Llegó la hora

Esta semana, la Comisión Especial del Congreso Nacional integrada por los diferentes partidos políticos, inició el proceso de audiencias públicas para evaluar los perfiles de las personas que aspiran a la titularidad del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos.

No puede negarse que la conformación de esta comisión especial, la apertura para que las personas y organizaciones pudieran hacer propuestas de candidaturas y el desarrollo de las audiencias públicas, son un avance significativo en la transparencia y publicidad que debe regir todo proceso para elegir a los más altos cargos del Estado.

Como lo señala la Coalición contra la Impunidad, este ejercicio democrático puede convertirse en un mecanismo permanente para que los diputados y diputadas, y la ciudadanía en general, puedan evaluar la capacidad profesional de los y las candidatas, y elijan a una persona totalmente independiente “tanto de las autoridades, de los partidos políticos, de los credos religiosos y de cualquier otra circunstancia o aspecto, para que actúe sin ninguna clase de discriminación ni por razón de etnia, color, género u opción sexual, posición social o económica, opiniones filosóficas, ideológicas o de otra índole”.

Haciendo eco de las demandas de la Coalición contra la Impunidad, exigimos que “las audiencias públicas no se conviertan en un mecanismo para maquillar el proceso y darle apariencia de transparencia y participación que no sean reales, para lo cual deben establecerse claramente los aspectos a ser evaluados en las mismas y los puntajes que correspondan a cada aspecto y luego los resultados deben ser dados a conocer públicamente”.

A su vez, cuando “la Comisión Especial decida quiénes son las personas que integrarán la nómina que se entregará al Congreso Nacional debe explicar claramente las calificaciones y las razones por las cuales se eligieron a esas personas”. Y finalmente, la elección en el congreso debe garantizar que se den “explicaciones claras de las razones por las cuales se elija a la persona que ocupará el cargo de Comisionado Nacional de los Derechos Humanos del 2014 al 2020”.

La ciudadanía debemos mantenernos alertas y vigilantes de este proceso, pues sus resultados nos dirán si seguiremos con más de lo mismo del reparto político o si se abre una pequeña ventana esperanzadora en el fortalecimiento de las instituciones públicas.

Un mecanismo de vigilancia internacional en Honduras

La crisis de impunidad que veníamos arrastrando desde la década de los 80 se profundizó de forma alarmante después del golpe de Estado de 2009. La repetición de las violaciones a derechos humanos durante estos dos momentos históricos es el reflejo de la falta de investigación y condena de los responsables materiales e intelectuales de tales violaciones.

La impunidad que ha amparado a los victimarios les ha permitido ocupar cargos importantes dentro de las fuerzas de seguridad y los diferentes poderes del Estado y les ha dado la tranquilidad de que no hay consecuencias por sus abusos, por lo que pueden cometerlos siempre que se presente la oportunidad.

El poder judicial y las demás instituciones del sector justicia han sido autoras y cómplices de la arbitrariedad; por ello, el propio Estado hondureño ha reconocido la inoperancia de su sistema de justicia y ha propuesto dos mecanismos para que la comunidad internacional le asista en la lucha contra el flagelo de la impunidad.

En primer lugar, en el marco del Examen Periódico Universal ante el Consejo de Derechos Humanos solicitó a la Organización de Naciones Unidas la creación de una comisión internacional contra la impunidad.

Y en segundo lugar, tanto el gobierno de Pepe Lobo como el de Juan Orlando Hernández, solicitaron a la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el establecimiento de un mecanismo u oficina permanente para dar seguimiento a los compromisos internacionales en materia de derechos humanos por parte de Honduras.

La experiencia en otros países demuestra que este tipo de mecanismos puede ayudar a dar pasos firmes en la lucha contra la impunidad, por ello es fundamental que las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos le demos seguimiento a los mismos y tomemos medidas para incidir e impulsar su establecimiento.

