miércoles, 26 de junio de 2013

El fracaso del Estado en la depuración del sector justicia



Hace más de un año que el gobierno de Lobo Sosa anunció con bombos y platillos un proceso de reorganización y depuración de los órganos del sector justicia, es decir, la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Para ello se crearon nuevas instituciones como la Comisión de Reforma de la Seguridad Pública y la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial.
No obstante, pasado el tiempo, dicho proceso de reorganización y depuración es un total fracaso, lo cual refleja la falta de coordinación entre las instancias correspondientes, la diversidad de agendas por los intereses políticos de ciertos actores y la nula voluntad política para enfrentar la situación de corrupción e impunidad.
La Comisión de Reforma de la Seguridad Pública se ha convertido en una comisión legislativa que se ha limitado a elaborar y presentar 7 leyes sin que la sociedad tenga claro sus contenidos. Y en vez de ser la instancia encargada de coordinar el proceso de depuración, se ha encerrado en sí misma y no ha dado los resultados esperados.
La Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial sigue siendo dirigida por dos funcionarios que han sido aplazados en las comparecencias ante el Congreso Nacional y a pesar de haber renunciado y aceptadas sus renuncias, el Consejo Nacional de Seguridad Interior intencionadamente ha retardado la presentación de una terna para que el presidente Lobo seleccione al nuevo director y subdirector.
El nuevo secretario de seguridad ha descalificado las pruebas de confianza realizadas por expertos colombianos con el apoyo de Estados Unidos y ha comenzado a hacerlas nuevamente con personal hondureño sin que hasta la fecha se conozcan los resultados de las mismas, ya que ha decidido dar la información a cuenta gotas y mediante comunicados oficiales sin posibilidad real de acceder a toda la información pertinente.
Y el Congreso Nacional, aprovechando que el tema de seguridad es rentable electoralmente, se ha dedicado a proponer leyes, reformas y la creación de nuevas instancias como la fuerza especial TIGRES, como si por decreto se puede cambiar la realidad de violencia e impunidad que nos azota.
Todo ello nos evidencia que no hay una política pública de seguridad que establezca los lineamientos o cursos de acción para alcanzar el objetivo de lograr una sociedad en paz, para lo cual se requiere que las autoridades se ocupen de las diferentes dimensiones de los problemas que originan la criminalidad y la violencia.

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