Disminución de garantías y criminalidad

Un nuevo acto que atenta contra la dignidad humana ha sido consumado por parte de los supuestos representantes del pueblo hondureño.

La semana anterior, más de dos tercios de los diputados y diputadas ratificaron dos reformas a la Constitución que ponen en precario la integridad de las personas y el principio de presunción de inocencia.

La primera reforma es la del artículo 71 constitucional que permitirá a la Policía detener a los sospechosos de algunos delitos hasta por un tiempo de 48 horas, borrando de un plumazo la garantía de 24 horas de detención que había estado vigente durante 30 años.

A los diputados y diputadas no les importó que varios instrumentos internacionales ratificados por el Estado le obliguen a presentar sin demora ante un juez a las personas detenidas y juzgarlas dentro de un plazo razonable o ponerlas en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso.

La segunda reforma es la del artículo 92 que permitirá que ante un simple informe de la Policía que contenga la declaración del detenido, un juez pueda procesar a una persona.

Con estas reformas, es terrible imaginar permanecer tanto tiempo en manos de la Policía, en condiciones infrahumanas de detención y bajo la custodia de una institución involucrada en graves violaciones a derechos humanos y en espeluznantes crímenes contra la ciudadanía.

Si tomamos en cuenta que el Sub-Comité contra la Tortura de Naciones Unidas en su reciente visita al país constató que la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes es una práctica constante en las postas policiales, no es ficción creer que con estas dos reformas se facilita la utilización de la tortura, la intimidación, las amenazas o los tratos crueles para obligar a una persona a declarar que ha cometido un supuesto delito.

Pese a que la Constitución de la República en su artículo 64 prohíbe la aplicación de este tipo de reformas que disminuyan, restrinjan y tergiversan el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías constitucionales, el Congreso Nacional aprobó estas reformas a petición de los propios operadores de justicia que consideran que la disminución de derechos les ayudará a combatir el crimen.

Estas reformas nos ratifican que ni el Congreso ni los operadores de justicia están allí para defender los derechos humanos de las grandes mayorías ni para respetar la voluntad del poder soberano que en teoría reside en el pueblo, sino que responden a órdenes que vienen de los poderes económicos, políticos, religiosos y militares nacionales y extranjeros que no quieren ciudadanos y ciudadanas, si no simplemente siervos.

Delegación de Observadores de Derechos Humanos encuentra preocupantes evidencias de participación de los Estados Unidos en asesinato de pobladores Miskitos en Ahuás

Una delegación de académicos, activistas de derechos humanos y derechos laborales, ciudadanos de Estados Unidos y Canadá, varios con amplio conocimiento sobre Honduras, organizados por las organizaciones de derechos humanos de Estados Unidos y Canadá Rights Action y Alliance for Global Justice, visitaron la comunidad de Ahuás en el departamento de Gracias a Dios en la región conocida como la Moskitia al este de Honduras del 22 al 23 de Mayo del 2012.

El 11 de Mayo del 2012, cuatro helicópteros llevaron a cabo una aparente interdicción de drogas cerca de la aldea de Ahuás. Al menos uno de los helicópteros abrieron fuego contra un bote de pasajeros matando a dos mujeres embarazadas, un joven de 14 años y a un hombre de 21 años, e hirieron gravemente por lo menos a otros cuatro. El objetivo de la visita fue investigar sobre esta tragedia.

De acuerdo a los reportes de la prensa, el Departamento de Estado de Estados Unidos reconoce que los helicópteros participantes fueron titulados al Departamento de Estado pero que fueron piloteados por militares guatemaltecos y contratistas. La DEA confirma que un Equipo de Apoyo Consultivo Enviado al Extranjero de la DEA (FAST, por sus siglas en inglés) participó en la operación apoyando a un Equipo de Respuesta Táctica de la Policía Nacional, mientras que el Comando Sur alega que ningún personal del ejército de los Estados Unidos o contratistas participaron en la acción.

Nuestra delegación entrevistó a los representantes de la comunidad local, sobrevivientes heridos, familiares y testigos en la escena así como a un oficial del ejército de Honduras.

Basándonos en nuestra investigación, fuimos capaces de confirmar que:

1.     Luego de la masacre los helicópteros aterrizaron para incautar drogas de un bote cerca del sitio de la masacre. Todos los que salieron de cada helicóptero fueron identificados como hombres angloparlantes, altos, de piel clara con poca habilidad en español, vistiendo uniformes militares, que parecían ser personal militar de los Estados Unidos. Éstos llevaron a cabo todas las acciones en tierra, aparentemente teniendo un rol mucho mayor que de apoyo en la operación.

2.     Estas fuerzas de seguridad identificadas como Estadounidenses apuntaron sus armas, amenazaron con asesinar y esposaron a residentes locales que intentaban asistir a los heridos en la masacre durante aproximadamente 2 o 3 horas, mientras el personal militar recuperaba las drogas, forzando a punta de arma a un familiar de una de las víctimas para transportar las drogas de un bote hasta los helicópteros. De esta manera las fuerzas de seguridad impidieron la atención médica de emergencia a las víctimas que permanecían en el margen del río y en el agua hasta que los helicópteros se retiraron. Una víctima herida sangraba mientras se aferraba a las plantas del río por más o menos tres horas antes de ser asistida.

3.     Todos los testigos declararon de forma independiente que los disparos provenían de arriba desde un helicóptero.

4.     Ni el gobierno de Estados Unidos ni el de Honduras han entrevistado a los testigos oculares o recopilado evidencia en la escena del crimen lo que indica que no se están conduciendo investigaciones serias sobre la masacre que fue llevada a cabo por uno de los helicópteros propiedad de Estados Unidos con la participación de Fuerzas de Seguridad de Estados Unidos.

5.     Desde la masacre, Ahuas ha sido ocupada por varias docenas de tropas hondureñas que patrullan las calles de tierra y declaran que permanecerán allí mientras sea necesario. Hemos recibido reporte de que la presencia militar de Estados Unidos en la comunidad cercana de Ahuas incrementa, un centro de operaciones militares ha sido establecido en la comunidad cercana de Brus Laguna así como una base militar estadounidense militar en Caratasca, aproximadamente a una hora en bote desde Ahuas.

Nuesta visita a la región de la Moskitia en Gracias a Dios ha levantado un gran número de preocupaciones.

1.     Estamos extremadamente preocupados por la falta de una investigación fidedigna. El gobierno de los Estados Unidos niega categóricamente la posibilidad de que sus fuerzas de seguridad estuvieron involucradas en los asesinatos, o que los Estados Unidos comparten la responsabilidad. En su lugar, el Departamento de Estado alega que está “cooperando” con las investigaciones hondureñas y envía todas las investigaciones a los oficiales del gobierno de Honduras; a pesar del hecho de que la Fiscalía General de la República, la Policía Nacional y el ejército son reconocidos ampliamente como corruptos.

2.     Estamos profundamente preocupados por la militarización que observamos. El ejército de los Estados Unidos y las fuerzas de seguridad civil en Honduras están aplicando tácticas de contrainsurgencia para combatir el tráfico de drogas y militarizando las regiones donde hay valiosos recursos naturales. Por lo tanto, hoy estamos presenciando el resurgimiento de los escuadrones de la muerte y la re-militarización de Centroamérica tal y como sucedió en los `80s. Estamos alarmados por los reportes de prensa sobre la reciente transferencia de tácticas de contrainsurgencia y personal de Iraq y Afganistán a Centroamérica. Mediante la caracterización de la población general y las autoridades locales como traficantes de drogas, las comunidades indígenas se han convertido en el enfoque de las acciones contrainsurgencia.

3.     Muchas personas con las que hablaron, incluyendo representantes de varias organizaciones indígenas, están profundamente preocupadas porque la militarización y violencia generada por la “guerra contra las drogas” crea un impacto negativo en sus comunidades y porque se enfoca en lugares donde hay recursos naturales importantes, ríos con potencial hidroeléctrico, petróleo y bosques. La compañía tejana Texas Oil and Gas Company, una empresa conjunta con concesiones en la Moskitia, estima que hay de seis a ocho millones de barriles en reservas de petróleo en la Moskitia.

