NOTA DE DUELO

 La asociación civil JHA-JA A.C. está sumamente consternada por la muerte diestra, certera e impune el día de hoy de nuestro amigo y compañero RONALD JOVEL MIRANDA AVILA (31).

RONALD JOVEL es miembro del Comité Ejecutivo (director) de nuestra asociación civil presidida por Ernesto Bardales B. en su momento, el joven, ha sido el principal animador para construir una respuesta comprometida de alternativas y oportunidades para niños y jóvenes vinculados a “maras y/o pandillas”.

RONALD JOVEL fue para nosotros un joven modelo que sirve de ejemplo de cómo las personas y profesionales comprometidos con el servicio al prójimo pueden alcanzar logros donde no es posible, con tal de que se tenga la voluntad de servicio.

RONALD JOVEL fue un orgullo para su familia, sus amigos, sus colegas y para los miembros de la asociación civil JHA-JA A.C.

Por lo anterior, nuestra asociación civil expresa nuestras más sentidas condolencias a sus familiares, a sus amigos y amigas, así como a todos y todas las personas que trabajamos con él.

La asociación civil JHA-JA A.C. hará todo lo que este a su alcance para que la memoria de RONALD JOVEL sea recordada en sus distintos proyectos y actividades y para que su ejemplo de servicio y compromiso ayude a una toma de conciencia nacional e internacional sobre lo que debe hacerse para trabajar por los niños y jóvenes empobrecidos y excluidos de Honduras, redoblando esfuerzos para alcanzar justicia en un país como el nuestro donde no existe.

Dado en la ciudad de San Pedro Sula, Cortes, a los veinticinco días del mes de abril del año dos mil trece.

Asociación civil JHA-JA A.C.

Mesa Directiva

Comité Ejecutivo

Una Comisión Interventora

La semana anterior se constituyó la Comisión Interventora del Ministerio Público que se encargará en los próximos 60 días de la evaluación, depuración, administración y fortalecimiento de esa institución del Estado.

La comisión está conformada por María Antonia Navarro y Miriam Guzmán, ambas propuestas por la Alianza por la Paz y la Justicia; por Lino Tomás Mendoza; y por Ángela Madrid.

Aunque 60 días para depurar el Ministerio Público parece insuficiente, se debe recordar que la Comisión Interventora no va a comenzar su trabajo de cero. Existen al menos 3 informes que han evaluado al Ministerio Público y que han presentado una serie de recomendaciones que, de implementarse, generarían importantes cambios en dicha institución para rescatarla y colocarla en la senda constitucional de representar realmente los intereses generales de la sociedad y el Estado.  

Algunas de las cosas que esta Comisión puede hacer en 60 días son, en primer lugar, recomendar la destitución del fiscal general Luis Rubí y del fiscal adjunto Roy David Urtecho; en segundo lugar, destituir a otras altas autoridades del Ministerio Público, como la directora de fiscales Danelia Ferrera; en tercer lugar, evaluar y sustituir a los coordinadores de las fiscalías especiales y regionales; y en cuarto lugar, expulsar de la institución a aquellos fiscales sobre los que existan pruebas de su incompetencia, ineficiencia y corrupción.

Sin ignorar que en la intervención del Ministerio Público se juegan muchos intereses de embajadas, políticos y otros sectores, la sociedad hondureña debería aprovechar este río revuelto para pensar seriamente en la elección del nuevo fiscal general en marzo de 2014 y generar las condiciones que mínimamente garanticen que la misma se realice bajo parámetros de transparencia e idoneidad.

La danza de los llorones

La semana anterior comparecieron ante el Congreso Nacional diferentes titulares de los órganos operadores del sector justicia y seguridad. Entre ellos, comparecieron Eduardo Villanueva, director de la Dirección de Evaluación de la Carrera Policial, Pompeyo Bonilla, Ministro de Seguridad, Juan Carlos Bonilla, director de la Policía Nacional, Jorge Rivera Avilés, presidente de la Corte Suprema de Justicia, y Luis Rubí, Fiscal General de la República.

Tal y como lo señala la Alianza por la Paz y la Justicia, la rendición de cuentas realizada por estas autoridades es una “frustración total” y una desgracia escuchar que los mismos operadores de justicia confirmen que el crimen se ha apoderado del país y que el sistema de justicia es incapaz de evitar tanta sangre derramada.

Por ejemplo, Eduardo Villanueva reconoció que hasta el momento se han realizado 1792 pruebas de confianza, de las cuales se remitieron al Ministerio de Seguridad 230 resoluciones para destituir a los policías reprobados pero a la fecha no han tenido ningún efecto. De hecho, hasta el momento sólo se han depurado 7 policías.

El fiscal Luis Rubí, reconoció que sólo el 20% de las denuncias son investigadas y el 80% quedan en la impunidad; es decir, de cada 10 delitos, 8 quedan en total impunidad sin una respuesta contundente por parte del Estado.

Por su parte, el ministro Pompello Bonilla y el director de la Policía Juan Carlos Bonilla, reconocieron que la transformación de la Policía Nacional no puede lograrse de un día a otro y que la violencia es culpa de la Sala Constitucional al pretender que las pruebas de confianza no se realizaran.

El presidente de la Corte Suprema, Jorge Rivera Avilés, se centró sobre todo en solicitar más presupuesto para hacer más nombramientos de jueces penales, de jurisdicción nacional y otros de apertura de nuevos juzgados para ampliar la red de sedes judiciales.

