No fue golpe, fue sucesión judicial

Si la destitución de 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional se manejara desde los mismos intereses, hipocresías y aberraciones jurídicas con los que se trató el golpe de Estado de 2009, se estaría hablando de una sucesión judicial y no de un nuevo golpe a otro poder del Estado.

El título de “Nuestra Palabra” sería la consigna que repetiría la clase política-empresarial y sus analistas y periodistas tarifados, y tendríamos que soportar cientos de horas de radio y televisión, así como artículos, reportajes y páginas enteras de los periódicos exaltando que con la sucesión judicial los diputados nos salvaron de 4 magistrados endemoniados y defensores del crimen organizado.

No obstante, los mismos que promovieron y defendieron el golpe de Estado de 2009, ahora condenan este nuevo atentado contra uno de los principios rectores de todo Estado de derecho: La separación de poderes y la independencia judicial.

Desde Radio Progreso y el ERIC también condenamos esta nueva crisis así como lo hicimos con respecto a la del 2009, pero al mismo tiempo denunciamos que la misma sólo refleja que el rompimiento constitucional de hace 3 años nos dejó una institucionalidad colapsada y totalmente fallida, por lo que ya no es posible ni ético defenderla sino que es necesario exigir una nueva institucionalidad.

Resulta categórico que ni siquiera los 4 magistrados destituidos confían en la vieja institucionalidad pues en vez de dirigirse al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, al Ministerio Público o a la propia Corte Suprema de Justicia, decidieron acudir al Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) para denunciar las violaciones a sus derechos.

Pero al mismo tiempo resulta extremadamente cínico que los magistrados denuncien que se les ha violado el derecho a la defensa y a la protección judicial, cuando en el marco del golpe de Estado ellos mismos no tuvieron reparo en abandonar su papel de garantes de la legalidad al tolerar por acción u omisión las graves violaciones de derechos humanos a manos de militares y policías, y se convirtieron en corresponsables de los crímenes del gobierno de facto.

De los 81 recursos de amparo presentados durante el golpe de Estado, la Sala de lo Constitucional sólo resolvió con celeridad y diligencia 2, los presentados a favor del general golpista Romeo Vásquez Velásquez, mientras que los 79 restantes presentados por distintos ciudadanos y organizaciones, se enfrentaron a múltiples dificultades y dilaciones impuestas por los mismos magistrados que se pusieron al servicio de los victimarios.

Esta nueva crisis nos brinda la oportunidad para exigir la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación en lo referente a que se someta a un escrutinio independiente las actuaciones de todas las instituciones del sector justicia frente a las violaciones de derechos humanos durante el golpe de 2009.

En los primeros lugares de corrupción

La Convención Interamericana contra la Corrupción establece que la corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el desarrollo integral de los pueblos.

Cada dólar que consume el latrocinio y que engrosa las cuentas bancarias privadas es un recurso que se despoja a los presupuestos de salud, educación, vivienda, seguridad alimentaria y empleo, lo cual contribuye a la muerte por hambre, por falta de acceso a una vivienda adecuada y agua potable, por desnutrición y enfermedades curables.

En Honduras se estima que el Estado pierde entre 500 y 600 millones de dólares por año en corrupción que podrían invertirse en garantizar unas condiciones que promuevan y faciliten la satisfacción de ciertas necesidades básicas sin las cuales muchas personas no pueden alcanzar los niveles de humanidad necesarias para tener una vida digna.

En este sentido, la incidencia de la pobreza, de la desigualdad y la exclusión social tiene una relación directa con los altos índices de corrupción, lo cual afecta seriamente la institucionalidad democrática, desnaturaliza la democracia y hace ilusoria la participación ciudadana, el acceso a la justicia y el disfrute efectivo de todos los derechos humanos.

Por ello, no es de extrañar que Honduras sea considerado el país más corrupto de Centroamérica, el cuarto más corrupto del continente americano y uno de los más corruptos del mundo, de acuerdo con el informe “Índice de Percepción de la Corrupción 2012” de Transparencia Internacional.

