La violencia golpea a los más vulnerables

Para los ojos del mundo, Honduras se ha convertido en sinónimo de impunidad, violencia, corrupción, narcotráfico, tráfico de armas y crimen organizado.

Para quienes vivimos en este país, dicho escenario representa la muerte violenta de 20 personas diarias que se ensaña principalmente contra los más vulnerables de la sociedad. Así, desde el año 1998 hasta la fecha se han registrado 7,400 asesinatos a menores de 23 años, de acuerdo con datos de Casa Alianza.

Sólo en el período del gobierno de Lobo Sosa se han registrado 2,090 asesinatos. Antes de junio de 2009 en que se da el golpe de Estado, se registraba un aproximado de 30 a 35 asesinatos mensuales de menores de 23 años y en el gobierno de facto de Roberto Micheletti las cifras aumentaron a 60 y 70. Una vez que Lobo Sosa tomó posesión de la presidencia, dichas muertes violentas se incrementaron a 90 mensuales.

Por otro lado, de acuerdo con el Observatorio de la Violencia, entre enero y junio de este año se reportaron 278 muertes violentas de hondureñas, y ya en los primeros tres meses del segundo semestre el incremento pasó a dos crímenes diarios de mujeres.

Si siguen así las cosas, el año 2012 concluiría con un aumento de más del 30 por ciento con relación a 2011 cuando se registraron 512 femicidios. Para la Tribuna de Mujeres Contra los Femicidios, de 2005 a la fecha hay un crecimiento en femicidios de un 192 por ciento, lo cual resulta escandaloso e intolerable.

Frente a esta violencia que azota a la ciudadanía, la clase política sigue adoptando medidas perversas e inservibles que en muchas ocasiones sólo agravan la situación y sólo responden a un enfoque restrictivo de la seguridad ciudadana que privilegia la intervención de las fuerzas policiales y del sistema judicial, e ignora un enfoque amplio que requiere de medidas de garantía de otros derechos humanos como a la educación, a la salud, a la seguridad social, al trabajo, entre otros.

Cualquier medida sobre seguridad ciudadana será un rotundo fracaso si no se centra en la construcción de mayores niveles de ciudadanía y en políticas públicas cuyo objetivo central sea la persona humana y el desarrollo humano.

Los hondureños y hondureñas no nos merecemos una clase política corrupta e inescrupulosa que utiliza la situación de violencia para generar el miedo suficiente con el fin de mantener sus privilegios y su poder.

Una resolución parcialmente alentadora

Casi dos años han pasado desde que la Fiscalía Especial de Derechos Humanos de San Pedro Sula presentó acusación criminal en los juzgados sampedranos contra Héctor Iván Mejía y Daniel Omar Matamoros, ambos subcomisionados de la Policía Nacional, por los delitos de violación de los deberes de los funcionarios, detención ilegal y lesiones leves.

El primero fue acusado en su condición de Jefe Metropolitano de la Policía en San Pedro Sula, y el segundo como Jefe de Operaciones, en el momento que se efectuaron los actos represivos del 15 de sep­tiembre de 2010.

Después de varias audiencias suspendidas, la juez Gloria Vanesa Quezada resolvió dictar auto de prisión contra ambos policías por el delito de violación a los deberes de los funcionarios, a quienes se les otorgó medidas sustitutivas consistentes en no participar en reuniones, frecuentar lugares ni acercarse o comunicarse con las víctimas o testigos que estuvieron durante el juicio.

A pesar que la jueza los sobreseyó por los delitos de lesiones, daños y detención ilegal, esta resolución judicial es importante porque al menos en uno de los delitos se le imputa responsabilidad a dos altos mandos policiales que en virtud de su jerarquía, tenían el deber de tomar las medidas necesarias para evitar que sus subordinados cometieran atropellos contra la ciudadanía que se manifestaba pacíficamente y a quienes estaban llamados a proteger.

Si la razón de ser de la Policía Nacional es la protección de la vida, la integridad física, los bienes y la seguridad de las personas, Héctor Iván Mejía y Daniel Matamoros, como jefes policiales eran los primeros llamados a proteger a los manifestantes pacíficos frente a toda clase de peligros que podían amenazarlas, lo cual implicaba ejercer un eficiente y diligente control sobre los que estaban bajo su mando para evitar las violaciones a derechos humanos que se cometieron.

La presunta responsabilidad de Mejía y Matamoros radica en que estaban en plenas posibilidades de impedir los abusos cometidos, simplemente emitiendo una orden verbal, pero omitieron hacerlo y con su conducta omisiva enviaron un mensaje a sus subordinados en el sentido que podían continuar con la violenta represión contra una manifestación pacífica garantizada por la Constitución y los tratados internacionales. 