4.     Nuestro grupo está indignado al ver que este es el papel que nuestro gobierno juega y cómo nuestros impuestos están siendo utilizados. Nos preguntamos qué hace nuestro país trayendo modelos de contrainsurgencia a un país donde el respaldo estadounidense a acciones cubiertas de contrainsurgencia ha causado tanto sufrimiento en el pasado.

5.     Lo que vimos en la Moskitia fue pobreza extrema y una atmósfera de terror siendo generada en el área donde la población indígena ahora está perdiendo el control de sus recursos, que son clave para el desarrollo de su economía.

Ante lo que observamos en nuestra visita y las preocupaciones provocadas, demandamos:

 

1.     Que el Congreso de los Estados Unidos investigue y mantenga audiencias sobre el papel de los Estados Unidos en los eventos del 11 de Mayo del 2012 en la Moskitia.

2.     Que investigaciones serias e independientes tomen lugar explorando el rol y responsabilidad de los agentes del gobierno de los Estados Unidos en la masacre del 11 de Mayo en Ahuas, ya sean agentes de la DEA, contratistas de seguridad privada bajo la dirección o contratados por agencias del gobierno de los Estados Unidos u otras fuerzas de seguridad. Esta investigación debe incluir la identificación de la responsabilidad criminal de individuos específicos.

3.     Que los derechos y decisiones de las comunidades indígenas y movimientos populares serán respetados en lugar de ser tratados como traficantes de drogas e insurgentes, obviando completamente sus derechos humanos fundamentales.

4.     Que el gobierno de los Estados Unidos se pronuncie públicamente contra la presencia de individuos con involucramiento ampliamente reconocido en el tráfico de drogas y escuadrones de la muerte dentro del sistema de justicia de Honduras hoy en día.

5.     Que en vista de los abusos que documentamos, el gobierno de Estados Unidos debe retirar todas sus fuerzas de seguridad incluyendo la DEA y contratistas privados de Honduras, así como el cese de toda la asistencia y entrenamiento militar y promoción de la re-militarización en Centroamérica.

Tegucigalpa, Honduras

27 de Mayo del 2012

Judith Ancel, Kansas City, KS

Susan Cole, Lafayette, LA

Mary Dean, Chicago, IL

Jean Grahame, Farmington, IL

Alice Kitchen, Kansas City, MO

Greg McCain, Chicago, IL

Maria Robinson, ¿??, CA

Irene Rodriguez, Boulder, CO

Karen Spring, Toronto, ON

Melissa Stiehler, Kansas City, MO

John Walkey, Boston, MA

Honduras está siendo asesinada

En la red social Facebook circula una viñeta del mapa de Honduras en color negro, con una vela encendida en señal de luto y una frase lapidaria que dice “Honduras está siendo asesinada”.

Las estadísticas nos dicen que Honduras se encuentra en un luto permanente y le otorgan el título del país más violento del mundo por encima de países que están en guerras, con 86.5 muertes violentas por cada 100 mil habitantes, casi 8 veces más de lo que la OMS considera como epidemia, pues la media mundial es de 8,8. San Pedro Sula, con 159 muertes violentas por cada 100 mil es la ciudad más violenta del mundo y los departamentos de Francisco Morazán, Cortés y Yoro están dentro de los primeros 10 más violentos del planeta. 

Pero detrás de esas estadísticas hay personas de carne y hueso, con sueños truncados, familias enlutadas, huérfanos y huérfanas con futuros inciertos y con vidas perpetuamente golpeadas por la impunidad. Y la muerte violenta que desde el golpe de Estado se ensañó particularmente contra quienes resistían, ha adquirido una sed de sangre insaciable que no ve colores, estatus ni ideologías.

Así, sólo en el mes de mayo la mano invisible de la muerte violenta les ha arrebatado la vida a los campesinos José Efraín Del Cid, miembro de la Empresa Campesina Nueva Panamá y a Juan José Peralta, miembro de la Cooperativa 21 de julio, ambos pertenecientes al MUCA del valle del Aguán.

También fueron asesinados los periodistas Erick Martínez, miembro de la comunidad LGTBI y candidato a diputado por el partido Libre, y Alfredo Villatoro, periodista de HRN, después de haber permanecido varios días privado de su libertad por quienes lo secuestraron previamente.

