Autoritarismos y movilización social

Nadie duda que en Honduras la institucionalidad se encuentra en una situación precaria y con altos niveles de desconfianza por parte de la población, que ve cómo la corrupción y el absolutismo en manos del poder Ejecutivo ha hecho pedazos el principio de separación de poderes que debe caracterizar a un Estado democrático de derecho.

Así las cosas, el derecho de petición y de recibir pronta respuesta, reconocido en el artículo 80 de la Constitución de la República, se ha convertido en ilusorio, ya que los canales tradicionales de la institucionalidad se han enmudecido y ensordecido ante las demandas de la ciudadanía.

Por tal razón, hoy más que nunca el espacio público es un ámbito legítimo para canalizar la participación ciudadana y ejercer el derecho colectivo a la libertad de expresión concretado en la manifestación pública y pacífica.

En este sentido, la protesta y la movilización social se constituyen en herramientas de petición a la autoridad y también en un canal de denuncias públicas sobre violaciones a los derechos humanos.

Sin embargo, haciendo muestra del autoritarismo que permea a prácticamente todas las instituciones del Estado, la respuesta oficial frente a las manifestaciones pacíficas se caracteriza por el uso discriminatorio y excesivo de la fuerza por parte del Ejército y la Policía; (b) por la falta de controles con respecto al uso de la fuerza letal y no letal, con el objetivo de castigar a quienes participan en las manifestaciones; y (c) por la inobservancia de los criterios de proporcionalidad, oportunidad, necesidad y legitimidad en el uso de la fuerza.

Este tipo de represión que criminaliza cualquier manifestación de disidencia se ha constituido en una de las más recurridas violaciones a derechos humanos a partir del golpe de Estado y su impunidad se ha institucionalizado de tal forma que representa la amenaza más grave para la vida y la seguridad de los hondureños y hondureñas, y en consecuencia, para la existencia misma de la democracia.

¿Cómo hacerles entender a unas autoridades represoras, ignorantes y autoritarias que la protesta social pacífica es de suma importancia para el fortalecimiento del proceso de construcción democrática?

¿Cómo hacerles entender a unos aprendices de dictadores y fascistas que manifestarse y protestar pacíficamente es hacer democracia en la vida pública e implica ejercer colectivamente el derecho a la libertad de expresión y los demás derechos civiles y políticos que vigorizan la ciudadanía?

¿Cómo meterles en sus mentes reaccionarias que no es posible considerar que el derecho a la libertad de circulación tiene prioridad sobre el derecho de libertad de expresión, si este último no es un derecho más, sino uno de los primeros y más importantes fundamentos de toda la estructura democrática, por lo que requiere de una atención privilegiada?

Si las autoridades quisieran dar muestras de un mínimo nivel de democratización, deberían entender que la restricción de las manifestaciones pacíficas sólo puede justificarse cuando se trata de medidas estrictamente proporcionales que se adoptan para garantizar que las protestas se desarrollen pacíficamente, y no para frustrar la expresión de las opiniones.

Una visita incómoda para el gobierno de la vida mejor

Del 23 al 27 de mayo de este año, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre las Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, visitó el país con el objetivo de examinar el nivel de protección del derecho a la vida, la integridad personal y el acceso a la justicia y la rendición de cuentas cuando se vulneran tales derechos.

Como producto de esta visita, el Relator Especial publicó una serie de observaciones preliminares, que serán ampliadas y detalladas en un informe que presentará en el año 2017 al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Para el Relator Especial, a pesar de la reducción en la tasa de homicidios, el problema en Honduras tiene dos dimensiones paralelas: por un lado, el elevado número de personas que son asesinadas y por otro, el bajo número de presuntas personas responsables intelectuales y materiales que son investigadas y sancionadas.

En este sentido, la “impunidad es el distintivo y en gran parte la causa de la continua violencia”, y a su vez, “es el resultado de una arraigada corrupción, extorsión y debilidad de las instituciones” que se profundizó con el golpe de Estado de 2009.

El Relator Especial es enfático al señalar que el problema de inseguridad se complica por la creciente militarización de la seguridad pública y los conexos episodios de uso excesivo de la fuerza por los miembros de la policía nacional, de la policía militar y de las fuerzas armadas, “a veces en confabulación con el crimen organizado”.

