GINEBRA (29 de julio de 2010) – Tres expertos independientes de Naciones Unidas* advirtieron que la reciente destitución de tres jueces y una magistrada en Honduras “puede tener el efecto de un mensaje intimidatorio a otros jueces y magistrados para que se abstengan de manifestar opiniones diferentes a aquéllas expresadas por las autoridades actuales”.
“Esto representaría un ataque inadmisible contra la independencia de los jueces y magistrados hondureños así como contra las libertades de opinión, expresión, reunión y asociación de los individuos, grupos o instituciones que promueven y protegen los derechos humanos y las libertades fundamentales en Honduras”, señalaron los expertos, que siguen con atención el desarrollo de la situación judicial en Honduras.
El 18 de junio de 2010, los jueces Guillermo López Lone, Luis Chávez y Ramón Enrique Barrios y la magistrada Tirza Flores fueron notificados de la decisión de destitución de la carrera judicial emitida por la Suprema Corte de Justicia por ‘incumplimiento o violaciones graves de sus deberes’. La decisión fue emitida por la Sala Plena de la Corte el 5 de mayo de 2010 y ratificada en las sesiones de Sala Plena de 12 de mayo y 1 de junio de 2010.
“Ninguna de las resoluciones que motivaron la destitución de estos jueces y de la magistrada contiene los fundamentos jurídicos que justifiquen por qué las conductas objeto del procedimiento disciplinario fueron consideradas como graves”, destacaron los expertos de la ONU. “Las destituciones parecen estar relacionadas a la expresión pública del rechazo de estos profesionales de la judicatura a los acontecimientos ocurridos durante la crisis política de junio de 2009, así como a su participación en algunos actos de protesta contra los mismos”.
“Los jueces sólo pueden ser destituidos por razones graves de mala conducta o incompetencia, de conformidad con procedimientos equitativos que garanticen la objetividad y la imparcialidad”, indicaron los expertos en derechos humanos. “Aceptar una invitación a dictar una conferencia, escribir un artículo, presentar un recurso de hábeas corpus en favor del Presidente destituido o participar en manifestaciones públicas no parece responder a estos criterios”.
Se habría también violado el derecho de los jueces destituidos al debido proceso, al habérseles sancionado sin haber sido escuchados y al habérseles impedido participar en las sesiones plenarias en las cuales se acordó o ratificó su destitución.
Los tres jueces y la magistrada impugnaron la decisión de la Corte Suprema ante el Consejo de la Carrera Judicial de Honduras, que se espera se pronuncie en breve sobre las apelaciones.
“Esperamos que el Consejo otorgue a los funcionarios despedidos la posibilidad de ser escuchados y presentar pruebas en una nueva audiencia. Confiamos que este conflicto se pueda resolver de manera positiva y conforme a los estándares internacional en la materia”. “Resulta necesario avanzar en la consolidación de la independencia judicial en Honduras, garantía de la democracia y del Estado de Derecho”, concluyeron los expertos.
(*) Relatora Especial sobre la independencia de Magistrados y Abogados, Sra. Gabriela Knaul; Relator Especial sobre la libertad de opinión y expresión, Sr. Frank La Rue; y Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Sra. Margaret Sekaggya.
Vea los “Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura”: http://www2.ohchr.org/spanish/law/judicatura.htm
Fuente: http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=10235&LangID=S
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