miércoles, 26 de junio de 2013

Los hallazgos de la Comisión Interventora



La semana anterior presentó su informe la Comisión Interventora del Ministerio Público que durante 60 días ejecutó un proceso de evaluación, depuración, administración y fortalecimiento de esa institución del Estado.
El informe presentado al Congreso Nacional consta de 19 páginas y documentos anexos que incluyen una evaluación al Ministerio Público en general, una evaluación a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y una evaluación a la Fiscalía Especial de Derechos Humanos. 
Los hallazgos del informe de la Comisión Interventora se centran en la ausencia de liderazgo institucional, la falta de coordinación y de credibilidad del Ministerio Público, el manejo inadecuado del presupuesto, la falta de protección a los fiscales, la ineficiencia e irresponsabilidad en la investigación de los delitos y la existencia de un grupo privilegiado de fiscales y otros empleados que han usado de forma exclusiva los recursos y que se han beneficiado de ascensos y aumentos salariales arbitrarios.
En resumen, la Comisión Interventora ha venido a confirmar lo que es un secreto a voces, que el Ministerio Público se ha convertido en un nido de corrupción en el que los últimos fiscales generales y adjuntos se han dedicado a comprar consciencias, pagar favores políticos y darse la dolce vita a costa de la sangre derramada y del sufrimiento de las víctimas. 
Aunque este informe se ha quedado corto en relación con las expectativas generadas, al menos significa un reconocimiento oficial de la situación calamitosa en la que se encuentra el Ministerio Público debido al desorden en el manejo financiero y a la falta de eficiencia y responsabilidad al conducir y gobernar la institución, para lo que recomienda, entre otras cosas, la realización de una auditoría internacional.
Pero sobre todo, nos deja a toda la sociedad un desafío toral en relación con la elección del nuevo Fiscal General y su Adjunto en marzo de 2014, en el sentido de garantizar que tal elección se realice “con transparencia y amplia participación ciudadana, basada en los méritos profesionales, académicos, éticos y de reconocida honorabilidad e idoneidad de los candidatos y candidatas a ocupar dichos cargos”.   

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