Ni una muerte más

El golpe de Estado sigue mostrando a sangre y fuego sus terribles consecuencias para el pueblo hondureño en materia de medio ambiente y recursos naturales. Una de las primeras medidas adoptadas por el gobierno de facto presidido por Roberto Micheletti fue el otorgamiento de concesiones masivas de bosque, subsuelo y ríos en proporciones intolerables para la vida y la salud de la población.

A partir de entonces se ha profundizado aceleradamente el deterioro de nuestros recursos a niveles alarmantes; así, lo que Honduras pierde de bosque equivale a 90 canchas de fútbol por día; para 2011 existían 119 concesiones en 6 departamentos del país, por lo que las concesiones de minería metálica cubrían el 31 por ciento del territorio nacional; y se derogaron leyes que prohibían los proyectos hidroeléctricos en las áreas protegidas del país.

En la actualidad nos encontramos con un marco jurídico y unas instituciones que en vez de apostar por la protección y salvaguarda de los recursos naturales que garantizan la supervivencia de pueblos y comunidades, están marcadas por un fuerte espíritu mercantil en la gestión de la tierra, el agua, los bosques, el aire, los recursos mineros, la vida silvestre y las garantías de propiedad sobre estos recursos.

Ante esta realidad, comunidades, organizaciones, líderes y lideresas sociales se han implicado como defensores y defensoras de derechos humanos ambientales en acciones de resistencia, denuncia y oposición al saqueo y la expoliación de los recursos naturales, y como consecuencia, han sido objeto de amenazas, secuestros, ataques violentos, persecución, criminalización y asesinatos.

Después del asesinato de Tomas García de Río Blanco y miembro del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, esta semana fueron asesinados los indígenas tolupanes María Enriqueta Matute, Armando Fúnez Medina y  Ricardo Soto Fúnez, por realizar acciones de defensa de su territorio de la explotación ilegal de los recursos naturales que nos pertenecen a todos y todas.

Además de estos asesinatos, centenares de defensores ambientalistas corren serio peligro en Río Blanco, en las comunidades garífunas de Tela y Ceiba, en Locomapa, Yoro, en el sector de la Florida, Tela, en Zacate Grande y otras regiones del país donde las comunidades han decidido enfrentar a la muerte lenta que funcionarios y empresarios sin escrúpulos los han condenado con la desertificación, la contaminación y el envenenamiento de su tierra, de su agua, de su aire.

Si la sociedad hondureña no comprendemos que esta lucha por la defensa de los recursos naturales es una lucha de todos y todas por nuestra propia vida y de las futuras generaciones, en unos pocos años tendremos a este país verde y lleno de diversidad natural, convertido en un cementerio.