Sumado a lo anterior, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación confirmó que el golpe de Estado no sólo produjo la comisión de graves violaciones a los derechos civiles y políticos, sino también la comisión de graves actos de corrupción que profundizaron la vulnerabilidad de los sectores que más sufren el hambre, la enfermedad, la indigencia, el desempleo y la falta de acceso a la educación básica.

Echando una mirada a las listas de candidatos en las elecciones internas, nos damos cuenta que los corruptos continúan presentándose a cargos de elección popular, y por tanto, así como el general Romeo Vásquez y otros deberían ser considerados inelegibles por sus antecedentes golpistas, también deberían serlo aquellos funcionarios, de facto o no, que aprovechando su condición, cometieron graves actos de corrupción que en la práctica constituyeron una sustracción de los recursos destinados a la satisfacción de las necesidades básicas de la población, particularmente de la más vulnerable.

Un año más de impunidad

Llegamos a fin de año y el panorama con respecto a la impunidad en el país es desolador y la imposición de una supuesta normalidad política y social que comenzó con los acuerdos de Cartagena y el reingreso de Honduras a la OEA, ha sido sellada con el proceso electoral como única vía de arreglo de los conflictos y de cambio social.

Mientras tanto, el país sigue hundiéndose en el fango de la violencia, la corrupción, la impunidad y la vulnerabilidad de los sectores más golpeados de nuestra sociedad, y continúa siendo calificado internacionalmente como un país en una situación altamente delicada.

Así, el Fondo para la Paz ha ubicado a Honduras en el puesto 78 en un listado de 177 países, declarándolo al borde del “Estado fallido” y el Banco Mundial en su último informe “Haciendo negocios” lo ubica en la posición 131 de 183 países, declarándolo “país en riesgo”.

Detrás de estas calificaciones se encuentra una realidad que nos confirma que las estructuras del golpe de Estado y de la violencia estructural siguen intactas.

La criminalidad que asesina a 20 personas diariamente; las más de 80 personas asesinadas a causa del conflicto en el Aguán; la cifra escalofriante de 7400 menores de 23 años ejecutados desde el año 1998; las 278 muertes violentas de niñas y mujeres sólo entre enero y junio de este año; los 33 periodistas y comunicadores asesinados, 9 sólo en el año 2012; y a la aplicación del decreto de amnistía a violadores a derechos humanos.

La elaboración de un presupuesto que privilegia las armas y la violencia de la policía y el ejército en detrimento de la inversión social; los millones de lempiras que engrosan las cuentas bancarias privadas de los corruptos y que despoja a los presupuestos de salud, educación, vivienda, seguridad alimentaria, empleo, condenando a millones de personas a la muerte por hambre, por falta de acceso a una vivienda adecuada y agua potable, por desnutrición y enfermedades curables.

Es cuestión de vida o muerte romper con esta cultura de impunidad que nos consume y construir alianzas basadas en la honestidad y el bien común que nos lleven a las organizaciones comunitarias, populares, campesinas, defensoras de derechos humanos, étnicas, de género y juveniles a iniciar un camino que conduzca hacia la construcción de un país más justo y más compartido.

La democracia como derecho humano

La democracia es un derecho humano de naturaleza colectiva y procesal en el que los derechos políticos juegan un papel esencial para asegurar la participación de todos los miembros de la sociedad.

En el marco de los derechos políticos los ciudadanos y ciudadanas tenemos el derecho al ejercicio directo del poder y el derecho a elegir a quienes deben ejercerlo, y a que éstos terminen su mandato.

Ambos aspectos suponen una concepción amplia de la democracia representativa que descansa en la soberanía del pueblo, en la que las funciones a través de las cuales se ejerce el poder son desempeñadas por personas escogidas en elecciones libres y auténticas.

En ese sentido, los derechos a elegir y ser electo representan la expresión de las dimensiones individual y social de la participación política. La primera supone que los ciudadanos pueden postularse como candidatos en condiciones de igualdad y que puedan ocupar los cargos públicos sujetos a elección si logran obtener la necesaria cantidad de votos para ello.

