Las fechas siniestras de la violencia

El 6 de septiembre de este año, Juan Pineda, dirigente comunal y campesino, y miembro del Frente Nacional de Resistencia Popular, fue asesinado. En los 5 meses anteriores a su muerte, su esposa y dos hijos, también habían sido asesinados.

El 29 de agosto, Margarita Murillo, reconocida lideresa popular y campesina, fue asesinada por sicarios mientras trabajaba la tierra. Días después, el 2 de septiembre, su esposo denunciaba que la Dirección Nacional de Investigación Criminal llegó a su casa violentamente a realizar un cateo sin presentar orden de allanamiento.

El 29 de agosto, Wilfredo Méndez, director del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, denunció intimidaciones y amenazas a muerte en su contra mientras realizaba un trabajo de supervisión de derechos humanos en el caribe hondureño, en una región marcada por la presencia de narcotraficantes, militares y guardias de seguridad privada.

El 25 de agosto, en la ciudad de Danlí, Dagoberto Díaz, propietario del canal Café Visión, Canal 20, fue asesinado por sujetos fuertemente armados que lo interceptaron cuando se conducía en su vehículo.

El 14 de agosto, Nery Francisco Soto Torres de Canal 23 y del programa "Cuarto Poder" en Radio Full F.M., fue asesinado por sujetos armados que lo acribillaron a tiros cuando se disponía a entrar a su casa en el departamento de Yoro.

El 21 de julio, el cuerpo del periodista Herlin Espinal fue encontrado sin vida en la comunidad de Santa Cruz de Yojoa, después de haber desaparecido desde el sábado 19. Espinal era coordinador del noticiario “Hoy Mismo” de Televicentro en San Pedro Sula.

Estas víctimas son parte de las 47 mil personas que han muerto como consecuencia de la guerra no declarada en Honduras y que en medio de la violencia, son estadísticas que el gobierno de turno quiere maquillar y esconder, y que además se confunden con elementos políticos, de crimen organizado y delincuencia común, en medio de la tormenta de sangre y dolor que ahoga a nuestro país. 

De misioneros y caníbales

“Un lugar de violencia terrible, una perenne y oscura guerra civil, la enésima de una tierra que no para nunca de sangrar”. Esta descripción que Roberto Saviano realiza sobre México, fácilmente podría ser un retrato de Honduras que también se encuentra inmersa en una escalada de violencia que provoca 19 víctimas diarias y lo posiciona como el país más violento del mundo, incluso por encima de algunos países en guerra.

Honduras sufre una debilidad institucional que se expresa en una elevada desconfianza en las instituciones del sector justicia y seguridad debido a la ineficacia de sus actuaciones, a los señalamientos de corrupción y abusos, al fracaso de las iniciativas de reforma, a la impunidad de quienes cometen delitos que pocas veces son llevados ante la justicia, a la subsistencia de violaciones a derechos humanos y al abandono de los sistemas penitenciarios.

Los diferentes gobiernos han apelado a políticas de seguridad que han resultado históricamente ineficaces para solucionar los problemas de criminalidad, tales como el incremento de la acción punitiva, la reducción de garantías procesales, la disminución de la edad punible para aplicar el derecho penal de adultos a niños y niñas, la privatización de la seguridad pública y la normalización del uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad ciudadana.

Esta inadecuada respuesta estatal ante la violencia y el delito se concreta en su desvinculación de los estándares internacionales de derechos humanos, en el empleo de la privación de la libertad como instrumento principal para la disminución de los niveles delictivos y en la utilización perversa de un discurso de mano dura en la lucha contra la violencia que genera importantes réditos políticos y electorales.

Sin embargo, en muchas ocasiones esta posición conduce a la reproducción de “lógicas de relacionamiento social fundadas en la intolerancia y la estigmatización de personas o grupos de personas, favoreciendo la aparición de casos de violencia extralegal, de los cuales son responsables los llamados grupos de ‘limpieza social’, como ‘escuadrones de la muerte’ o grupos parapoliciales y paramilitares”. 

La manera errónea en que el Estado hondureño enfrenta la criminalidad nos recuerda la frase de George Bernard Shaw, en el sentido que “aunque es malo que los caníbales se coman a los misioneros, sería terrible que los misioneros se comieran a los caníbales”, y cuya simplicidad encierra una máxima que debe cumplir todo Estado que se precie democrático y de derecho: el rechazo a la idea de combatir el crimen con el crimen y de justificar la utilización de cualquier medio para acabar con la violencia.

Un nuevo Examen Periódico Universal

El Examen Periódico Universal es una evaluación que cada 4 años y medio realiza el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas a los 192 Estados miembros. El objetivo es proporcionar a cada Estado la posibilidad de demostrar que ha tomado acciones concretas para mejorar la situación de los derechos humanos.

Este examen es realizado por un grupo de trabajo integrado por los 47 Estados miembros del Consejo, cuyo resultado se presenta a través de un informe que contiene una serie de recomendaciones a implementar por parte del Estado evaluado.

El primer Examen Periódico Universal de Honduras se realizó el 4 de noviembre de 2010 y se le hicieron 128 recomendaciones sobre diferentes problemáticas, tales como, impunidad, libertad de expresión, violencia contra las mujeres, derechos de la comunidad LGTBI, pueblos indígenas, niñez, institucionalidad, Estado de derecho, entre otros.

