La Coalición contra la Impunidad ante las recientes destituciones y rotaciones de fiscales en el Ministerio Público, a la opinión pública nacional e internacional manifiesta lo siguiente:
El día 28 de octubre ha trascendido que el Fiscal General ha procedido a la destitución de John Cesar Mejía, del cargo de Fiscal Especial de Derechos Humanos, e inconsultamente le trasladaron a la Fiscalía de la ciudad de la Esperanza, situada en el occidental departamento de Intibucá.
De igual modo, Junto a Mejía fueron trasladados de esta Fiscalía de Derechos Humanos el Fiscal Edy Tabora, hacia la ciudad de Tocoa, en el conflictivo departamento de Tocoa, y la Fiscal Rosa Seaman a la Fiscalía de la Niñez. La medida de los traslados alcanzó también a Luis Javier Santos, quien se desempeñaba como Coordinador de la Fiscalía contra la Corrupción, de la que fue separado y trasladado a la ciudad de Gracias, departamento de Lempira.
Sobresalen entre las acciones emprendidas por los fiscales represaliados o sancionados, la reapertura de los expedientes emblemáticos sobre investigaciones contra defensores de derechos humanos y periodistas, un amparo para dotar de medicinas los hospitales, y la preparación de requerimientos en contra de funcionarios responsables de actos de corrupción
Esta “reestructuración” a las fiscalías de Derechos Humanos y Contra la Corrupción, constituye un golpe bajo de las autoridades en contra de estos funcionarios que se estaban destacando en el cumplimiento de sus funciones, lo que seguramente incomodó a grupos de poder que han intervenido para que fueran separados de sus cargos o traslados.
Que estos actos se produzcan por un desempeño responsable, evidencia la colusión con hechos criminales que actualmente existe en el Ministerio Público y saca a la luz los altos niveles de corrupción en que se encuentra actualmente. Evidenciándose de esta manera la captura de que ha sido objeto esta institución por grupos fácticos y políticos; cuestión que fue claramente exhibida hace unos meses con la elección inconstitucional del actual Fiscal General y del Fiscal Adjunto.
Seguramente, con esta medida la crisis en el Ministerio Público se agudizará, obstruyéndose de esta manera otro intento por reorientar la acción penal pública, teniendo que pagar un alto precio por el intento aquellos fiscales comprometidos verdaderamente con la defensa de los intereses generales de la sociedad.
Desde la Coalición contra la Impunidad repudiamos estos actos que atentan contra la institucionalidad y nos mantendremos vigilantes por este proceder incorrecto y de contubernio de las autoridades con los responsables de la situación de postración en que se encuentra el Ministerio Público. Manifestando nuestra solidaridad con los fiscales que han sido afectados con estas medidas de carácter autoritario.
29 de octubre de 2009
COALICION CONTRA LA IMPUNIDAD – HONDURAS
Integrada por las siguientes organizaciones: Asociación Arcoiris - Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) - Asociación Intermunicipal de Desarrollo y Vigilancia Social de Honduras (AIDEVISH) - Asociación por una Ciudadanía Participativa (ACI-PARTICIPA) - Centro de Derechos de Mujeres (CDM) - Centro de Estudios de la Mujer Honduras (CEM-H) - Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos (CIPRODEH) – Colectivo Gemas - Colectivo Unidad Color Rosa - Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (COFADEH) - Comité por la Libre Expresión C-Libre - Comunidad Gay Sampedrana para la Salud Integral - Convergencia por los Derechos Humanos de la Zona Nor Occidental – Crisálidas de Villanueva - Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación - Feministas Universitarias – Frente Amplio del COPEMH - Foro de Mujeres por la Vida - Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH) - Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) - Movimiento de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla” - Red de Mujeres Jóvenes de Cortés – Red de Mujeres Unidas de Colonia “Ramón Amaya Amador” - Red Nacional de Defensoras - Tribuna de Mujeres contra los Femicidios
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