A DEFENDER LA LIBERTAD DE ORGANIZACIÓN Y LA LIBERTAD DE EXPRESION. ALTO A LA CANCELACION DE LA PERSONALIDAD JURIDICA DE LAS ONG en HONDURAS

La Coalición contra la Impunidad, ante la inminente cancelación de la personalidad jurídica de aproximadamente cinco mil cuatrocientas veintinueve (5,429) Organizaciones no Gubernamentales, ante la opinión pública nacional e internacional, nos pronunciamos de la siguiente manera:

PRIMERO: manifestamos nuestra solidaridad con todas las ONGs  que han sido víctimas de este acto de carácter autoritario, especialmente con todas las organizaciones que permaneciendo activas   hoy se encuentran emplazadas, muchas de ella injustamente, por las autoridades estatales.

SEGUNDO: Expresamos nuestro decidido apoyo a las organizaciones que forman parte de la Coalición contra la Impunidad, que les siguen tramite de cancelación de su personalidad jurídica, entre ellas: El Comité por la Libre Expresión (C-LIBRE), La Red Nacional de Defensoras de Honduras, El Centro de Estudios de la Mujer (CEM-Honduras), Red de Mujeres de la Colonia Ramón Amaya Amador, Centro de Estudio y Acción para el Desarrollo de Honduras (CESADEH) La Comunidad Gay Sampedrana, El Movimiento de Mujeres de la Colonia López Arellano (MOMUCLA), Instituto Ecuménico de Servicios a la Comunidad  (INESCO), y El Colectivo Color Rosa; estas y otras ONGs son objeto de este acto represivo que pretende limitar o restringir su marco de actividades.

TERCERO: Alzamos nuestra voz para denunciar que estas medidas de control de parte de la Secretaria del Interior y de Población, constituye en la practica una persecución política en contra de las organizaciones de mujeres, de la diversidad sexual y de derechos humanos que han manifestado en el pasado su oposición al golpe de Estado y que permanentemente cuestionan  el desmantelamiento de la institucionalidad en nuestro país.

CUARTO: La Coalición Contra la Impunidad hace  un llamado a todas las organizaciones que forman parte de esta articulación, así como al conglomerado de ONGs,  para estar vigilantes ante estas medidas que afectan a nuestras organizaciones, asimismo, a defender la libertad de asociación y la libertad de expresión en nuestro país. 

11 de marzo de 2014

COALICIÓN CONTRA LA IMPUNIDAD – HONDURAS

Integrada por las siguientes organizaciones: Asociación Arcoiris - Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) - Asociación Intermunicipal de Desarrollo y Vigilancia Social de Honduras (AIDEVISH) - Asociación por una Ciudadanía Participativa (ACI-PARTICIPA) - Centro de Derechos de Mujeres (CDM) - Centro de Estudios de la Mujer Honduras (CEM-H) - Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos (CIPRODEH) – Colectivo Gemas - Colectivo Unidad Color Rosa - Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (COFADEH) - Comité por la Libre Expresión C-Libre - Comunidad Gay Sampedrana para la Salud Integral - Convergencia por los Derechos Humanos de la Zona Nor Occidental – Crisálidas de Villanueva - Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación/Radio Progreso - Feministas Universitarias – Frente Amplio del COPEMH - Foro de Mujeres por la Vida - Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH) - Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) - Movimiento de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla” - Red de Mujeres Jóvenes de Cortés – Red de Mujeres Unidas de Colonia “Ramón Amaya Amador” – Red de Participación de Organizaciones de Sociedad Civil Siguatepeque (RPOSC) - Red Nacional de Defensoras - Tribuna de Mujeres contra los Femicidios

¿Celebrando qué?

El partido Nacional y sus sectores afines han celebrado con bombos y platillos el primer mes de gobierno de Juan Orlando Hernández. Los hondureños y hondureñas de a pie, nos preguntamos por qué tanta algarabía si la situación en el país sigue igual o peor.

Evidentemente, cualquiera podría decir que un mes es muy poco tiempo para esperar resultados, no obstante, Juan Orlando Hernández mínimamente tiene más de 4 años en el poder pues como presidente del Congreso Nacional tuvo en sus manos la posibilidad de adoptar medidas para cambiar la situación de violencia y miseria que nos ahoga.

