Por
ALBERTO ARCE y MARTHA MENDOZA
The Associated Press
TEGUCIGALPA -- El gobierno de
Estados Unidos retirará fondos a las unidades de la policía hondureña bajo
supervisión directa de Juan Carlos Bonilla, su director general, hasta que
pueda investigar las acusaciones de que él dirigió un escuadrón de la muerte
hace una década, según un informe del Departamento de Estado fechado esta
semana.
El documento indicó que el Departamento
de Estado "es consciente de las acusaciones de violaciones
de los derechos humanos relacionadas con el servicio pasado del director general
de la policía" y que "ha creado un grupo para investigarlas".
Estados Unidos había prometido 56
millones de dólares para programas bilaterales de seguridad y asistencia al
desarrollo en 2012 en Honduras, un país por el que pasa el 90% de la cocaína
que llega a territorio estadounidense. De
acuerdo con las nuevas reglas propuestas por el Departamento de Estado, la
ayuda se limitará a partir de ahora a ciertas unidades de las fuerzas de
seguridad que "han recibido entrenamiento, guía y asesoramiento
directamente de agentes de Estados Unidos y no están bajo supervisión directa
de Bonilla", señala el documento.
La Ley de operaciones en el exterior de
Estados Unidos exige que el 20% de la ayuda a Honduras sea retenida hasta que
la secretaria de Estado certifique que Honduras está dando pasos para mejorar
la situación de los derechos humanos e investiga las acusaciones de abusos. En
un giro inusual, el informe señala que el gobierno hondureño cumple los
requisitos pero al mismo tiempo indica que el gobierno de Estados Unidos
retendrá la ayuda destinada a los agentes que trabajan para Bonilla.
Los responsables del Departamento de
Estado consultados el viernes y el sábado no pudieron confirmar a cuánto
ascienden los fondos retenidos. Estados Unidos suspendió la entrega de 31
millones de dólares a Honduras en 2009 después de un golpe de Estado que
derrocó al presidente Manuel Zelaya Rosales. La secretaria de Estado Hillary
Clinton retomó la ayuda en 2010 después de que Porfirio Lobo fuera elegido
presidente.
El ministro de Comunicaciones del
gobierno de Porfirio Lobo, Miguel Angel Bonilla, que no tiene vínculos
familiares con el general cuestionado, dijo el sábado a The Associated Press
que el presidente ha reiterado que el general Bonilla tiene
"todo su apoyo" porque "gracias a su trabajo ha habido una
mejora real en la situación de seguridad del país" y añadió que "si
hay acusaciones legales contra él la justicia tiene que seguir su curso de
acuerdo a la leyes, que funcionan".
También insistió en que "este
gobierno tiene un compromiso irrestricto con los derechos humanos, creando
incluso por primera vez en Honduras una Secretaría de los Derechos
Humanos".
La AP de antemano había informado, poco
después de que Bonilla, apodado "El Tigre", fuera nombrado director
general de la policía en junio, que él ha sido acusado en repetidas ocasiones
de asesinatos y violaciones de los derechos humanos en un informe del
departamento de asuntos internos de la propia policía hondureña.
El informe involucraba a Bonilla en al
menos tres asesinatos y desapariciones forzadas entre 1998 y 2002 y señalaba
que era sospechoso junto a otros oficiales en 11 casos más.
Sólo una de las acusaciones contra
Bonilla, de 46 años, terminó en acusación formal y el general fue absuelto en
2004 tras permanecer varios meses prófugo de la ley evadiendo una orden de
busca y captura que pesaba contra él. El
veredicto de inocencia fue refrendado por la Corte Suprema de Justicia de
Honduras en 2009 y la responsable de Asuntos Internos de la policía que lideró
la investigación fue destituida debido al caso.
Las violaciones a los derechos humanos
han persistido, según diversas fuentes. En junio de 2012, un informe del
Departamento de Estado reconoció que agentes hondureños han asesinado y
torturado a ciudadanos, aunque no mencionó directamente a Bonilla.
"Entre las acusaciones más serias
de violaciones a los derechos humanos se encuentra la corrupción en el interior
de la policía" añadía el informe.
La decisión tomada esta semana ha
llegado tras una serie de cartas de académicos y activistas hondureños y de
Estados Unidos así como de varias cartas de miembros del Congreso que le pedían
a Clinton que reconsiderase la ayuda a Honduras en materia de seguridad debido
a las violaciones de los derechos humanos.
A lo largo de los últimos años se han
repetido los informes que denuncian secuestros y asesinatos realizados por las
fuerzas de seguridad, más de 65 muertos en un conflicto agrario o decenas de
asesinatos de periodistas y de miembros de la comunidad gay, lésbica y
transexual.
"Combatir el tráfico de drogas no
es una justificación legítima para que los Estados Unidos financien y entrenen
fuerzas de seguridad que derrocan gobiernos democráticos y reprimen
violentamente a la población", decía la carta del 27 de junio firmada por
cientos de académicos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario