El artículo 1 de la Constitución de la República
señala que Honduras es un Estado de derecho que se ha constituido para “asegurar
a sus habitantes el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar
económico y social”, ya que la persona humana es
el fin supremo de la sociedad y del Estado.
En este sentido, todas
las instituciones públicas tienen el deber ser las principales impulsoras y
garantes de un régimen político democrático, libre e igualitario en donde estén
garantizadas las condiciones para la plena realización de la dignidad humana.
El objetivo y la
finalidad del Estado de derecho y de sus instituciones es lograr la garantía y
plena efectividad de los derechos humanos, ya que los mismos representan el
conjunto de valores más importantes para la sociedad, y por lo tanto, se
constituyen en un elemento esencial del sistema de legitimidad institucional.
En consecuencia, la razón de ser del Estado de
derecho son los derechos humanos, dado que su falta o abusiva limitación impide
su existencia y favorece la implantación de un sistema político absolutista,
arbitrario o totalitario, como el que ahora tenemos.
La crisis de la Policía Nacional no debe verse como
una crisis de una sola institución, sino como una crisis sistémica que se
conecta y arrastra a otras crisis muchas veces silenciosas en el Ministerio
Público, en el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y en el Poder
Judicial que han sido incapaces de reducir la impunidad y la corrupción, actuar
con independencia y efectividad, y evitar la crisis de derechos humanos que
sufrimos.
Y estas crisis están estrechamente conectadas con
las crisis en los sistemas de salud y tributario, con las crisis ambiental,
económica, laboral, social, habitacional, política y de seguridad, las cuales
acercan al Estado hondureño más que al ideal del Estado de derecho, a la
pesadilla de un Estado en crisis.
Debemos tener presente que el Estado no sólo
fracasa cuando deja de cumplir sus funciones fundamentales como brindar
seguridad humana y ciudadana, y garantizar los derechos civiles, políticos,
económicos, sociales y culturales, sino también cuando deja de ser de todos y
de todas.
La crisis policial nos confirma que el Estado
hondureño hace tiempo dejó de ser de toda la hondureñidad y que además de
haberse convertido en propiedad privada de una reducida clase política,
económica y religiosa, también le pertenece al crimen organizado para quien
instituciones esenciales como la Policía Nacional, han sido puestas a su
servicio.
