Una de las cosas
positivas que dejó la Comisión Interventora al Ministerio Público, fue el
nombramiento de personas honestas y comprometidas con la legalidad como
coordinadoras de fiscalías especiales claves en la lucha contra la corrupción y
la impunidad.
Así, se nombró al
fiscal Luis Javier Santos como Fiscal Especial contra la Corrupción y John
César Mejía como Fiscal Especial de Derechos Humanos. Teniendo en cuenta
algunas de las acciones tomadas por estas dos fiscalías, era evidente que en
cualquier momento serían removidos de sus cargos.
Por ejemplo, desde
la Fiscalía contra la Corrupción se comenzó a investigar la corrupción en la
municipalidad de San Pedro Sula, la relación de un familiar del presidente Lobo
con un supuesto lavado de activos, la destitución ilegal de los cuatro
magistrados de la Sala de lo Constitucional y la venta irregular de medicinas al
Estado por un número importante de droguerías.
En el caso de la
Fiscalía de Derechos Humanos, se promovió un requerimiento fiscal contra el
pastor Evelio Reyes por el delito de discriminación y se presentó un recurso de
amparo colectivo contra el Estado por la falta de medicamentos, oxígeno,
camillas, deficiencia en la prestación del servicio de salud en los hospitales Mario
Catarino Rivas, de San Pedro Sula, Regional Atlántida de La Ceiba y San Felipe
y Escuela de Tegucigalpa.
También se
preparaban otros requerimientos fiscales sobre casos graves de violaciones a
derechos humanos. Coincidentemente, junto al fiscal John César Mejía, han sido
trasladados el fiscal Edy Tábora y Rosa Seaman, quienes interpusieron el
recurso de amparo colectivo y el requerimiento fiscal contra el pastor Reyes,
respectivamente.
No se discute que
la ley faculta al Fiscal General y su Adjunto a realizar estos cambios, no
obstante, desarticular fiscalías cuyos coordinadores han impulsado casos
importantes sólo nos muestra que tanto Óscar
Chichilla y Rigoberto Cuéllar ya comenzaron a jugar su papel de nuevos custodios
de la impunidad y de los intereses de los sectores que los impusieron en una
elección ilegítima, viciada y fuertemente cuestionada.
¿Qué esperamos
para que como sociedad reaccionemos ante esta nueva afrenta a la
institucionalidad y a la lucha contra la corrupción y la impunidad?
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