Tal y como lo señaló en su momento el Dr. Leo Valladares Lanza, ex Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, en Honduras las personas privadas de libertad se enfrentan a violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos, lo cual se reafirma cuando presenciamos la ola de tragedia y terror que representan, entre otras, las muertes en los centros penales de El Porvenir, San Pedro Sula y Comayagua.
Las cárceles hondureñas, con su sobrepoblación, hacinamiento, tráfico de drogas y corrupción, lejos de ser un lugar en donde se rehabilita y no se delinque, es uno de los sitios en que proliferan los más graves delitos y por tanto, son verdaderas universidades del crimen y del terror.
Dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra Honduras han dejado claro que la grave situación carcelaria del país es en gran parte responsabilidad de la disfuncionalidad e ineficiencia del sistema de justicia penal, por lo que resulta vergonzoso que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera Avilés, considere que lo que se necesita es construir o ampliar las cárceles y no reducir la mora judicial que alcanza niveles alarmantes.
Es evidente que se puede esperar cualquier cosa de este personaje que rectora el deslegitimado poder judicial pues la historia lo recordará, junto con los otros 14 magistrados y magistradas, como los grandes defensores del golpe de Estado y encubridores de las más graves violaciones a derechos humanos.
A pesar de todo, la ciudadanía debemos tener claro que la mejor forma de combatir la delincuencia no es a través de más cárceles, sino mediante una labor preventiva que trate de solucionar los problemas sociales que causan la delincuencia.
Las sociedades más seguras son aquellas donde hay menos pobreza y una justa distribución de la riqueza, las que brindan educación, salud y empleo digno a su población, las que poseen efectivos mecanismos de control de los poderes del Estado y un sistema de justicia independiente e imparcial, y las que de ningún modo toleran la corrupción y la impunidad.
Las cárceles hondureñas, con su sobrepoblación, hacinamiento, tráfico de drogas y corrupción, lejos de ser un lugar en donde se rehabilita y no se delinque, es uno de los sitios en que proliferan los más graves delitos y por tanto, son verdaderas universidades del crimen y del terror.
Dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra Honduras han dejado claro que la grave situación carcelaria del país es en gran parte responsabilidad de la disfuncionalidad e ineficiencia del sistema de justicia penal, por lo que resulta vergonzoso que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera Avilés, considere que lo que se necesita es construir o ampliar las cárceles y no reducir la mora judicial que alcanza niveles alarmantes.
Es evidente que se puede esperar cualquier cosa de este personaje que rectora el deslegitimado poder judicial pues la historia lo recordará, junto con los otros 14 magistrados y magistradas, como los grandes defensores del golpe de Estado y encubridores de las más graves violaciones a derechos humanos.
A pesar de todo, la ciudadanía debemos tener claro que la mejor forma de combatir la delincuencia no es a través de más cárceles, sino mediante una labor preventiva que trate de solucionar los problemas sociales que causan la delincuencia.
Las sociedades más seguras son aquellas donde hay menos pobreza y una justa distribución de la riqueza, las que brindan educación, salud y empleo digno a su población, las que poseen efectivos mecanismos de control de los poderes del Estado y un sistema de justicia independiente e imparcial, y las que de ningún modo toleran la corrupción y la impunidad.
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