De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte y Comisión Interamericanas de Derechos Humanos, las personas periodistas y comunicadoras sociales son consideradas las principales ejecutoras de la libertad de expresión, por tanto, cualquier agresión a su vida o integridad por ejercer el periodismo constituye un violento ataque a dicha libertad.
Las agresiones cometidas en contra de periodistas y comunicadoras sociales tienen el objetivo de silenciarlas, de eliminar cuando realizan investigaciones sobre los abusos del poder, y buscan ser una herramienta de intimidación para impedir a toda costa que la sociedad pueda acceder libremente a cierta información.
Según Reporteros sin Fronteras, el gobierno ilegítimo de Juan Orlando Hernández “ha aumentado su control de la información e incrementado sus maniobras para hacer callar a los periodistas que considera demasiado críticos” y “la mayoría de las veces las agresiones y los actos de violencia contra periodistas son cometidos por la policía y el ejército”.
En este sentido, Honduras ocupa el deshonroso lugar 146 de 180 países en materia de libertad de prensa, ya que ejercer el periodismo es una actividad de alto riesgo y ser periodista, comunicador o comunicadora social es una de las profesiones más peligrosas en el país. El asesinato del periodista Leonardo Gabriel Hernández el pasado 17 de marzo es una muestra.
Con él, la lista siniestra se eleva a 77 asesinatos de personas vinculadas a los medios de comunicación entre el año 2001 y abril de 2019, de los cuales, más del 90% se encuentran en la impunidad, de acuerdo con los datos manejados por el Comité por la Libre Expresión (C-Libre).
Sin ninguna duda, el asesinato de personas periodistas y comunicadoras sociales constituye la forma de censura más extrema, que no solo vulnera de modo radical la libertad de expresión de la persona asesinada, sino de toda la sociedad en su conjunto.
La existencia de una prensa independiente que pueda ejercer su trabajo en un entorno seguro es una de las características esenciales de un régimen democrático. Sin libertad de prensa y expresión no puede haber democracia.
Las agresiones cometidas en contra de periodistas y comunicadoras sociales tienen el objetivo de silenciarlas, de eliminar cuando realizan investigaciones sobre los abusos del poder, y buscan ser una herramienta de intimidación para impedir a toda costa que la sociedad pueda acceder libremente a cierta información.
Según Reporteros sin Fronteras, el gobierno ilegítimo de Juan Orlando Hernández “ha aumentado su control de la información e incrementado sus maniobras para hacer callar a los periodistas que considera demasiado críticos” y “la mayoría de las veces las agresiones y los actos de violencia contra periodistas son cometidos por la policía y el ejército”.
En este sentido, Honduras ocupa el deshonroso lugar 146 de 180 países en materia de libertad de prensa, ya que ejercer el periodismo es una actividad de alto riesgo y ser periodista, comunicador o comunicadora social es una de las profesiones más peligrosas en el país. El asesinato del periodista Leonardo Gabriel Hernández el pasado 17 de marzo es una muestra.
Con él, la lista siniestra se eleva a 77 asesinatos de personas vinculadas a los medios de comunicación entre el año 2001 y abril de 2019, de los cuales, más del 90% se encuentran en la impunidad, de acuerdo con los datos manejados por el Comité por la Libre Expresión (C-Libre).
Sin ninguna duda, el asesinato de personas periodistas y comunicadoras sociales constituye la forma de censura más extrema, que no solo vulnera de modo radical la libertad de expresión de la persona asesinada, sino de toda la sociedad en su conjunto.
La existencia de una prensa independiente que pueda ejercer su trabajo en un entorno seguro es una de las características esenciales de un régimen democrático. Sin libertad de prensa y expresión no puede haber democracia.
