante, este sector de la población vive en un país caracterizado por la pobreza, la desigualdad, la migración como única alternativa de sobrevivencia, la violencia, la vulnerabilidad social, ambiental, económica y cultural. En términos de violencia, nuestra niñez y juventud se desarrolla en un contexto en el que 20 personas son asesinadas diariamente, es decir, un homicidio cada hora con 20 minutos y 598 cada mes.

De acuerdo con el Observatorio de la Violencia, entre enero y diciembre de 2012 se cometieron 7,172 homicidios, de los cuales el 80,9% que equivale a 5,801 personas, corresponde a una población entre 15 y 44 años;  a esto se suman 940 niños, niñas y jóvenes entre 0 y 14 años que murieron de forma violenta. Y más grave aún, el 54% de estas muertes ocurrió contra estudiantes o trabajadores.

Sin duda alguna, tal como lo señala Migdonia Ayestar, coordinadora del Observatorio de la Violencia, “la muerte violenta de jóvenes ha ido aumentando año con año y ser joven en Honduras es un factor de riesgo”. Pero además de esta muerte fulminante, en materia de otros derechos fundamentales como educación, salud y empleo digno el panorama no es nada alentador para la juventud.

Así, observamos que un alto porcentaje de esta población vive en condiciones de vulnerabilidad, marginación y estigmatización social, generadas sobre todo por la falta de acceso a la educación y al empleo digno, lo cual provoca que tengan una participación ciudadana deficitaria con su consecuente impacto negativo en la calidad de la democracia.

Y el Estado, constituido para garantizar el bienestar económico, social, cultural y ambiental de todos los hondureños y hondureñas, continúa siendo un simple botín a dilapidar por parte de la clase política corrupta que hace y deshace a su antojo frente a una sociedad casi paralizada por el miedo al hambre y a la violencia. Es tiempo de gritar al unísono ¡Basta! 

Seguimos en el abismo

Los acontecimientos de la última semana han puesto al descubierto, una vez más, la grave situación que atraviesa el país, en gran medida por una institucionalidad colapsada debido a su incapacidad para resolver los grandes problemas de la población como la pobreza, la inseguridad, el desempleo y la impunidad.

Por un lado, el asesinato del hijo del ex director de la Policía, Ricardo Ramírez Del Cid, destituido 5 días después del asesinato del periodista Alfredo Villatoro, ha hecho que salgan a la luz las luchas sangrientas de poder entre los bandos enfrentados dentro de la institución policial. El primero ha acusado directamente al actual director de la Policía Nacional, Juan Carlos “El Tigre” Bonilla de tener responsabilidad en la muerte de su hijo, junto con algunos mandos de las Fuerzas Armadas.

Por otro lado, circula en las redes sociales un video que muestra como el Tigre Bonilla planificaba junto con un grupo de militares una operación para capturar al ex presidente Zelaya costara lo que costara, evidenciando su participación y apoyo al gobierno de facto.

Mientras se libra esta lucha intestina entre los altos mandos policiales, un diario de la capital reveló un video en el que se ve cómo un grupo de sicarios asesinan en plena calle a dos estudiantes, el cual inexplicablemente se mantuvo en secreto por la Policía Nacional ya que ni siquiera informó a la fiscalía sobre este nuevo hecho violento.

Y para rematar, un informe de la embajada de Estados Unidos reveló que el Ministerio Público no asume su papel de líder en las investigaciones y que su mala relación con la policía alimenta el desorden, la inacción y la descoordinación, lo cual debilita el trabajo de esa institución estatal en perjuicio de la población.

En otras palabras, el Ministerio Público y la Policía Nacional, instituciones llamadas a tutelar los derechos de los hondureños y hondureñas, son parte de los graves problemas de inseguridad e impunidad que nos azotan con mayor crudeza desde el golpe de Estado de 2009. Por ello no es de extrañar que en Honduras estén 2 de las 5 ciudades más violentas del planeta y que el Estado haya fracasado rotundamente en garantizar seguridad humana como lo exige la Constitución de la República.

Si la ciudadanía sigue pasiva y asumiendo un papel de simple espectadora ante el descalabro institucional, ambiental, económico, cultural y social, seguiremos cayendo en el abismo del desgobierno, de la violencia, de la corrupción y de la concentración de poder en pocas manos, lo cual a la larga nos afecta a todos y todas, particularmente a nuestra niñez y juventud.