La migración en tiempos hostiles

Son tiempos hostiles para las personas migrantes, particularmente para aquellas que no tienen un documento que las salve del infierno de la ilegalidad impuesta. Desde Estados Unidos hasta Europa corren vientos de desprecio contra ellas, cuya presencia es asociada con la violencia, el miedo, la inseguridad, la crisis económica, el desempleo y el deterioro de los servicios públicos.

Con la grave crisis económica que azota a los países ricos, la mayoría de gobiernos han alimentado en el imaginario colectivo de sus sociedades que la presencia de las personas migrantes es culpable de todas las desgracias y así, éstas se han convertido en la víctima expiatoria de todos los males y para ellas, como lo señala Sami Nair, han llegado “los tiempos del desprecio”.

Y estos “tiempos del desprecio” se manifiestan en las políticas de sospecha contra el que es “diferente”, contra el “otro”, contra quien no es parte del “nosotros”, lo cual alimenta la arrogancia, el racismo y la xenofobia, que termina criminalizando la migración. De esta manera, la falta de un documento, de una visa o de una tarjeta de residencia se convierte en ilegalidad, en delito que debe ser situado y tratado al mismo nivel que el narcotráfico y el terrorismo.

En Estados Unidos, se envían a la frontera miles de nuevos agentes de la patrulla fronteriza a la que se le ha dotado de aviones y helicópteros militares; se construyen y amplían los muros fronterizos con la participación del ejército; se usan detectores electrónicos de movimiento, proyectores potentes, telescopios infrarrojos o cables electrónicos; y se adoptan leyes discriminatorias como la Ley 1070 conocida como “Leyde Arizona”.

En Europa, el Parlamento Europeo aprueba la llamada “Directiva de retorno sobre inmigración ilegal” que permite la detención administrativa del indocumentado hasta un año y medio mientras se tramita su expulsión, y faculta la expulsión de niños y niñas inmigrantes no acompañadas a su país de origen o a un tercer país que no sea el suyo.

En algunos países como España, se han adoptado medidas tan radicales como la denegación de asistencia sanitaria a quienes no tienen documentos, con lo cual se precariza aún más su situación y se les condena a una mayor marginalidad en el goce de un derecho humano tan fundamental como la salud.

Mientras tanto, los Estados expulsores como Honduras, se benefician del sufrimiento de estas personas ya que su aporte en remesas es fundamental para el sostenimiento económico del país y para reducir el conflicto social que genera la pobreza y la desigualdad.

Así, las personas migrantes viven la doble tragedia de ser “residuos humanos” que son expulsados de Honduras y luego deportados por los países ricos.