Denuncia Pública: Continua hostigamiento contra el compañero Víctor Fernández

El día de ayer 06 de noviembre del 2013 y posterior a una reunión de seguimiento a los casos de la Coordinadora de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) con relación a la situación de Río Blanco y la judicialización de tres dirigentes de la organización: Berta Cáceres, Aureliano Molina y Tomás Membreño; pasadas las seis de la tarde, el abogado Víctor Fernández, defensor del COPINH, y su acompañante, fueron perseguidos en la carretera hacia San Pedro Sula, hasta la altura de Villanueva, Cortés, por un carro Toyota Hi-Lux, blanco, doble cabina, 3.0 sin placa. Este vehículo se mantuvo detrás del carro del abogado apagando y encendiendo las luces durante un sector importante del trayecto desde Santa Cruz de Yojoa, evidenciando claramente su presencia y persecución  detrás del vehículo del abogado Fernández.

Alertamos que estos actos son parte de la campaña sistemática de persecución, intimidación y agresión contra el COPINH y sus miembras y miembros; y otras luchadoras y luchadores sociales. En los últimos días, en los medios de comunicación de la oligarquía se han hecho ataques directos contra Berta Cáceres y  Víctor Fernández, igualmente sectores políticos han atacado públicamente la intervención del abogado ante la CIDH por el caso del Pueblo Lenca de Río Blanco y la persecución política y judicial contra el COPINH, igualmente por los casos del Pueblo Tolupan de Locomapa Yoro y comunidades en lucha contra las mineras en Atlántida, pertenecientes al Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ). 

El compañero Fernández es también coordinador del MADJ, quien también ha sido acusado y amenazado por defender los bienes de la naturaleza, además representa y ha representado legalmente a varias organizaciones y sus luchas territoriales e indígenas. El día de ayer también estuvo realizando gestiones ante el Ministerio Público de defensoría de causas del COPINH.

¡A más represión, más lucha y organización!

¡Condenamos la impunidad,  la política  y sus mecanismos de terror en contra de las luchadoras y luchadores sociales!

Dado en Intibucá, a los 07 del mes de noviembre del 2013.

Coordinación General del COPINH

Tres audiencias ante la Comisión Interamericana

El pasado lunes 28 de octubre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó tres audiencias públicas sobre Honduras relativas a la independencia judicial, el cumplimiento de medidas cautelares y megaproyectos y consulta previa.

En relación con la independencia judicial, se denunció que en el país el poder judicial sigue sometido a presiones políticas y que los jueces y juezas que intentar ser independientes, imparciales y competentes son marginados y trasladados arbitrariamente, y hasta despedidos y en algunos casos asesinados.

También se denunció que la integración del recién creado Consejo de la Judicatura que debería garantizar la imparcialidad, la independencia y la competencia de los operadores judiciales, estuvo salpicada por una serie de actuaciones que lejos de generar confianza en la ciudadanía, empañan la transparencia con que debería integrarse un órgano de tanta importancia para la independencia judicial.

Co respecto al cumplimiento de las medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana, quedó establecido que el Estado hondureño no tiene la capacidad ni la voluntad política para proteger efectivamente a las personas que se encuentran en riesgo debido a su labor de defensores y defensoras de derechos humanos.

Además, se evidenció que el anteproyecto de ley para proteger a los defensores y defensoras no ha sido suficientemente socializada y discutida con los sectores sociales y omite algunas cuestiones importantes como la participación efectiva de los propios beneficiarios.

Finalmente, en relación con los megaproyectos y consulta previa, se denunció el agravamiento de la situación de las comunidades y defensores y defensoras de derechos humanos en torno a conflictos territoriales y megaproyectos de minería e hidroeléctricas sin consulta previa, lo cual se ha traducido en una escalada de amenazas, ataques violentos, intimidaciones, asesinatos y criminalización.

Como siempre, el Estado de Honduras quedó en entredicho ante la comunidad internacional y la defensa de sus funcionarios ante la Comisión Interamericana sólo evidenció su cinismo, su falta de ética y de preparación, y cuyos viajes y salarios son pagados con los impuestos de todos y todas las hondureñas.