Y la segunda implica que los ciudadanos pueden elegir libremente y en condiciones de igualdad a quienes lo representarán a través del voto. Por tanto, formar parte del gobierno y participar en elecciones genuinas, libres y mediante el voto secreto, es un derecho fundamental para la salvaguardia de todos los derechos humanos.

Sólo un gobierno surgido de la legítima voluntad popular, expresada en elecciones libres, puede proporcionar la más sólida garantía de que los derechos humanos sean observados y protegidos.

Por ello es que la situación de los derechos humanos se ha deteriorado rápidamente desde el golpe de Estado y tanto el gobierno de facto como el actual, carentes de legitimidad, se han caracterizado por el imperio de la violencia contra los más vulnerables y contra cualquier atisbo de disidencia.

Las elecciones primarias han ratificado que todo el sistema electoral está diseñado para violentar no sólo el derecho humano a la democracia como un bien colectivo, sino también el derecho individual de cada hondureño y hondureña a que su voto no sea condenado al fraude y al manoseo de la clase política corrupta y sin escrúpulos.

Si de aquí a las elecciones generales no hay cambios profundos en este sistema, no esperemos que por arte de magia los corruptos permitirán que el voto sea realmente la expresión de la voluntad popular.

Exigencias de una ciudadanía activa

“Una persona, un voto”, reza el contenido de un principio básico de todo sistema democrático. Con él, se quiere significar que el voto de cada hondureño y hondureña tiene el mismo valor, sin importar su condición social y económica.

Bajo esta premisa se ha considerado que nuestro país es democrático porque en teoría el voto de la señora que sobrevive vendiendo cualquier cosa en las calles vale lo mismo que el voto de un terrateniente millonario.

De esta forma, el Estado hondureño se ha preocupado más por ser activo en términos electorales, invirtiendo casi mil millones de lempiras en un proceso de elecciones primarias e internas pero se ha mantenido pasivo ante la existencia de altos porcentajes de pobreza, exclusión social, corrupción y violencia.

Y en vez de incrementar la inversión social en los pilares de toda construcción democrática como la salud y la educación, adopta medidas regresivas que deja en mayor precariedad a la mayoría de hondureños y hondureñas que ya se encuentran en situación de vulnerabilidad.

En este escenario, el principio de “una persona un voto” se desfigura frente a la desesperación que produce la miseria y la criminalidad, generando una “ciudadanía de baja intensidad” en la que los sectores más excluidos no son “sólo materialmente pobres, sino también legalmente pobres”.

Por ello no es lo mismo votar enfermo, con hambre y sin saber leer y escribir, que votar sano, satisfecho y alfabetizado, y aquí es el Estado el principal responsable de que todos y todas tengamos las mismas condiciones reales de participación; sin embargo, la clase política hondureña que ha gobernado el Estado ha demostrado con creces que son incapaces y negligentes para responder a los intereses de las grandes mayorías.

Y durante décadas han ignorado por completo los verdaderos problemas estructurales del país que si fueran resueltos a través de la implementación de políticas públicas inclusivas y tendientes al respeto y goce efectivo de todos los derechos humanos, revertirían el proceso de deslegitimación en que se encuentran las instituciones hondureñas.

Frente a las propuestas políticas que han de surgir de estas elecciones primarias, la ciudadanía debemos estar atenta a analizar cuál de ellas realmente propone y apuesta por la democratización del Estado y de los partidos políticos, por una mayor participación de las personas, por un mayor control de la gestión de las instituciones estatales y por generar condiciones reales que promuevan la igualdad formal y socio-económica.

 

¿Qué clase de Estado es Honduras?

Nuestra Constitución de 1982 afirma categóricamente que el Estado se constituye para asegurar a todas las personas el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social.

Si asumimos que la Constitución es cómo un plano en el que dibujamos la casa común que queremos construir, la sociedad en la que queremos vivir en un futuro inmediato, y quienes elegimos son los obligados a edificarla siguiendo las instrucciones del plano, 30 años después debemos preguntarnos si nuestra realidad, si nuestra casa común construida después de 3 décadas de vigencia constitucional se acerca a lo que establece la Constitución.