A su vez, fueron asesinados el profesor universitario Miguel Barahona, Edilberto Solano, dirigente comunal y miembro del partido Libre en Choloma, Cortés, y Jesús Octavio Pineda, miembro de la corriente Fuerza de Refundación Popular del Partido Libre y militante activo del colectivo Plaza La Libertad en San Pedro Sula.

Para agravar la situación, una persona fue asesinada y al menos 13 resultaron heridas en un nuevo motín en el centro penal de San Pedro Sula; y 4 miembros de la etnia miskita, dos mujeres embarazadas, dos niños y dos hombres adultos fueron asesinados por los disparos hechos desde helicópteros artillados pilotados por militares estadounidenses sobre una embarcación que regresaba desde la barra del río Patuca a su comunidad. 

¿Cuánta más sangre estamos dispuestos a derramar para detener esta situación? ¿Cuántas vidas más nos costará la sordera que evita el inicio urgente de un verdadero diálogo nacional sobre las bases de unos acuerdos mínimos? Cada día que pasa sin hacer nada, nos volvemos cómplices de la muerte violenta de 20 hondureños y hondureñas.

Carta pública de Amnistía Internacional al gobierno hondureño

NI UNA MUERTE, ATAQUE O AMENAZA MÁS A PERIDOSTAS Y DEFENSORAS/ES DE DERECHOS HUMANOS

18 de mayo de 2012

Amnistía Internacional expresa su honda preocupación frente a la ola de amenazas y ataques contra periodistas, defensoras y defensores de los derechos humanos y hace un llamado público y urgente al Señor Presidente de la República y su Gobierno a que aborden de forma pronta y efectiva esta ola de ataques.

Desde principios de 2012, Amnistía Internacional ha documentado un grave empeoramiento de la situación de seguridad de periodistas y defensores y defensoras de derechos humanos.

El 15 de mayo, el cuerpo sin vida de Alfredo Villatoro, gerente de noticias de la radio HRN, fue encontrado en el sur de Tegucigalpa. Villatoro había sido secuestrado una semana antes. Su muerte ocurrió pocos días después del asesinato de Erick Martínez, un activista de la comunidad LGBTI y también periodista, quien fue asesinado el 7 de mayo.

En enero las periodistas Itsmania Pineda Platero y Gilda Silvestrucci y su familia recibieron amenazas de muerte a través de llamadas anónimas y mensajes de texto. Las dos periodistas forman parte del grupo “Periodistas por la Vida y la Libertad de Expresión”, establecido en diciembre 2011.

Este grupo fue establecido tras el asesinato de la periodista Luz Marina Paz Villalobos el 6 Diciembre de 2011, para exigir justicia y llamar la atención hacia el elevado número de periodistas agredidos y asesinados en los últimos meses.

En febrero otros dos defensores de derechos humanos de la región del Bajo Aguán fueron blancos de una amenaza. Wilfredo Paz (portavoz del Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Aguán, y miembro del Frente Nacional de Resistencia Popular), fue el recipiente de una amenaza dirigida a Juan Chinchilla (activista del Movimiento Unificado Campesino del Aguán – MUCA), emitido por mensaje de texto. El Observatorio y MUCA habían participado en la organización de un Encuentro Internacional de Derechos Humanos en Solidaridad con Honduras que se celebró en el Aguán dos días antes.

También en febrero de este año, Mavis Ethel Cruz, periodista en la ciudad de San Pedro Sula, recibió una llamada amenazándole de muerte, poco después de terminar su programa “Noticias a la Hora” en la emisora Radio Libertad. En su programa ese día se incluyeron noticias y debates sobre problemas laborales, corrupción y la reforma de la policía. La persona que hizo la llamada la amenazó con matar a su hijo.

En febrero y abril la periodista y defensora de derechos humanos Dina Meza, miembro del Comité de Familiares de los Detenidos y Desaparecidos (COFADEH) y Directora del sitio web

Defensores en Línea, recibió una serie de amenazas y sufrió varios actos de intimidación. Las amenazas contra Dina Meza recibidas por texto y por teléfono incluían amenazas de violencia sexual.

