Una visita importante y una acción estatal delatora

Entre el 8 y 12 de agosto de este año, el Relator Especial para la Libertad de Expresión y Opinión de la Organización de las Naciones Unidas, Frank La Rue, hará una visita oficial al país durante la cual sostendrá reuniones con autoridades del Estado, con organizaciones de la sociedad civil y con radios comunitarias y alternativas como Radio Progreso.

Indudablemente, la visita de tan alto representante de la ONU refleja una vez más la preocupación de la comunidad internacional con respecto a la situación de la libertad de expresión en el país, la cual, lejos de mejorar desde el reintegro de Honduras a la OEA y al concierto de naciones, se ha deteriorado a niveles alarmantes debido a los asesinatos, intimidaciones, amenazas, atentados y agresiones contra periodistas, comunicadores sociales y cualquier persona que tenga una posición crítica frente al estado actual de cosas. 

Pese a que la libertad de expresión es la piedra angular de cualquier sociedad democrática, en Honduras la impunidad que rodea las violaciones a este derecho fundamental es muestra de que las dinámicas del golpe de Estado siguen vigentes, particularmente por la deslegitimación de un sistema de justicia que de manera descarada extiende el delito y los crímenes al taparlos con un manto de inmunidad del que gozan los victimarios.

Evidentemente la retórica de respeto de los derechos humanos por parte de los personeros del Estado frente al Relator Especial no será suficiente para ocultar esta situación, pues además éste tendrá la oportunidad de escuchar desde la voz de las víctimas y de sus representantes el contexto de miedo, dolor, impotencia e injusticia a las que están sometidos sin que el Estado hondureño adopte medidas contundentes  para revertirlo.

Más bien, el Estado a través de su cuestionada policía nacional, realizó una acción poco inteligente en términos políticos a pocos días de la visita del Relator Especial: Mientras Radio Progreso transmitía un análisis de realidad sobre la situación en el Aguán, actividad que realiza desde hace años en conjunto con el ERIC, patrullas policiales llegaron a la radio y de forma prepotente los policías intimidan a sus periodistas y comunicadores, y a todo aquel que entra y sale de sus instalaciones, bajo la excusa de que buscan a los campesinos que participaban en dicho análisis.

La noticia de esta acción intimidatoria en pocos minutos dio la vuelta al país y al mundo, y sin duda, será un hecho más que le ratificará al Relator Especial Frank La Rue, que la libertad de expresión en Honduras es un derecho que quedó completamente sepultado con el golpe de Estado y que para recuperarlo se requiere de medidas urgentes y contundentes si en verdad se quiere una verdadera construcción democrática en el país.