A esta misma conclusión llegó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al señalar en su más reciente informe sobre Honduras que la situación de violencia y criminalidad resulta exacerbada cuando parte de ella proviene “del mismo cuerpo policial, de la policía militar y del ejército a través del uso ilegítimo de la fuerza, en algunos casos en complicidad con el crimen organizado”.

El Relator Especial nos da la razón al hacer esta afirmación pues desde hace años hemos venido alertando que la remilitarización de la seguridad provoca más problemas de los que supuestamente pretende resolver y coloca a la ciudadanía en una situación de mayor vulnerabilidad frente a unos soldados que no tienen la capacidad de distinguir entre ciudadanos que proteger y enemigos que eliminar.

Los datos registrados por Human Rights Watch en su informe 2015 son contundentes al respecto: desde que el presidente Juan Orlando Hernández incrementó la participación militar en la lucha contra la criminalidad, las denuncias de violaciones a derechos humanos cometidas por militares han aumentado considerablemente.

La violencia y la criminalidad solo podrá ser arrancada de raíz de nuestra sociedad si se adopta una política de seguridad que incluya programas orientados a intervenir en las condiciones de extrema pobreza, exclusión social y negación de derechos tan básicos como la educación, la salud, la vivienda, el empleo, etc., cuya intolerable negación provoca que la conflictividad aumente y se ponga en riesgo el régimen democrático.

Honduras: Un infierno para las mujeres y las niñas

La violencia en Honduras tiene serias implicaciones para la normalidad de la vida de la gente, particularmente para sectores vulnerabilizados como las mujeres y las niñas. Solo en el periodo del 2004 al 2015 se contabilizaron 58,948 homicidios, lo que refleja un promedio anual de 4,912 casos, una media mensual de 409 víctimas y un promedio diario de 14 homicidios.

Con el incremento del crimen organizado y el tráfico de drogas, más la deficiente respuesta judicial que conlleva a la impunidad y a la corrupción, la violencia tiene un impacto particular en mujeres y niñas.

Así, en el año 2013 fueron asesinadas 636 mujeres, lo que representa un aumento de 263.4% de femicidios con respecto a 2005, cuya tasa por cada 100 mil habitantes era de 2.7 y en 2013 pasó a 14.6. En el 2014, 526 mujeres fueron asesinadas y en el 2015, 471, es decir, actualmente cada 16 horas es asesinada una mujer en el país.

Por otro lado, es preocupante el aumento de denuncias de desapariciones de mujeres y niñas, ya que para el año 2008 se reportaron 91 mujeres desaparecidas y para el 2013 se reportaron 347, a lo que se suman 155 denuncias por delitos que implican desapariciones como privación injusta de la libertad, secuestro y tráfico de personas.

Y en lo que respecta a delitos sexuales, de los 3,017 denunciados en el 2015, las mujeres representan el 86.6 por ciento de las víctimas, es decir, 2,612.

A esto se suma que dentro de las razones para ser considerado “enemigo” o “traidor” en la lógica de las maras o redes de narcotráfico figuran, entre otras, la “resistencia”, entendida como el rechazo de las mujeres jóvenes a las atenciones o propuestas de los mareros o de los narcotraficantes.

La “resistencia” puede implicar una sentencia de muerte u otras violaciones graves a los derechos humanos, por lo que el desplazamiento forzado resulta una estrategia de sobrevivencia.

En este sentido, el aumento de la presencia del crimen organizado y sus distintas manifestaciones delictivas, “está llevando a que cada vez más personas se vean forzadas a dejar su lugar de residencia habitual para proteger su vida, libertad, integridad y seguridad física”. Se calcula que el 51% de la población desplazada internamente son mujeres.

En palabras de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre Violencia contra las Mujeres tras una visita a Honduras, “la violencia contra las mujeres está propagada, es sistemática y su impacto se manifiesta de diversas formas en las mujeres y las niñas”.

Si esta situación no es un infierno para las mujeres y las niñas, que el gobierno nos explique qué es.