En marzo Bertha Oliva, fundadora y coordinadora de COFADEH, también recibió amenazas por teléfono, y otra integrante de COFADEH en el mismo mes fue amenazada verbalmente por un hombre al entrar en la oficina. Al mes siguiente, en abril, Nohemí Pérez, otra integrante de COFADEH fue también amenazada verbalmente por un desconocido al llegar al portón de las oficinas de COFADEH.

Las amenazas también han sido dirigidas a quienes brindan acompañamiento internacional a defensores y defensoras de derechos humanos. A finales de abril, miembros de PROAH (Proyecto de Acompañamiento en Honduras) recibieron dos amenazas de muerte por medio de mensajes de texto, relacionadas con su labor de acompañamiento.

Amnistía Internacional ha seguido de cerca la situación de derechos humanos en Honduras durante muchos años. La organización reconoce la importancia de que el gobierno Hondureño extendió, durante su examen periódico frente a las Naciones Unidas en 2010, una invitación abierta a los expertos de la Organización de las Naciones Unidas y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

También reconoce la importancia de los compromisos públicos anunciados por el Gobierno ante a la Comisión Inter-Americana de Derechos Humanos en 2011 a adoptar las medidas necesarias para garantizar la protección de periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos, incluida la implementación de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Inter-Americana de los Derechos Humanos a favor de los defensores, defensoras, activistas y periodistas en riesgo.

Sin embargo, esta ola reciente de ataques a periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos es de suma preocupación. Es urgente tomar medidas inmediatas que fortalezcan los mecanismos de protección para periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos, para que así puedan accederlos de manera pronta y efectiva cuando su vida o integridad personal se encuentren en peligro.

A esto deben sumarse además medidas concretas para que haya un mejoramiento en las investigaciones. Es imprescindible que haya una reducción de la impunidad en la que se mantienen dichos ataques y amenazas para que se ponga fin a esta situación. La impunidad de estas agresiones sólo servirá para reforzar los índices, ya escandalosos, de impunidad del país y plantea serias dudas sobre el verdadero compromiso del gobierno con los derechos humanos.

Es importante subrayar que la Declaración de Naciones Unidas sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidas (Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos) reafirma derechos establecidos en tratados internacionales de derechos humanos que Honduras ha ratificado y coincide con normas constitucionales hondureñas, tales como el derecho a la vida, la integridad personal y las libertades de expresión, asociación y movimiento. La labor, liderazgo, legitimidad y aporte fundamental de quienes defienden los derechos humanos han sido ampliamente reconocidos a nivel mundial.

El ambiente generalizado de inseguridad, impunidad y sensación de vulnerabilidad de periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos hace necesario que el Gobierno hondureño tome medidas concretas, rápidas y efectivas tales como:

- Hacer un reconocimiento público del importante y legítimo trabajo de periodistas, defensores y defensoras de derechos humano;

- Desarrollar una política gubernamental integral que incluya medidas de prevención y protección de quienes trabajan por la defensa de los derechos humanos. Es esencial que tal política esté desarrollada en consulta con la sociedad civil, incluyendo periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos, y que cuente con los recursos necesarios para su efectiva implementación.

- Promover y adoptar una ley que garantice la protección de periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos, que a su vez de estabilidad institucional al mecanismo de protección y garantice los recursos económicos y humanos necesarios para su funcionamiento efectivo;

- Tomar medidas inmediatas para re-evaluar y reforzar las medidas de protección con las que ya cuentan algunas de las personas mencionadas en esta comunicación y para extender la protección a las demás personas que aún no cuentan con ésta;

- Investigar de manera expedita, exhaustiva e imparcial las amenazas recibidas por las personas mencionadas en esta comunicación para que los responsables de estos actos sean efectivamente llevados ante la justicia y las víctimas reciban una reparación correspondiente.

La situación de ataques a periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos es alarmante, y el Gobierno de la República de Honduras debe actuar en consecuencia. En sus manos está la posibilidad de revertir esta grave situación y así demostrar su verdadero compromiso con los derechos humanos de todas las personas en el país.

Impotencia

Radio Progreso declara su impotencia ante el repugnante crimen del periodista Ángel Alfredo Villatoro, y nos declaramos en estado de plena indefensión.

Con lo que está ocurriendo en nuestro país, ya no valen palabras, los análisis no logran alcanzar la realidad y los clamores de justicia ya dejaron de tener cabida. No podemos aceptar informes ni de la policía ni de la administración pública, porque después de tanto contubernio de las instituciones de seguridad y justicia con la criminalidad y la impunidad, no podemos creer en ninguna de sus versiones.

Somos promotores de esperanza y nos alimentamos de la esperanza, porque nos sustentamos en la fe en el Dios de la Vida. Sin embargo, frente a la brutalidad de quienes tienen el control de nuestra sociedad, la impotencia ha tomado su palabra, y el escenario de la Honduras que hoy tenemos pone en entredicho y en precariedad todas las esperanzas y optimismos que han acompañado a nuestra radio a lo largo de su historia.

Reconocemos nuestro estado de impotencia. Desde hace tres años venimos haciendo llamados desesperados por construir un pacto social entre los diversos sectores de la sociedad hondureña. Parecemos disco rayado con el llamado a construir acuerdos básicos compartidos. Y todo ha sido una voz en este desierto de oídos sordos.

Con el asesinato del periodista Ángel Alfredo Villatoro queda claro que todos los llamados a buscar consenso en torno a la lucha contra la impunidad y por construir una nueva institucionalidad, no tienen cabida. Los sectores que controlan la violencia y la impunidad se disputan entre sí negocios, posiciones y territorios, utilizando la brutalidad y el asesinato de periodistas para aplastar la libertad de expresión y de prensa. Y lo están consiguiendo en dosis muy altas.

Como no existen oídos sensatos que escuchen nuestro clamor por un pacto social con acuerdos mínimos, entonces nos toca declararnos en estado de impotencia. Necesitamos proteger nuestras vidas y las vidas de nuestros seres queridos, y como hasta hoy nadie de quienes tienen capacidad de decisión nos escuchó, nos toca ahora pedir a quienes amenazan nuestras vidas por ejercer este servicio desde el periodismo, que nos digan qué quieren, qué buscan. Dígannos, por favor, ¿qué quieren de nosotros y hacia dónde nos quieren llevar?

Es hora ya…

El bien más preciado de una sociedad democrática es el derecho a la vida pues es la base esencial para el ejercicio de los demás derechos. Pero este derecho no solamente se refiere al derecho a no ser privado de la vida arbitrariamente por actos criminales, sino también a que no se impida el acceso a las condiciones que garanticen una existencia digna.

Y una existencia digna implica que todas las personas se encuentren al amparo de la ley, sin temor a la discriminación ni a las represalias, gocen de libertad de opinión, de culto y de asociación, y se sientan libres del temor, de manera que la violencia no destruya su existencia y sus medios de vida.

Al ser un bien tan preciado, el respeto al derecho a la vida es un termómetro idóneo para medir la legitimidad y los niveles de humanización de un Estado, quien no sólo tiene la obligación de no empeorar las condiciones de vida de las personas, sino también tiene el deber de mejorarlas mediante el fortalecimiento de las capacidades básicas que permitan a la gente tener una vida larga y saludable, acceder a la educación de calidad y a los recursos necesarios para disfrutar un nivel de vida digno.

Contrariamente a lo que debería suceder en un Estado de derecho, en Honduras la vida es el bien más despreciado de todos pues diariamente 20 vidas humanas son asesinadas sin que el Estado adopte medidas eficaces para detener esta barbarie que nos coloca en la cima de los países más violentos del mundo muy por encima de otros que oficialmente se encuentran en guerra.

Pero también diaria y lentamente hay otros asesinatos silenciosos que arrebatan la vida a las personas más vulnerables de la sociedad, quienes son sacrificadas en el altar del hambre, del desempleo, de la migración forzada, de la vulnerabilidad ambiental, de la enfermedad prevenible y curable, y de la denegación de la tierra.

Y toda esta barbarie tiene responsables políticos que detrás de la máscara del bipartidismo han desgobernado el país y lo han convertido en un centro de exterminio en donde el que no muere por hambre, muere por balas; y por eso, es hora de gritar “basta”, es hora de aplastar colectivamente la impunidad, es hora de que las víctimas levanten la frente y clamen “justicia”.

¿Un informe al borde del olvido?

