La semana pasada, el ERIC, la Pastoral Penitenciaria y la Pastoral Social-Caritas de la Diócesis de San Pedro Sula lograron un histórico acuerdo relativo al sistema penitenciario hondureño en el marco de la audiencia pública convocada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el marco del caso sobre la muerte de 107 personas privadas de libertad en el incendio del centro penal de San Pedro Sula en el año 2004.
Dicha audiencia estaba programada para que los peticionarios, la Comisión Interamericana y el Estado de Honduras presentaran sus testigos, peritos y alegatos orales con el objetivo de ofrecerle mayores elementos al tribunal interamericano para que en su momento dictara una sentencia. Sin embargo, las partes le comunicaron a la Corte que habían llegado a un acuerdo amistoso en el caso pero al mismo tiempo le pidieron que se realizara la audiencia, se presentaran las pruebas propuestas y se dictara una sentencia tomando como base los puntos acordados.
Entre los acuerdos alcanzados están, la investigación de los hechos denunciados en un plazo no mayor a un año, y a través de una Comisión independiente conformada por siete personas, 3 a propuesta del Estado de Honduras y 4 de la Iglesia Católica, Diócesis de San Pedro Sula, y coordinada por un Fiscal Ad hoc del Ministerio Público.
También se acordó revisar, modificar y/o derogar las disposiciones de la mal llamada ley antimaras con el propósito de adecuarla a los estándares internacionales; aprobar la Ley del Sistema Penitenciario Nacional; revisar y modificar el Reglamento Especial para el Funcionamiento del Sistema Penitenciario Nacional; y elaborar y aprobar un Manual para la Administración de Centros Penitenciarios, con participación de representantes de la Iglesia Católica, la Secretaría de Estado en los Despachos de Justicia y Derechos Humanos, universidades del país y otras instituciones u organismos de derechos humanos.
A su vez, el Estado se obligó a nombrar un equipo profesional de la psicología y/o psiquiatría con experticia en el tema, para brindar gratuitamente, de forma inmediata y con un mínimo de atención de 18 meses, el tratamiento requerido por los familiares de las 107 víctimas del incendio. También se acordó la construcción de una penitenciaría nacional en sustitución del actual centro penal de San Pedro Sula, y la mejora de las condiciones físicas de los nueve centros penales declarados en estado de emergencia, tomando en cuenta los estándares internacionales establecidos en la materia.
En palabras del propio presidente del tribunal interamericano, los acuerdos alcanzados van más allá de lo que hubiera podido lograrse a través de la sola sentencia, por lo que este acuerdo y su posible homologación por la Corte, sienta un precedente importantísimo no sólo para el sistema penitenciario hondureño, sino para todos los países del continente americano en materia de políticas públicas penitenciarias.
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