Por Giorgio Trucchi - Rel-UITA
Del 25 de febrero al 4 de marzo una nutrida representación de organizaciones y redes nacionales e internacionales se trasladará hacia el Valle del Aguán, en el noreste de Honduras, para realizar una atenta evaluación de la situación de los derechos humanos, y sensibilizar la comunidad internacional ante el estado de desamparo en que viven miles de familias campesinas. Rel-UITA integrará la misión y brindará una puntual cobertura periodística de esa importante iniciativa.
El proceso de despojo y concentración de tierras y la implementación de monocultivos, sobre todo de palma africana, han venido socavando el derecho a la seguridad alimentaria de miles de familias campesinas del Bajo Aguán, generando una grave situación de violencia y represión.
De acuerdo con datos presentados por FIAN Internacional (Foodfirst Information & Action Network), son 18 los activistas de comunidades campesinas asesinados en el 2010. Una situación altamente dramática que se enmarca en un contexto generalizado y sistemático de hostigamiento, represión y desalojo violento, contra las organizaciones campesinas que siguen exigiendo el acceso a la tierra y una reforma agraria integral.
“Ante estos hechos, varias organizaciones¹ decidieron que era importante emprender una misión de seguimiento de la situación en el Bajo Aguán”, explicó Claudia Pineda, miembro de FIAN Internacional en Honduras.
Según Pineda, entre los objetivos de la misión se destaca evaluar la situación de los derechos humanos en la zona, expresar apoyo y atención internacional a las organizaciones campesinas y sociales de la región y dar visibilidad a la situación de derechos humanos en el Bajo Aguán ante la comunidad internacional.
“También queremos contribuir con un análisis específico del conflicto a la preparación del estudio preliminar que será presentado a la Corte Penal Internacional (CPI) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”, expresó la activista de FIAN Internacional.
Las organizaciones que integran la misión desarrollarán visitas de campo a los asentamientos campesinos afectados por la represión y se entrevistarán con organizaciones sociales, populares y sindicales, y con profesionales del Derecho para analizar el nivel de impunidad que existe en la región. También están previstas reuniones con funcionarios del Instituto Nacional Agrario (INA), la Fiscalía de Derechos Humanos y representantes del cuerpo diplomático y organizaciones internacionales.
El informe final será presentado ante la CIDH y se hará referencia a sus resultados en el contexto de la reunión del Examen Periódico Universal sobre Honduras del Consejo de Derechos Humanos.
“Además, será trasmitido al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH), a las diversas instituciones competentes de la Organización de Estados Américanos (OEA) y de la Unión Europea, de sus Estados miembros y a la Corte Penal Internacional”, concluyó Pineda.
Notas:
¹ Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), Swiss Interchurch Aid (HEKS), Rel-UITA, Iniciativa de Copenhague para América Central y México (CIFCA), FIAN Internacional, Via Campesina Internacional, MS Dinamarca, organizaciones de derechos humanos hondureñas, entre otros
Fuente: http://www.rel-uita.org/agricultura/palma_africana/mision_bajo_aguan/mision_internacional_evaluara_situacion.htm
Espacio relacionado con la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho.
jueves, 24 de febrero de 2011
martes, 22 de febrero de 2011
El cinismo de las palabras
La clase política hondureña es experta en manipular las palabras pues saben que todo discurso, en la medida que es aceptado por las personas, produce efectos sobre la vida y las prácticas de quienes lo aceptan.
En sociedades como la nuestra, sitiadas por la pobreza y la exclusión social, y por el monopolio de los medios de comunicación masiva, el discurso de quienes detentan el poder genera prácticas y efectos que atentan contra la dignidad humana pero que son vistas como naturales por las víctimas de las mismas.
Así, al golpe de Estado le llaman sucesión constitucional; al reparto descarado del poder le llaman gobierno de unidad nacional; a la entrega del territorio nacional a grandes empresas trasnacionales le llaman progreso y desarrollo; al olvido y perdón sin castigo por las violaciones a los derechos humanos le llaman reconciliación nacional.