Esta resolución representa un pequeño paso para ver una luz en esta larga noche de despotismo que vivimos y al igual que la declaración de inconstitucionalidad contra las ciudades modelos, nos invita a seguir intentando combinar el uso del derecho y la movilización social como herramientas que sólo juntas pueden abrir grietas en el muro de la impunidad.

Un informe complementario

La Comisión de Verdad se instaló en el año 2010 con el objetivo de esclarecer los hechos violentos relacionados con el golpe de Estado del 28 de junio de 2009, particularmente en lo que respecta a la comisión de graves violaciones a derechos humanos.

Fue conformada por personas de reconocida trayectoria en la defensa y promoción de los derechos humanos, entre ellas, la religiosa ecuatoriana Elsie Monge, el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas de la Línea Fundadora de las Madres de Plaza de Mayo de Argentina, Mirna Perla, magistrada de El Salvador, la escritora hondureña Helen Umaña y el sacerdote diocesano Fausto Milla.

Después de muchos meses de trabajo de investigación, la semana pasada la Comisión de Verdad presentó su informe titulado “La voz más autorizada es la de las Víctimas”, en el que confirma la gravedad y sistematicidad de las violaciones a derechos humanos cometidas por el gobierno de facto, las cuales siguen cometiéndose durante el gobierno de Lobo Sosa sin que hasta el momento ni siquiera se manifiesta algún nivel de voluntad política para detener y perseguir estos crímenes.

Por ello, en el informe se demanda al Estado de Honduras detener las violaciones a derechos humanos, dignificar a las víctimas a través de la garantía del acceso a la justicia y la adopción de medidas efectivas para superar las causas estructurales de la impunidad.

Para la Comisión de Verdad, Honduras no podrá salir del abismo de violencia e impunidad en que se encuentra si no se inicie un proceso transparente de reparación integral de las víctimas y la sociedad que incluya medidas y acciones sobre el esclarecimiento histórico en el que el Estado investigue seriamente los hechos que generaron las graves violaciones a derechos humanos y sancione a los responsables intelectuales y materiales.

Este informe junto con el informe de la oficialista Comisión de la Verdad y la Reconciliación, coinciden en que sólo sobre la base de la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas se podrá contribuir a la democratización del poder estatal, de la sociedad, sus instituciones y de las políticas por ellas aplicadas.

Por ello, este informe debe asumirse como complementario al ya presentado por la comisión oficial, y ambos documentos han de constituir las bases de la memoria histórica para que la sociedad en su conjunto purifique al Estado y sus instituciones de los violadores a derechos humanos y emprendamos el camino de la verdadera reconciliación nacional que todavía sigue siendo una utopía.

Honduras no es un Estado fallido

Recientemente, el embajador de uno de los países de la Unión Europea acreditado en el país, señaló que Honduras no puede ser considerada un Estado fallido porque sus instituciones funcionan perfectamente.

Este diplomático completaba su idea diciendo que el Estado y sus instituciones funcionan perfectamente pero cuando se trata de preservar los intereses de quienes tienen el poder político y económico en el país.

Cuánta razón tiene dicho embajador, ya que las instituciones estatales funcionan a la perfección cuando se trata de revertir el incipiente proceso de reforma agraria pero no funcionan para cumplir el mandato constitucional de implementar una reforma agraria integral que haga desaparecer los latifundios y los minifundios.

Las instituciones del Estado funcionan perfectamente cuando se trata de mantener la impunidad de empresarios, políticos, policías y militares que cometen graves actos de corrupción y graves violaciones a derechos humanos pero no funcionan cuando las víctimas y la sociedad exigen conocer la verdad de lo sucedido, que no es otra cosa que investigar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales.

Las instituciones del Estado funcionan perfectamente cuando se trata de criminalizar la protesta social, la libertad de expresión y cualquier acción de oposición a las políticas represivas y regresivas del gobierno pero no funciona cuando tienen la obligación de prevenir el asesinato de 20 personas diarias y de garantizar que los culpables sean castigados.

Las instituciones del Estado funcionan a la perfección cuando se trata de exonerar de impuestos a los grandes capitales o de hacerse la vista gorda ante la gravísima evasión fiscal por parte de la empresa privada y de los ricos del país pero no funciona cuando tiene la obligación de adoptar todas las medidas necesarias para evitar que la pobreza asesine lentamente por hambre, desnutrición y enfermedad.

Es una cuestión de vida o muerte recuperar el Estado y sus instituciones, depurarlas, transformarlas, destruirlas y reconstruirlas hasta lograr que realmente sean herramientas para la dignificación de la vida de millones de hondureños y hondureñas que diariamente son sacrificadas en el altar de la muerte y la miseria.