Una sentencia ejemplar

El pasado 27 de junio de 2012 la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró, por unanimidad, que el Estado del Ecuador es responsable por la violación de los derechos a la consulta, a la propiedad comunal indígena y a la identidad cultural del Pueblo Indígena Sarayaku, por haber permitido que una empresa petrolera privada realizara actividades de exploración petrolera en su territorio, desde finales de la década de los años 1990, sin haberle consultado previamente.

El Estado ecuatoriano también fue declarado responsable por haber puesto gravemente en riesgo los derechos a la vida e integridad personal de los miembros de este pueblo indígena ya que permitió acciones desde las fases de exploración petrolera, inclusive con la introducción de explosivos de alto poder en varios puntos de su territorio.

Esta sentencia ejemplar debe ser objeto de estudio obligatorio por quienes luchan contra la entrega abusiva por parte del gobierno actual de grandes extensiones del territorio nacional para que empresas nacionales o extranjeras realicen diferentes proyectos relativos a la extracción minera, la explotación del bosque, la construcción de hidroeléctricas, la creación de grandes zonas de turismo en el caribe hondureño o la construcción de ciudades modelo.

Como sabemos, estas concesiones se han realizado sin cumplir con los parámetros establecidos por el tribunal interamericano en el sentido que cuando un Estado permita concesiones para la explotación de recursos naturales debe garantizar la participación efectiva de los miembros de los pueblos en relación con todo plan de desarrollo, inversión, exploración o extracción que se lleve a cabo dentro de sus territorios; que dichos pueblos se beneficien razonablemente del plan que se lleve a cabo; y que no se emita ninguna concesión dentro de tales territorios a menos y hasta que entidades independientes y técnicamente capaces, bajo la supervisión estatal, realicen un estudio previo de impacto social y ambiental.

Nadie niega que el Estado tiene la libertad de otorgar concesiones para explotar sus recursos y abrirse a las inversiones internacionales, pero siempre y cuando lo haga respetando los derechos humanos de las comunidades en cuyos territorios se han de realizar tales concesiones; esta sentencia en relación con la consulta previa, representa una herramienta jurídica más en la larga lucha por la defensa de nuestros territorios y nuestros recursos naturales.