Por ello, debemos cuestionar los discursos desde las transformaciones que han efectuado en la vida cotidiana de la población pues en Honduras el régimen actual proclama la democracia y el respeto de los derechos humanos, y al mismo tiempo adopta o deja de adoptar decisiones políticas que condenan a grandes masas de la población a la muerte lenta que causa la exclusión, a la tortura, a las detenciones ilegales, al exilio y a la violencia.
Mientras el régimen de Lobo Sosa siga manteniendo esa profunda contradicción entre el discurso y la práctica, sus palabras quedan sólo en un ejercicio de cinismo pues hasta el momento la realidad confirma que dice que quiere aquello que en realidad no quiere.
El régimen debería entender que en el discurso de los derechos humanos hay palabras como reconciliación e impunidad, y democracia y exclusión, que no son compatibles ni armonizables.
En sociedades como la nuestra, sitiadas por la pobreza y la exclusión social, y por el monopolio de los medios de comunicación masiva, el discurso de quienes detentan el poder genera prácticas y efectos que atentan contra la dignidad humana pero que son vistas como naturales por las víctimas de las mismas.
Así, al golpe de Estado le llaman sucesión constitucional; al reparto descarado del poder le llaman gobierno de unidad nacional; a la entrega del territorio nacional a grandes empresas trasnacionales le llaman progreso y desarrollo; al olvido y perdón sin castigo por las violaciones a los derechos humanos le llaman reconciliación nacional.
Por ello, debemos cuestionar los discursos desde las transformaciones que han efectuado en la vida cotidiana de la población pues en Honduras el régimen actual proclama la democracia y el respeto de los derechos humanos, y al mismo tiempo adopta o deja de adoptar decisiones políticas que condenan a grandes masas de la población a la muerte lenta que causa la exclusión, a la tortura, a las detenciones ilegales, al exilio y a la violencia.
Mientras el régimen de Lobo Sosa siga manteniendo esa profunda contradicción entre el discurso y la práctica, sus palabras quedan sólo en un ejercicio de cinismo pues hasta el momento la realidad confirma que dice que quiere aquello que en realidad no quiere.
El régimen debería entender que en el discurso de los derechos humanos hay palabras como reconciliación e impunidad, y democracia y exclusión, que no son compatibles ni armonizables.
jueves, 17 de febrero de 2011
La impunidad y el discurso oficial
Desde que llegó al poder, Lobo Sosa y sus voceros han seguido el libreto del gobierno de facto en el sentido de repetir y repetir que en Honduras no pasa nada y que cada día la situación de los derechos humanos mejora.
No obstante, de acuerdo con el reciente sondeo de opinión realizado por el Instituto de Opinión Pública de la UCA de El Salvador y del ERIC-SJ en Honduras, el discurso del gobierno contrasta con la percepción de una amplia mayoría de la población, ya que un 84% considera que las violaciones a los derechos humanos han aumentado o siguen igual.
Esta percepción generalizada se materializa en la realidad, ya que mientras el régimen insiste en su compromiso con los derechos humanos, fortalece la impunidad mediante el nombramiento del general René Osorio Canales como nuevo jefe de las Fuerzas Armadas y del militar Miguel Ángel García Padgett como agregado militar en la embajada de Honduras en México.
El general Osorio Canales fue el encargado de ejecutar el asalto y arresto ilegal, y posterior destierro del ex presidente Zelaya, y García Padgett fue uno de los cuatro principales ejecutores del golpe de Estado.
Estos nombramientos se unen a los de otros miembros de la junta de comandantes que ejecutaron el golpe de Estado, el general Venancio Cervantes Suazo, nombrado Director General de Migración y Extranjería; el general Romeo Vásquez Velásquez, nombrado Gerente General de Hondutel; y el general Manuel Enrique Cáceres, nombrado Director de Aeronáutica Civil.
En vez de depurar su gobierno de todas aquellas personas que participaron en el rompimiento del orden constitucional, el régimen de Lobo Sosa les garantiza la impunidad y el pago de grandes salarios con los impuestos de una población sometida a la violación de sus derechos más elementales.
Por ello, parece un chiste de mal gusto el llamado del régimen hondureño de facilitar una transición pacífica en Egipto, mientras aquí, asegura la impunidad que lesiona a las víctimas, a sus familiares y al conjunto de la sociedad, propicia la repetición de las violaciones a los derechos humanos y obstaculiza un verdadero proceso de salida de la crisis política y de reconciliación nacional.
No obstante, de acuerdo con el reciente sondeo de opinión realizado por el Instituto de Opinión Pública de la UCA de El Salvador y del ERIC-SJ en Honduras, el discurso del gobierno contrasta con la percepción de una amplia mayoría de la población, ya que un 84% considera que las violaciones a los derechos humanos han aumentado o siguen igual.
Esta percepción generalizada se materializa en la realidad, ya que mientras el régimen insiste en su compromiso con los derechos humanos, fortalece la impunidad mediante el nombramiento del general René Osorio Canales como nuevo jefe de las Fuerzas Armadas y del militar Miguel Ángel García Padgett como agregado militar en la embajada de Honduras en México.
El general Osorio Canales fue el encargado de ejecutar el asalto y arresto ilegal, y posterior destierro del ex presidente Zelaya, y García Padgett fue uno de los cuatro principales ejecutores del golpe de Estado.
Estos nombramientos se unen a los de otros miembros de la junta de comandantes que ejecutaron el golpe de Estado, el general Venancio Cervantes Suazo, nombrado Director General de Migración y Extranjería; el general Romeo Vásquez Velásquez, nombrado Gerente General de Hondutel; y el general Manuel Enrique Cáceres, nombrado Director de Aeronáutica Civil.
En vez de depurar su gobierno de todas aquellas personas que participaron en el rompimiento del orden constitucional, el régimen de Lobo Sosa les garantiza la impunidad y el pago de grandes salarios con los impuestos de una población sometida a la violación de sus derechos más elementales.
Por ello, parece un chiste de mal gusto el llamado del régimen hondureño de facilitar una transición pacífica en Egipto, mientras aquí, asegura la impunidad que lesiona a las víctimas, a sus familiares y al conjunto de la sociedad, propicia la repetición de las violaciones a los derechos humanos y obstaculiza un verdadero proceso de salida de la crisis política y de reconciliación nacional.
martes, 15 de febrero de 2011
Protestas y capturas por oponerse plan de arbitrios y exigir una auditoría de las finanzas de la Alcaldía de Santa Rita
A tempranas horas de la mañana tres patrullas policiales detuvieron de forma irregular a 23 personas en la localidad de Santa Rita, municipio del departamento de Yoro.
Los detenidos, entre ellas tres mujeres y un menor de edad se mantienen recluídos en la posta de policía de la ciudad de El Progreso, al parecer por orden de la Fiscalía del Ministerio Público por el supuesto delito de atentar contra los medios de comunicación y en perjuicio de la municipalidad de Santa Rita.
Mientras en las afueras de la Alcaldía de Santa Rita unos 300 manifestantes exigen la liberación de sus compañeros-as y repudian las acciones represivas del alcalde Wilmer Noé Mejía, varios elementos de la policía preventiva custodian las instalaciones.
Manifestantes del Comité Pro Defensa de los Derechos del Pueblo de Santa Rita mantenían desde hace unos 9 días una toma indefinida del edificio municipal en demanda entre otras, por la derogación del nuevo plan de arbitrios, contra el incremento y la no privatización del agua potable, una auditoría a las finanzas de la Corporación, iluminación de la calle que conduce al Instituto Gabino Vásquez, que se terminen las obras de la Biblioteca Pública, el Rastro Municipal, la Casa de la Cultura y la reducción de los salarios de toda la Corporación.
Según vecinos a eso de las 4:50 de la mañana el propio alcalde Wilmer Noé Mejía, el Regidor José Santos y un contratista de nombre Daniel Alfaro junto a unos 40 elementos de la policía llegaron al inmueble y rompieron los candados de acceso al alcaldía y saquearon varios documentos del lugar. Advierten los manifestantes que la acción intempestiva del Alcalde es porque este día varios miembros del Comité Pro Defensa estarían presentando una solicitud de intervención del Tribunal Superior de Cuentas a las finanzas de esa corporación.
Entre los capturados se encuentra el profesor Miguel Angel Perla, miembro del Consejo Consultivo del Foro Social del Valle y secretario de la Comisión Ciudadana de Transparencia de Santa Rita, quién apoya las exigencias del Comité Pro Defensa y de la ciudadanía de ese municipio. También se mantienen detenidos, Edelmira Andrade, Salvador Lara Díaz destacados miembros y directivos departamentales del Frente Nacional de Resistencia Popular de Yoro. Otros fueron apresados momentos en que llegaban al parque por suponerlos sospechosos de participar en las acciones de protesta y la toma del edificio de la Alcaldía de Santa Rita.
A las 10 de la mañana el abogado Samuel Madrid miembro del Frente de Abogados de la Resistencia Nacional presentó un recurso de habeas corpus en favor de las afectados/as y que se nombre un juez ejecutor para que dé curso a la liberación de los protestantes, sin embargo más de cuatro horas han transcurrido y aún no aparece autoridad competente.
Según miembros del Comité Pro Defensa de los Derechos del Pueblo de Santa Rita hay más ordenes de capturas contra demás integrantes.
Listado de los detenidos que tienen orden de captura:
Maria Edelmira Andrade
José Izaguirre Euceda
Salvador Díaz Lara
Juventino Melgar
Selvin Orlando Urbina
Jose Luis Perdomo
Santos Adan Velasquez
Jesús Adán Ménjivar
Alberto Espinal
Jośe Elías Mejía
Cristian Regino Perez ( 15 años de edad)
Nahún Aranda Rivera
Guillermo Pineda
Maribel Díaz
Lista de detenidos por suponerlos relacionados con el delito de escándalo público y participación de la toma de la Alcaldía:
Lourdes Suyapa Varela
Irma Esther Andrade
Miguel Angel Perla
Melvin Francisco Amador
Rafael Perdomo Alfaro
Felix Amilcar Mancía
Yony Rudiberto Romero
Dagoberto Rodriguez
Orlin Fernando Canales
Fuente:
Dunia Montoya
Comun- Noticias
Martes 15-02-11
2: 30 pm
Información y Fotos:
http://honduraslaboral.org/leer.php/8744107
Los detenidos, entre ellas tres mujeres y un menor de edad se mantienen recluídos en la posta de policía de la ciudad de El Progreso, al parecer por orden de la Fiscalía del Ministerio Público por el supuesto delito de atentar contra los medios de comunicación y en perjuicio de la municipalidad de Santa Rita.
Mientras en las afueras de la Alcaldía de Santa Rita unos 300 manifestantes exigen la liberación de sus compañeros-as y repudian las acciones represivas del alcalde Wilmer Noé Mejía, varios elementos de la policía preventiva custodian las instalaciones.
Manifestantes del Comité Pro Defensa de los Derechos del Pueblo de Santa Rita mantenían desde hace unos 9 días una toma indefinida del edificio municipal en demanda entre otras, por la derogación del nuevo plan de arbitrios, contra el incremento y la no privatización del agua potable, una auditoría a las finanzas de la Corporación, iluminación de la calle que conduce al Instituto Gabino Vásquez, que se terminen las obras de la Biblioteca Pública, el Rastro Municipal, la Casa de la Cultura y la reducción de los salarios de toda la Corporación.
