El fin de la MACCIH, otra bofetada a la voluntad popular

Uno de los elementos fundamentales del sistema democrático es la legitimidad, es decir, el consentimiento y convencimiento de la ciudadanía de que el régimen que gobierna y sus decisiones son las mejores para la colectividad, y, por tanto, no necesita el uso de la fuerza para imponerse.

Para ello se requiere el respeto absoluto al principio de la soberanía popular que se expresa en la voluntad de las mayorías mediante elecciones libres, auténticas y justas. En otras palabras, una parte de la legitimidad democrática se gana cuando los resultados electorales corresponden con la voluntad popular.

Dos de las principales características del régimen de Juan Orlando Hernández son el autoritarismo y la falta de legitimidad, por lo que ha tenido que imponerse mediante el fraude, la represión policial-militar y las graves violaciones a derechos humanos, todo cubierto bajo el manto de la corrupción y la impunidad.

Como todo régimen autoritario, es ciego y sordo ante la voz popular, y solo vela por sus propios intereses y de la clase corrupta que representa. Por eso no le importó violar la Constitución para imponer su reelección que consumó a través de un fraude electoral.

Y lo mismo ha sucedido con la MACCIH, que, pese a existir una rotunda demanda ciudadana para su continuidad, el régimen la dejó morir para evitar que siguiera con su trabajo de desenredar las redes de corrupción que llegan hasta él y su círculo de poder.

Por ello, como señala la doctora Ana Ortega, “pese al contexto de represión, precariedad de la vida, fragmentación e incluso expulsión de buena parte de la población”, el papel opositor de la ciudadanía es central para activar la ruptura de este círculo vicioso de corrupción, impunidad y cinismo de los actores políticos.

Fuente:  https://www.radioprogresohn.net/np/el-fin-de-la-maccih-otra-bofetada-a-la-voluntad-popular/

Que se declare emergencia nacional por la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas

El nuevo año comienza con la misma escalada de violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas del año pasado. De acuerdo con el Foro de Mujeres por la Vida, hasta el 8 de enero se habían registrado 11 femicidios, lo cual confirma el delicado contexto en el que sus cuerpos, sus vidas, su libertad, sus derechos y su dignidad corren un peligro constante.

En su más reciente informe de país, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) observó la grave situación de violencia que enfrentan las mujeres, adolescentes y niñas, y las diversas formas en que ésta se expresa, en particular por razones de género y por la prevalencia de violencia sexual.

Además, para este órgano interamericano es preocupante la violencia ejercida contra mujeres en situación especial de riesgo, como las mujeres lesbianas, bisexuales, transexuales o intersex, y las mujeres defensoras de derechos humanos.

Un aspecto muy alarmante de esos crímenes es que se realizan con particular ensañamiento, dado que indican un patrón de violencia extrema contra las mujeres, adolescentes y niñas que incluye secuestros, desapariciones, torturas en las llamadas “casas locas”, mutilaciones, desmembramientos, aplastamientos del rostro, quemaduras en el cuerpo y otros crímenes de odio.

A pesar de la gravedad de la situación, las acciones de las autoridades estatales tienen una cobertura escasa, no se cuenta con suficiente capacidad investigativa y no se destinan suficientes recursos a instancias especializadas para acabar de raíz con esta lacra.

Por ello es que persisten altos índices de impunidad ante estos hechos violentos, cuya tasa alcanza más del 90% de los femicidios y el 95% de casos de violencia sexual. Esto es particularmente grave porque, como señala la CIDH, la impunidad facilita la violencia y discriminación contra ellas.

Exigimos que se declare una emergencia nacional por la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas, y que el Estado asuma su responsabilidad de investigar con la debida diligencia todos estos crímenes, y de implementar estrategias integrales para erradicar los estereotipos y patrones discriminatorios para garantizar su derecho a vivir libre de violencia.

Fuente:  https://www.radioprogresohn.net/np/que-se-declare-emergencia-nacional-por-la-violencia-contra-las-mujeres-adolescentes-y-ninas/

Exigencias de transformación del sistema penitenciario

El gobierno de Ricardo Maduro inauguró una siniestra etapa de involucramiento de los militares en tareas de seguridad ciudadana que poco a poco fue ampliándose hasta abarcar casi todas las áreas pertenecientes al poder civil.

Ese gobierno también inició la terrible era de las masacres en las cárceles hondureñas, la cual se ha vuelto prácticamente una tradición en los gobiernos nacionalistas. Así, en abril de 2003, 69 personas murieron en un incendio y amotinamiento en la granja penal de El Porvenir en La Ceiba, Atlántida.

Un año después, en mayo de 204, 107 personas privadas de libertad murieron en otro incendio en el centro penal de San Pedro Sula, por el cual, el Estado de Honduras fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En febrero de 2012, en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa, 361 personas murieron en un nuevo incendio en la granja penal de Comayagua. Y entre los días 20 y 22 de diciembre de 2019, bajo el régimen militarista de Juan Orlando Hernández, al menos 37 personas privadas de libertad murieron violentamente.

El 20 de diciembre murieron al menos 19 personas en el centro penal de Tela. Dos días después, perdieron la vida al menos 18 personas privadas de libertad. A esto se suman los 5 asesinatos en La Tolva y los 4 asesinatos de adolescentes en el Centro Pedagógico Renaciendo.

En total, solo en el mes de diciembre murieron violentamente 46 personas privadas de libertad y bajo la custodia del Estado. Además de que estos hechos han sucedido en gobiernos nacionalistas, hay otras dos características que tienen en común.

