Otra vez Honduras

El 20 de febrero de este año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos anunció la apertura de su 94 período ordinario de sesiones durante el cual estudiará dos sentencias y celebrará cinco audiencias públicas sobre casos contenciosos, tres audiencias privadas sobre supervisión de cumplimiento de sentencia, y dos audiencias públicas y una audiencia privada sobre medidas provisionales.

El día 23 de febrero se celebró una primera audiencia sobre Honduras en el caso de las medidas provisionales que ordenó la Corte Interamericana para proteger la vida y la integridad de la defensora de derechos humanos, Gladys Lanza. Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y COFADEH, informaron al tribunal interamericano que el Estado no ha cumplido con las medidas de protección ordenadas.

Como ya es una costumbre en los ámbitos internacionales de este tipo, los representantes del Estado hicieron gala del ridículo, la ignorancia y el cinismo por intentar defender lo indefendible y quedó evidenciado una vez más ante los órganos interamericanos de que el Estado de Honduras no tiene la capacidad ni la voluntad política de proteger a las personas sujetas a su jurisdicción ni de investigar y sancionar a los violadores de derechos humanos.

Por otra parte, el 28 y 29 de febrero la Corte Interamericana conocerá el caso Pacheco Teruel y otros, relativo a la muerte de 107 personas privadas de libertad en el incendio del centro penal de San Pedro Sula ocurrido el 17 de mayo de 2004. Este caso adquiere mayor relevancia con el incendio en la granja penal de Comayagua en donde murieron 361 personas privadas de libertad.

El caso ha llegado a la Corte debido a que el Estado de Honduras no cumplió con las recomendaciones dadas por la Comisión Interamericana en su informe de fondo de octubre de 2010 en el que estableció, al igual que lo han hecho el Grupo de Detención Arbitraria, el Comité de Derechos Humanos, el Subcomité para la Prevención de la Tortura y el Comité contra la Tortura, que las actuales condiciones carcelarias son contrarias a los estándares internacionales en la materia y colocan a Honduras en contravención de sus compromisos internacionales.

En concreto, las recomendaciones giraron alrededor de establecer un sistema penitenciario constituido como institución autónoma, gestionada por personal y administradores penitenciarios profesionales e independiente de la policía, cuyo objetivo sea velar por la rehabilitación y preparación de la persona privada de libertad para su vida laboral fuera de la prisión.

Esperamos que estas audiencias sirvan para que quienes gobiernan se den cuenta de que sus acciones y el cumplimiento de sus obligaciones están siendo vigiladas por órganos internacionales que seguirán poniendo el dedo en la llaga en materia de derechos humanos.