Según vecinos a eso de las 4:50 de la mañana el propio alcalde Wilmer Noé Mejía, el Regidor José Santos y un contratista de nombre Daniel Alfaro junto a unos 40 elementos de la policía llegaron al inmueble y rompieron los candados de acceso al alcaldía y saquearon varios documentos del lugar. Advierten los manifestantes que la acción intempestiva del Alcalde es porque este día varios miembros del Comité Pro Defensa estarían presentando una solicitud de intervención del Tribunal Superior de Cuentas a las finanzas de esa corporación.
Entre los capturados se encuentra el profesor Miguel Angel Perla, miembro del Consejo Consultivo del Foro Social del Valle y secretario de la Comisión Ciudadana de Transparencia de Santa Rita, quién apoya las exigencias del Comité Pro Defensa y de la ciudadanía de ese municipio. También se mantienen detenidos, Edelmira Andrade, Salvador Lara Díaz destacados miembros y directivos departamentales del Frente Nacional de Resistencia Popular de Yoro. Otros fueron apresados momentos en que llegaban al parque por suponerlos sospechosos de participar en las acciones de protesta y la toma del edificio de la Alcaldía de Santa Rita.
A las 10 de la mañana el abogado Samuel Madrid miembro del Frente de Abogados de la Resistencia Nacional presentó un recurso de habeas corpus en favor de las afectados/as y que se nombre un juez ejecutor para que dé curso a la liberación de los protestantes, sin embargo más de cuatro horas han transcurrido y aún no aparece autoridad competente.
Según miembros del Comité Pro Defensa de los Derechos del Pueblo de Santa Rita hay más ordenes de capturas contra demás integrantes.
Listado de los detenidos que tienen orden de captura:
Maria Edelmira Andrade
José Izaguirre Euceda
Salvador Díaz Lara
Juventino Melgar
Selvin Orlando Urbina
Jose Luis Perdomo
Santos Adan Velasquez
Jesús Adán Ménjivar
Alberto Espinal
Jośe Elías Mejía
Cristian Regino Perez ( 15 años de edad)
Nahún Aranda Rivera
Guillermo Pineda
Maribel Díaz
Lista de detenidos por suponerlos relacionados con el delito de escándalo público y participación de la toma de la Alcaldía:
Lourdes Suyapa Varela
Irma Esther Andrade
Miguel Angel Perla
Melvin Francisco Amador
Rafael Perdomo Alfaro
Felix Amilcar Mancía
Yony Rudiberto Romero
Dagoberto Rodriguez
Orlin Fernando Canales
Fuente:
Dunia Montoya
Comun- Noticias
Martes 15-02-11
2: 30 pm
Información y Fotos:
http://honduraslaboral.org/leer.php/8744107
lunes, 7 de febrero de 2011
Exigen no dejar impune asesinato de doctor miembro de Resistencia
Red Morazánica de Información
Tegucigalpa. 6 Febrero 2011. Diversas organizaciones que constituyen el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) han exigido investigar y no dejar impune el asesinato del doctor, José María Turcios García, a las seis de la tarde del 31 de enero del 2011, mientras venia de organizar el movimiento de resistencia en Quimistán, departamento de Santa Bárbara.
Turcios de 62 años, encontrado ejecutado de un balazo en la frente en las cercanías de la aldea La Montañita, destacó como médico, especialista en Salud Pública y Administración de Hospitales.
Fue director de centros hospitalarios del país y del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) de San Pedro Sula en el gobierno de Manuel Zelaya.
Se manifestaron por justicia para el médico resistente y su familia, el Sindicato de Trabajadores de la Industria de Bebidas y Similares (Stybys), la Organización Artística Teatro La Siembra, la Asociación de Profesionales Hondureños egresados de Cuba, el Centro de Prevención Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT), entre otros.
El Stybys manifestó que el pueblo hondureño pierde un combatiente más en esta lucha y que la ambición desmedida de los grupos de poder en el mundo los lleva “al odio contra quienes amamos la vida y la defendemos con mucha inteligencia y por amor hacia los demás”.
Pidió al Frente, que también rechazó antes el asesinato de Turcios, repudiar, condenar y denunciar todos los atropellos que se siguen dando contra integrantes de la Resistencia o de sus familiares; y a los organismos de derechos humanos para dar seguimiento al caso.
El CPTR ha exigido al Colegio Médico organice una Comisión Investigadora que promueva ante quienes corresponda sea aclarado el asesinato del doctor Turcios, también miembro de esa organización profesional.
La Asociación de Profesionales Hondureños Egresados de Cuba, aprecian a Turcios como medico revolucionario y maestro que enseñó a la emancipación por medios y esfuerzos propios, y a “desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social”.
Defendió valores “al precio de cualquier sacrificio, con modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo, luchaste con audacia, inteligencia, y realismo sin mentir jamás ni violar principios éticos, con convicción profunda que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas”, resaltan.
Se ha indicado que Turcios residía en su hacienda de Santa Cruz de Yojoa, era amigo personal del presidente expatriado, Manuel Zelaya, y su muerte ha sido calificada como “horrenda”.
Turcios fue miembro del Partido Comunista de Honduras, y activista del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) de Nicaragua que funcionaba encubierto en el país, en la década de 1980.
Tegucigalpa. 6 Febrero 2011. Diversas organizaciones que constituyen el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) han exigido investigar y no dejar impune el asesinato del doctor, José María Turcios García, a las seis de la tarde del 31 de enero del 2011, mientras venia de organizar el movimiento de resistencia en Quimistán, departamento de Santa Bárbara.
Turcios de 62 años, encontrado ejecutado de un balazo en la frente en las cercanías de la aldea La Montañita, destacó como médico, especialista en Salud Pública y Administración de Hospitales.
Fue director de centros hospitalarios del país y del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) de San Pedro Sula en el gobierno de Manuel Zelaya.
Se manifestaron por justicia para el médico resistente y su familia, el Sindicato de Trabajadores de la Industria de Bebidas y Similares (Stybys), la Organización Artística Teatro La Siembra, la Asociación de Profesionales Hondureños egresados de Cuba, el Centro de Prevención Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT), entre otros.
El Stybys manifestó que el pueblo hondureño pierde un combatiente más en esta lucha y que la ambición desmedida de los grupos de poder en el mundo los lleva “al odio contra quienes amamos la vida y la defendemos con mucha inteligencia y por amor hacia los demás”.
Pidió al Frente, que también rechazó antes el asesinato de Turcios, repudiar, condenar y denunciar todos los atropellos que se siguen dando contra integrantes de la Resistencia o de sus familiares; y a los organismos de derechos humanos para dar seguimiento al caso.
El CPTR ha exigido al Colegio Médico organice una Comisión Investigadora que promueva ante quienes corresponda sea aclarado el asesinato del doctor Turcios, también miembro de esa organización profesional.
La Asociación de Profesionales Hondureños Egresados de Cuba, aprecian a Turcios como medico revolucionario y maestro que enseñó a la emancipación por medios y esfuerzos propios, y a “desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social”.
Defendió valores “al precio de cualquier sacrificio, con modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo, luchaste con audacia, inteligencia, y realismo sin mentir jamás ni violar principios éticos, con convicción profunda que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas”, resaltan.
Se ha indicado que Turcios residía en su hacienda de Santa Cruz de Yojoa, era amigo personal del presidente expatriado, Manuel Zelaya, y su muerte ha sido calificada como “horrenda”.
Turcios fue miembro del Partido Comunista de Honduras, y activista del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) de Nicaragua que funcionaba encubierto en el país, en la década de 1980.
miércoles, 2 de febrero de 2011
Conatel quiere cerrar puertas a nuevas radios comunitarias
Red Morazánica de Información.