En primer lugar, la complicidad de los custodios penitenciarios, sean policías o militares, en la entrada de armas a los centros penales; y, en segundo lugar, las fuertes denuncias de su involucramiento, por acción u omisión, en dichas muertes.

La exigencia de la ciudadanía democrática debe sumarse a la de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos que instan al Estado hondureño a cumplir con sus obligaciones internacionales de derechos humanos.

En este sentido, se debe desmilitarizar la gestión penitenciaria y traspasarse efectivamente a autoridades civiles, y reformar el sistema penitenciario para avanzar hacia un enfoque de reinserción y rehabilitación de las personas privadas de libertad en concordancia con los estándares internacionales de derechos humanos.

Fuente: https://www.radioprogresohn.net/np/exigencias-de-transformacion-del-sistema-penitenciario/

Cárceles de máxima seguridad y militares

El asesinato de al menos cinco personas en un supuesto amotinamiento en la cárcel de máxima seguridad “La Tolva” o “El Pozo II”, vuelve a dejar claro que lo único seguro en las megacárceles creadas por el régimen es la muerte.

El régimen vendió la falsa idea de que con estas cárceles se mejoraría la convivencia entre las personas privadas de libertad consideradas peligrosas y se les controlaría con efectividad, ya que pese a estar bajo la custodia del Estado, continuaban sus actividades delictivas desde el interior de los presidios.

Con esta lógica, se militarizó la función penitenciaria, lo que implicó entregar a los militares la custodia y control de las cárceles de máxima seguridad; no obstante, hasta la fecha los militares demuestran una vez más que son unos incompetentes. Para muestra dos botones.

Han sido incapaces para cuidar las fronteras nacionales con el fin de evitar que el narcotráfico transporte la cocaína que cruza el territorio nacional en su paso hacia Estados Unidos, tal y como lo confirma el caso del hermano del presidente de facto, Tony Hernández.

También han sido incapaces, a pesar de su poderío armamentístico, para evitar que se cometan 5 masacres cada mes y que el número de ellas, 58 en este año, represente un aumento del 50% en comparación con el año pasado en el que se registraron 43 masacres.

Y a esto se le suma su incapacidad para evitar que en las cárceles de máxima de seguridad se haya asesinado a 16 personas privadas de libertad, entre ellas, a Magdaleno Meza, dueño de las narcolibretas que evidenciaron el vínculo de los hermanos Hernández con el narcotráfico.

No hay ninguna duda que los militares solo sirven para violentar los derechos humanos y consumir enormes recursos del presupuesto nacional que deberían usarse con el fin de garantizar condiciones dignas del casi 70% de la población que vive en pobreza.

La ciudadanía democrática debemos continuar exigiendo que se cumpla lo señalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido que el Estado debe desvincular a las Fuerzas Armadas de las funciones penitenciarias que deben ser asumidas por el poder civil.

Además, como lo señala la Mesa Penitenciaria de Honduras, se debe investigar de manera pronta y efectiva los crímenes, e implementar una política pública cuyo enfoque sea la seguridad social, la rehabilitación y la reinserción social de las personas privadas de libertad.

Fuente: https://wp.radioprogresohn.net/carceles-de-maxima-seguridad-y-militares/

Ser macho mata

“El patriarcado es un juez, que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que no ves. Es femicidio. Impunidad para mi asesino. Es la desaparición. Es la violación. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo vestía. El violador eres tú. El violador eres tú”.

Así comienza la canción creada en Chile por el colectivo artístico Las Tesis, que denuncia la violencia sexual ejercida por el Estado hacia las mujeres. En tan solo unos días se ha convertido en un fenómeno mundial y en un potente himno feminista que ha sido interpretada en decenas de ciudades del mundo.

Honduras no podía ser la excepción. El movimiento feminista ha hecho suya esta canción y la ha adaptado a nuestra realidad para denunciar la grave situación de violencia que enfrentan las mujeres y las niñas, y que sufren de manera diferenciada en uno de los países más violentos del mundo.

Sin embargo, la reacción de muchos hombres ha sido la burla, el enojo e incluso el absurdo de vincular esta reivindicación con el comunismo y el chavismo. Esta postura ignora que cada 22 horas una mujer es asesinada y que cada día se denuncian 58 hechos de violencia doméstica.

A ello se suma que en la última década más de 50 mil niñas han sufrido abusos sexuales y que cada 3 horas una mujer es víctima de agresión sexual. En el 86% de los casos de violencia sexual las víctimas son mujeres y niñas.

Se debe llamar la atención que la característica más común de esta violencia de género es que los victimarios son hombres de todas las edades, religiones, formación y nivel académico o social. En este sentido, esta plaga de violencia tiene su origen y corresponde con la manera hegemónica de ser hombre.

Y esta forma de ser varón está basada en gran medida en el uso de la fuerza, ligada al poder y al dominio, y, por tanto, no es exagerado afirmar, como señala Octavio Salazar, que “ser macho mata”.

Los hombres debemos entender que cuando se denuncia la violencia del patriarcado no implica necesariamente que todos los hombres son violadores, femicidas y golpeadores, sino que se llama la atención sobre el hecho indiscutible de que la violencia de género es provocada mayoritariamente por hombres.

El mayor aporte que podemos hacer los hombres es establecer alianzas con las mujeres sin asumir el protagonismo y trabajar por hacer igualitarios los espacios monopolizados por nosotros. Siguiendo a Salazar, ello implica perder el miedo al feminismo.

Fuente: https://wp.radioprogresohn.net/ser-macho-mata/