Secuestrados por el miedo

De acuerdo con el más reciente sondeo de opinión pública realizado por el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, los hondureños y hondureñas vivimos secuestrados por la violencia y la inseguridad.

Un 90.8 por ciento de la población considera que la delincuencia aumentó o siguió igual en comparación con el año anterior y lo peor de todo es que la institucionalidad encargada de garantizar la seguridad es percibida como una amenaza, ya que para el 60.3 por ciento la Policía está involucrada en la delincuencia y para el 67.4 por ciento está vinculada con el crimen organizado.

Al mismo tiempo, el 84.8 por ciento considera que las violaciones a derechos humanos han seguido igual o han empeorado, lo cual es producto de un clima absoluto de impunidad que cruza y rompe el tejido social de nuestra sociedad, alimentando la desconfianza en el otro, obligándonos a encerrarnos detrás de los muros de nuestras casas y limitando drásticamente el ejercicio de una ciudadanía activa. 

El círculo de la impunidad es fomentado por un sistema de justicia cuyas instituciones han fracasado estrepitosamente en realizar el papel para las que fueron creadas, es decir, garantizar la dignidad de las personas, por lo que no es extraño que la población desconfíe totalmente de instituciones como la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público.

De esta manera, un 81.8 por ciento tiene poca o ninguna confianza en el Ministerio Público y un 83.1 por ciento en la Corte Suprema de Justicia, ya que ambas instituciones han ratificado que han abandonado su papel de garantes de la legalidad y el respeto de los derechos humanos, y se han vuelto cómplices y autores directos de haber convertido a Honduras en un paraíso de la impunidad.

Sin duda alguna, estos datos reflejan la deslegitimidad en la que han caído las instituciones del Estado, frente a lo cual es urgente una nueva institucionalidad que se ponga al servicio de la sociedad en su conjunto y de los más vulnerables en particular.

Pero también es imperiosa la articulación de una ciudadanía crítica y activa que blinde a las nuevas instituciones para evitar que vuelvan a ser secuestradas por una clase política que, contrario al rey Midas que convertía todo lo que tocaba en oro, las convierta en instituciones corruptas, sin legitimidad y al servicio de los intereses más oscuros del país.