Sin necesidad de hacer un análisis profundo se puede observar que la realidad hondureña evidencia que no se han logrado cumplir los objetivos constitucionales acordados y que más bien las reformas en materia económica y jurídica de los últimos 30 años sólo han servido para profundizar la violencia, la desigualdad y la exclusión.

Además, tenemos instituciones públicas ineficientes, graves y permanentes escándalos de corrupción económica y política, crisis del sistema financiero nacional, destrucción y entrega de nuestros bienes naturales, un sistema judicial politizado, un ejército represor y una policía corrupta y amplios espacios del territorio en manos del crimen organizado ante la debilidad y ausencia del Estado.

Por tanto, hay un desfase profundo entre la promesa constitucional de crecimiento, bienestar, desarrollo humano, seguridad, estabilidad política y respeto de los derechos humanos, y el escenario de exclusión social y violencia en que vive una mayoría considerable de la población

Recordando las palabras del tratadista español Elías Díaz de que no todo Estado es un Estado de derecho, podríamos concluir con contundencia que Honduras es un Estado, lleno de leyes sí pero no un auténtico Estado de derecho cuya principal característica es el pleno respeto de los derechos humanos y la garantía de su libre ejercicio para lograr las condiciones necesarias para la plena realización del ser humano.

 

Desnudando internacionalmente al Estado

Durante su 146º Período de Sesiones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos celebró un número importante de audiencias y reuniones de trabajo para obtener mayor información sobre la situación de los derechos humanos en el continente americano.

En relación con Honduras, se realizaron tres audiencias en las que se denunció el alto número de homicidios de personas pertenecientes a la comunidad Lésbica, gay, Transexual y bisexual, y la impunidad que rodea sus muertes, especialmente a partir del golpe de Estado frente al cual este grupo de población se opuso decididamente.

También se denunció la falta de independencia judicial que debilita el sistema democrático, propicia un estado general de impunidad respecto de las violaciones a derechos humanos y deja a las víctimas y a la población en general en una situación de total indefensión y vulnerabilidad.

A su vez, se denunció la impunidad de aquellos que desde el Estado y otros sectores del poder fáctico, asesinan, amenazan y atentan contra la vida e integridad de cualquier personas que tenga la valentía de ejercer su derecho a la libertad de expresión.

Como de costumbre, los representantes del Estado intentaron defender lo indefendible y en vez de admitir responsablemente que la realidad en Honduras se ha complicado más por la inoperancia e ineficiencia de las autoridades, se atrevieron incluso a culpar a las propias víctimas de su situación.

Mientras los representantes estatales hacían malabares inútiles para intentar justificar la impunidad y la ineficacia del sistema de justicia, la sangre siguió tiñendo de dolor a más familias hondureñas, en particular a dos miembros del partido Libre y a tres campesinos del Aguán que fueron cobardemente asesinados.

Espacios como las audiencias de la Comisión Interamericana deben seguir siendo aprovechadas para denunciar la esquizofrenia de un Estado que se golpea el pecho autoproclamándose respetuoso y comprometido con los derechos humanos, mientras en la práctica, por acción u omisión, es el máximo responsable de los graves atentados contra la dignidad humana.

La violencia golpea a los más vulnerables

Para los ojos del mundo, Honduras se ha convertido en sinónimo de impunidad, violencia, corrupción, narcotráfico, tráfico de armas y crimen organizado.

Para quienes vivimos en este país, dicho escenario representa la muerte violenta de 20 personas diarias que se ensaña principalmente contra los más vulnerables de la sociedad. Así, desde el año 1998 hasta la fecha se han registrado 7,400 asesinatos a menores de 23 años, de acuerdo con datos de Casa Alianza.

Sólo en el período del gobierno de Lobo Sosa se han registrado 2,090 asesinatos. Antes de junio de 2009 en que se da el golpe de Estado, se registraba un aproximado de 30 a 35 asesinatos mensuales de menores de 23 años y en el gobierno de facto de Roberto Micheletti las cifras aumentaron a 60 y 70. Una vez que Lobo Sosa tomó posesión de la presidencia, dichas muertes violentas se incrementaron a 90 mensuales.