Usted bien sabe señor presidente

Usted bien sabe que en los últimos años sus gobiernos legislativo y ejecutivo han venido promoviendo un proceso acelerado de concesiones masivas de bosque, subsuelo y ríos sin que las comunidades sean consultadas previamente acerca de su impacto en la vida y la salud de sus miembros.

Usted bien sabe que esta situación está generando una serie de conflictos que terminan en abusos a los derechos humanos, como amenazas, desplazamientos, atentados, criminalización y asesinatos en contra defensores y defensoras ambientalistas. El caso del asesinato de Berta Cáceres es un ejemplo reciente.

Usted bien sabe que uno de los detonantes de estos conflictos es la falta de voluntad de su gobierno para garantizar la participación ciudadana y respetar el derecho a un procedimiento de consulta previa e informada de las comunidades.

Usted bien sabe que por lo anterior, el Estado ha sido condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 4 ocasiones por violaciones a derechos humanos relacionados con la defensa del medio ambiente.

Usted bien sabe que en dos de los casos, las víctimas –Jeannette Kawas y Carlos Luna- fueron asesinadas por su labor de defensoras ambientalistas y el Estado fue encontrado responsable internacionalmente por no prevenir ni investigar diligentemente los hechos.

Usted bien sabe que en los otros dos, el Estado fue condenado por incumplir su obligación de adaptar las leyes nacionales a los estándares internacionales, lo cual se ha traducido en la violación declarada de los derechos a la consulta y a la propiedad del pueblo garífuna.

Usted bien sabe, señor presidente, que si quiere poner un alto a esta tragedia ambiental y humana, tiene la obligación de adoptar una normatividad y práctica adecuada para efectuar un proceso adecuado y participativo que garantice a las comunidades una consulta previa, libre, informada y de buena fe.

Nosotros y nosotras sabemos, señor presidente, que usted no tiene la voluntad política para detener esta grave situación pues su arrogancia es tan inmensa como su ambición, y usted y sus esbirros se benefician de la muerte y la miseria de la gente. 

Pero en el fondo usted sabe que tarde o temprano, su soberbia y autoritarismo se ahogarán en el mar de indignación que provocan sus actos y omisiones deliberadas. 

Un cáncer que carcome lentamente nuestra frágil democracia

Desde el retorno formal a la senda democrática a inicios de los años 80, a nuestra frágil democracia se le incubó intencionalmente un virus que al día de hoy se ha convertido en un cáncer que lacera el desarrollo y consolidación del Estado de derecho. 

 

Dicho virus se encuentra en el artículo 272 de la Constitución nacional, al otorgarle a las Fuerzas Armadas la facultad de mantener la paz, el imperio de la Constitución, los principios del libre sufragio y la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República.

En más de 3 décadas, nuestra democracia ha sufrido episodios gravísimos por culpa de este cáncer: En los años 80 el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos documentó 184 casos en los que los militares fueron protagonistas de torturas, desapariciones, ejecuciones arbitrarias y otras graves violaciones a derechos humanos.

Los militares volvieron a ser protagonistas de la tragedia nacional cuando en el marco del golpe de Estado fueron responsables de muertes, represión de manifestaciones públicas, criminalización de la protesta social, detenciones arbitrarias de miles de personas, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, serias restricciones arbitrarias al derecho a la libertad de expresión y graves vulneraciones a los derechos políticos. Muchos de estas violaciones fueron catalogadas crímenes de lesa humanidad.

Y a partir del gobierno de Juan Orlando Hernández, las denuncias de violaciones a derechos humanos cometidas por militares han aumentado considerablemente. De acuerdo con Human Rights Watch, “policías militares han sido acusados de al menos nueve asesinatos, más de 20 casos de tortura y cerca de 30 detenciones ilegales entre 2012 y 2014”, y al menos 24 soldados están siendo investigados en relación con dichos asesinatos.

Y para variar, su responsabilidad en las represiones criminales contra las protestas y manifestaciones pacíficas de las mujeres, de los periodistas, de los estudiantes de secundaria y de los miembros del COPINH, reflejan que se sienten valientes y poderosos frente a la ciudadanía indignada pero son unos miserables cobardes para defender la integridad territorial y la soberanía de la república, por cuyas fronteras el narcotráfico y el crimen organizado se pasean con total libertad.