El período de consultas apenas durará esta semana y luego publicarán en el Diario Oficial La Gaceta dicha resolución mediante la cual se suspenderá el otorgamiento de permisos y licencias (frecuencias radioeléctricas) para la operación de estaciones de baja potencia.
La medida busca frenar la proliferación de las emisoras comunitarias que solamente se escuchan en los pueblos y aldeas, cuya autorización fue probada durante el gobierno del ex presidente Ricardo Maduro, como una forma de democratizar las telecomunicaciones.
Mediante resolución número NR022/05 del 31 de agosto del año 2005 y publicada en el Diario Oficial La Gaceta el 10 de septiembre del mismo año, Conatel definió la categoría de “Estaciones de Radiodifusión Sonora de Baja Potencia con Modulación en Frecuencia (BPFM)”, dentro del Servicio de Difusión y específicamente de Radiodifusión Sonora. Estas estaciones operan dentro de la banda de frecuencias de 88 MHz–108 MHz; estableciendo que para su autorización este tipo de estaciones deberían cumplir con las condiciones técnicas y legales de operación y demás disposiciones normativas y regulatorias establecidas por Conatel.
Los actuales comisionados de Conatel alegan que actualmente existe un alto grado de saturación en la ocupación del espectro radioeléctrico dentro de la banda 88 – 108 MHz, atribuida al Servicio de Radiodifusión Sonora y específicamente para la operación de estaciones que utilizan modulación en frecuencia (FM), por lo que en las zonas o áreas más pobladas del país no existe disponibilidad de frecuencias radioeléctricas en este rango de frecuencias.
Las licencias para emisoras comunitarias o de baja potencia en frecuencia modulada sólo podrán otorgarse en los departamentos de El Paraíso, Olancho, Gracias a Dios y Colón.
En el resto del país, aunque muchas emisoras en FM que transmiten desde las principales ciudades, pero cuya señal no llega a centenares de comunidades, a partir de ahora no tendrán el derecho de contar con pequeñas estaciones radiales de baja potencia que comunican a los municipios con sus aldeas y caseríos.
Conatel pretende frenar el auge de las emisoras comunitarias.
Por cuestiones geográficas, en muchos municipios apenas se logran escuchar algunas emisoras y otras jamás han logrado penetrar con sus ondas radiales, por lo que sus pobladores tienen derecho a contar con emisoras comunitarias, pero antes bien Conatel prefiere seguir concentrando las comunicaciones radiales en las manos de quienes ya tienen licencias.
“En estas zonas únicamente se podrá autorizar la reutilización de una determinada frecuencia radioeléctrica que sea solicitada por un operador del Servicio de Radiodifusión Sonora, que tenga autorizado una frecuencia que no está dentro de la categoría de Estaciones de Radiodifusión Sonora de Baja Potencia, con el fin de reutilizar la misma como repetidora de la estación de radiodifusión principal (primaria) con la misma programación, nombre de la estación e indicativo de llamada asignado, dentro de su zona de servicio, o en otras zonas en la frecuencia radioeléctrica correspondiente en esa área o comunidad, siempre y cuando dicha reutilización sea técnicamente factible de acuerdo a los criterios de asignación del espectro radioeléctrico aplicables y no cause interferencia perjudicial a un operador previamente autorizado”, expresa la resolución de Conatel.
Los ciudadanos que se opongan a este proyecto de Conatel por considerar que les niega el derecho a contar con sus emisoras comunitarias, pueden enviar sus comentarios o protestas al correo consulta.publica@conatel.gob.hn del 31 de enero al 4 de febrero.
El proyecto de resolución que busca frenar el crecimiento de las radios comunitarias es una iniciativa de la anterior presidenta de Conatel, Lidia Estela Cardona, quien dejó el cargo la semana anterior por lo que se espera que el nuevo comisionado presidente, Pompeyo Bonilla le dé más pensamiento a dicha resolución, antes de ponerla en vigencia.
