Red Morazánica de Información
Tegucigalpa. 30 julio 2010. La Comisión de Alto Nivel de la Organización de los Estados Americanos (CAN -OEA), constituida para Honduras, “estima conveniente poner fin a los juicios iniciados durante el régimen de facto contra el ex Presidente Zelaya y sus colaboradores”, de acuerdo a las leyes hondureñas,
Las acusaciones contra el presidente defenestrado, Manuel Zelaya, son “percibidas” por la Comisión, como “políticamente motivadas”, según el informe presentado por el Secretario General, José Miguel Insulza, hoy, 30 de julio como se habia previsto.
En vista de que, los dos procesos pendientes en contra de Zelaya, si bien corresponden a “hechos ocurridos con mucha anterioridad” al Golpe de Estado, “sólo fueron formalizados, hasta después” de que éste ocurriera.
Los procesos y la acción de la Fiscalía “recién fueron formalizados”, después de derrocado Zelaya como mandatario del país, “al mismo tiempo” que se le acusaba de traición a la patria, abuso de autoridad y otras, “en medio del clima político negativo que produjo el golpe de Estado”, explica la Comisión.
“Es evidente que en el momento de iniciarse los juicios se vivía una situación de ruptura constitucional”, la que no se puede ignorar. Por ello, esas acusaciones son percibidas como políticamente motivadas”, declara la Comisión de Alto Nivel de la OEA para Honduras.
La CAN-OEA, recomienda que “se ponga en práctica”, al reingresar Zelaya a su país, la disposición manifiesta por el titular del régimen, Porfirio Lobo, para proteger el derecho de retorno de Zelaya.
La Comisión sugiere que Zelaya, debería solicitar a la Junta Directiva del Parlamento Centroamericano (Parlacen) su incorporación a ese organismo, lo que le reconocería su carácter de presidente constitucional de Honduras, anterior a Porfirio Lobo.
La CAN-OEA, reconoce las medidas positivas informadas por la Ministra Asesora en Derechos Humanos y la Fiscal Especial de Derechos Humanos; así como también, la presencia de un asesor externo para investigar los crímenes contra periodistas y defensores de derechos humanos.
Sin embargo, la Comisión, exhorta a Lobo, a cumplir acciones concretas ya antes recomendadas por la CIDH, tal como el esclarecimiento de los asesinatos de varias personas, entre ellas periodistas y defensores y defensoras de derechos humanos.
Además, el régimen debe poner fin a las amenazas y hostigamientos contra defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales, maestros y miembros del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), y jueces que se oponen al golpe de Estado.
Para ello, es necesario evitar cualquier impedimento u hostilidad hacia ellos, especialmente hacia los opositores al Gobierno actual, cuya seguridad y protección debe ser garantizada por la autoridad.
Se pide al régimen que dote a la Comisión Interinstitucional de Derechos Humanos de Honduras, de los recursos humanos y materiales necesarios para efectiva la garantía de los derechos humanos del pueblo hondureño, y el cumplimiento de las medidas cautelares de la CIDH, para proteger la vida y la integridad de numerosas personas en riesgo.
Cesar la impunidad por las violaciones a los derechos humanos, incluidas las verificadas por la CIDH y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU.
La Comisión valoró bien que el régimen de Lobo haya creado una Unidad de Investigaciones de Violaciones a Derechos Humanos en la Fiscalía Especial pertinente; y otros órganos estatales de derechos humanos. Así como las “solicitudes de colaboración formuladas a los Gobiernos de Colombia y Estados Unidos” para investigar violaciones a los derechos humanos.
Del mismo modo que, la deposición de Lobo para convocar a un diálogo nacional entre todos los sectores políticos, para discutir temas que sean del interés de todas las partes, a fin de llegar a una reconciliación en Honduras.
La Comisión considera que toda la sociedad hondureña debe colaborar con la Comisión oficialista de la Verdad y de Reconciliación, para determinar lo ocurrido el 28 de junio de 2009.
Con ese propósito, debe evitar cualquier impedimento u hostilidad, en “especial hacia los opositores al Gobierno actual, cuya seguridad y protección debe ser garantizada por la autoridad”, indica.
El informe deberá ser considerado por la Asamblea General para decidir sobre Honduras, de conformidad con la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana, según establece el Informe de la CAN-OEA.
El Secretario General, José Miguel Insulza, en cumplimiento del mandato de los Cancilleres reunidos en Lima, en junio pasado, presentó a la Asamblea General, el informe referido a la situación de Honduras, a través de la presidenta del Consejo Permanente, María Isabel Salvador.
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