Castigan a fiscales del Ministerio Público comprometidos en la lucha contra la corrupción y por la vigencia de los derechos humanos

La Coalición contra la Impunidad ante las recientes destituciones y rotaciones de fiscales en el Ministerio Público, a la opinión pública nacional e internacional manifiesta lo siguiente:

El día 28 de octubre ha trascendido que el Fiscal General ha procedido a la destitución de John Cesar Mejía, del cargo de Fiscal Especial de Derechos Humanos, e inconsultamente le trasladaron a la Fiscalía de la ciudad  de la Esperanza, situada en el occidental departamento de Intibucá.

De igual modo, Junto a Mejía fueron  trasladados de esta Fiscalía de Derechos Humanos el Fiscal Edy Tabora, hacia la ciudad de Tocoa, en el conflictivo departamento de Tocoa, y la Fiscal Rosa Seaman a la Fiscalía de la Niñez. La medida de los traslados alcanzó también a Luis Javier Santos, quien se desempeñaba como Coordinador de la Fiscalía contra la Corrupción, de la que fue separado  y trasladado a la ciudad de Gracias, departamento de Lempira.

Sobresalen entre las acciones emprendidas por los fiscales represaliados o sancionados, la reapertura de los expedientes emblemáticos  sobre investigaciones contra defensores de derechos humanos y periodistas, un amparo para dotar de medicinas los hospitales, y la preparación de requerimientos en contra de funcionarios responsables de actos de corrupción

Esta “reestructuración” a las fiscalías de Derechos Humanos y Contra la Corrupción, constituye un golpe bajo de las autoridades en contra de estos funcionarios que se estaban destacando en el cumplimiento de sus funciones, lo que seguramente incomodó a grupos de poder que han intervenido para que  fueran separados de sus cargos o traslados.

Que estos actos se produzcan por un desempeño responsable, evidencia la colusión con hechos criminales que actualmente existe en el Ministerio Público y saca a la luz los altos niveles de corrupción en que se encuentra actualmente. Evidenciándose de esta manera la captura de que ha sido objeto esta institución por grupos fácticos y políticos; cuestión que fue claramente exhibida hace unos meses con la elección inconstitucional del actual Fiscal General y del Fiscal Adjunto.

Seguramente, con esta medida la crisis en el Ministerio Público se agudizará, obstruyéndose de esta manera otro  intento por reorientar la acción penal pública, teniendo que pagar un alto precio por el intento aquellos fiscales comprometidos verdaderamente con la defensa de los intereses generales de la sociedad.

Desde la Coalición contra la Impunidad repudiamos estos actos que atentan contra la institucionalidad y nos mantendremos vigilantes por este proceder incorrecto y de contubernio de las autoridades con los responsables de la situación de postración en que  se encuentra el Ministerio Público. Manifestando nuestra solidaridad con los fiscales que han sido afectados con estas medidas de carácter autoritario.

29 de octubre de 2009

COALICION CONTRA LA IMPUNIDAD – HONDURAS

Integrada por las siguientes organizaciones: Asociación Arcoiris - Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) - Asociación Intermunicipal de Desarrollo y Vigilancia Social de Honduras (AIDEVISH) - Asociación por una Ciudadanía Participativa (ACI-PARTICIPA) - Centro de Derechos de Mujeres (CDM) - Centro de Estudios de la Mujer Honduras (CEM-H) - Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos (CIPRODEH) – Colectivo Gemas - Colectivo Unidad Color Rosa - Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (COFADEH) - Comité por la Libre Expresión C-Libre - Comunidad Gay Sampedrana para la Salud Integral - Convergencia por los Derechos Humanos de la Zona Nor Occidental – Crisálidas de Villanueva - Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación - Feministas Universitarias – Frente Amplio del COPEMH - Foro de Mujeres por la Vida - Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH) - Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) - Movimiento de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla” - Red de Mujeres Jóvenes de Cortés – Red de Mujeres Unidas de Colonia “Ramón Amaya Amador” - Red Nacional de Defensoras - Tribuna de Mujeres contra los Femicidios

Una nueva afrenta a la lucha contra la corrupción y la impunidad

Una de las cosas positivas que dejó la Comisión Interventora al Ministerio Público, fue el nombramiento de personas honestas y comprometidas con la legalidad como coordinadoras de fiscalías especiales claves en la lucha contra la corrupción y la impunidad.