El período de consultas apenas durará esta semana y luego publicarán en el Diario Oficial La Gaceta dicha resolución mediante la cual se suspenderá el otorgamiento de permisos y licencias (frecuencias radioeléctricas) para la operación de estaciones de baja potencia.
La medida busca frenar la proliferación de las emisoras comunitarias que solamente se escuchan en los pueblos y aldeas, cuya autorización fue probada durante el gobierno del ex presidente Ricardo Maduro, como una forma de democratizar las telecomunicaciones.
Mediante resolución número NR022/05 del 31 de agosto del año 2005 y publicada en el Diario Oficial La Gaceta el 10 de septiembre del mismo año, Conatel definió la categoría de “Estaciones de Radiodifusión Sonora de Baja Potencia con Modulación en Frecuencia (BPFM)”, dentro del Servicio de Difusión y específicamente de Radiodifusión Sonora. Estas estaciones operan dentro de la banda de frecuencias de 88 MHz–108 MHz; estableciendo que para su autorización este tipo de estaciones deberían cumplir con las condiciones técnicas y legales de operación y demás disposiciones normativas y regulatorias establecidas por Conatel.
Los actuales comisionados de Conatel alegan que actualmente existe un alto grado de saturación en la ocupación del espectro radioeléctrico dentro de la banda 88 – 108 MHz, atribuida al Servicio de Radiodifusión Sonora y específicamente para la operación de estaciones que utilizan modulación en frecuencia (FM), por lo que en las zonas o áreas más pobladas del país no existe disponibilidad de frecuencias radioeléctricas en este rango de frecuencias.
Las licencias para emisoras comunitarias o de baja potencia en frecuencia modulada sólo podrán otorgarse en los departamentos de El Paraíso, Olancho, Gracias a Dios y Colón.
En el resto del país, aunque muchas emisoras en FM que transmiten desde las principales ciudades, pero cuya señal no llega a centenares de comunidades, a partir de ahora no tendrán el derecho de contar con pequeñas estaciones radiales de baja potencia que comunican a los municipios con sus aldeas y caseríos.
Conatel pretende frenar el auge de las emisoras comunitarias.
Por cuestiones geográficas, en muchos municipios apenas se logran escuchar algunas emisoras y otras jamás han logrado penetrar con sus ondas radiales, por lo que sus pobladores tienen derecho a contar con emisoras comunitarias, pero antes bien Conatel prefiere seguir concentrando las comunicaciones radiales en las manos de quienes ya tienen licencias.
“En estas zonas únicamente se podrá autorizar la reutilización de una determinada frecuencia radioeléctrica que sea solicitada por un operador del Servicio de Radiodifusión Sonora, que tenga autorizado una frecuencia que no está dentro de la categoría de Estaciones de Radiodifusión Sonora de Baja Potencia, con el fin de reutilizar la misma como repetidora de la estación de radiodifusión principal (primaria) con la misma programación, nombre de la estación e indicativo de llamada asignado, dentro de su zona de servicio, o en otras zonas en la frecuencia radioeléctrica correspondiente en esa área o comunidad, siempre y cuando dicha reutilización sea técnicamente factible de acuerdo a los criterios de asignación del espectro radioeléctrico aplicables y no cause interferencia perjudicial a un operador previamente autorizado”, expresa la resolución de Conatel.
Los ciudadanos que se opongan a este proyecto de Conatel por considerar que les niega el derecho a contar con sus emisoras comunitarias, pueden enviar sus comentarios o protestas al correo consulta.publica@conatel.gob.hn del 31 de enero al 4 de febrero.
El proyecto de resolución que busca frenar el crecimiento de las radios comunitarias es una iniciativa de la anterior presidenta de Conatel, Lidia Estela Cardona, quien dejó el cargo la semana anterior por lo que se espera que el nuevo comisionado presidente, Pompeyo Bonilla le dé más pensamiento a dicha resolución, antes de ponerla en vigencia.