La Coalición Ccontra la Impunidad expresa de manera contundente su rechazo a la persecución política de la que es objeto la compañera Berta Cáceres, Coordinadora General del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) al habérsele dictado prisión preventiva, por parte de "autoridades" del Poder Judicial que de manera evidente están al servicio de la transnacional de la Industria Extractiva Desarrollos Energéticos, S.A. (DESA), una de las principales saqueadoras de los bienes comunes y que ancestralmente le pertenecen al pueblo Lenca del departamento de Intibucá.
A juicio de la Coalición, tanto la acusación presentada por DESA, como la resolución judicial emitida en la audiencia inicial en este juicio político son una constatación de la perversión del sistema judicial en Honduras que criminaliza a las víctimas y evidencia que ya es una práctica común por parte del gobierno de encarcelar a los que considera como sus “opositores” cuando estos incurran en su legítimo derecho de protesta pública pacífica.
Parte de la resolución de la audiencia inicial de este juicio, respecto al caso de usurpación, daño continuado y coacción incoada en contra de Berta Cáceres, Aureliano Molina y Tomás Gómez del COPINH también ordena el desalojo de la toma de carretera que por cerca de seis meses ha sostenido la población Lenca en contra del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca, por considerar que esta es un mecanismo para el concesionamiento y privatización de su territorio, de sus fuentes de agua, y la destrucción de sus bosques.
La Coalición contra la Impunidad responsabiliza a DESA y a las autoridades nacionales por las consecuencias de esta decisión, especialmente por el acoso, persecución y muerte de la que está siendo objeto la población lenca a través de la “operación libertad” que mantiene la presencia de policías y militares en la zona. Prevemos que un desalojo de niños, niñas, mujeres, personas mayores, que constituye el grueso de la población que sostiene la toma pacífica de la zona, puede resultar totalmente violenta y pondrá en riesgo vidas inocentes.
Finalmente, reiteramos nuestro respaldo a la compañera Berta Cáceres, y extendemos nuestra mano solidaria al resto de compañeras y compañeros de la Junta Directiva del COPINH, especialmente Aureliano Molina y Tomás Gómez, por asumir con responsabilidad una lucha legítima por los bienes comunes de todas y todos.
La Coalición, al igual que el pueblo lenca, entendemos el llamado de la madre naturaleza por refundar una relación armoniosa y respetuosa con nuestro entorno, agua, bosque, aire, cielo, vida animal, vida humana en la que no pensemos que su sentido es el saqueo y usufructo, sino una recuperación universal del sentido político de nuestro paso por la vida, por la relación humana, por la relación de poder entre hombres y mujeres donde su cosmovisión no sea arrollada y saqueada por el interés de unos pocos por sobre el buen vivir de todo un pueblo.
Desconolizar el pensamiento y las acciones es el puente que nos deja abierto la dignidad encarnada en defensoras como Berta Cáceres, Magdalena Morales y compañeros y compañeros del COPINH en Río Blanco y muchas otras comunidades lencas de Intibucá, La Paz, Lempira y Santa Bárbara.
El desalojo es un acto que jurídicamente violenta un Convenio Internacional suscrito por el Estado de Honduras, que no puede seguir ninguneando y negando el derecho de un pueblo a su territorio y cultura. Es nuestro deber defenderlo con acciones jurídicas, con la movilización, con la solidaridad militante a nivel nacional e internacional, es a su vez un compromiso que adquirimos quienes suscribimos el presente Comunicado y un llamado a sumarse a la población en general con quien lo compartimos.
23 de Septiembre de 2013
COALICION CONTRA LA IMPUNIDAD - HONDURAS
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