El 7 de julio de 2010, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación presentó su informe “Para que los hechos no se repitan”, en el que expuso un número importante de recomendaciones para evitar que los hechos del golpe de Estado se repitan en el futuro.

Desde un inicio, el gobierno de Lobo Sosa se comprometió a cumplir cada una de las recomendaciones allí contenidas, no obstante, hasta el momento las mismas siguen siendo letra muerta pues el gobierno no sólo ha hecho muy poco para cumplir este compromiso, sino que ha realizado acciones contrarias a lo que el informe recomienda.

Es preciso recordar que el informe establece claramente que policías y militares cometieron graves violaciones a derechos humanos como asesinatos, torturas, detenciones ilegales, tratos crueles, inhumanos o degradantes y violaciones sexuales, todas las cuales constituyen crímenes de lesa humanidad debido a su carácter masivo, sistemático e institucional y a que fueron ordenadas, autorizadas y encubiertas por los mandos y autoridades superiores del gobierno de facto, la Policía y las Fuerzas Armadas en el marco de una política estatal de represión.

Pese a que el informe recomienda investigar y sancionar a los responsables intelectuales y materiales de tales crímenes, es de todos conocidos que más bien han sido premiados, declarados héroes nacionales y diputados vitalicios, han sido nombrados en importantes instituciones del Estado y hasta se les permite presentarse como candidatos presidenciales a pesar que el antecedente golpista es una causal suficiente para excluirlos del proceso electoral.

El informe también recomienda evaluar el papel del Fiscal del Ministerio Público, del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, pues su participación en el golpe de Estado los convierte en responsables directos de las violaciones a derechos humanos, sin embargo, no hay ni siquiera indicios de que estos personajes enfrenten un proceso independiente para la deducción de sus responsabilidades.

Asimismo, el informe recomienda depurar la Policía Nacional y revisar las facultades de las Fuerzas Armadas, sobre todo en lo que se refiere a su participación en funciones de seguridad ciudadana, no obstante, el proceso de depuración que se ha iniciado sigue generando dudas y va a paso de tortuga, y a las Fuerzas Armadas se les han otorgado facultades plenas para ejercer funciones policiales, en otras palabras, se ha legalizado la militarización del país.

Debemos recordar que el cumplimiento de las recomendaciones del informe no sólo requiere de voluntad política del Estado, sino también de un compromiso serio de la ciudadanía para exigir y vigilar la realización de las reformas necesarias en el país que permitan extirpar de raíz el cáncer que nos carcome y que  nos ha puesto en estado terminal desde el golpe de Estado: La impunidad y la corrupción.

Policía asesina a Santos Domínguez Benítez indígena lenca miembro de COPINH

Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras.

COPINH.

 

Denuncia Urgente.

 

Policía asesina a Santos Domínguez Benítez indígena lenca miembro de COPINH.

 

Este día martes 1ro de mayo a las 11.30 minutos una patrulla integrada por 3 miembros de la policía ingreso a la casa de la señora María de Los Santos Domínguez Benítez, ante lo que el joven Santos Alberto Rodríguez reclamo por el allanamiento a la vivienda de su madre a lo que la policía respondió disparando sus armas de fuego impactando en su cabeza y muriendo de manera instantánea.

 

La vivienda del joven asesinado está ubicada en la comunidad lenca de San Bartolo una comunidad que tiene en trámite la titulación de la las tierras como comunidad indígena lenca y que en los últimos días ha sido amenazada por una maniobra de los terratenientes que han impulsado una invasión de las tierras.   

 

La comunidad indígena de San Bartolo está ubicada en el municipio de Intibucá departamento de Intibucá y es bastión en la lucha contra una represa que autoritariamente empresarios pretenden imponer.

 

El COPINH denuncia este nuevo hecho de violencia que enluta al pueblo lenca y exige castigo a los responsables de este asesinato que viola el convenio 169 de la O.I.T , la declaración universal de los derechos humanos y otros instrumentos que protegen los derechos humanos.

 

Los policías responsables de este crimen están asignados al municipio de San Isidro siempre del departamento de Intibucá.

 

Este crimen se suma a otros crímenes que los cuerpos represivos han cometido contra hondureños y hondureñas

 

¡Alto a la represión!

¡Alto a los asesinatos de indígenas!