La semana
anterior comparecieron ante el Congreso Nacional diferentes titulares de los
órganos operadores del sector justicia y seguridad. Entre ellos, comparecieron
Eduardo Villanueva, director de la Dirección de Evaluación de la Carrera
Policial, Pompeyo Bonilla, Ministro de Seguridad, Juan Carlos Bonilla, director
de la Policía Nacional, Jorge Rivera Avilés, presidente de la Corte Suprema de
Justicia, y Luis Rubí, Fiscal General de la República.
Tal y como
lo señala la Alianza por la Paz y la Justicia, la rendición de cuentas
realizada por estas autoridades es una “frustración total” y una desgracia
escuchar que los mismos operadores de justicia confirmen que el crimen se
ha apoderado del país y que el sistema de justicia es incapaz de evitar tanta
sangre derramada.
Por ejemplo,
Eduardo Villanueva reconoció que hasta el momento se han realizado 1792 pruebas
de confianza, de las cuales se remitieron al Ministerio de Seguridad 230
resoluciones para destituir a los policías reprobados pero a la fecha no han
tenido ningún efecto. De hecho, hasta el momento sólo se han depurado 7
policías.
El fiscal
Luis Rubí, reconoció que sólo el
20% de las denuncias son investigadas y el 80% quedan en la impunidad; es
decir, de cada 10 delitos, 8 quedan en total impunidad sin una respuesta
contundente por parte del Estado.
Por su parte, el ministro Pompello Bonilla y el director de la
Policía Juan Carlos Bonilla, reconocieron que la transformación de la Policía
Nacional no puede lograrse de un día a otro y que la violencia es culpa de la
Sala Constitucional al pretender que las pruebas de confianza no se realizaran.
El
presidente de la Corte Suprema, Jorge Rivera Avilés, se centró sobre todo en
solicitar más presupuesto para hacer más nombramientos de jueces penales, de
jurisdicción nacional y otros de apertura de nuevos juzgados para ampliar la
red de sedes judiciales.
En términos
generales, estos funcionarios desfilaron por el Congreso sin señalar resultados
concretos de sus gestiones y se limitaron a convertir el hemiciclo en un muro
de los llantos y los lamentos. No obstante, quedó evidenciado que no han
demostrado voluntad para hacer las cosas bien.
La sociedad
ha escuchado de la propia voz de estos funcionarios lo que todos y todas
sabemos por nuestra propia experiencia, que la población está de rodillas
frente a la violencia y que el Estado lo ha permitido; por ello, es urgente que
la sociedad en su conjunto se sume a esta lucha para evitar que continuemos
hacia el precipicio de muerte y violencia a la que nos han condenado unas
instituciones incapaces de hacer cumplir la ley.
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