Por ello, aprovechando la “celebración” de su “primer” mes al frente del Ejecutivo, queremos preguntarle, ¿qué medidas efectivas ha tomado para enfrentar los dos principales problemas que enfrenta actualmente Honduras?, es decir, la crisis económica y la crisis de seguridad, que de acuerdo con el sondeo de opinión pública del ERIC, el 44.1% y 42.3% de la población, respectivamente, consideran que enfrentar tales problemas es la principal tarea del nuevo gobierno.

En concreto, para un 57.5% de la población, es fundamental la creación de fuentes de empleo y mejorar la economía; para un 17.1% es el combate a la delincuencia; y para el 12.2% la lucha contra la corrupción. Sin embargo, un 42.6% tiene temor que este gobierno sea más de lo mismo y no se resuelvan los problemas.

En materia de derechos humanos, el 89% cree que las transgresiones han aumentado o seguido igual; 7 de cada 10 hondureños y hondureñas cree que en el respeto de los derechos de las mujeres no hay cambios positivos; y el 82.6% de la población considera que el respeto de los derechos de la juventud ha empeorado o continúa igual.

Frente a esta percepción de indefensión, el 72.2% de la población no tiene ninguna o tiene poca confianza en el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. La recuperación de la credibilidad de esta institución depende en gran medida de la próxima elección de su titular. Dentro de poco sabremos si será algo más de lo mismo o si todavía queda una luz de esperanza.

Intentan asesinar a María Santos Domínguez, a su esposo e hijo, familia destaca en la lucha en Río Blanco y miembra del COPINH

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) denuncia y condena el intento de asesinato contra  la compañera María Santos Domínguez, Coordinadora de Organización del Consejo Indígena de Río Blanco y  del  Sector Norte de Intibucá, líder emblemática  en la lucha por la defensa del Río Gualcarque y del territorio Lenca, igualmente fueron atacados su hijo Paulo Domínguez de 12 años y su esposo Santos Roque Domínguez, ambos también luchadores comunitarios. Es importante mencionar que quienes los agredieron, un total de 7 individuos que  la esperaban escondidos, ya habían realizado amenazas a muerte contra la compañera y su familia en reiteradas ocasiones.

El día de ayer, en horas del mediodía la compañera María regresaba a su casa luego participar en la elaboración de la merienda escolar, mientras hacia ese recorrido por el camino acostumbrado  su esposo  Roque realizó  varias llamadas para asegurar que todo estaba bien ante la preocupación de constantes de amenazas,  a la cuarta llamada María le manifestó  a Roque que  la tenían rodeada, en ese momento el compañero salió de su casa en  búsqueda de su compañera junto con  su niño Paulo, cuando la encontró estaba ya con heridas profundas de machete y siendo golpeada con palos y piedras por la horda enajenada , él trató de hacerlos entrar en razón y les pidió que no le mataran a su esposa,  mientras tanto su niño salió  a tratar de  auxiliar a su madre,  en eso  uno de los individuos  cruzo a machetazo limpio al pequeño, desprendiéndole la oreja derecha y parte de su rostro, el ataque al  compañero Roque  lo dejo con varias heridas de gravedad.   Con la acción criminal contra los 3 miembros de la familia los han dejado en un estado delicado de salud.

Tanto María, como Roque y Paulo, han participado muy activamente en la defensa de los derechos  del  Pueblo Lenca,  han estado expuestos a  serias amenazas y agresiones a razón de su lucha digna; entre ellas las provenientes de este grupo que el día de ayer les ataco y que en una ocasión anterior destruyeron los cultivos de la familia de María y Roque, los mismos hechores  simpatizantes del proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca han  sido hostiles  por que los compañeros son miembros del COPINH y por ser firme en la causa indígena.

Exigimos a las autoridades correspondientes no dejar impune este caso, como lo ha  quedado  el caso  del compañero Tomas García, asesinado por un miembro del Ejército de Honduras o como tantas agresiones contra muchos miembros y miembras Lencas del COPINH en  Río Blanco, que siguen, a casi un año, en el proceso de control territorial y ejercicio de autonomía indígena.

Exigimos justicia y fin a la violencia y amenazas contra los derechos a la vida, los derechos individuales y colectivos del Pueblo Lenca de Río Blanco.

Dado en Intibucá, a los 06 días del mes de marzo del 2014.

Coordinación General COPINH