Así, se nombró al fiscal Luis Javier Santos como Fiscal Especial contra la Corrupción y John César Mejía como Fiscal Especial de Derechos Humanos. Teniendo en cuenta algunas de las acciones tomadas por estas dos fiscalías, era evidente que en cualquier momento serían removidos de sus cargos.

Por ejemplo, desde la Fiscalía contra la Corrupción se comenzó a investigar la corrupción en la municipalidad de San Pedro Sula, la relación de un familiar del presidente Lobo con un supuesto lavado de activos, la destitución ilegal de los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional y la venta irregular de medicinas al Estado por un número importante de droguerías.  

En el caso de la Fiscalía de Derechos Humanos, se promovió un requerimiento fiscal contra el pastor Evelio Reyes por el delito de discriminación y se presentó un recurso de amparo colectivo contra el Estado por la falta de medicamentos, oxígeno, camillas, deficiencia en la prestación del servicio de salud en los hospitales Mario Catarino Rivas, de San Pedro Sula, Regional Atlántida de La Ceiba y San Felipe y Escuela de Tegucigalpa.

También se preparaban otros requerimientos fiscales sobre casos graves de violaciones a derechos humanos. Coincidentemente, junto al fiscal John César Mejía, han sido trasladados el fiscal Edy Tábora y Rosa Seaman, quienes interpusieron el recurso de amparo colectivo y el requerimiento fiscal contra el pastor Reyes, respectivamente.

No se discute que la ley faculta al Fiscal General y su Adjunto a realizar estos cambios, no obstante, desarticular fiscalías cuyos coordinadores han impulsado casos importantes sólo nos muestra que tanto Óscar  Chichilla y Rigoberto Cuéllar ya comenzaron a jugar su papel de nuevos custodios de la impunidad y de los intereses de los sectores que los impusieron en una elección ilegítima, viciada y fuertemente cuestionada.

¿Qué esperamos para que como sociedad reaccionemos ante esta nueva afrenta a la institucionalidad y a la lucha contra la corrupción y la impunidad?

COMUNICADO

La Convergencia por los derechos humanos de la zona noroccidental, denuncia que el día de hoy ha trascendido a la opinión pública que el Fiscal General Abogado Oscar Chinchilla ha procedido a realizar  una reestructuración en las fiscalías contra la Corrupción y la Fiscalía de los Derechos Humanos, ante esta situación nos pronunciamos de la siguiente manera:

1) Consideramos altamente preocupante la acción de trasladar del cargo de coordinador de la fiscalía contra la corrupción al Abogado Luis Javier Santos, quien había mostrado una actitud diligente y  responsable en el combate a este flagelo, y estaba realizando investigaciones tendientes a presentar requerimientos fiscales contra importantes funcionarios sin importar el partido político al que pertenecieran  ni su estrato social.

2) Igualmente denunciamos que también a nivel de la fiscalía de derechos humanos se ha producido el traslado de los fiscales Rosa Seaman, John Cesar Mejía y Edy Tabora, por las mismas circunstancias de estar cumpliendo adecuadamente su labor al frente de dicha fiscalía.

3) Reiteramos  que estas remociones, responden a la labor que  estos fiscales están   realizando desde los últimos meses, contra la corrupción y a favor de los derechos humanos,  y favorece los intereses de quienes desde el Congreso Nacional en forma arbitraria e inconstitucional,  impusieron al Fiscal General y al Fiscal Adjunto, y tiene como finalidad colocar en esos cargos a personas que respondan a los intereses de esos grupos, que desean preservar la impunidad y continuar con su acción de saqueo de los bienes nacionales, y a la vez acorazarse ante cualquier futura acusación por sus actos ilegales, que incluso pudieran incluir un eventual fraude electoral. 

4) Finalmente consideramos que esta acción pone en un mayor grado de indefensión al pueblo Hondureño en general, y a los defensores y defensoras de derechos humanos en particular, y desde este instante estamos elevando esta denuncia ante el Sistema Interamericano de derechos humanos, y a la vez exigimos se revierta esta acción, y por el contrario se les brinde a estos fiscales todo el apoyo para llevar a cabo su labor.

San Pedro Sula, 28 de octubre de 2013