En términos generales, estos funcionarios desfilaron por el Congreso sin señalar resultados concretos de sus gestiones y se limitaron a convertir el hemiciclo en un muro de los llantos y los lamentos. No obstante, quedó evidenciado que no han demostrado voluntad para hacer las cosas bien.

La sociedad ha escuchado de la propia voz de estos funcionarios lo que todos y todas sabemos por nuestra propia experiencia, que la población está de rodillas frente a la violencia y que el Estado lo ha permitido; por ello, es urgente que la sociedad en su conjunto se sume a esta lucha para evitar que continuemos hacia el precipicio de muerte y violencia a la que nos han condenado unas instituciones incapaces de hacer cumplir la ley.

Un caso fundamental para la defensa de los territorios

El pasado 21 de febrero de este año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó un nuevo caso contra Honduras ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, relativo a la Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus miembros.

Los hechos del caso se refieren a varias cuestiones importantes para la vida de esta comunidad, no obstante, hay dos aspectos que merecen especial atención por el impacto que puede tener de cara a los procesos de privatización de los bienes naturales por parte del actual gobierno.

En primer lugar, la Corte Interamericana examinará la omisión estatal de proteger el territorio ancestral de nuestros hermanos y hermanas garífunas frente a la ocupación y despojo por parte de terceras personas, lo que ha provocado y mantenido a la comunidad en una situación de conflicto y temor permanente en su propio territorio debido a las presiones, amenazas, detenciones ilegales y asesinatos contra sus líderes y lideresas.

En segundo lugar, el tribunal interamericano juzgará sobre la falta de una consulta previa, libre e informada a la Comunidad de Triunfo de la Cruz y sus miembros con respecto a la adopción de decisiones que afectan el territorio que han ocupado históricamente, incluyendo la ejecución de proyectos y megaproyectos turísticos, la creación de un área protegida en parte del territorio ancestral y las ventas de tierras comunitarias.

La importancia de este caso radica en que la Corte Interamericana podrá ratificar su jurisprudencia en el sentido que si bien el Estado de Honduras tiene la libertad de otorgar concesiones para explotar sus recursos y abrirse a las inversiones, cuando lo haga debe hacer efectivo el derecho a la consulta previa, libre, informada y de buena fe, conforme a los estándares internacionales de derechos humanos.

De esta manera, el Estado garantizaría la participación efectiva de los miembros de los pueblos en relación con todo plan de desarrollo, inversión, exploración o extracción que se lleve a cabo dentro de sus territorios; y aseguraría que dichos pueblos se beneficien razonablemente del plan que se lleve a cabo; y que no se emita ninguna concesión dentro de tales territorios a menos y hasta que entidades independientes y técnicamente capaces, bajo la supervisión estatal, realicen un estudio previo de impacto social y ambiental.

La presentación de este caso debe animarnos a usar de manera más constante las herramientas del Sistema Interamericano de Derechos para exigir que el Estado de Honduras cumpla con sus obligaciones relativas al debido proceso, la transparencia, el monitoreo de los programas de desarrollo, los estudios de impacto ambiental, y la consulta y la participación de las comunidades en los proyectos de desarrollo y la explotación de recursos.

Nos declaramos “malos hondureños y hondureñas”

El ministro de seguridad, Pompeyo Bonilla, ha comenzado esta semana criticando y llamando “malos hondureños” a aquellas personas que están exigiendo al gobierno estadounidense que suspenda su ayuda millonaria destinada a la Policía Nacional debido a sus vínculos con el crimen organizado.

Si es así, nos declaramos “malos hondureños y hondureñas” porque seguiremos denunciando que la Policía Nacional es responsable de graves actos de corrupción, asesinatos, extorsiones, torturas y otra larga lista de delitos y violaciones a derechos humanos contra la ciudadanía a quien debería servir y proteger.

Nos declaramos “malos hondureños y hondureñas” porque seguiremos denunciando que la Policía Nacional es un simple instrumento que utiliza la fuerza excesiva y la represión para preservar el orden que requieren los grandes poderes fácticos del país, a quienes no les gusta que la ciudadanía haga uso legítimo de su derecho constitucional a la manifestación pacífica para exigir el cumplimiento de sus derechos. 

Nos declaramos “malos hondureños y hondureñas” porque seguiremos denunciando el oscuro pasado del jefe de la Policía Nacional, Juan Carlos “El Tigre” Bonilla, a quien se le señala por su supuesta participación en escuadrones de la muerte encargados de ejecutar una política de limpieza social para desaparecer y asesinar a presuntos delincuentes.

Nos declaramos “malos hondureños y hondureñas” porque seguiremos denunciando la total impunidad que ampara a los militares que atentaron contra el orden constitucional y que cometieron crímenes de lesa humanidad, y que hoy se presentan como los salvadores de la seguridad ciudadana, pese a que nuestra historia demuestra que su intervención en cuestiones de seguridad se encuentra acompañada de graves violaciones de derechos humanos. Un ejemplo reciente es el asesinato del adolescente Ebed Haziel Yánez a manos de militares que lo vieron como un enemigo de guerra porque éste no se detuvo ante un retén militar.

Nos declaramos “malos hondureños y hondureñas” porque seguiremos denunciando que toda la institucionalidad del sector justicia y seguridad ha colapsado y que el actual proceso de depuración iniciado hace un año es un total fracaso.

Nos declaramos “malos hondureños y hondureñas” porque seguiremos apostando por la vida digna y asumiendo nuestras posiciones desde las experiencias y expectativas de las miles de víctimas que diariamente recorren un tortuoso camino en su lucha silenciosa y silenciada contra la impunidad y el miedo.