Castigan a fiscales del Ministerio Público comprometidos en la lucha contra la corrupción y por la vigencia de los derechos humanos

La Coalición contra la Impunidad ante las recientes destituciones y rotaciones de fiscales en el Ministerio Público, a la opinión pública nacional e internacional manifiesta lo siguiente:

El día 28 de octubre ha trascendido que el Fiscal General ha procedido a la destitución de John Cesar Mejía, del cargo de Fiscal Especial de Derechos Humanos, e inconsultamente le trasladaron a la Fiscalía de la ciudad  de la Esperanza, situada en el occidental departamento de Intibucá.

De igual modo, Junto a Mejía fueron  trasladados de esta Fiscalía de Derechos Humanos el Fiscal Edy Tabora, hacia la ciudad de Tocoa, en el conflictivo departamento de Tocoa, y la Fiscal Rosa Seaman a la Fiscalía de la Niñez. La medida de los traslados alcanzó también a Luis Javier Santos, quien se desempeñaba como Coordinador de la Fiscalía contra la Corrupción, de la que fue separado  y trasladado a la ciudad de Gracias, departamento de Lempira.

Sobresalen entre las acciones emprendidas por los fiscales represaliados o sancionados, la reapertura de los expedientes emblemáticos  sobre investigaciones contra defensores de derechos humanos y periodistas, un amparo para dotar de medicinas los hospitales, y la preparación de requerimientos en contra de funcionarios responsables de actos de corrupción

Esta “reestructuración” a las fiscalías de Derechos Humanos y Contra la Corrupción, constituye un golpe bajo de las autoridades en contra de estos funcionarios que se estaban destacando en el cumplimiento de sus funciones, lo que seguramente incomodó a grupos de poder que han intervenido para que  fueran separados de sus cargos o traslados.

Que estos actos se produzcan por un desempeño responsable, evidencia la colusión con hechos criminales que actualmente existe en el Ministerio Público y saca a la luz los altos niveles de corrupción en que se encuentra actualmente. Evidenciándose de esta manera la captura de que ha sido objeto esta institución por grupos fácticos y políticos; cuestión que fue claramente exhibida hace unos meses con la elección inconstitucional del actual Fiscal General y del Fiscal Adjunto.

Seguramente, con esta medida la crisis en el Ministerio Público se agudizará, obstruyéndose de esta manera otro  intento por reorientar la acción penal pública, teniendo que pagar un alto precio por el intento aquellos fiscales comprometidos verdaderamente con la defensa de los intereses generales de la sociedad.

Desde la Coalición contra la Impunidad repudiamos estos actos que atentan contra la institucionalidad y nos mantendremos vigilantes por este proceder incorrecto y de contubernio de las autoridades con los responsables de la situación de postración en que  se encuentra el Ministerio Público. Manifestando nuestra solidaridad con los fiscales que han sido afectados con estas medidas de carácter autoritario.

29 de octubre de 2009

COALICION CONTRA LA IMPUNIDAD – HONDURAS

Integrada por las siguientes organizaciones: Asociación Arcoiris - Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) - Asociación Intermunicipal de Desarrollo y Vigilancia Social de Honduras (AIDEVISH) - Asociación por una Ciudadanía Participativa (ACI-PARTICIPA) - Centro de Derechos de Mujeres (CDM) - Centro de Estudios de la Mujer Honduras (CEM-H) - Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos (CIPRODEH) – Colectivo Gemas - Colectivo Unidad Color Rosa - Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (COFADEH) - Comité por la Libre Expresión C-Libre - Comunidad Gay Sampedrana para la Salud Integral - Convergencia por los Derechos Humanos de la Zona Nor Occidental – Crisálidas de Villanueva - Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación - Feministas Universitarias – Frente Amplio del COPEMH - Foro de Mujeres por la Vida - Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH) - Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) - Movimiento de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla” - Red de Mujeres Jóvenes de Cortés – Red de Mujeres Unidas de Colonia “Ramón Amaya Amador” - Red Nacional de Defensoras - Tribuna de Mujeres contra los Femicidios

Una nueva afrenta a la lucha contra la corrupción y la impunidad

Una de las cosas positivas que dejó la Comisión Interventora al Ministerio Público, fue el nombramiento de personas honestas y comprometidas con la legalidad como coordinadoras de fiscalías especiales claves en la lucha contra la corrupción y la impunidad.

Así, se nombró al fiscal Luis Javier Santos como Fiscal Especial contra la Corrupción y John César Mejía como Fiscal Especial de Derechos Humanos. Teniendo en cuenta algunas de las acciones tomadas por estas dos fiscalías, era evidente que en cualquier momento serían removidos de sus cargos.

Por ejemplo, desde la Fiscalía contra la Corrupción se comenzó a investigar la corrupción en la municipalidad de San Pedro Sula, la relación de un familiar del presidente Lobo con un supuesto lavado de activos, la destitución ilegal de los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional y la venta irregular de medicinas al Estado por un número importante de droguerías.  