Por otro lado, de acuerdo con el Observatorio de la Violencia, entre enero y junio de este año se reportaron 278 muertes violentas de hondureñas, y ya en los primeros tres meses del segundo semestre el incremento pasó a dos crímenes diarios de mujeres.

Si siguen así las cosas, el año 2012 concluiría con un aumento de más del 30 por ciento con relación a 2011 cuando se registraron 512 femicidios. Para la Tribuna de Mujeres Contra los Femicidios, de 2005 a la fecha hay un crecimiento en femicidios de un 192 por ciento, lo cual resulta escandaloso e intolerable.

Frente a esta violencia que azota a la ciudadanía, la clase política sigue adoptando medidas perversas e inservibles que en muchas ocasiones sólo agravan la situación y sólo responden a un enfoque restrictivo de la seguridad ciudadana que privilegia la intervención de las fuerzas policiales y del sistema judicial, e ignora un enfoque amplio que requiere de medidas de garantía de otros derechos humanos como a la educación, a la salud, a la seguridad social, al trabajo, entre otros.

Cualquier medida sobre seguridad ciudadana será un rotundo fracaso si no se centra en la construcción de mayores niveles de ciudadanía y en políticas públicas cuyo objetivo central sea la persona humana y el desarrollo humano.

Los hondureños y hondureñas no nos merecemos una clase política corrupta e inescrupulosa que utiliza la situación de violencia para generar el miedo suficiente con el fin de mantener sus privilegios y su poder.

Una resolución parcialmente alentadora

Casi dos años han pasado desde que la Fiscalía Especial de Derechos Humanos de San Pedro Sula presentó acusación criminal en los juzgados sampedranos contra Héctor Iván Mejía y Daniel Omar Matamoros, ambos subcomisionados de la Policía Nacional, por los delitos de violación de los deberes de los funcionarios, detención ilegal y lesiones leves.

El primero fue acusado en su condición de Jefe Metropolitano de la Policía en San Pedro Sula, y el segundo como Jefe de Operaciones, en el momento que se efectuaron los actos represivos del 15 de sep­tiembre de 2010.

Después de varias audiencias suspendidas, la juez Gloria Vanesa Quezada resolvió dictar auto de prisión contra ambos policías por el delito de violación a los deberes de los funcionarios, a quienes se les otorgó medidas sustitutivas consistentes en no participar en reuniones, frecuentar lugares ni acercarse o comunicarse con las víctimas o testigos que estuvieron durante el juicio.

A pesar que la jueza los sobreseyó por los delitos de lesiones, daños y detención ilegal, esta resolución judicial es importante porque al menos en uno de los delitos se le imputa responsabilidad a dos altos mandos policiales que en virtud de su jerarquía, tenían el deber de tomar las medidas necesarias para evitar que sus subordinados cometieran atropellos contra la ciudadanía que se manifestaba pacíficamente y a quienes estaban llamados a proteger.

Si la razón de ser de la Policía Nacional es la protección de la vida, la integridad física, los bienes y la seguridad de las personas, Héctor Iván Mejía y Daniel Matamoros, como jefes policiales eran los primeros llamados a proteger a los manifestantes pacíficos frente a toda clase de peligros que podían amenazarlas, lo cual implicaba ejercer un eficiente y diligente control sobre los que estaban bajo su mando para evitar las violaciones a derechos humanos que se cometieron.

La presunta responsabilidad de Mejía y Matamoros radica en que estaban en plenas posibilidades de impedir los abusos cometidos, simplemente emitiendo una orden verbal, pero omitieron hacerlo y con su conducta omisiva enviaron un mensaje a sus subordinados en el sentido que podían continuar con la violenta represión contra una manifestación pacífica garantizada por la Constitución y los tratados internacionales. 

Esta resolución representa un pequeño paso para ver una luz en esta larga noche de despotismo que vivimos y al igual que la declaración de inconstitucionalidad contra las ciudades modelos, nos invita a seguir intentando combinar el uso del derecho y la movilización social como herramientas que sólo juntas pueden abrir grietas en el muro de la impunidad.