Nuevamente, en los primeros meses del año 2015 el Estado de Honduras volverá a someterse al Examen Periódico Universal y tendrá que demostrar que le ha dado cumplimiento a las 128 recomendaciones y que la situación de los derechos humanos ha mejorado.

Lógicamente, el Estado intentará maquillar la realidad y decir que ahora tenemos una “vida mejor”. Por ello, es fundamental el trabajo desarrollado por la Coalición contra la Impunidad que ha estado elaborando un informe alternativo para mostrarle al Consejo de Derechos Humanos que Honduras se ha convertido en el reino de la violencia e impunidad.

Derechos y apartheid social en Honduras

La desigualdad económica y social genera un círculo vicioso en el que los más pobres tienen pocas posibilidades de incidir en las decisiones políticas que les afectan, provocando su exclusión política, y por eso, en muchas ocasiones, los gobiernos no toman en cuenta sus intereses que les permita superar la situación de pobreza, manteniendo su exclusión social.

Por ello la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales relacionados con la salud, el empleo, la vivienda, la educación, etc., se constituyen en un medio para reducir las desigualdades, disfrutar de un nivel de vida digno y participar activamente en la vida comunitaria y en las decisiones políticas.

No obstante, estos derechos han sido marginados ya que tanto desde el Estado como desde la propia sociedad civil, se le ha dado mayor importancia a los derechos civiles y políticos, relativos a la libertad, a la seguridad, a elegir y ser electo, a la integridad, entre otros, y por esa razón, los recursos disponibles se han asignado tradicionalmente a la protección de estos derechos.

Nadie discute que los derechos civiles y políticos son fundamentales pero ¿de qué sirve la libertad que promueven si está limitada, y en ocasiones anulada, por el analfabetismo, el hambre, la enfermedad, la discriminación y la pobreza? Aunque estos derechos importan mucho, “las personas se verán restringidas en lo que pueden hacer con esa libertad si son pobres, están enfermas, son analfabetas o discriminadas”.

En Honduras, la gente muy pobre, generalmente paralizada mental y físicamente por la desnutrición en la infancia, la falta de escolarización y preocupada por la supervivencia de su familia, puede incidir poco o nada en las decisiones gubernamentales que afectan a toda la comunidad.

Si no se reducen los alarmantes niveles de pobreza y desigualdad, no podemos decir que Honduras es un legítimo Estado de derecho pues hasta el momento, no sólo los derechos civiles y políticos están en grave y permanente riesgo, sino también los derechos económicos, sociales y culturales por la pasividad estatal ante el apartheid social en que viven millones de hondureños y hondureñas.

Solidaridad con Wilfredo Méndez y CIPRODEH

La Coalición contra la Impunidad ante las recientes amenazas en contra de Wilfredo Méndez, director de CIPRODEH y de miembros de su equipo de trabajo manifiesta:

1.  En una visita reciente a la zona del bajo aguán integrantes de CIPRODEH encabezados por su director, el compañero Wilfredo Méndez, fueron objeto de graves amenazas por individuos fuertemente armados, quienes los hostigaron cuando se encontraban en una gasolinera de la margen de derecha de esa región. Estas personas inmovilizaron el vehículo en que se transportaban los compañeros y con sus armas a punto de disparar les amenazaron a muerte.

2. Actos como el relatado son un fiel reflejo del contexto de inseguridad, represión y criminalización de defensores y defensoras de derechos humanos que  a diario se vive en esta región del país, hoy por hoy militarizada y prácticamente en una situación de estado de sitio.

3. Ante la gravedad de estas amenazas, la Coalición contra la Impunidad manifiesta su enérgica protesta por estos hechos, a la vez que demanda de las autoridades gubernamentales medidas de protección para Wilfredo Méndez y otros integrantes de CIPRODEH, asimismo, el cese inmediato de la campaña de criminalización y difamación contra defensores(as) de derechos humanos tanto nacionales como internacionales, y periodistas en el Aguán y otras regiones de Honduras. 

4. Siendo oportuno el momento para exigir a los diputados y diputadas del Congreso Nacional, que se apruebe en el corto plazo la Ley de Protección de las y los  Defensores de Derechos Humanos, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia.

26 de agosto de 2014

COALICIÓN CONTRA LA IMPUNIDAD – HONDURAS

Integrada por las siguientes organizaciones:

Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) -  Asociación Intermunicipal de Desarrollo y Vigilancia Social de Honduras (AIDEVISH) - Asociación por una Ciudadanía Participativa (ACI-PARTICIPA) - Centro de Derechos de Mujeres (CDM) - Centro de Estudios de la Mujer Honduras (CEM-H) - Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos (CIPRODEH) – Colectivo Unidad Color Rosa - Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (COFADEH) - Comité por la Libre Expresión C-Libre - Comunidad Gay Sampedrana - Convergencia por los Derechos Humanos de la Zona Nor Occidental – Crisálidas de Villanueva - Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación / Radio Progreso - Feministas Universitarias - Foro de Mujeres por la Vida -  Foro Social de la Deuda Externa (FOSDEH)  - Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia - Movimiento de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla” - Red de Mujeres Jóvenes de Cortés - Red Nacional de Defensoras - Tribuna de Mujeres contra los Femicidios, Red de Organizaciones de Sociedad Civil de siguatepeque, Asociacion de Medios Comunitarios de Honduras (AMCH)