En el caso de la Fiscalía de Derechos Humanos, se promovió un requerimiento fiscal contra el pastor Evelio Reyes por el delito de discriminación y se presentó un recurso de amparo colectivo contra el Estado por la falta de medicamentos, oxígeno, camillas, deficiencia en la prestación del servicio de salud en los hospitales Mario Catarino Rivas, de San Pedro Sula, Regional Atlántida de La Ceiba y San Felipe y Escuela de Tegucigalpa.

También se preparaban otros requerimientos fiscales sobre casos graves de violaciones a derechos humanos. Coincidentemente, junto al fiscal John César Mejía, han sido trasladados el fiscal Edy Tábora y Rosa Seaman, quienes interpusieron el recurso de amparo colectivo y el requerimiento fiscal contra el pastor Reyes, respectivamente.

No se discute que la ley faculta al Fiscal General y su Adjunto a realizar estos cambios, no obstante, desarticular fiscalías cuyos coordinadores han impulsado casos importantes sólo nos muestra que tanto Óscar  Chichilla y Rigoberto Cuéllar ya comenzaron a jugar su papel de nuevos custodios de la impunidad y de los intereses de los sectores que los impusieron en una elección ilegítima, viciada y fuertemente cuestionada.

¿Qué esperamos para que como sociedad reaccionemos ante esta nueva afrenta a la institucionalidad y a la lucha contra la corrupción y la impunidad?

COMUNICADO

La Convergencia por los derechos humanos de la zona noroccidental, denuncia que el día de hoy ha trascendido a la opinión pública que el Fiscal General Abogado Oscar Chinchilla ha procedido a realizar  una reestructuración en las fiscalías contra la Corrupción y la Fiscalía de los Derechos Humanos, ante esta situación nos pronunciamos de la siguiente manera:

1) Consideramos altamente preocupante la acción de trasladar del cargo de coordinador de la fiscalía contra la corrupción al Abogado Luis Javier Santos, quien había mostrado una actitud diligente y  responsable en el combate a este flagelo, y estaba realizando investigaciones tendientes a presentar requerimientos fiscales contra importantes funcionarios sin importar el partido político al que pertenecieran  ni su estrato social.

2) Igualmente denunciamos que también a nivel de la fiscalía de derechos humanos se ha producido el traslado de los fiscales Rosa Seaman, John Cesar Mejía y Edy Tabora, por las mismas circunstancias de estar cumpliendo adecuadamente su labor al frente de dicha fiscalía.

3) Reiteramos  que estas remociones, responden a la labor que  estos fiscales están   realizando desde los últimos meses, contra la corrupción y a favor de los derechos humanos,  y favorece los intereses de quienes desde el Congreso Nacional en forma arbitraria e inconstitucional,  impusieron al Fiscal General y al Fiscal Adjunto, y tiene como finalidad colocar en esos cargos a personas que respondan a los intereses de esos grupos, que desean preservar la impunidad y continuar con su acción de saqueo de los bienes nacionales, y a la vez acorazarse ante cualquier futura acusación por sus actos ilegales, que incluso pudieran incluir un eventual fraude electoral. 

4) Finalmente consideramos que esta acción pone en un mayor grado de indefensión al pueblo Hondureño en general, y a los defensores y defensoras de derechos humanos en particular, y desde este instante estamos elevando esta denuncia ante el Sistema Interamericano de derechos humanos, y a la vez exigimos se revierta esta acción, y por el contrario se les brinde a estos fiscales todo el apoyo para llevar a cabo su labor.

San Pedro Sula, 28 de octubre de 2013

Ejecutan a camarógrafo beneficiario de medidas cautelares otorgadas por la CIDH

Alerta 00066-2013 24  de octubre del 2013 Tegucigalpa, Honduras: (C-Libre). El camarógrafo Manuel Murillo Varela de 32 años de edad fue encontrado ejecutado de tres impactos de balas en su rostro, en la Colonia Independencia de la ciudad de Comayagüela en la capital de Honduras. Murillo era beneficiario de medidas acautelares otorgadas el 25 de febrero del 2010 por La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La CIDH, concedió las medidas cautelares al camarógrafo al conocer que el joven junto a un colega fueron víctimas de secuestro y tortura el 2 de febrero de 2010, por policías vestidos de civil, quienes los llevaron a una cárcel clandestina. Según las denuncias que el camarógrafo interpuso ante el Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Honduras (COFADEH) y ante la Comisión de la Verdad y Reconciliación  (CVR), en dicha ocasión los policías le exigieron que les entregara los vídeos que habían filmado de las protestas de la Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), caso contrario, su familia sería asesinada sin contemplaciones. En las declaraciones que el camarógrafo diera al COFADEH y a la  CVR, su vida y la de sus dos hijas corrían peligro ya que el sabia que "esa gente lo quería muerto". El Camarógrafo se desempeño en el año 2008  como camarógrafo oficial del presidente derrocado Manuel Zelaya Rosales, también laboró para Globo TV en el año 2010 y en los últimos años trabajo directamente con uno de los aspirantes a diputados por parte del partido político Libertad y Refundación (LIBRE). Murillo además era dirigente activo en el Grupo Scout Numero 20 "Juan Pablo Ordoñez".

Fuente: Comité por la Libre Expresión (C-Libre).  C-Libre es una coalición de periodistas y miembros de la sociedad civil constituida para promover y defender la libertad de expresión y el derecho a la información en Honduras. Quienes integramos C-Libre, estamos convencidos que en la construcción de un Estado de Derecho es imprescindible la existencia de un periodismo ético, de investigación, fiscalizador de la gestión pública, que se desempeñe en un ambiente de seguridad y acceso libre a la información y que promueva un régimen de opinión pública que haga valer su Derecho a la Información.

Una iniciativa pública ejemplar

La semana pasada, coincidiendo con el 121 aniversario de la ciudad de El Progreso se inauguró el parque y museo de interpretación ferroviaria gracias a un esfuerzo conjunto entre el Banco Mundial y el gobierno municipal de dicha ciudad.

El objetivo de esta iniciativa es recuperar parte del espacio público, ofrecer información sobre la importancia del ferrocarril en la historia de Honduras en general y de la costa norte en particular, y sobre las razones que llevaron a su desaparición. Pero además de eso, este parque-museo intenta brindar un espacio para la educación, la recreación familiar y las actividades deportivas.

Para ello, cuenta con aulas audiovisuales, exposición fotográfica, ejemplares de vehículos y unidades de ferrocarril, un tren eléctrico que hace un pequeño recorrido interno y un área de juegos para los niños y las niñas.

Sin duda alguna, la construcción y apertura de este parque-museo es una muestra de las cosas buenas que se pueden lograr cuando hay voluntad política para recuperar los espacios públicos mediante iniciativas educativas y recreativas.

También es un recordatorio de la importancia del transporte ferroviario para el desarrollo de los países, pues como vemos en el mundo, mientras Europa y algunos Estados de América Latina apuestan fuertemente por este tipo de transporte, en Honduras ha sido marginado, abandonado y saqueado.

Ahora, la ciudadanía debemos apropiarnos de este nuevo espacio y empoderarnos para exigir y lograr la recuperación de nuestras calles, parques, esquinas de los barrios y colonias, y otros espacios públicos que son fundamentales para el desarrollo humano y la convivencia pacífica y democrática.

La grave crisis del proceso de reforma al sector seguridad

El aumento progresivo de los niveles de violencia e impunidad y el involucramiento de miembros de la Policía Nacional en crímenes de gran impacto social como el de los jóvenes universitarios Rafael Alejandro Vargas y Carlos Pineda en octubre de 2011, fueron el detonante para que la sociedad hondureña exigiera una depuración y reforma integral del sistema de seguridad y justicia. 

El gobierno de Lobo Sosa anunció el inicio de un proceso de reorganización y depuración de la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial, y se crearon nuevas instituciones como la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Judicial (DIECP) y la Comisión de Reforma a la Seguridad Pública (CRSP), a quien se le dio la responsabilidad de diseñar, planificar y certificar el proceso de reforma integral de la seguridad pública. 

Pasado el tiempo, dicho proceso no ha dado los resultados esperados debido a la nula voluntad política para enfrentar la corrupción e impunidad. Así, la CRSP se ha limitado a ejercer de comisión legislativa que elabora y presenta leyes sin que la sociedad tenga claro sus contenidos, y sin que en definitiva se constituya en una verdadera instancia rectora y coordinadora del proceso de reforma.

La DIECP continúa siendo dirigida por dos funcionarios que han sido aplazados en las comparecencias ante el Congreso Nacional y a pesar de haber renunciado y aceptadas sus renuncias, el Consejo Nacional de Seguridad Interior ha retardado la presentación de una terna para que el presidente Lobo seleccione al nuevo director y subdirector. Por su parte, el secretario de seguridad no informa sobre los resultados de la depuración policial y la información que da es a cuenta gotas y mediante escuetos comunicados.

Y el Congreso Nacional, aprovechando que el tema de seguridad es rentable electoralmente, se ha dedicado a proponer leyes, reformas y la creación de nuevas instancias como el grupo élite de la Tropa de Inteligencia y Grupo de Respuesta Especial en Seguridad (TIGRES), y la Policía Militar de Orden Público (PMOP), con lo cual se legaliza la militarización de la sociedad y el Estado se desvincula de los estándares internacionales en materia de derechos humanos. 

Claramente, el proceso de reforma del sector justicia y seguridad atraviesa un momento crítico debido a la falta de voluntad para implementar una política pública de seguridad que establezca los lineamientos o cursos de acción para alcanzar el objetivo de lograr una sociedad en paz y que requiere del Estado ocuparse de las diferentes dimensiones de los problemas que originan la criminalidad y la violencia.